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La Comisión de Igualdad y Derechos Humanos de Reino Unido ha advertido que la técnica de reconocimiento facial en vivo (LFR, Live Facial Recognition) utilizado por la policía es ilegal, ya que no respeta los derechos humanos.

La Comisión es un organismo público independiente encargado de promover y hacer cumplir las leyes de igualdad y derechos humanos en Reino Unido.

El reconocimiento facial captura los rostros de las personas por medio de cámaras CCTV (circuito cerrado de televisión) en tiempo real. La técnica permite a la policía introducirse masivamente en la intimidad de las personas, pudiendo provocar alertas falsas y con un impacto desproporcionado sobre los negros.

Los portavoces oficiales de la policía prometen el oro y el moro. Aseguran que en lo sucesivo los errores actuales no se repetirán, pero lo único cierto es que hacen lo que les da la gana. La vigilancia es aleatoria, masiva e indiscriminada.

En julio la ministra del Interior, Yvette Cooper, defendió los planes de expandir el reconocimiento facial por todo el país. Ahora esta técnica se usará en Londres hasta 10 veces por semana en cinco días, frente a las cuatro veces a la semana actuales a lo largo de dos días.

La proliferación del reconocimiento facial en vivo, sin ninguna legislación que regule su uso, es una de las preocupaciones más apremiantes en Reino Unido hoy en día. Convierte los rostros en códigos de barras y trata a la sociedad como sospechosos.

La Comisión denuncia la falta de normas claras que regulen cuándo y cómo se puede usar esta técnica y el posible efecto intimidatorio sobre la libertad de expresión o de reunión, sobre todo cuando se utiliza en las manifestaciones y protestas, como es habitual. Este año la policía ha realizado reconocimientos faciales en vivo incluso en el Carnaval de Notting Hill durante el fin de semana festivo del mes de agosto.

‘La cara es el espejo del alma’

Shaun Thompson

En febrero del año pasado un reconocimiento facial de la policía identificó a Shaun Thompson, como un criminal en busca y captura. Fue retenido durante 20 minutos en la estación de London Bridge.

Thompson ni era un criminal ni estaba buscado. La policía y el algoritmo se equivocaron. Es un educador de calle de 38 años, pero es negro. Su aspecto es de esos que la policía persigue con ahínco por los barrios de cualquier capital europea. El objetivo es detenerlos a todos poco a poco y pedirles los papeles porque “la cara es el espejo del alma”. Seguro que quien sale a la calle con ese aspecto, algo malo ha hecho.

En realidad, ocurre al revés, porque los que hacen algo malo son siempre los policías. Este verano, por primera vez, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a Francia por un control de identidad discriminatorio de la policía. La decisión ha reavivado el debate sobre las prácticas represivas de la policía y la lucha contra la discriminación racial.

La policía retuvo a Karim Touil en octubre de 2023 durante una manifestación en Angulema. El Tribunal dictaminó que se trataba de un control de identidad discriminatorio realizado por la policía francesa por motivos raciales.

Touil lo denunció porque estaba harto. En 2011 se había tenido que someter a tres controles de identidad en un plazo de diez días. En su sentencia, el Tribunal de Estrasburgo señaló que la policía no presentó ninguna justificación para que Touil padeciera ninguno de los controles de identidad.

En el caso de Touil, dice la sentencia, existe “una presunción de trato discriminatorio en su contra, que el gobierno [francés] no ha refutado”. Por lo tanto, la policía había violado el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativo a la prohibición de la discriminación, en relación con el artículo 8 que protege la vida privada y familiar.

Francia debe indemnizar a Touil con 3.000 euros por “daños morales” porque en Europa la moral se cotiza muy barata.

Si los detienes a todos siempre aciertas con alguno

La denuncia de Touil se sumó a las de otros cinco porque las prácticas racistas son sistemáticas dentro de las policías europeas. La proporción de personas sometidas a controles de identidad aumentó significativamente en Francia entre 2016 y 2024, según una encuesta de la Defensora de los Derechos Humanos, en la que entrevistó a 5.030 personas.

