Categoría: Represión (página 4 de 66)

Estados Unidos se acerca poco a poco hacia un estado policial a gran escala, cuando Trump cumplió su promesa de militarizar aún más la capital del país. El Presidente amenazó con emplear tácticas similares en ciudades de todo el país mientras el Pentágono elabora los planes para una “Fuerza de Reacción Rápida ante Disturbios Civiles Nacionales”, compuesta por cientos de efectivos de la Guardia Nacional, listos para invadir las ciudades estadounidenses.

La toma de poder en el distrito de Columbia, que eludió a los dirigentes electos de la ciudad, se produce tras despliegues de tropas federales de costa a costa, oleadas de policías federales enmascarados por todo Estados Unidos y un uso tiránico y constante del poder ejecutivo, con pocos precedentes en la historia moderna.

“Nuestra capital ha sido tomada por bandas violentas y criminales sanguinarios”, declaró Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, describiendo la ciudad como un infierno lleno de “maníacos drogadictos” y “caravanas de jóvenes” que “arrasan las calles” día y noche. “Estoy desplegando a la Guardia Nacional para ayudar a restablecer la ley, el orden y la seguridad pública en Washington”, dijo.

Hasta el lunes por la tarde, los miembros de la Guardia aún no habían sido desplegados. “Tienen que presentarse. Tienen que realizar un breve entrenamiento y procesamiento, y luego se pondrán en marcha. Pero esperamos que esto suceda con bastante rapidez”, declaró un portavoz del ejército. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que la Guardia “llegará a las calles de Washington la próxima semana”.

El programa para el despliegue de tropas es incierto. Según un informe publicado por Trump, las tropas de la Guardia Nacional permanecerán desplegadas hasta que él determine que se han restablecido las condiciones de la ley y el orden.

En Washington la delincuencia violenta está bajo minimos

Las cifras del Departamento de Justicia muestran que la delincuencia violenta en la capital del país se encuentra en su nivel más bajo en 30 años. Si analizamos tanto la forma práctica en que el gobierno de Trump utiliza las tropas en todo el país como su postura sobre su autoridad —la capacidad de utilizar al ejército en cualquier lugar, en cualquier momento y para cualquier propósito—, no hay precedentes.

La última persona que ejerció esa autoridad ilimitada para desplegar las fuerzas armadas en el país y utilizarlas para la aplicación de la ley en este país fue el rey Jorge III, quien perdió la Guerra de Independencia de Estados Unidos.

El uso cada vez mayor de las fuerzas armadas por parte de Trump para asuntos internos es alarmante. Las fuerzas armadas están entrenadas para defender al país de amenazas externas y asistir a las comunidades durante desastres o emergencias, no para realizar labores policiales domésticas cotidianas. Este despliegue constituye un grave abuso de la Guardia Nacional.

Aproximadamente 800 soldados de la Guardia Nacional fueron movilizados en Washington, de los cuales entre 100 y 200 apoyan a la policía en todo momento, según una declaración del ejército. La Guardia Nacional que opera en la capital desempeñará diversas tareas, desde administrativas y logísticas hasta presencia física, en apoyo a la policía.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, declaró que no creía legal utilizar al ejército estadounidenses contra ciudadanos en territorio estadounidense.

El experimento de Trump para un régimen policial

El despliegue de la Guardia Nacional forma parte de los esfuerzos de Trump por someter a la capital a la autoridad federal. Ha declarado que asumirá temporalmente el control del departamento de policía de la ciudad. Cientos de oficiales y agentes de más de una docena de agencias federales, incluyendo el FBI; la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos; la Administración de Control de Drogas; el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas; y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, también se han desplegado por Washington en los últimos días.

Para la represión en Washington Trump invocó una sección de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia, Washington, que le otorga la facultad de asumir temporalmente el control del departamento de policía de la ciudad. Aseguró que la fiscal general Pam Bondi supervisaría la toma de control federal del Departamento de Policía Metropolitana de la capital y, con Hegseth a su lado, añadió que estaba dispuesto a enviar militares a Washington “si fuera necesario”.

En un memorando publicado el lunes, Trump ordenó a Hegseth que se coordinara con los gobernadores de los estados y “autorizara la incorporación de cualquier miembro adicional de la Guardia Nacional al servicio activo, según lo considere necesario y apropiado, para reforzar esta misión”. Hegseth afirmó que, además de la Guardia Nacional de Washington, el Pentágono estaba preparado para desplegar otras unidades militares en la capital.

“Estamos preparados para incorporar otras unidades, como la Guardia Nacional y otras unidades especializadas”, declaró. “Serán fuertes, resistentes y apoyarán a sus aliados en las fuerzas del orden”, añadió. “Trabajaremos junto con toda la policía de Washington y las fuerzas del orden federales para garantizar la seguridad de esta ciudad”.

Las intervenciones militares se reproducen

Es la segunda vez este verano que Trump despliega tropas en una ciudad. El lunes comenzó un juicio en San Francisco para determinar si Trump violó la ley al desplegar tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles en junio sin la aprobación del gobernador de California, Gavin Newsom.

“El presidente Trump está explotando su poder y poniéndolo a prueba de maneras que podrían llevar al despliegue de más tropas estadounidenses en suelo estadounidense. Como vimos en Los Ángeles, el presidente Trump está dispuesto a desplegar fuerzas militares estadounidenses en las calles estadounidenses por motivos incendiarios y políticos”, declaró Reed, senador por Rhode Island. “Normalizar el uso de las fuerzas militares estadounidenses para la vigilancia policial diaria corre el riesgo de erosionar las mismas libertades que nuestros militares juran proteger”.

