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La narrativa de la “pandemia de Covid” es una claramente locura. Solamente parándonos a pensar, por un minuto, si un virus ataca más gravemente cuando estás disfrutando con amistades que en un vagón de tren que nos lleva al trabajo, la respuesta parece obvia. Leer más
Anoche el gobierno francés obtuvo una clamorosa derrota en la Asamblea en su intento de aprobar una ley de pasaporte sanitario para vacunar a la fuerza a cinco millones de franceses que se han resistido hasta ahora.
Desde el inicio de la pandemia, Macron y los suyos llevan a cabo una actividad legislativa frenética, con 12 nuevos reglamentos que, como es natural, quedan para el futuro; no para esta pandemia sino para la “nueva normalidad” que nos aguarda en todo el mundo: la ley marcial.
Dos años después del inicio de la pandemia, el proyecto de ley francés castiga a las colonias de Martinica y Reunion con un retorno al estado de urgencia, endurece las penas para los que falsifiquen los pasaportes sanitarios… Naturalmente, a los que se oponen a la ley marcial les acusan de ser negacionistas, conspiranoicos, antivacunas…
“Lo excepcional se convierte en norma”, dijo la diputada Marie Ange Magne. Pero hay bastantes que no se quieren enterar. Dicen que ya estamos muy controlados o que el control no puede ser mayor de lo que ya es. Se equivocan. La represión siempre puede avanzar un paso más. A un detenido siempre le pueden pegar un golpe más y al preso le pueden imponer otro mes de encierro adicional. Como dijo un diputado francés, no hay forma humana de justificar el intento de imponer el pasaporte de vacunas a los niños.
El gobierno francés quiere inaugurar una nueva forma de gobierno, diferente de la que conocen desde 1789, siempre con el pretexto de las “crisis sanitarias”. Es similar a la que ya hemos explicado en el caso de Reino Unido: las empresas privadas van a conceder certificados de identidad que, además, van a dejar de ser ocasionales, es decir, que las personas van a tener que ir mostrando a cada paso, diariamente, su acreditación sanitaria.
Las personas van dejar un rastro de cada uno de sus movimientos en la calle, como los caracoles dejan un rastro de babas por el suelo. Será como encontrarse con un control de policía en cada esquina, donde el frutero, el conserje, el camarero y muchos otros ejercerán el papel de nuevos somatenes, serenos o vigías.
“La identidad mencionada en el documento previsto en el primer párrafo de la presente B podrá ser objeto de una comprobación de coherencia documental mediante un documento oficial con fotografía”, dijo Jean-Pierre Pont, ponente del partido La République en Marche, el partido de Macron.
No se trata sólo de exhibir un certificado de vacunación sino de un cotejo documental, como al subir a un avión, donde no es suficiente con mostrar la tarjeta de embarque sino que, además, es necesario acreditar la identidad con un documento oficial. En Francia lo llaman “control de concordancia documental”.
Si no te has vacunado contra el sarampión no importa. Si no te has vacunado contra la polio tampoco. Lo mismo cabe decir de tus vacunas contra la varicela, la tos ferina, la fiebre amarilla o la parotiditis. A partir de ahora lo único importante es demostrarle al frutero que te has vacunado contra el coronavirus.
Una vez que estemos acostumbrados al terrorismo de Estado y lo normalicemos, llegarán otros certificados, salvoconductos y cédulas para salvar vidas, proteger nuestra salud, aliviar la carga hospitalaria…
El gobierno finlandés ha aprobado un decreto que suspende temporalmente el pasaporte de vacunas, según ha informado el Ministerio de Asuntos Sociales y Sanidad (1).
Desde el pasado 30 de diciembre, y hasta el próximo 20 de enero, el pasaporte de vacunas ya no es ncesario para acceder a los actos y lugares públicos donde se aplican las restricciones sanitarias. En la práctica eso significa que no se aplicarán las normas en ningún lugar, según el periódico Yle News (2).
Es una admisión implícita de que el pasaporte de vacunas no sirve para nada, no puede contener ninguna pandemia, no tiene ninguna finalidad sanitarias, sino un mecanismo de chantaje para obligar a la población a vacunarse, tanto si lo quieren hacer como si no..