El año pasado el 26 por cien de los encuestados declaró haber sido interpelado por la policía al menos una vez en los últimos cinco años, en comparación con el 16 por cien en 2016. La encuesta revela que los jóvenes percibidos como árabes, negros o magrebíes tienen cuatro veces más probabilidades de ser sometidos a al menos un control de identidad que el resto de la población y 12 veces más probabilidades de ser sometidos a un control más exhaustivo, como un cacheo corporal.

Más de la mitad de los encuestados declaró que la policía no les había dado ninguna explicación de los motivos de su retención y el 19 por cien de ellos denunció un comportamiento inapropiado por parte de los policías durante el control de identidad, como insultos, provocaciones y malos tratos.

A la luz de aquellos resultados, la Defensora de los Derechos Humanos, Claire Hedon, propuso varias recomendaciones, entre ellas la trazabilidad de los controles de identidad para que las personas interpeladas tengan la oportunidad de obtener alguna reparación, especialmente en caso de denuncia por discriminación racial.

Hace décadas que Estados Unidos practica el macartismo, las purgas y la caza de brujas. El Wall Street Journal asegura que se están despidiendo a los trabajadores por publicaciones en las redes sociales que celebran la muerte del fascista Kirk (*).

Desde American Airlines hasta Nasdaq, incluyendo empresas como restaurantes, escuelas y despachos de abogados, a los capitalistas no les gusta la libertad de expresión y en los últimos están despidiendo a los trabajadores que festejan la muerte de Kirk.

Muchas de estas publicaciones han sido denunciadas por los inquisidores de las redes sociales, que han recopilado los nombres de los trabajadores para presionar a las empresas. “Cuando vean a alguien celebrando el asesinato de Charlie, llámenlo y, por el amor de Dios, llamen a su empleador”, ha dicho el vicepresidente J.D. Vance.

Cada vez más claramente, los capitalistas vigilan las opiniones de sus trabajadores fuera de la jornada de trabajo sobre temas como la guerra en Gaza o la inmigración. El despacho de abogados Perkins Coie, el equipo de rugby Panteras de Carolina y otros, han despedido de los trabajadores que han hecho ciertos comentarios.

Incluso el Servicio Secreto ha suspendido de empleo y sueldo a uno de sus miembros por una publicación en Facebook.

ODP Corporation, la empresa matriz de Office Depot, ha despedido a varios trabajadores tras la aparición de un vídeo que mostraba a uno de ellos negándose a imprimir un cartel para una vigilia en una iglesia.

Ciertos sitios web y cuentas en las redes sociales están bajo una vigilancia que se va a extender a otros países. La frontera entre la vida privada y la profesional ha desaparecido. Todo aquello de los derechos y las libertades pertenece al pasado.

(*) https://www.wsj.com/business/charlie-kirk-death-social-media-post-jobs-0773a8ac

El miércoles se presentará en el Congreso de Estados Unidos un proyecto de ley para que el Secretario de Estado, Marco Rubio, pueda retirar el pasaporte a los ciudadanos estadounidenses basándose únicamente en sus opiniones políticas.

El proyecto de ley lo presentará el congresista Brian Mast (*). El Secretario de Estado podrá revocar o denegar el pasaporte a personas que hayan sido condenadas, o simplemente acusadas, de apoyar al “terrorismo”.

El proyecto de ley habilita la “policía del pensamiento” y convierte a Rubio en juez, jurado y verdugo. El Secretario de Estado se ha jactado de retirar los visados y permisos de residencia a inmigrantes basándose únicamente en la expresión de sus opiniones favorables a Palestina, reconvertidos en “partidarios de Hamas”.

En los represaliados están el dirigente de las protestas de Columbia, Mahmoud Jalil, quien fue detenido por la policía de inmigración (ICE) después de que Rubio anulara su permiso de residencia; y a Rumeysa Ozturk, la estudiante de Tufts cuyo visado Rubio revocó por publicar un artículo de opinión que exigía a su universidad que desinvirtiera en Israel.