En sus primeros siete meses en el cargo, Trump ha supervisado el despliegue de alrededor de 20.000 tropas federales en suelo estadounidense, incluyendo personal de la Guardia Nacional, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Infantería de Marina. Sin embargo, el número real de tropas desplegadas podría ser considerablemente mayor. El Comando Norte de Estados Unidos no lleva un registro actualizado del número de tropas que se han desplegado en el país.

Estas tropas han estado operando en al menos cinco estados: Arizona, California, Florida, Nuevo México y Texas, al servicio del programa contra la inmigración del gobierno de Trump. Según el Comando Norte, más de 10.000 soldados están desplegados o ya se han desplegado en la frontera sur. Desde marzo el personal militar se ha desplegado bajo la dirección de Northcom (Comando Norte) con la denominación de Fuerza de Tarea Conjunta-Frontera Sur, o JTF-SB, reforzando a aproximadamente 2.500 militares que ya apoyan la misión de seguridad fronteriza de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

“Los miembros de la Guardia Nacional no deben hacerse ilusiones sobre lo que se les está enviando a hacer en Washington”.

La militarización de las fronteras

Un tercio de la frontera estadounidense está ahora completamente militarizada debido a la creación de cuatro nuevas áreas de defensa nacional o NDA: extensas extensiones de bases militares estadounidenses patrulladas por tropas que pueden detener a inmigrantes hasta que puedan ser entregados a la Patrulla Fronteriza. Alrededor de 5.500 soldados, marines y miembros de la Guardia Nacional de California también han sido desplegados en Los Ángeles desde principios de junio. El envío de estas fuerzas a Los Ángeles se hizo a pesar de las objeciones de las autoridades locales y de Newsom.

El creciente uso de fuerzas militares en el interior de Estados Unidos representa una violación extraordinaria del principio jurídico “posse comitatus” (*), considerado fundamental en la tradición democrática estadounidense.

“Desde las calles de Los Ángeles hasta los centros de detención de ICE y la capital de nuestra nación, el presidente Trump actúa repetidamente para convertir a la Guardia Nacional en la primera opción para implementar su agenda autoritaria”, declaró Sara Haghdoosti, directora ejecutiva de Win Without War. Ya sea atacando a los inmigrantes o tomando el control de la policía en ., su objetivo con estos despliegues es el mismo: usar la violencia estatal para despojar a la gente de poder, seguridad y dignidad. Los miembros de la Guardia Nacional no deben hacerse ilusiones sobre lo que se les envía a hacer en Washington.

Muchas más tropas, como las de la Guardia Nacional desplegadas en la capital, operan bajo el llamado estatus Título 32, lo que significa que están bajo control estatal, en lugar de federal, a diferencia de los despliegues en Los Ángeles y al otro lado de la frontera sur. Sin un gobernador al que rendir cuentas, la cadena de mando de la Guardia Nacional de Washington D. C. va desde su comandante general hasta el secretario del Ejército, pasando por Hegseth y el presidente.

El plan para la Fuerza de Reacción Rápida ante Disturbios Civiles Domésticos, del que informó por primera vez el Washington Post el martes, prevé que dos grupos de 300 soldados estén en espera para un despliegue rápido en todo el país, desde bases militares en Alabama y Arizona. Según se informa, la fuerza propuesta también operaría bajo el Título 32.

El Pentágono se negó a ofrecer más detalles sobre la iniciativa. “El Departamento de Defensa es una organización de planificación y revisa periódicamente cómo respondería a diversas contingencias en todo el mundo”, declaró a The Intercept el martes un funcionario de defensa, que habló bajo condición de anonimato. “No analizaremos estos planes a través de documentos filtrados, ya sean previos a la toma de decisiones o de otro tipo”.

“Lo que me preocupa específicamente es que cuando se crea una herramienta para un propósito específico, se querrá usar; en este caso, para integrar a las fuerzas armadas en las tareas rutinarias de aplicación de la ley”, dijo Nunn, abogado del Centro Brennan, sobre la fuerza de respuesta rápida. “Tener un botón que se pueda pulsar fácilmente, por así decirlo, para desplegar las fuerzas armadas a nivel nacional hará que el despliegue de las fuerzas armadas en el país sea más frecuente y probable”.

Nick Turse https://theintercept.com/2025/08/12/trump-washington-dc-national-guard-deploy-federalize/

(*) El principio jurídico “posse comitatus” procede del derecho anglosajón y se refiere a la autoridad de la policía para convocar a los ciudadanos a ayudar en la defensa de la ley, especialmente en situaciones de emergencia. En Estados Unidos también es una restricción del uso de fuerzas militares para hacer cumplir las leyes civiles, lo que significa que el ejército no puede intervenir en los asuntos internos del país.

El jueves un tribunal francés ordenó la liberación del militante libanés propalestino Georges Ibrahim Abdallah, considerado uno de los presos franceses con más años de prisión tras permanecer 40 años encarcelado.

La liberación tendrá lugar el 25 de julio. El tribunal de apelaciones emitió su fallo durante una audiencia a puerta cerrada, en ausencia de Georges Abdallah, de 74 años, quien se encuentra recluido en la prisión de Lannemezan (Altos Pirineos).

Está previsto que la policía lo conduzca al aeropuerto de Tarbes con destino a Roissy, donde tomará un vuelo a Beirut. La libertad condicional está sujeta al abandono del territorio francés. “Es a la vez una victoria legal y un escándalo político que no haya sido liberado antes, debido al comportamiento de Estados Unidos y de todos los sucesivos presidentes franceses”, dijo su abogado, Jean-Louis Chalanset, al salir de la vista.

Estados Unidos, como parte civil, se opuso enérgicamente a cada una de las solicitudes de liberación de Georges Abdallah. Encarcelado en Francia desde 1984, el antiguo dirigente de un grupo de cristianos libaneses propalestinos ha podido ser liberado durante 25 años, pero sus doce solicitudes de liberación han sido denegadas.