En las últimas semanas, Markku Tervahauta, director general del Instituto Finlandés de Salud y Bienestar (THL), había manifestado que podría ser útil replantearse el pasaporte de vacunas: una decisión que debía tomarse a raíz de la reflexión de los expertos, que temían que las personas no vacunadas pudieran infectarse por individuos vacunados que fueran portadores del virus.
(1) https://stm.fi/en/-/temporary-derogations-to-the-use-of-covid-19-passport
(2) https://yle.fi/news/3-12238507
Los trabajadores canadienses en paro que se nieguen a vacunarse dejarán de recibir las prestaciones por desempleo mientras la preocupación por la salud pública siga siendo prioritaria, ha anunciado la ministra de Trabajo, Carla Qualtrough, que aparece en la foto de portada.
En la actualidad, más del 77 por ciento de la población canadiense está totalmente vacunada contra el coronavirus.
“Mientras la salud pública colectiva de los canadienses esté en peligro y nuestra economía también, debemos mantener la política de salud pública en primera línea de nuestras decisiones en materia de empleo, trabajo y economía”, dijo Qualtrough.
Esta disposición no se aplicará a quienes no puedan recibir la inyección por razones médicas.
El Partido Liberal, que gobierna en Canadá, se ha mostrado reacio a proporcionar ayuda federal a los trabajadores que pierdan su empleo o sus horas de trabajo por negarse a recibir la vacuna. Al dirigirse a los desempleados no vacunados, el gobierno pretende chantajear a los canadienses para que se inyecten la vacuna.
El confinamiento y las restricciones sanitarias adoptadas para contenerla han hecho que la tasa de desempleo de Canadá se dispare hasta un máximo histórico del 14 por ciento en mayo de 2020.
Sin embargo, el mes pasado, la tasa de desempleo cayó al 6 por cien en Canadá, 0,3 puntos porcentuales por encima del nivel registrado justo antes de que comenzara la pandemia en febrero de 2020.
La vacunación ha impuesto un régimen permanente de identificación continua y masiva, habituando a millones de personas de acreditarse a cada paso, incluso varias veces al día. El siguiente paso es que dicha acreditación se privatice, algo que en Reino Unido comienza a principios de este año.
Igual que en el franquismo, es como llevar el DNI permanente en la boca, pero no sólo para la policía, sino para cualquier tipo de establecimiento, es decir tanto público como privado.
El Ministerio británico de Interior y el Disclosure and Barring Service (DBS) colaboran con el DCMS en la nueva legislación que implementará la identidad digital en Reino Unido. Los cambios legislativos entrarán en vigor el 6 de abril de este año.
El marco jurídico de referencia establecerá las normas que deben seguir los establecimientos públicos y privados para llevar a cabo controles de identidad digital sistemáticos y permanentes sobre la población.
Aprovechando la pandemia, la iniciativa se lanzó en febrero del año como un prototipo provisional. Desde entonces se ha sometido a dos rondas de consulta pública, para ser probada a fondo en los servicios, industrias e instituciones, y difundida entre los usuarios. El marco jurídico sigue desarrollándose y la siguiente fase comenzará este mes, sin necesidad de cambiar la legislación vigente.
La pandemia ha sido un campo de pruebas para pemitir certificados a distancia para la contratación laboral y el alquiler de viviendas. El Ministerio de Interior inició un estudio sobre la tecnología disponible para emitir certificados digitales de identidad en el futuro.
La revisión ya se ha completado y ahora estudian las principales conclusiones del experimento.
El Ministerio del Interior reconoce las ventajas de los certificados digitales y los modelos de contrato de trabajo a distancia, que son cada vez más frecuentes.
Las empresas y los propietarios de viviendas recurrirán a los proveedores de certificados IDVT (identidad digital) para acreditar y comprobar la identidad de las personas que no pueden recurrir a los servicios en línea del Ministerio del Interior, incluidos los ciudadanos británicos e irlandeses.
Este cambio se alinea con la propuesta del DBS de permitir la verificación de la identidad digital como parte de su proceso de selección previa a la contratación laboral, a través de la introducción de su ITS (Esquema de Identidad Comprobada).
A los empresarios, la verificación de la identidad digital les garantiza la identidad de los trabajadores, utilizando métodos coherentes y seguros, reduciendo el riesgo y permitiéndoles contratar de forma fiable.