El congresista Mast fue miembro del ejército israelí. En una ocasión declaró que los neonatos “no eran civiles palestinos inocentes” y exigió “expulsar a los simpatizantes del terrorismo de nuestro país”, refiriéndose a los intentos del gobierno de Trump de deportar a Jalil, quien nunca fue condenado ni siquiera acusado de apoyar a un grupo “terrorista”.

(*) https://theintercept.com/2025/09/13/marco-rubio-revoke-us-passports-terrorism/

Ayer la policía detuvo a 890 manifestantes en Londres durante una protesta contra genocidio y en apoyo al colectivo Acción Palestina, uniéndose a cientos más de detenidos en Reino Unido desde la prohibición de la organización.

La policía había advertido que detendría a cualquiera que mostrara un apoyo explícito al grupo, arbitrariamente calificado como “terrorista” por el gobierno laborista a principios de julio. Sin embargo, ayer numerosas personas se concentraron desde el mediodía frente al Parlamento británico, portando pancartas que decían “Me opongo al genocidio. Apoyo a Acción Palestina”.

Esta mañana la policía ha confirmado la detención de 890 personas: 857 por apoyar a una organización prohibida por la “legislación antiterrorista” y 33 por otros delitos, incluyendo 17 por violencia contra la policía.

La portavoz de la policía, Claire Smart, difundió un comunicado con los tópicos propios de estos casos: “La violencia que encontramos durante la operación fue coordinada y llevada a cabo por un grupo de personas, muchas de las cuales llevaban capuchas para ocultar su identidad, con el objetivo de crear el mayor desorden posible”.

El día anterior ya había denunciado un nivel de violencia “intolerable” y diciendo que los policías fueron “golpeados, escupidos y atacados con objetos lanzados por los manifestantes”.

La manifestación fue convocada por el colectivo Defend Our Juries. “Nuestro gobierno ha decidido prohibir una organización. Esto es completamente inapropiado, y debería dedicar más tiempo a trabajar para detener el genocidio en lugar de intentar detener las protestas”, declaró uno de los participantes.

La policía de la capital británica afirmó haber desplegado a más de 2.500 agentes para controlar una serie de manifestaciones propalestinas durante el día, incluyendo una marcha de apoyo que, según afirmaron, reunió a más de 20.000 personas.

Antes de su prohibición, Acción Palestina denunció la complicidad británica con el Estado de Israel, en particular en la cuestión de la venta de armas. “Cuando el gobierno detiene a personas bajo la legislación antiterrorista por protestar pacíficamente, algo anda muy mal en el Reino Unido”, declaró Amnistía Internacional, que critica la legislación represiva.

Antes de la movilización de ayer, más de 800 personas ya habían sido detenidas desde julio, y 138 acusadas de apoyar a una “organización terrorista”. La mayoría se enfrenta a seis meses de prisión. Quienes se consideren organizadores de las manifestaciones se enfrentan a hasta 14 años de prisión.

Grandes manifestaciones en apoyo a los palestinos se han celebrado regularmente en Reino Unido desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza en 2023.

Momento en el que la policía londinense detiene a Mike Higgins, un manifestante ciego y discapacitado, y le aplica la Ley Antiterrorismo por sostener un cartel que dice: “Me opongo al genocidio. Apoyo a Acción Palestina”.

El jueves la policía estadounidense ha detenido a 475 trabajadores de Hyundai en una redada contra los emigrantes surcoreanos de la fábrica porque su visado había caducado. Rl asalto policial se produjo en una fábrica en construcción, al oeste de Savannah, Georgia.

Al igual que los europeos, los surcoreanos pueden hacer turismo en los Estados Unidos llenando un formulario simple (ESTA) y pagando una cuota de entrada. El ESTA también otorga el derecho de hacer negocios, firmar contratos o celebrar reuniones, pero no de trabajar y cobrar un salario.

Es la redada más grande jamás llevada a cabo por el departamento de Seguridad Nacional. Se ejecutó tras varios meses de investigación. La orden de registro fue concedida el 31 de agosto. A la fábrica llegaron varios tipos distintos de policias: FBI, Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, además de la ICE (Inmigración).