Líbano, que lleva años exigiendo su liberación a las autoridades francesas, escribió al tribunal de apelaciones para confirmar que se encargaría de organizar su regreso a casa. La decisión del tribunal puede ser apelada por la Fiscalía, pero no tendría efecto suspensivo y, por lo tanto, no impediría que Georges Abdallah regresara a Líbano.

Tanto el Tribunal de Ejecución de Sentencias como, posteriormente, el Tribunal de Apelación fallaron a favor del represaliado, considerando que la duración de su detención era desproporcionada, y dictaminaron que, a sus 74 años, el recluso, que aspira a terminar sus días en su aldea del norte de Líbano, ya no representaba un riesgo para Francia.

En noviembre la sentencia del tribunal fue suspendida inmediatamente por un recurso de la fiscalía antiterrorista. En cuanto al tribunal, si bien en febrero se pronunció a favor de su liberación, pospuso su decisión unos meses.

En la década de los ochenta Georges Abdallah fue el enemigo público número uno de Francia y uno de los presos políticos más notorios. En el contexto de la Guerra Civil Libanesa y la invasión israelí del sur del Líbano en 1978, el recluso promovió la resistencia contra la opresión israelí y estadounidense y siempre se negó a renunciar a sus creencias.

El Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha desclasificado una nueva colección de documentos sobre el programa Mkultra de la CIA (1). Junto con Bluebird y Artichoke, el programa es la prehistoria de las posteriores torturas (“interrogatorios reforzados”) que la CIA pondría en marcha a partir de 2001 en las cárceles clandestinas que tenía repartidas por varios países del mundo, algunas de ellas en la Unión Europea.

La nueva colección reúne más de 1.200 documentos sobre experimentos con drogas, hipnosis, aislamiento, privación sensorial y otras técnicas extremas en seres humanos, a menudo ciudadanos estadounidenses, que generalmente desconocían lo que se les estaba haciendo o que participaban en una prueba de la CIA.

Las referencias al programa Mkultra fueron calificadas de “conspiranoicas” hasta que hace 50 años Seymour Hersh las publicó en el New York Times. También han transcurrido 70 años desde que en 1954 el gigante farmacéutico estadounidense Eli Lilly fabricara por primera vez LSD por procedimientos industriales, convirtiéndose así en el principal vendedor de drogas de la CIA.

Entre los documentos más relevantes de la nueva colección se encuentra un plan aprobado en 1950 por el director para crear de “equipos de interrogatorio” que “utilizarían el polígrafo, las drogas y la hipnosis para lograr los mejores resultados posibles en las técnicas de interrogatorio”.

Un memorando de 1951 documenta una reunión entre la CIA y funcionarios de inteligencia extranjeros sobre la investigación del control mental y su interés compartido en el concepto de control mental individual, es decir, que a lo largo de la Guerra Fría los aliados y socios de Estados Unidos estuvieron al corriente de las técnicas de tortura de la CIA.

Una entrada de 1952 expone el diario de George Hunter White, un policía antidrogas que dirigía una “casa de seguridad”, antecedente de las actuales cárceles secretas, donde la CIA experimentaba drogas como el LSD y realizaba otros ensayos con estadounidenses sin su conocimiento.

White fue contratado por Sidney Gottlieb, director del programa Mkultra, para dirigir las primeras cárceles secretas de la CIA en Nueva York y San Francisco, donde administraban LSD, entre otras sustancias, a personas inconscientes, para registrar después los efectos sobre su comportamiento.

Un informe de 1952 habla sobre el uso exitoso de los métodos de interrogatorio Artichoke, que combinaban “narcosis” e “hipnosis” para inducir regresión y posterior amnesia en “supuestos agentes dobles rusos”.

Aparece un informe de 1956 en el que Gottlieb aprueba un proyecto para “evaluar los efectos de grandes dosis de LSD-25 en “voluntarios humanos normales” entre los presos de una cárcel de Atlanta.

En la nueva colección consta un informe de 1963 del Inspector General de la CIA, que llevó a la dirección de la central a reexaminar el uso involuntario en su programa secreto de pruebas de drogas, siempre que fueran de estadounidenses.

También está la declaración de 1983 de Sidney Gottlieb, director del programa Mkultra, en un litigio civil interpuesto por Velma “Val” Orlikow, víctima de proyectos patrocinados por la CIA y dirigidos por Ewen Cameron en el Instituto Allan Memorial de Montreal.

Como Jefe de Operaciones de la Dirección de Planes de la CIA (1952-1962), Subdirector de Planes (1962-1965), Subdirector de la CIA (1965-1966) y Director (1966-1973), Richard Helms mostró un gran interés en el desarrollo de técnicas para el uso de drogas en operaciones encubiertas de inteligencia. Como director de la CIA, en 1973 ordenó la destrucción de los archivos que hicieran referencia al programa Mkultra.

Se trata de otro de los encubrimientos más infames en la historia de la CIA, que ha tenido impunidad total no sólo por las torturas practicadas a los detenidos, sino también en tratamientos médicos rutinarios, en hospitales penitenciarios, cuarteles del ejército, clínicas de rehabilitación de drogas y centros de detención juvenil.

La mayoría de los documentos proceden de los archivos recopilados por John Marks, antiguo funcionario del Departamento de Estado que presentó las primeras solicitudes de desclasificación de los archivos Mkultra. En 1979 escribió el libro sobre el “Candidato manchú” al que hemos aludido varias veces aquí desde 1916.

Posteriormente, Marks donó sus documentos al Archivo de Seguridad Nacional. Muchos de los pasajes censurados de los documentos fueron eliminados con el tiempo, a medida que las investigaciones oficiales, las declaraciones civiles y los relatos detallados arrojaron luz sobre algunos de estos episodios.