La introducción de estos cambios en los regímenes permitirá alcanzar dos objetivos. El primero, permitir que las personas validen su identidad a distancia, demuestren su derecho a trabajar o alquilar y soliciten los certificados del DBS. El uso de la identidad digital permite a los usuarios cargar imágenes de sus documentos personales, en lugar de presentar documentos físicos a un empresario, lo que reduce el tiempo y el riesgo.
El segundo, permite que los proveedores de servicios de identidad digital del sector privado sean homologados de forma independiente por el Servicio de Acreditación de Reino Unido (UKAS) para garantizar que la tecnología cumple las normas públicas y que los datos de los solicitantes están protegidos.
El uso de la identidad digital para la contratación laboral, el alquiler de viviendas y el DBS contribuirá a respaldar los contratos de trabajo a largo plazo tras la pandemia, mejorar la movilidad de los trabajadores y aumentar la seguridad e integridad de las comprobaciones. La tecnología utilizada en todo el proceso de identificación elimina el error en cuanto a la identificación de documentos fraudulentos o inexactos y ayuda al Ministerio del Interior, al DBS y al DCMS a introducir mejoras a través de empresas privadas.
Este mes en Reino Unido la identidad digital y su certificación será competencia de empresas privadas. A su vez, los proveedores de identidad digital tendrán que acreditarse ante los organismos públicos correspondientes. Los cambios en los regímenes de contratación laboral, alquileres y DBS garantizan que los proveedores puedan realizar una única certificación para estos controles desde el principio.
Mientras tanto, mantendrán los controles de identidad según las directrices actuales. Los empresarios y los arrendadores deben seguir comprobando los documentos prescritos. Alternativamente, pueden utilizar los servicios en línea del Ministerio del Interior.
La CIA llevó a cabo experimentos secretos con cientos de huérfanos daneses a los que trató de inducir la locura, según el documental radiofónico danés “The Search for Myself” (1). En la década de los sesenta, el hospital de Cophenhage se prestó a formar parte del programa MK Ultra de lavado de cerebro. Algunas de las peores aberraciones que ha conocido la humanidad las cometieron los médicos, en nombre de la salud.
Per Wennick, el promotor del documental, afirma haber participado activamente en los experimentos MK Ultra. Le colocaron en una silla con electrodos conectados y le obligaron a escuchar ruidos fuertes y estridentes. Los sicarios de la CIA intentaban provocarle una reacción sicológica, dice.
“Fue muy incómodo”, dijo Wennick a la radio danesa. “Y no es sólo mi historia, es la historia de muchos niños”.
“Creo que es una violación de mis derechos como ciudadano en esta sociedad. Me parece muy extraño que algunas personas puedan saber más de mí de lo que yo mismo sé”.
Según el historiador, médico e investigador del Museo del Bienestar Danés, Jacob Knage Rasmussen, fue el único experimento conocido en la historia de Dinamarca que utilizó a niños bajo custodia del Estado para la investigación (2), y fue financiado por la CIA.
“No conozco ningún intento similar en Dinamarca o en Escandinavia. Se trata de una información atroz que contradice el Código de Nuremberg de 1947, que tras la Segunda Guerra Mundial debía establecer ciertas restricciones éticas para los experimentos en humanos. Entre otras cosas, se introdujo el consentimiento informado, que ahora es fundamental en el mundo de la investigación”, dijo Rasmussen a la radio danesa.
Subrayó la vulnerabilidad de los niños bajo custodia del Estado, que no tenían nadie a quién reclamar.
Según la radio danesa, la idea de experimentar con niños abandonados fue del sicólogo estadounidense Zarnoff A. Mednick, que era profesor de la Universidad de Michigan en aquella época. El proyecto de investigación fue cofinanciado por el Servicio de Salud de Estados Unidos. Sólo en el primer año, el proyecto recibió una ayuda de 4,6 millones de coronas danesas (700.000 dólares).
También fue financiado por el Fondo de Ecología Humana, a través de la Sociedad para la Investigación de la Ecología Humana de la Universidad de Cornell para apoyar la investigación encubierta sobre el lavado de cerebro.
También estuvo vinculado a la investigación realizada en el marco del programa MK Ultra (3), al que se incorporaron distintos “expertos”, incluyendo antropólogos que contribuyeron a las nuevas técnicas de interrogatorio y tortura que la CIA ha empleado hasta el día de hoy.