Para el Estado de Georgia, Hyundai es un socio importante. El grupo ha invertido 7.600 millones ded dólares en las instalaciones y esperaba crear 12.500 puestos de trabajo para principios de la próxima década. Este año ya se ha abierto una planta de ensamblaje. La planta de baterías, en asociación con otro gigante surcoreano, LG, estaba programada para ser terminada en diciembre. La construcción comenzó en tiempos de Biden, aunque en marzo el constructor apareció en el Despacho Oval en compañía de Trump para anunciar de 20.000 millones de dólares en inversiones.

La campaña contra los trabajadores emigrantes está matando la gallina de los huevos de oro. Los miles de millones prometidos por Hyundai han quedado en el alero, según se desprende de una intervención del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del sur en la televisión.

Hace semanas que las redadas contra los trabajadores emigración van en aumento. El jueves una fábrica de confitería cerca de Siracusa, Nueva York, fue visitada por 75 policías. Más de 40 personas fueron esposadas y detenidas.

El mes anterior la policía llevó a cabo una redada similar en un almacén de Edison, Nueva Jersey, con 29 trabajadores detenidos.

En junio miles de miembros de la Guardia Nacional e Infantes de Marina fueron desplegados en Los Ángeles, California, y desde el 12 de agosto en la capital federal, Washington, donde se encuentran vehículos blindados estacionados frente a la estación de tren y a lo largo de la explanada que flanquean las instituciones y monumentos del país.

Washington alberga a más de 1.900 reservistas de la Guardia Nacional, así como a policías de agencias federales como el FBI, la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la DEA (Agencia Antidrogas).

Ayer Trump amenazó con enviar tropas del Cuerpo de Reserva del Ejército a otra importante ciudad, Baltimore. También amenaza con enviar tropas a Nueva York. En cuanto a Chicago, el Washington Post informa que el Pentágono lleva semanas preparándose para desplegar la Guardia Nacional, con el pretexto oficial de “combatir la delincuencia y la inmigración”.

Anoche los reservistas de la Guardia Nacional comenzaron a portar sus armas de fuego, anunció el ejército en un comunicado, añadiendo que están autorizados a usar la fuerza solo “como último recurso y únicamente en respuesta a una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves”.

Los reservistas de la Guardia Nacional están asignados a cada estado y solo pueden ser desplegados en caso de emergencia nacional, como un desastre natural, a petición del gobierno federal y con la aprobación del gobernador local. No están autorizados a intervenir contra la delincuencia, disturbios ni protestas.

Trump no tiene competencia para enviar tropas federales a ninguna ciudad y ha inventado una crisis para justificar la militarización del país.

La Universidad de Columbia ha estado en el centro de la revuelta estudiantil contra la colaboración de Estados Unidos a las matanzas israelíes en Gaza. Organizaron un campamento de protesta contra Israel, lo que desencadenó una ola de acciones similares en otros campus universitarios.

No se trata sólo de un movimiento de solidaridad. Lo que los estudiantes denuncian es la complicidad de las Universidades de Columbia, Yale y Harvard con el genocidio israelí.

Es una parte del movimiento BDS. En Columbia los estudiantes exigen que el rectorado ponga fin a sus inversiones en los gigantes tecnológicos Amazon y Google, que tienen un contrato de 1.200 millones de dólares con el gobierno israelí para crear bases de datos.

En Yale exigieron que la universidad desinvierta en “todas las empresas fabricantes de armas que contribuyen al ataque israelí contra Palestina”. la Universidad tiene programas de intercambio estudiantil con siete universidades israelíes. Harvard tiene tres, mientras que Columbia mantiene relaciones con cuatro.

Muchas de estas protestas han sido violentamente reprimidas. La rectora de la Universidad de Columbia, Nemat Minouche Shafik, ordenó a la policía de Nueva York dispersar el campamento de 50 tiendas de campaña, lo que acabó con la detención de 100 estudiantes de Columbia, incluida la hija de una congresista estadounidense.