Las primeras cárceles secretas de la CIA

Los programas de investigación de control del comportamiento de la CIA contribuyeron decisivamente al desarrollo de técnicas utilizadas por estadounidenses y sus aliados en centros de detención de Vietnam, Latinoamérica, Afganistán, Irak, la Bahía de Guantánamo y prisiones secretas de la CIA en el mundo.

Las técnicas de Mkultra se citan en el manual de interrogatorio Kubark de la CIA de 1963, que sirvió de base para los interrogatorios de prisioneros en Vietnam y, posteriormente, en dictaduras anticomunistas de Latinoamérica.

Si bien muchos proyectos de Mkultra se llevaron a cabo en hospitales, reformatorios, laboratorios e instituciones púbicas, otros se llevaron a cabo en las primeras cárceles secretas de la CIA, donde las cobayas humanas no estaban atendidas por médicos sino por policías antidrogas, como White.

Bajo la dirección de Gottlieb, el policía se camuflaba como un artista bohemio para atraer a víctimas desprevenidas a su guarida, donde experimentaban en secreto con las drogas y grababan su comportamiento.

Antiguo miembro de la OSS que había trabajado en el desarrollo de una “droga de la verdad” para el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, White administraba en secreto LSD a muchas de sus víctimas. Gottlieb, su adjunto Robert Lashbrook y el sicólogo de la CIA John Gittinger se encontraban entre los verdugos de la CIA que visitaban con frecuencia las carceles secretas de White.

Otro científico siniestro, Cameron realizó experimentos aterradores con pacientes siquiátricos y otras personas para el programa Mkultra. Era presidente del departamento de siquiatría de la Universidad McGill y director del Instituto Allan Memorial en Montreal, Canadá, donde llevaron a cabo experimentos de “desesquematización”.

Los métodos de Cameron combinaban el sueño inducido, el electrochoque y la “conducción psíquica”. Las cobayas eran drogadas y después torturadas sicológicamente durante semanas o meses para intentar reprogramar sus intelectos.

La misteriosa muerte de Frank Olson

La misteriosa muerte de Frank Olson en 1953 resulta particularmente interesante. Olson era químico del Ejército y especialista en aerosoles de la División de Operaciones Especiales (SOD) del Cuerpo Químico del Ejército, socio militar de la CIA en la investigación del control del comportamiento.

Oficialmente declarada un suicidio, la muerte de Olson tras caer desde un décimo piso en Nueva York, ocurrió 10 días después de que Gottlieb y sus compinches adulteraran su cóctel en una reunión de la CIA. Posteriormente se determinó que la ingesta de drogas contribuyó a su muerte, pero muchos, incluidos familiares, cuestionaron la conclusión de que Olson, que compartía habitación con Lashbrook esa noche, se hubiera arrojado por una ventana.

En el centro del asesinato estaba Gottlieb, “el jefe de los envenenadores de la CIA”, según tituló en 2019 Stephen Kinzer en su libro (3). Es el ejemplo perfecto del científico de nuevo tipo, sicario de las peores políticas de Estado. Durante décadas Gottlieb dirigió los esfuerzos de la CIA para encontrar drogas, hipnosis y otros métodos extremos para controlar el comportamiento humano, con la esperanza de transformarlos en herramientas utilizables por sus siniestros planes.

Los relatos de la participación de la CIA en los fallidos intentos de asesinato del primer ministro congoleño Patrice Lumumba y del dirigente cubano Fidel Castro, entre otros, se encuentran entre los casos más legendarios, si no los más exitosos, de los esfuerzos de la CIA para implementar las herramientas desarrollados por la unidad de Gottlieb.

Unos cientificos fuera de todo control

Menos conocido es su papel en experimentos con drogas y programas de “interrogatorios especiales” que dejaron a cientos de personas con trauma psicológico y a otras con “deterioro permanente”.

Aunque Mkultra fue aprobado al más alto nivel, operó prácticamente sin supervisión. Fue un cheque en blanco. La autorización presupuestaria inicial de Mkultra eximió al programa de los controles financieros habituales de la CIA y permitió al equipo científico de Gottlieb iniciar proyectos de investigación sin firmar ningún contrato.

Otro canalla de los equipos científicos de la CIA, el doctor Charles Geschickter, fue profesor de patología en la Universidad de Georgetown y director del Fondo Geschickter para la Investigación Médica, una fundación a través de la cual la central de espionaje financió diversas investigaciones y experimentos sobre control de drogas y comportamiento como parte de Mkultra y programas relacionados, como Bluebird y Artichoke.

Cuando Gottlieb llegó a la CIA en 1952, el Proyecto Bluebird, que exploraba la posibilidad de controlar a un individuo mediante la aplicación de técnicas especiales de interrogatorio, ya estaba en marcha. Dirigidos por Morse Allen, jefe de la Oficina de Seguridad, los primeros experimentos Bluebird fueron realizados por equipos de expertos en polígrafo y psicólogos con detenidos y confidentes en centros secretos de interrogatorio estadounidenses en Japón y Alemania.

El nombramiento de Allen Dulles como subdirector de la CIA en 1951 condujo a la expansión de los programas Bluebird bajo un nuevo nombre, Artichoke, y bajo la dirección de Gottlieb. El nuevo programa debía incluir, entre otros proyectos, el desarrollo de “pistolas de gas” y “venenos”, así como experimentos para comprobar si los “sonidos monótonos”, las “conmociones cerebrales”, las “descargas eléctricas” y el “sueño inducido” podían utilizarse como medios para lograr “control hipnótico sobre un individuo”.

