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A primera vista, las fotografías de Martin Luther King y su séquito frente al Ayuntamiento de Nueva York no sugieren otra cosa que una alegre celebración pública. Tomadas el 17 de diciembre de 1964, apenas una semana después de que el dirigente de los derechos civiles recibiera el Premio Nobel de la Paz en Noruega, se ve al alcalde Robert F. Wagner recibiendo formalmente a King como si fuera un jefe de estado de visita. Más tarde ese mismo día, Wagner le entregó la Medalla de Honor de la ciudad a King, elogiándolo como “un gran estadounidense que ha regresado a casa tras un gran triunfo en el extranjero”.

Pero algunos detalles de las fotografías dejan claro que la persona detrás de la cámara albergaba una impresión mucho menos halagadora de King. Esto se debe a que las imágenes se conservan en los Archivos Municipales de la Ciudad de Nueva York de la Oficina de Servicios Especiales e Investigaciones, la antigua unidad de inteligencia política de la policía de Nueva York.

A simple vista, las imágenes son mundanas. King sale de un coche, recibido por dos hombres trajeados. En otra toma, King aparece con familiares y confidentes, entre ellos su esposa, la activista Coretta Scott King; su madre, Alberta Williams King; y su amigo y asesor Bayard Rustin, organizador de la Marcha sobre Washington. En una tercera toma, Coretta estrecha la mano de Wagner.

Ninguna de las 14 personas que aparecen de cerca muestra el más mínimo indicio de que se les está tomando una foto; nadie mira directamente a la cámara. Su falta de reconocimiento sugiere que quizá no se dieron cuenta de que estaban siendo fotografiados, y mucho menos por la policía. Pero su inclusión en los archivos del “Escuadrón Rojo” de la Oficina de Servicios Especiales deja clara la opinión de la policía de Nueva York.

Los archivos fueron descubiertos por primera vez en un almacén de Queens en 2016, más de tres décadas después del histórico acuerdo judicial Handschu que ordenó su puesta a disposición de los militantes sujetos de vigilancia por la policía de Nueva York, y dos años después de que una demanda interpuesta por la historiadora Johanna Fernández exigiera su divulgación. Hoy en día, los archivos del “Escuadrón Rojo” de la policía de Nueva York representan la colección más significativa de registros de inteligencia policial de acceso público en Estados Unidos.

‘El mentiroso más notorio de Estados Unidos’

Para la policía de Nueva York, los halagos públicos de Wagner a King importaron mucho menos que los comentarios desfavorables que hizo apenas un mes antes el principal funcionario policial del país, el director del FBI, J. Edgar Hoover. En noviembre de 1964, ante un grupo de periodistas, Hoover condenó a Martin Luther King como “el mentiroso más notorio del país”, criticando duramente al dirigente de los derechos civiles por su sugerencia de que el FBI solo investigaba con renuencia los ataques segregacionistas contra activistas de derechos civiles.

Los comentarios de Hoover pueden parecer pintorescos en nuestra época actual —en la que los políticos lanzan fusilerías repletas de blasfemias contra sus oponentes y el presidente de Estados Unidos publica vídeos generados por inteligencia artificial que lo muestran como un piloto de combate bombardeando con aguas residuales a manifestantes de No Kings—, pero ese insulto logró deslegitimar aún más a King y al movimiento por los derechos civiles ante las fuerzas del orden. Wagner pudo haber elogiado abiertamente a King, pero la policía de Nueva York lo vigiló encubiertamente. Les importaba un bledo lo que pensara su alcalde, porque veneraban al director del FBI como el principal policía del país.

Así como Trump demoniza hoy a los organizadores de izquierdas como “terroristas locales”, tanto los funcionarios federales como policías locales del sur y del norte condenaron a los militantes por los derechos civiles como alborotadores e insurrectos. Así como Trump desacreditó falsamente a Zohran Mamdani tachándolo de “comunista” en los últimos meses (antes de optar por no repetir las acusaciones en una reunión sorprendentemente amistosa con el alcalde electo en el Despacho Oval), los funcionarios difamaron a King tachándolo de “comunista”. Cuando el Departamento de Justicia de Trump acusa a sus enemigos políticos por cargos de fraude, funcionarios públicos de Alabama acusaron sin éxito a King de delitos graves por perjurio en la declaración de impuestos sobre la renta de 1960.

Pero ni la policía de Nueva York ni ningún otra policía local tuvieron que esperar a que los federales los animaran a espiar a King y sus aliados. Una percepción errónea común es que la policía local se conformaba con agredir físicamente a los manifestantes, dejando la sofisticada labor de vigilancia y difamación al FBI de Hoover. Sin embargo, la policía tenía mucha más experiencia en espiar y sabotear a activistas de lo que hemos reconocido, tanto que el infame programa Cointelpro del FBI contra los “extremistas negros”, iniciado en agosto de 1967, debería ser reconocido por federalizar los esfuerzos que los departamentos de policía locales ya habían emprendido para desmantelar el movimiento por los derechos civiles.