Los estudiantes también fueron suspendidos y se les dijo que no podrían completar su semestre académico. En Yale, 50 manifestantes fueron detenidos por “allanamiento de morada”. En Ohio los manifestantes fueron golpeados y sometidos a descargas eléctricas. Unos 300 solidarios fueron arrestadas por la policía en Columbia durante las protestas.

En total, según un recuento de Associated Press, más de 1.600 manifestantes han sido detenidos en todo el país desde los enfrentamientos iniciales.

Horas después de que el rectorado desmantelara el campamento de Princeton, cientos de estudiantes ocuparon un patio central, llevando libros, ordenadores portátiles y lienzos en blanco para crear unal “Universidad Popular para Gaza”. El profesorado se unió a ellos para impartir clases y dirigir debates.

Unas quince universidades llamaron a la policía y estallaron protestas en una treintena de instituciones de educación superior de todo el país.

‘Seguid adelante porque sois nuestra única esperanza’

Las protestas estadounidenses se extendieron a las universidades británicas, aunque recibieron menos atención mediática. En el Trinity College de Cambridge, un retrato de Lord Balfour, el ministro de Asuntos Exteriores británico responsable de una declaración que reconocía un supuesto hogar judío en Palestina, fue profanado y acuchillado antes de ser retirado por la universidad.

En Londres las organizaciones de solidaridad han convocado 13 movilizaciones desde el inicio de la guerra. En su persistencia y magnitud, las protestas solo son comparables a la manifestación de más de un millón de personas contra la decisión de Tony Blair de invadir Irak, que en 2003 fue la mayor de su tipo.

El movimiento de protesta está teniendo un profundo impacto en la propia Gaza, porque por una vez, el pueblo palestino bajo ataque no se siente abandonado a su suerte. El periodista y creador de contenido palestino Bisan Owda dijo: “Seguid adelante porque sois nuestra única esperanza. Y les prometemos que nos mantendremos firmes y siempre les diremos la verdad. Y, por favor, no permitan que su violencia los atemorice. No tienen más remedio que silenciarlos y aterrorizarlos porque están destruyendo décadas de lavado de cerebro”.

Los judíos contra el sionismo

La guerra en Gaza está provocando un debate sin precedentes en las comunidades judías de todo el mundo. A la cabeza de la revuelta contra el sionismo se encuentra una nueva generación de judíos que participan cada vez más en las manifestaciones. Es el caso de Sion Assidon, que se debate entre la vida y la muerte en un hospital de Rabat.

Los judíos están horrorizados por lo que se está haciendo en su nombre. Horrorizados porque su religión se ha transformado en una apología de la limpieza étnica. Horrorizados porque su herencia se ha convertido en una licencia para matar.

La detención de más de 100 estudiantes solidarios con Palestina en Columbia es el peor acto de represión en los campus universitarios de Estados Unidos desde hace décadas. Cuando el rectorado de Columbia solicitó a la policía que detuviera a cientos de manifestantes, la universidad normalizó una cultura represiva.

La causa palestina está ya en todas partes

Estos acontecimientos tendrán consecuencias. En el futuro inmediato, el movimiento de solidaridad con Gaza ha reavivado la causa palestina como nunca. Los grafitis descoloridos que conmemoraban las batallas de la OLP en los campos de refugiados de Líbano han sido reemplazados por nuevos símbolos brillantes que celebran el ataque del 7 de octubre. El triángulo invertido que representa a Hamas saltando en paracaídas sobre los muros de Gaza, también está por todas partes.

El aumento de la solidaridad también ha revertido años de planificación destinados a desconectar la causa palestina del mundo árabe.

Palestina está ya en todas partes. Todas las encuestas lo demuestran. Israel, por otra parte, se encuentra en el banquillo de los acusados.

Al menos 60 solidarios serán procesados por mostrar apoyo para el recientemente prohibido colectivo Acción Palestina, además de otros tres ya acusados, dijo la Policía Metropolitana de Londres el viernes.

“Hemos establecido criterios que nos permitirán investigar y procesar números significativos cada semana si es necesario”, amenazó la policía en un comunicado.