En tiempos de Artichoke, la CIA comenzó a reclutar de forma sistemática a investigadores de primer nivel y a solicitar la colaboración de esas instituciones “prestigiosas” que trabajan sobre el control mental. Uno de los primeros en entrar fue el subdirector del Hospital Psiquiátrico de Boston, Robert Hyde, quien en 1949 se convirtió en el primer estadounidense en experimentar el efecto de LSD después de que el hospital adquiriera muestras de la droga del laboratorio Sandoz en Suiza.

En 1952 la CIA comenzó a financiar la investigación del hospital sobre LSD, en la que Hyde se utilizó a sí mismo, a sus colegas, a estudiantes voluntarios y a pacientes del hospital como cobayas. Hyde trabajó en cuatro subproyectos de Mkultra durante la década siguiente.

Ante la insistencia de Geschickter, la CIA proporcionó 375.000 dólares para la construcción de un nuevo centro médico en el Hospital Universitario de Georgetown. A cambio, Geschickter accedió a que la CIA utilizara una sexta parte del nuevo “Anexo Gorman” como “refugio hospitalario” y a proporcionar “pacientes y voluntarios humanos para fines experimentales”.

Poco después de asumir el cargo de director de la CIA en 1953, Dulles autorizó Mkultra, ampliando la investigación de la central sobre control del comportamiento y reorientándola hacia el desarrollo de la “capacidad para el uso encubierto de materiales biológicos y químicos” en “operaciones clandestinas presentes y futuras”.

Para sus crímenes la CIA necesita universidades

Muchos de los 149 subproyectos de Mkultra estuvieron encabezados por universidades sin escrúpulos de ningún tipo como Cornell, Georgetown, Rutgers, Illinois y Oklahoma. El doctor Carl Pfeiffer, director del Departamento de Farmacología de la Universidad Emory, dirigió cuatro subproyectos de Mkultra, todos ellos relacionados con el uso de drogas, en particular LSD, para inducir estados sicóticos.

Esta serie de experimentos dejó secuelas de por vida en muchos de sus participantes, incluyendo a los presos de la cárcel de Atlanta y el centro de detención juvenil de Bordentown, Nueva Jersey.

Otra fundación que servía de fachada de Mkultra, la Sociedad de Ecología Humana, estaba dirigida por el doctor Harold Wolff, neurólogo del Centro Médico Cornell, quien escribió uno de los primeros estudios sobre técnicas de lavado de cerebro para Allen Dulles y posteriormente colaboró con la CIA para desarrollar una combinación de fármacos y privación sensorial que podría utilizarse para borrar la memoria humana.

A través de la fachada que Wolff le proporcionaba, la CIA financiaba los experimentos de Cameron en Toronto.

La colección de documentos que acaba de aparecer vuelve a recordar -una y otra vez- que este tipo de experimentos con seres humanos ya habían sido condenados como crímenes internacionales por el Tribunal de Nuremberg. Los nazis los pusieron en práctica en los campos de concentración y la CIA en sus cárceles secretas. La lucha contra la tortura es una lucha contra el fascismo que pasa por Auschwitz lo mismo que por Guatánamo.

(1) https://proquest.libguides.com/dnsa/64
(2) https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB27/docs/doc01.pdf
(3) https://www.nytimes.com/2019/09/10/books/review/poisoner-in-chief-stephen-kinzer.html

Silenciosamente y sin debate público, Bélgica también afina sus instrumentos represivos, siguiendo el modelo ensayado durante la pandemia y los estados de alarma. Un proyecto de ley pretende introducir el “estado de crisis“, un tercer régimen de excepción que se insertaría entre el estado de paz y el estado de guerra, los únicos dos reconocidos actualmente por la Constitución (*).

Oficialmente es para abordar mejor ese nuevo invento que han llamado “amenazas híbridas”, que vale lo mismo para un roto que para un descosido. Es uno de esos términos jurídicos imprecisos que necesitan los gobiernos para justificar cualquier cosa. Los pretextos son tanto los ciberataques, como la desinformación y cualquier cosa que consideren “desestabilizadora” para el Estado.

¿Cuándo hay una “amenaza híbrida”? ¿quién decide lo que es verdad y lo que es mentira?

La declaración de crisis, como la de pandemia, abre las puertas a la suspensión del “imperio de la ley”, es decir, a la privación de libertades y derechos y al despliegue del ejército en las calles sin tener que declarar el estado de guerra.

Las opiniones críticas y las páginas webs que las expresen lo van a tener muy mal. Vuelve la Inquisición en busca de bulos y noticias falsas para que resplandezca “la verdad” de la mano de los cretinos del estilo Newtral, Maldita o Killbait.

Ante la proliferación de críticas y denuncias “desestabilizadoras”, el ejército tomaría el control, movilizando sus tropas y sus medios para evitar la difusión de informaciones y opiniones disidentes.

En los países de la Unión Europea, las doctrinas de la “defensa híbrida contra amenazas” —un concepto impreciso y genérico— permiten a los gobiernos ampliar su margen de acción sin tener que recurrir a los marcos clásicos del estado de guerra o de emergencia. La seguridad interior se militariza gradualmente, la vigilancia se normaliza y la libertad se esfuma en el aire.

Primero silenciaron a los rusos, medios como RT o Sputnik. Luego fueron a por los “prorrusos” y finalmente acabarán con todos los demás. Ya está ocurriendo con quienes se oponen al genocidio de los palestinos, como comentábamos ayer.

No se va a librar a nadie que alce la voz. La represión en Europa va de la mano del rearme. Necesitan poner firme a la población, tener peleles fieles, sumisos y disciplinados. Los tiempos de las libertades y los derechos fundamentales han quedado muy atrás.

Se veía venir desde la pandemia, los confinamientos y los toques de queda. En Bélgica había dos estados de excepción y ahora habrá un tercero. En España había tres y ahora también habrá más. Con el tiempo, los “estados de crisis” se harán permanentes para que -poco a poco- la población trague y se acostumbre a hacer lo que le mandan los militares. Las sociedades europeas acabarán siendo cuarteles.