El psiquiatra danés Fini Schulsinger dedicó su tesis doctoral a estos experimentos en 1977, titulándola “Estudios para arrojar luz sobre el vínculo entre la herencia y el entorno en psiquiatría”.
Mientras investigaba para el documental, Wennick consiguió localizar 36 cajas en el centro psiquiátrico de Glostrup, en Hvidovre, en las que se detallaban los experimentos de la CIA con niños. Sin embargo, cuando el centro se enteró del documental, empezó a destruir las pruebas.
La radio danesa informa de que Kent Kristensen, profesor asociado de derecho sanitario en la Universidad del Sur de Dinamarca, señaló que la destrucción de los documentos era ilegal. “Creo que es un gran retroceso para los antiguos niños de los orfanatos que se interesan por trozos de su propia infancia el que se haga una historia total sobre sus propias vidas. Se les quita esa posibilidad si se destruye el material de investigación”, dijo Rasmussen a la radio.
La CIA violó repetidamente el Código de Nuremberg, una norma tan esencial como devaluada en la actualidad. Nadie rendirá cuentas por la explotación de estos niños y el asunto se barrerá bajo la alfombra, escapando al escrutinio de los principales medios de comunicación. Luego de nada sirve llorar y lamentarse.
(1) https://www.dr.dk/nyheder/indland/danske-boernehjemsboern-brugt-i-hemmelig-undersoegelse-stoettet-af-cia
(2) https://www.activistpost.com/2021/12/cia-experimented-on-hundreds-of-orphans-torturing-them-to-reveal-psychopathic-traits-report.html
(3) https://rai.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1467-8322.2007.00510.x
Ante las nuevas medidas que, bajo la excusa del covid, se están tomando contra quienes están en las prisiones españolas así como contra sus familiares, Tinko quiere expresar los siguiente:
Como hemos dicho en otras ocasiones, la mayoría de las medidas que están tomando los diferentes gobiernos que nos oprimen tienen mucho más que ver con la restricción de derechos y con la propaganda (tener que volver a llevar la mascarilla por la calle, por ejemplo) que con las razones sanitarias.
Cada vez se restringen más los derechos que teníamos en la calle, y la cárcel es un espejo de lo que pasa en la calle, pero aún más violento. Desde el confinamiento de 2020 hasta ahora los ataques contra los presos y las presas han sido constantes. Meses sin actividades, sin visitas, muchas veces sin médicos (en nombre de la salud les quitaron hasta el derecho a ser atendidos)… Cuando después de muchos meses recuperaron las visitas vis-a-vis, después de cada una de ellas les han aislado.
Durante los últimos meses esas restricciones han propiciado luchas por parte de los presos. Ibai Aginaga emprendió una huelga de hambre y sed tras una vis-a-vis para que le practicaran una PCR y le sacarán del aislamiento, en la cárcel de Basauri.
Dani Pastor también empezó una huelga de hambre en Zuera. Fue aislado, sin libros, sin tele o radio. Por medio de aquella lucha consiguió el compromiso por parte de la cárcel para que le sacaran del aislamiento.
El pasado fin de semana allegados de Patxi Ruiz se quedaron sin visita después de viajar a León, porque han suspendido todas las visitas.
En la cárcel de Palencia han suspendido las visitas vis-a-vis, aunque de momento mantienen las visitas tras el cristal.
En Basauri y Zaballa mantienen todo tipo de visitas, y en Martutene solo las de locutorio, siempre y cuando se tenga el certificado covid. Si no, no hay posibilidad de hacer visitas, vulnerando así el derecho a las visitas de los presos y presas y cortando más hilos de las relaciones que mantienen con sus allegados. Estos no son más que los primeros pasos de lo que puede venir en las cárceles de la mano del PNV.
Bajo la excusa del virus han restringido todos los derechos en la calle y, en algunos casos, también los han borrado. Y en la cárcel les han dejado sin casi nada. Al parecer todo vale contra los presos y las presas, sobre todo porque nadie ve lo que pasa dentro. Estas medidas, lejos de basarse en criterios de salud, son herramientas para fomentar el control social.
En una situación de grave crisis económica, en un momento en el que cada vez somos más pobres, lo que buscan es anular el derecho a protestar, organizarse y luchar. Y en ese camino entra empeorar aún más las condiciones de las cárceles, porque ese es el sitio que tienen preparado para quienes se levantan contra la opresión.