Más de 700 solidarios han sido detenidos desde que el colectivo Acción Palestina fue prohibido y calificado como “grupo terrorista” a principios de julio, incluyendo 522 personas detenidas en una protesta el fin de semana pasado por mostrar pancartas que respaldan al colectivo.

Es el mayor número de detenciones registradas en una sola protesta en la capital británica.

“Las decisiones que hemos anunciado hoy son los primeros números significativos que salen de las recientes protestas, y se pueden esperar muchas más en las próximas semanas”, dijo el jefe de la fiscalía Stephen Parkinson.

“La población debería tener claras las consecuencias de la vida real para cualquiera que elija apoyar a Acción Palestina”, dijo el fiscal.

Las tres primeras personas fueron acusadas a principios de este mes de delitos tipificados en la Ley contra el Terrorismo por apoyar a Acción Palestina, después de que fueran detenidos en una manifestación en julio.

Según la policía, los acusados por este tipo de delitos podrían enfrentarse a penas de cárcel, entre otras consecuencias.

“Estoy orgulloso de cómo nuestros equipos de policía han trabajado tan rápidamente juntos para superar intentos equivocados de abrumar al sistema de justicia”, dijo el comisionado de la policía, Mark Rowley.

En una declaración tras las últimas detenciones masivas, la ministra del Interior, Yvette Cooper, defendió la decisión del gobierno laborista, insistiendo en que la seguridad nacional y la seguridad pública “siempre deben ser la máxima prioridad”.

La ministra añadió que Acción Palestina es “una organización violenta”.

El gobierno prohibió Acción Palestina el 7 de julio, días después de que un grupo de solidarios entrara en una base de la fuerza aérea en el sur de Inglaterra. El colectivo dijo que era en respuesta al apoyo militar del gobierno laborista a Israel y a las matanzas de Gaza.

El Partido Liberal Demócrata ha manifestado su preocupación por la aplicación de la legislación antiterrorista a manifestantes pacíficos.

Estados Unidos se acerca poco a poco hacia un estado policial a gran escala, cuando Trump cumplió su promesa de militarizar aún más la capital del país. El Presidente amenazó con emplear tácticas similares en ciudades de todo el país mientras el Pentágono elabora los planes para una “Fuerza de Reacción Rápida ante Disturbios Civiles Nacionales”, compuesta por cientos de efectivos de la Guardia Nacional, listos para invadir las ciudades estadounidenses.

La toma de poder en el distrito de Columbia, que eludió a los dirigentes electos de la ciudad, se produce tras despliegues de tropas federales de costa a costa, oleadas de policías federales enmascarados por todo Estados Unidos y un uso tiránico y constante del poder ejecutivo, con pocos precedentes en la historia moderna.

“Nuestra capital ha sido tomada por bandas violentas y criminales sanguinarios”, declaró Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, describiendo la ciudad como un infierno lleno de “maníacos drogadictos” y “caravanas de jóvenes” que “arrasan las calles” día y noche. “Estoy desplegando a la Guardia Nacional para ayudar a restablecer la ley, el orden y la seguridad pública en Washington”, dijo.

Hasta el lunes por la tarde, los miembros de la Guardia aún no habían sido desplegados. “Tienen que presentarse. Tienen que realizar un breve entrenamiento y procesamiento, y luego se pondrán en marcha. Pero esperamos que esto suceda con bastante rapidez”, declaró un portavoz del ejército. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que la Guardia “llegará a las calles de Washington la próxima semana”.

El programa para el despliegue de tropas es incierto. Según un informe publicado por Trump, las tropas de la Guardia Nacional permanecerán desplegadas hasta que él determine que se han restablecido las condiciones de la ley y el orden.

En Washington la delincuencia violenta está bajo minimos

Las cifras del Departamento de Justicia muestran que la delincuencia violenta en la capital del país se encuentra en su nivel más bajo en 30 años. Si analizamos tanto la forma práctica en que el gobierno de Trump utiliza las tropas en todo el país como su postura sobre su autoridad —la capacidad de utilizar al ejército en cualquier lugar, en cualquier momento y para cualquier propósito—, no hay precedentes.