(*) https://www.lecho.be/…/entre-guerre-et…/10614768.html

El gobierno británico incluyó al colectivo solidario “Acción Palestina” en el listado de organizaciones terroristas prohibidas por la ley y, pocos días después, Estados Unidos eliminó de la suya a la sección siria de Al Qaeda.

Los terroristas entran y salen de los catálogos, igual que los tomates de la nevera. Es una reedición del capirote medieval que ponía la Inquisición a los herejes o a las brujas. Las etiquetas no solamente son tópicos para el consumo retórico de los medios de intoxicación, sino que en ocasiones, como ésta, adquieren un alcance jurídico. Te llaman hereje y acabas en la hoguera; te llaman terrorista y acabas en la cárcel.

En Reino Unido ascienden a 18 las personas encarcelados por intentar parar el genocidio en Gaza. Les han aplicado la ley antiterrorista, a pesar de que son quienes están luchando contra el terrorismo. Por lo tanto, los verdaderos terroristas son los policías, los fiscales, los jueces y los ministros del gobierno británico. Sólo los verdaderos Estados terroristas redactan listados de terroristas.

Por su propia naturaleza, los dogmas funcionan así. Nadie pregunta por los motivos de etiquetar a alguien como “terrorista”. Es algo mecánico. Las etiquetas se consolidan por el mero uso. A base de repeticiones en los medios de comunicación, se quedan pegadas al paladar y son tan reversibles como los calcetines.

Cuando alguien logra sacarse los dogmas de la cabeza, le resulta evidente que Al Qaeda es una organización terrorista, lo mismo que quienes la crearon, esto es, Estados Unidos, Israel y Reino Unido, entre otros países.

Por lo tanto, quienes se oponen a países sanguinarios como esos tres, están luchando contra el terrorismo y ni deberían ser llamados “terroristas”, ni deberían estar encarcelados.

A los pacifistas les llaman violentos aunque son ellos los que tienen el monopolio de la violencia y, por lo tanto, del terror. Quienes rocían con pintura los aviones de guerra británicos, como los miembros del colectivo “Acción Palestina”, no cometen ningún delito y deberían ser condecorados con una medalla al civismo internacional.

Hasta las expresiones de apoyo a “Acción Palestina” son ilegales, lo que está provocando detenciones en Reino Unido. Roger Waters, miembro británico de Pink Floyd, ha sido denunciado ante la policía antiterrorista británica por los sicarios de Israel por una declaración pública en la que afirmó: “Apoyo a Acción Palestina. Es una organización maravillosa. Es no violenta”.

Pero es típico de los países imperialistas considerarse a sí mismos como el ombligo del mundo, la máxima expresión de la democracia, las libertades, derechos y garantías. “Dime de qué presumes y te diré de qué careces”.

No hay que olvidar nunca lo que Nebrija escribió hace 500 años en la primera gramática de la lengua castellana: “La lengua es compañera del imperio”. Las palabras significan lo que los imperialistas quieren que signifiquen, porque son ellos los que escriben los diccionarios.

(*) https://samidoun.net/es/2025/04/free-the-filton-18-encarceladas-en-el-reino-unido-por-intentar-parar-el-genocidio/

Los marines enviados por Trump a Los Ángeles comenzaron sus operaciones sobre el terreno el viernes, en vísperas de una jornada de movilizaciones en todo Estados Unidos para protestar contra las redadas y detenciones masivas de trabajadores emigrantes.

Armados con rifles semiautomáticos, los marines tomaron posiciones alrededor de un edificio que albergaba al FBI. Los vecinos se mostraban alucinados porque no hubo manifestaciones en el barrio Westwood del oeste de Ángeles.

Las primeras unidades forman parte de un grupo de unos 700 marines que se unirán a 4.000 reservistas de la Guardia Nacional cuyo despliegue fue ordenado por Trump en Los Ángeles. Son responsables de proteger los edificios federales.

Mientras, la policía local se encarga de las protestas en una ciudad donde vive una gran población de origen hispano.

Ejerciendo funciones policiales, el viernes los marines participaron en la detención de una persona que caminaba cerca de un edificio federal.

Las tensiones en Los Ángeles estallaron el 6 de junio cuando los manifestantes comenzaron a protestar contra las redadas masivas contra los trabajadores. Algunas protestas fueron pacíficas mientras que en otras se desató una ola de violencia a veces espectacular, con coches quemados, tiendas saqueadas y una autopista bloqueada.

Las movilizaciones se han expandido en los últimos días a otras ciudades estadounidenses, como Las Vegas, Dallas, Austin, Chicago, Atlanta y Boston.

El miércoles la policía detuvo en Bilbao y Basauri a dos saharauis, acusándoles de “colaboración con organizaciones yihadistas” y “apología del terrorismo”. El viernes a los detenidos los llevaron a la Audiencia Nacional para que se encarguen de afinar el montaje.

El juez decidió enviar a prisión a uno de los detenidos, mientras que el otro quedó en libertad bajo fianza. Además, ha ordenado el secreto de las actuaciones.

Para encubrir el montaje, la policía dijo que ambos eran “marroquíes”, mientras que las organizaciones de solidaridad con el pueblo saharaui han destacado que nacieron en los campamentos de refugiados de Tinduf.

Si eso fuera cierto, en todo caso los detenidos serían “argelinos”, pero no “marroquíes”.

Ambos detenidos están relacionados por lazos familiares con altos cargos del Frente Polisario, a nivel parlamentario y diplomático. Uno de ellos es un familiar cercano al nuevo embajador del Frente Polisario en Argel, Jatri Addouh.