Las cárceles, lejos de ser lugares para resocializar a nadie, son lugares para someter a la clase obrera y, muy especialmente, para doblegar la voluntad de los presos y presas políticas. Todo esto para defender los intereses y los privilegios socio-económicos de esos parásitos que forman la burguesía y la oligarquía.
Tinko hace un llamamiento a organizarse ante la represión y a favor de la amnistía. ¡La lucha nos liberará!
—https://tinkoamnistia.org/es/2021/12/28/situacion-de-las-carceles-como-consecuencia-de-las-medidas-covid/
Jartum, la capital de Sudán, se encuentra en estado de sitio. Los puentes que unen el centro de la ciudad con sus barrios están bloqueados con contenedores. Las comunicaciones telefónicas y la conexión a internet están cortadas.
Desde el golpe militar del general Abdel Fattah Al-Burhane, el 25 de octubre, las manifestaciones de protesta se suceden cada semana y, hasta ahora, la feroz represión -que ha dejado 48 muertos y cientos de heridos- no ha conseguido detenerlas.
La policía dispara granadas de gas lacrimógeno para intentar repeler a miles de opositores al poder militar que se acercan al palacio presidencial, desafiando una represión que dura ya dos meses.
El sábado pasado la multitud llegó a sólo cincuenta metros del palacio de Jartum, donde se encuentra el llamado “gobierno de transición”. Tuvieron que evacuar a muchos heridos.
Desde las primeras horas del día, el gobierno trató de bloquear el país. Primero desapareció internet, luego dejaron de funcionar las comunicaciones telefónicas y los manifestantes que tenían previsto acudir desde los distintos barrios al palacio presidencial descubrieron que durante la noche habían llegado grúas para colocar enormes contenedores sobre los puentes del Nilo.
A primera hora de la tarde, como siempre, los manifestantes eran miles, bajo una nube de banderas sudanesas y los gritos ensordecedores contra el ejército, su jefe Al-Burhane y el primer ministro civil, Abdallah Hamdok.
En Madani, una ciudad a 150 kilómetros al sur de la capital, los manifestantes eran varios cientos. Hace menos de una semana, en el tercer aniversario del inicio del levantamiento popular que en 2019 obligó al ejército a poner fin a 30 años de dictadura militar de Omar Al-Bashir, los partidarios de un gobierno civil demostraron que seguían movilizados.
Aquel día la policía disparó munición real, además de lanzar gases lacrimógenos sobre los cientos de miles de personas que salieron a la calle. El sábado, las autoridades utilizaron otra herramienta importante: como hicieron durante casi un mes después del golpe, aislaron a los sudaneses del mundo.
Ante un nuevo estallido insurreccional, el sindicato de médicos prodemocráticos que lleva registrando víctimas de la represión desde 2018 dijo que pide al mundo que observe lo que ocurre, mientras los militantes luchan por difundir imágenes del país a través de la diáspora.
El gobierno canadiense ha confesado que durante la pandemia ha espiado más de 33 millones de teléfonos móviles con el pretexto de evaluar “la respuesta de la población a las medidas de confinamiento”.
La población total de Canadá es de unos 38 millones de habitantes, lo que significa que por medio de los móviles el gobierno ha estado vigilando a casi toda la población canadiense.
El control de los ciudadanos canadienses se reveló la semana pasada. La Agencia de Salud Pública de Canadá (PHAC) compró a Telus datos sobre la ubicación y los movimientos de los usuarios de teléfonos móviles con el fin de “comprender los posibles vínculos entre los movimientos de la población en Canadá y la propagación del covid-19”, dijo un funcionario de la institución (1).
“Debido a la urgencia de la pandemia”, añadió el portavoz, la PHAC “ha estado recopilando y utilizando datos de movilidad, como los datos de localización de las torres de telefonía, a lo largo de la respuesta al covid-19”.
El espionaje de esos movimientos “ayuda a avanzar en los objetivos de salud pública”, según el funcionario de la PHAC.
La institución afirma que seguirá rastreando la información y los movimientos de la población durante “al menos los próximos cinco años” para controlar “otras enfermedades infecciosas, la prevención de enfermedades crónicas y la salud mental”, según el funcionario.
David Lyon, autor de “Pandemic Surveillance” y antiguo director del Centro de Estudios de Vigilancia de la Universidad de Queen confirma que “la población canadiense descubrirá muchas más iniciativas de vigilancia no autorizadas antes de que termine la pandemia, e incluso después” (2).