Mucho antes de que Hoover denunciara a King como mentiroso, la policía de Nueva York emitió un informe de vigilancia sobre la visita del dirigente de los derechos civiles a Harlem en 1958, al que le siguieron otros informes a principios de la década de los sesenta. Los organizadores de base que apoyaban a King también recibieron una atención no deseada. Mientras se preparaban para la Marcha sobre Washington —ahora ampliamente celebrada en todos los espectros políticos como un momento brillante para la democracia gracias al discurso “Tengo un sueño”—, los asistentes fueron vigilados por la policía.

La policía no se limitó a vigilar a los militantes por los derechos civiles. También desplegaron el engaño y la disrupción con la esperanza de paralizar el movimiento. Cuando Herb Callender, dirigente de una sección del Congreso de Igualdad Racial, se enfrentó a la violencia policial con protestas callejeras en Nueva York en 1964, Boss envió al espía encubierto Ray Wood para infiltrarse en el círculo íntimo del organizador del Bronx. Wood finalmente convenció a sus nuevos amigos para que participaran en un absurdo plan para llevar a cabo una detención cívica contra el alcalde Wagner en el Ayuntamiento, lo que resultó en la detención de Callendar y su ingreso en el pabellón siquiátrico de Bellevue.

En diciembre de 1964, tres días antes de que Boss fotografiara a King, Wood contactó con miembros del pequeño colectivo Frente de Liberación Negro. En poco tiempo, animó a tres militantes vagamente vinculados al colectivo a unirse a él en un descabellado plan para bombardear la Estatua de la Libertad. Wood les insistió durante semanas y convenció a uno de ellos para que se hiciera con una caja de dinamita comprada con fondos del departamento, lo que provocó su inmediata detención. En las portadas de todo el país aparecieron titulares entusiastas que detallaban los esfuerzos de Wood, y la cobertura incluyó una fotografía suya recibiendo un ascenso por su trabajo, con el rostro cuidadosamente apartado para proteger su identidad. En ese momento, el FBI asumió el control del caso y la fiscalía acusó formalmente a los hombres de delitos graves. Los tres fueron condenados basándose únicamente en la palabra de Wood y la caja de dinamita, y cada uno cumplió condena en una prisión.

El procesamiento de esos militantes marcó un hito en el proceso: los federales y la policía de Nueva York transformaron el movimiento por los derechos civiles, ampliamente tolerado y al que espiaban en secreto, en un peligroso movimiento extremista radical al que acusaron públicamente de delitos graves. Todo eso anticipó claramente no solo el Cointelpro, sino también los ataques coordinados locales y federales de hoy contra los antifascistas y “terroristas locales”.

Aquellas vigilancias tuvieron una trascendencia que va más allá de la mera historia. La policía local continúa utilizando armas de espionaje político contra los colectivos progresistas hasta el día de hoy. Durante el primer mandato de Trump, la policía de Los Ángeles, Minneapolis, Portland y Chicago vigiló a los mismos militantes antirracistas que el presidente denostó.

Hay pocas razones para pensar que estas investigaciones cesarán. Los manifestantes contra el ICE [policía de inmigración] y la guerra de Israel contra Gaza son objeto de una vigilancia continua por parte de las fuerzas del orden, sobre todo en Nueva York, donde el alcalde saliente se ha hecho eco de las críticas del presidente a las protestas contra el ICE [policía de inmigración], calificándolas de ataques a las fuerzas del orden. Además, los organizadores locales han intensificado sus peticiones para que la policía de Nueva York disuelva su Grupo de Respuesta Estratégica, una unidad secreta que continúa la labor de Boss asistiendo a las protestas y realizando vigilancias.

Los federales que atacan abiertamente a los manifestantes advierten a la policía que cometerían un error si no vigilaban e investigaban a los militantes. Los insultos y las calumnias dan paso a la vigilancia y la invasión de la intimidad, lo que a su vez sienta las bases para el acoso por parte de los funcionarios y, en algunos casos, deriva en procesos penales.

El tiempo dirá las medidas que va a tomar el gobierno contra los activistas a los que recientemente han tildado de “terroristas”. Pero no podemos perder de vista las acciones de las policías locales que recurren a los federales en busca de orientación, y debemos reconocer que las palabras falsas de un presidente, sin importar lo inverosímiles que sean, tienen consecuencias en la vida real para los militantes que las reciben.