El gobierno español de coalición quiere llevar el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara al terreno judicial. Como dice la prensa africana, la policía española, la fiscalía y sus acólitos de la Audiencia Nacional son loe encargados de implementar esa política represiva.

A su vez, la diplomacia española de Sánchez y los suyos siguen fielmente las instrucciones de sus amos estadounidenses que, además de apuntalar la soberanía marroquí sobre el Sáhara, quieren incluir al Frente Polisario en el listado de “organizaciones terroristas”.

España ha tomado el rumbo de la represión. hace alarde de servilismo y las políticas de la coalición gobernante son las propias de unos lacayos del imperialismo. Para ello han inventado la tonteoría del “autoadoctrinamiento yihadista”, han privado a los saharauuis de la nacionalidad española, no les reconocen el derecho de asilo…

Organizaciones como Sumar compatibilizan su retórica vacía sobre el apoyo al pueblo saharaui, con su participación en la política traicionera del gobierno de Sánchez hacia el Sáhara.

En julio del año pasado la cadena francesa CNews fue multada por permitir que en una tertulia televisiva uno de los invitados defendiera una teoría herética sobre el cambio climático, sin que nadie le contradijera.

A medida que el dogma se tambalea, las doctrinas alternativas tienen que ser perseguidas, hasta el punto de responsabilizar a un medio de comunicación por las opiniones vertidas por un tertuliano.

El inquisidor ha sido Arcom, la institución encargada de regular las comunicaciones audiovisuales y digitales en Francia. Quieren convertir al organismo en una herramienta de control político de las opiniones sobre el cambio climático porque, como dijo el periódico Le Figaro, “la libertad de prensa termina donde empieza la lucha contra el cambio climático” (1).

Es otro caso de “pensamiento único” que se intenta defender en nombre de la “ciencia”. Los medios de comunicación no están para reflejar una variedad de opiniones sino para imponer a una de ellas sobre las demás.

Fue la primera vez en la historia que un organismo público regulador impone una sanción económica por la opinión de un tertuliano. El expediente se inició tras la denuncia de uno de esos repulsivos grupos seudoecologistas, Quota Climat, que ejerce de policía de las opiniones de los demás.

El castigo llegaba pocos días después de que Arcom advirtiera a Sud Radio por el mismo motivo: opiniones divergentes sobre el cambio climático.

Los medios de comunicación deben sostener la ideología dominante (y las instituciones que la formulan, como el IPCC) a toda costa y para ello se está desarrollando toda esa batería de nuevos pretextos para las viejas persecuciones de siempre. Unas veces se escudan en el “consenso científico”, otras en la “desinformación” y otras en las existencia de fuentes “poco creíbles”

Hasta ahora los castigos que ha impuesto Arcom no son más que pequeñas advertencias porque ya se empieza a hablar de la posibilidad de cerrar canales y medios de comunicación en el caso de un “incumplimiento grave” de sus obligaciones.

El mecanismo es jerárquico: Arcom vigila los contenidos de las cadenas de comunicación, que a su vez deben vigilar lo que dicen sus tertulianos e invitados. A estos últimos no les condenan por las frases que pronuncian, ya que el castigo recae sobre el medio.

Pero Quota Climat no tiene bastante con su tarea policial y ha promovido un proyecto de ley de represión de las opiniones en el que participan grupos parlamentarios de diversos colores, sorprendentemente unidos por su celo inquisidor (2).

El proyecto de ley se presentó oficialmente en noviembre del año pasado. El artículo 3 establece que “la autoridad reguladora […] garantizará, en particular, ante los editores de servicios de comunicación audiovisual […] que la programación refleje el consenso científico, en particular el carácter antropogénico del cambio climático, la existencia de la superación de los límites planetarios y la persistencia de la escasez de recursos, así como la necesidad de actuar reconocida por los compromisos internacionales de los que Francia es signataria”.

Llegan muy malos tiempos para la libertad de expresión, pero también para la ciencia, que nunca ha necesitado que los talibanes del “pensamiento único” impongan su mordaza sobre los herejes (o los quemen en la hoguera).

(1) https://www.lefigaro.fr/politique/climatoscepticisme-la-liberte-de-la-presse-sous-condition-climatique-20230921
(2) https://quotaclimat.org/plaidoyer-francais/

El 7 de mayo la policía británica detuvo a cinco personas en lo que el Ministro del Interior británico llamó “una de las mayores operaciones antiterroristas de los últimos años”. Cuatro de los detenidos son ciudadanos iraníes. Les aplicaron la ley antiterrorista de 2006 por planear un ataque a la embajada de Israel en Londres.

El operativo presenta todas las características de un montaje político para justificar la declaración de la Guardia Revolucionaria iraní (CGRI) como organización “terrorista”, una iniciativa promovida por los grupos de presión sionistas de Reino Unido.

Aunque The Telegraph afirmó que “la presunta célula terrorista estaba a horas de lanzar el ataque cuando los hombres fueron arrestados”, también señaló que los sospechosos fueron detenidos en diferentes ciudades de Inglaterra, tres de ellos a unas cuatro horas en auto de Londres y otro a una hora de distancia.

La redada va acompañada de la típica campaña reaccionaria en los medios de intoxicación contra los emigrantes. En Talk TV, Kevin O’Sullivan estalló en histeria y advirtió: “Vamos a tener un Southport 2 si no tenemos cuidado”, refiriéndose a un incidente de motivación racial que desató disturbios.

Por su parte, The Guardian manipula la información para alimentar los temores de los disidentes iraníes que viven en Reino Unido, presentando las detenciones como una confirmación de las amenazas de Teherán.