La última persona que ejerció esa autoridad ilimitada para desplegar las fuerzas armadas en el país y utilizarlas para la aplicación de la ley en este país fue el rey Jorge III, quien perdió la Guerra de Independencia de Estados Unidos.

El uso cada vez mayor de las fuerzas armadas por parte de Trump para asuntos internos es alarmante. Las fuerzas armadas están entrenadas para defender al país de amenazas externas y asistir a las comunidades durante desastres o emergencias, no para realizar labores policiales domésticas cotidianas. Este despliegue constituye un grave abuso de la Guardia Nacional.

Aproximadamente 800 soldados de la Guardia Nacional fueron movilizados en Washington, de los cuales entre 100 y 200 apoyan a la policía en todo momento, según una declaración del ejército. La Guardia Nacional que opera en la capital desempeñará diversas tareas, desde administrativas y logísticas hasta presencia física, en apoyo a la policía.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, declaró que no creía legal utilizar al ejército estadounidenses contra ciudadanos en territorio estadounidense.

El experimento de Trump para un régimen policial

El despliegue de la Guardia Nacional forma parte de los esfuerzos de Trump por someter a la capital a la autoridad federal. Ha declarado que asumirá temporalmente el control del departamento de policía de la ciudad. Cientos de oficiales y agentes de más de una docena de agencias federales, incluyendo el FBI; la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos; la Administración de Control de Drogas; el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas; y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, también se han desplegado por Washington en los últimos días.

Para la represión en Washington Trump invocó una sección de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia, Washington, que le otorga la facultad de asumir temporalmente el control del departamento de policía de la ciudad. Aseguró que la fiscal general Pam Bondi supervisaría la toma de control federal del Departamento de Policía Metropolitana de la capital y, con Hegseth a su lado, añadió que estaba dispuesto a enviar militares a Washington “si fuera necesario”.

En un memorando publicado el lunes, Trump ordenó a Hegseth que se coordinara con los gobernadores de los estados y “autorizara la incorporación de cualquier miembro adicional de la Guardia Nacional al servicio activo, según lo considere necesario y apropiado, para reforzar esta misión”. Hegseth afirmó que, además de la Guardia Nacional de Washington, el Pentágono estaba preparado para desplegar otras unidades militares en la capital.

“Estamos preparados para incorporar otras unidades, como la Guardia Nacional y otras unidades especializadas”, declaró. “Serán fuertes, resistentes y apoyarán a sus aliados en las fuerzas del orden”, añadió. “Trabajaremos junto con toda la policía de Washington y las fuerzas del orden federales para garantizar la seguridad de esta ciudad”.

Las intervenciones militares se reproducen

Es la segunda vez este verano que Trump despliega tropas en una ciudad. El lunes comenzó un juicio en San Francisco para determinar si Trump violó la ley al desplegar tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles en junio sin la aprobación del gobernador de California, Gavin Newsom.

“El presidente Trump está explotando su poder y poniéndolo a prueba de maneras que podrían llevar al despliegue de más tropas estadounidenses en suelo estadounidense. Como vimos en Los Ángeles, el presidente Trump está dispuesto a desplegar fuerzas militares estadounidenses en las calles estadounidenses por motivos incendiarios y políticos”, declaró Reed, senador por Rhode Island. “Normalizar el uso de las fuerzas militares estadounidenses para la vigilancia policial diaria corre el riesgo de erosionar las mismas libertades que nuestros militares juran proteger”.

En sus primeros siete meses en el cargo, Trump ha supervisado el despliegue de alrededor de 20.000 tropas federales en suelo estadounidense, incluyendo personal de la Guardia Nacional, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Infantería de Marina. Sin embargo, el número real de tropas desplegadas podría ser considerablemente mayor. El Comando Norte de Estados Unidos no lleva un registro actualizado del número de tropas que se han desplegado en el país.