“La PHAC utiliza el mismo tipo de lenguaje ‘tranquilizador’ que las agencias de seguridad nacional”, asegura Lyon. “Al no mencionar las posibilidades de reidentificación de los datos que han sido ‘desidentificados’. En principio, por supuesto, los datos de los teléfonos móviles pueden utilizarse para el seguimiento”.
(1) https://nypost.com/2021/12/25/canada-secretly-tracked-33-million-phones-during-lockdown/
(2) https://nationalpost.com/news/canada/canadas-public-health-agency-admits-it-tracked-33-million-mobile-devices-during-lockdown
El término “multas sin contacto” significa que la policía redacta y envía denuncias sin llegar a controlar físicamente a la persona sancionada. También se podrían llamar multas a distancia o multas sin control. En algunos casos se trata de multas sin infracción.
Después del confinamiento comenzaron a llegar sanciones a los domicilios de muchos franceses por haber sido rastreados en la calle o viajando en un transporte público. Las cámaras de videovigilancia los han grabado e identificado. Algunas veces incluso los han confundido, pero eso no importa porque el método ya está en marcha. La “inteligencia artificial” aprende, sobre todo, con los errores, las quejas y los recursos de los propios afectados.
Es un verdadero hostigamiento policial contra poblaciones que están en el punto de mira, como los barrios obreros o las concentraciones de inmigrantes. La prensa se está llenando de quejas porque reciben multas por deambular por lugares en los que no han estado nunca. A veces reciben multas por haber permanecido al mismo tiempo en lugares diferentes.
Las quejas muestran que la población está desesperada porque no pueden demostrar que no han estado en un lugar concreto en un momento determinado.
Hay jóvenes que han recibido diez o incluso quince multas de golpe. Pone de manifiesto la voluntad política y policial de vigilar y seleccionar a determinadas poblaciones para excluirlas de un espacio público cada vez más higienizado y vaciado de sus habitantes naturales.
El origen de las multas es siempre una cámara de videovigilancia instalada en la calle y conectada a un servidor policial dotado con un programa de reconocimiento facial.
En Millau, Aveyron, 50 vecinos recibieron una multa de 135 euros en sus buzones en mayo del año pasado por reunirse sin cumplir con las medidas sanitarias tras salir del confinamiento. La identificación la realizó la inteligencia territorial de la policía por medio de una memoria de datos masiva de la población.
En Foix ocurrió lo mismo tras el fin del primer encierro. En este caso fue un carnaval organizado en mayo del ao pasado. Algunos sancionados afirman no haber estado presentes, pero eso es lo demás. Es otro experimento de la pandemia. El ayuntamiento quiere instalar más cámaras, mientras los vecinos se organizan para luchar contra ellas.
La mayor parte de las multas se impusieron una vez finalizado el confinamiento, pero en otras localidades la estrategia de acoso en los barrios obreros ya estaba en marcha antes de la pandemia. Ahora no ha hecho más que intensificarse. Es la política de “limpieza de las calles” que ha seguido la comisaría del distrito 20 de París.
La pandemia ha aumentado considerablemente el poder coercitivo de la policía, se ha modernizado tecnológicamente, se ha convertido en una política masivas y sistemática. Ya no está limitada, como antes, por los recursos humanos y materiales de la policía.
Las nuevas tecnologías represivas se basan en un trabajo previo de inteligencia policial, que ha formado ficheros con fotos, nombres, apellidos, direcciones, huellas dactilares, grupo sanguíneo, amigos, contactos…
La policía se apoya en la vídeovigilancia. Ya no necesitan desplazarse al lugar. Se limitan a comprobar a posteriori las grabaciones.
Algunos municipios se están asociando con las empresas para incorporar tecnologías de lectura automática de matrículas a sus sistemas. Las multas y las bases de datos financian los costosos programas y equipos de esas empresas.
Es un cambio de escala. Las cámaras de videovigilancia más modernas permiten crear nuevas infracciones y recaudar más multas, o multas más elevadas. Algunas están equipadas con altavoces que ordenan a los residentes que recojan los excrementos de sus perros.
—https://www.bondyblog.fr/societe/police-justice/des-jeunes-surendettes-a-cause-des-amendes-du-couvre-feu-dans-les-quartiers/
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