Al mismo tiempo, los grupos de presión israelíes explotan la redada para etiquetar a la CGRI como “organización terrorista”. El 28 de abril, Progressive Britain, un grupo alineado con el Partido Laborista, publicó un artículo titulado “Por qué Reino Unido debería ilegalizar al CGRI”. Su autora, Jemima Shelley, no sólo es miembro de Labour Friends of Israel (LFI), sino también del colectivo United Against Nuclear Iran (UANI).

UANI ha desempeñado un papel recurrente en los esfuerzos ​​para influir en las políticas británicas contra Irán. El grupo, que se presenta como una organización neutral sin fines de lucro, está presidido por Jeb Bush y cuenta con un consejo asesor integrado por sionistas. El antiguo director del Mossad, Meir Dagan, fue miembro de la organización hasta su muerte, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, también forma parte del consejo actualmente.

Las acusaciones de “terrorismo” vinculado a Irán resurgen cada vez que Israel o sus aliados intentan aumentar la presión contra Irán.

El terrorismo como palanca política

El 8 de octubre del año pasado, el director del MI5, Ken McCallum, pronunció un discurso en el Centro de Operaciones Antiterroristas de Londres, donde declaró: “Desde el asesinato de Mahsa Amini en 2022, hemos presenciado una sucesión de complots en Reino Unido, a un ritmo y una escala sin precedentes. Desde enero de 2022, en colaboración con nuestros socios policiales, hemos desmantelado 20 complots respaldados por Irán que representan amenazas potencialmente letales para los ciudadanos británicos y los residentes del Reino Unido”.

El jefe de los espías inventa conspiraciones y, aunque dice que las centrales de inteligencia no politizan el “terrorismo”, en su discurso no hay más que amenazas de Rusia, China e Irán, las bestias negras del imperialismo británico.

No hay ni la más mínima evidencia concreta de esos 20 complots “apoyados por Irán”. Todo es humo y tiene que ser así necesariamente, impreciso, porque les permite tener una “negación plausible”, el donde “dije digo digo diego” que siempre es infalible.

El caso Magomed Husejn Dovtaev

En febrero de 2023 el ciudadano austríaco Magomed Husejn Dovtaev fue condenado por filmar las oficinas de Iran International, un medio de comunicación en idioma persa financiado por Arabia Saudí con sede en Londres.

Dovtaev afirmó haber sido víctima de una estafa por valor de 20.000 euros y quería encontrar a los responsables in situ. Aunque negó cualquier vínculo con Irán, fue condenado por recopilar información que pudiera utilizarse con “fines terroristas”.

Es una demostración de la manera en que la policía convierte una acción anodina, hacer fotos, en un delito de “terrorismo” cuando lo acompañas de “planes”, “objetivos”, “contactos” y “directrices” que sólo están en la imaginación calenturienta de la policía.

El 4 de marzo el secretario de Seguridad británico, Dan Jarvis, repitió su afirmación de que se habían frustrado 20 complots terroristas y que “el régimen iraní tiene a los disidentes en la mira”. También dijo al Parlamento que “los servicios de inteligencia de Irán, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y el Ministerio de Inteligencia y Seguridad (MOIS), están dirigiendo estas actividades perjudiciales”.

Sin embargo, Jarvis señala que “en lugar de operar directamente en territorio británico, utilizan intermediarios maliciosos para llevar a cabo sus misiones. De esta manera, ocultan sus huellas mientras permanecen seguros en Teherán”.

Los malos ocultan las “huellas” y los buenos se las inventan.

Los montajes policiales no son recientes

En 1994 “extremistas proiraníes”, supuestamente vinculados a Hezbolah, ya atacaron la embajada de Israel en Londres, aunque los detenidos no eran libaneses sino palestinos. Dos de ellos, Jawad Botmeh y Samar Alami, fueron condenados por conspiración porque no había pruebas de que colocaran la bomba.

Pero esa es otra técnica característica de los montajes judiciales: si no te pueden condenar por algo, te condenan por otra cosa. El objetivo es que vayas a la cárcel.

Incluso Amnistía Internacional denunció públicamente que se había vulnerado el derecho a un “juicio justo” para Botmeh y Alami, a quienes “se les negó el acceso a toda la información, tanto durante como después del juicio”.

El sofisticado dispositivo no causó víctimas y los verdaderos autores nunca fueron detenidos.

Nunca se pudo establecer un vínculo directo entre ninguno de ellos y el atentado, y ambos tenían coartadas. La apelación se presentó alegando que las condenas eran infundadas, en particular porque la fiscalía no reveló todas las pruebas a la defensa.

Primero la policía acusó a Nadia Zekra, una mujer palestina, de colocar la bomba frente a la embajada. Decían que habían encontrado restos de explosivos en una mesa de su casa. Luego, una vez iniciado el juicio, se retiraron todos los cargos contra ella. La acusación pasó a otro palestino, Mahmud Abu Wardeh, pero el jurado lo absolvió de todos los cargos. Durante la fase previa al juicio, el juez puso en libertad bajo fianza a Alami y Botmeh.

El atentado de 1994 fue un autoatentado cometido por los propios sionistas. Alami y Botmeh sospechaban de un personaje conocido como Reda Moghrabi, que era un agente israelí y los había incriminado.

Después del atentado Moghrabi desapareció.

El atentado lo reivindicó un supuesto “Equipo Jaffa” de la “resistencia palestina”, que nunca existió, ni antes ni después de la explosión.

Las revelaciones posteriores de antiguos agentes del MI5 fueron aún más esclarecedoras. David Shayler ha revelado que los servicios de inteligencia británicos ocultaron documentos relacionados con el ataque. Annie Machon, otra antigua agente del MI5, reveló que una evaluación interna concluyó que el propio Mossad orquestó la explosión para justificar mayores medidas de seguridad en la embajada.

Robert Inlakesh https://thecradle.co/articles/another-fictional-iranian-plot-in-london