Estas tropas han estado operando en al menos cinco estados: Arizona, California, Florida, Nuevo México y Texas, al servicio del programa contra la inmigración del gobierno de Trump. Según el Comando Norte, más de 10.000 soldados están desplegados o ya se han desplegado en la frontera sur. Desde marzo el personal militar se ha desplegado bajo la dirección de Northcom (Comando Norte) con la denominación de Fuerza de Tarea Conjunta-Frontera Sur, o JTF-SB, reforzando a aproximadamente 2.500 militares que ya apoyan la misión de seguridad fronteriza de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

“Los miembros de la Guardia Nacional no deben hacerse ilusiones sobre lo que se les está enviando a hacer en Washington”.

La militarización de las fronteras

Un tercio de la frontera estadounidense está ahora completamente militarizada debido a la creación de cuatro nuevas áreas de defensa nacional o NDA: extensas extensiones de bases militares estadounidenses patrulladas por tropas que pueden detener a inmigrantes hasta que puedan ser entregados a la Patrulla Fronteriza. Alrededor de 5.500 soldados, marines y miembros de la Guardia Nacional de California también han sido desplegados en Los Ángeles desde principios de junio. El envío de estas fuerzas a Los Ángeles se hizo a pesar de las objeciones de las autoridades locales y de Newsom.

El creciente uso de fuerzas militares en el interior de Estados Unidos representa una violación extraordinaria del principio jurídico “posse comitatus” (*), considerado fundamental en la tradición democrática estadounidense.

“Desde las calles de Los Ángeles hasta los centros de detención de ICE y la capital de nuestra nación, el presidente Trump actúa repetidamente para convertir a la Guardia Nacional en la primera opción para implementar su agenda autoritaria”, declaró Sara Haghdoosti, directora ejecutiva de Win Without War. Ya sea atacando a los inmigrantes o tomando el control de la policía en ., su objetivo con estos despliegues es el mismo: usar la violencia estatal para despojar a la gente de poder, seguridad y dignidad. Los miembros de la Guardia Nacional no deben hacerse ilusiones sobre lo que se les envía a hacer en Washington.

Muchas más tropas, como las de la Guardia Nacional desplegadas en la capital, operan bajo el llamado estatus Título 32, lo que significa que están bajo control estatal, en lugar de federal, a diferencia de los despliegues en Los Ángeles y al otro lado de la frontera sur. Sin un gobernador al que rendir cuentas, la cadena de mando de la Guardia Nacional de Washington D. C. va desde su comandante general hasta el secretario del Ejército, pasando por Hegseth y el presidente.

El plan para la Fuerza de Reacción Rápida ante Disturbios Civiles Domésticos, del que informó por primera vez el Washington Post el martes, prevé que dos grupos de 300 soldados estén en espera para un despliegue rápido en todo el país, desde bases militares en Alabama y Arizona. Según se informa, la fuerza propuesta también operaría bajo el Título 32.

El Pentágono se negó a ofrecer más detalles sobre la iniciativa. “El Departamento de Defensa es una organización de planificación y revisa periódicamente cómo respondería a diversas contingencias en todo el mundo”, declaró a The Intercept el martes un funcionario de defensa, que habló bajo condición de anonimato. “No analizaremos estos planes a través de documentos filtrados, ya sean previos a la toma de decisiones o de otro tipo”.

“Lo que me preocupa específicamente es que cuando se crea una herramienta para un propósito específico, se querrá usar; en este caso, para integrar a las fuerzas armadas en las tareas rutinarias de aplicación de la ley”, dijo Nunn, abogado del Centro Brennan, sobre la fuerza de respuesta rápida. “Tener un botón que se pueda pulsar fácilmente, por así decirlo, para desplegar las fuerzas armadas a nivel nacional hará que el despliegue de las fuerzas armadas en el país sea más frecuente y probable”.

Nick Turse https://theintercept.com/2025/08/12/trump-washington-dc-national-guard-deploy-federalize/

(*) El principio jurídico “posse comitatus” procede del derecho anglosajón y se refiere a la autoridad de la policía para convocar a los ciudadanos a ayudar en la defensa de la ley, especialmente en situaciones de emergencia. En Estados Unidos también es una restricción del uso de fuerzas militares para hacer cumplir las leyes civiles, lo que significa que el ejército no puede intervenir en los asuntos internos del país.