Joshua Clark Davis https://theintercept.com/2025/11/29/mlk-nypd-surveillance-photos/

Ayer un tribunal británico comenzó a examinar el recurso de apelación contra la decisión del gobierno laborista de prohibir Acción Palestina, que en julio fue calificada como “organización terrorista”, lo que ha llevado a la detención de más de 2.000 personas que han expresado su apoyo al grupo de solidaridad.

La decisión de prohibir este movimiento fue considerada “desproporcionada” por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y criticada por el Consejo de Europa. En Reino Unido también ha revivido el debate sobre los derechos y las libertades fundamentales.

Huda Ammori, cofundadora de Acción Palestina, ha recurrido la prohibición, que coloca al colectivo al mismo nivel que Al Qaeda, Hezbollah o el IRA.

En el primer día de juicio la defensa denunció que la prohibición es contraria a la “larga tradición” de defender la desobediencia civil en Reino Unido, “una tradición honorable tanto en nuestra ley como en cualquier democracia”.

Unos cuarenta partidarios del grupo se habían reunido frente al tribunal, ondeando banderas palestinas. Varios de ellos, que sostuvieron un cartel “Me opongo al genocidio. Apoyo a Acción Palestina” fueron detenidos por la policía. Desde julio varios miles de personas se han manifestado en repetidas ocasiones contra la prohibición del colectivo.

Al menos 2.300 de ellos han sido detenidos, según la asociación Defend Our Jurys que organiza las convocatorias. Hasta el 20 de noviembre, 254 personas habían sido acusadas de apoyar a una organización terrorista, según la policía. En su mayoría corren el riesgo de pasar hasta seis meses de cárcel en virtud de la ley antiterrorista.

El gobierno laborista quiere imponer una definición arbitraria y demasiado amplia de lo que es el “terrorismo”. En julio el Ministerio del Interior argumentó que Acción Palestina se había embarcado en una “campaña cada vez más intensa” que resultó en “una degradación deliberada significativa, incluida la infraestructura de seguridad nacional de Reino Unido, así como la intimidación, la supuesta violencia y lesiones graves”.

Al frente del Ministerio del Interior, Yvette Cooper dijo en julio que algunas personas que apoyan la Acción Palestina “no sabían la verdadera naturaleza de la organización”.

Un portavoz de Defend Our Juries denunció “un abuso del poder autoritario cuyo único propósito es proteger a Israel, las empresas de armamento que alimentan el genocidio y los ministros del gobierno que han sido tan vergonzosamente cómplices de este genocidio”.

Creada en 2020, Acción Palestina se presentó en su sitio web (cuyo acceso ahora está bloqueado) como un “movimiento de acción directa comprometido para poner fin al apoyo mundial al régimen genocida y de apartheid de Israel”.

Se dirigió principalmente a empresas de armamento, incluido el grupo israelí Elbit Systems. El gobierno laborista de Keir Starmer lo clasificó como “organización terrorista“ a principios de julio después de una intrusión en una base de la Fuerza Aérea Británica, cuyos daños se estimaron en casi 8 millones de euros, según una factura de la fiscalía que provoca carcajadas.

En los tribunales, el gobierno tendrá que demostrar que la prohibición de Acción Palestina no es desproporcionada con respecto al derecho a la libertad de expresión garantizado por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

“Estamos muy preocupados porque […] si la calificación [de Acción Palestina como organización terrorista] se considera proporcionada, allanará el camino para el uso de tales medidas por parte de futuros gobiernos contra otros grupos que utilizan la acción directa”, dijo un portavoz de Amnistía Internacional.

El recurso no repercutirá sobre los juicios contra los militantes acusados de reivindicar las acciones cometidas por el colectivo antes de la prohibición. Seis de ellos están actualmente siendo juzgados por “robo agravado”, acusados de entrar en las instalaciones de Elbit Systems, cerca de Bristol, en el sur de Inglaterra en agosto del año pasado.

Al menos 98 palestinos han muerto en cárceles y centros de detención militar israelíes desde el 7 de octubre de 2023, en muchos casos debido a torturas, falta de atención médica y privación de alimentos por parte de los soldados y guardias de las cárceles. Entre los detenidos de Gaza, que constituyen la mayoría, menos de un tercio fueron clasificados como combatientes por el propio ejército israelí, lo que significa que Israel es responsable de la muerte de decenas de civiles palestinos detenidos.

Los datos fueron obtenidos del ejército israelí y del Servicio Penitenciario de Israel por el Instituto Palestino de Derechos Humanos (PHRI), que publicó un informe que hace públicas estas cifras. Según el PHRI, la cifra de 98 probablemente sea una subestimación significativa, ya que las organizaciones de derechos humanos no han podido localizar a cientos de personas más que se cree están detenidas en Gaza.

Los datos de PHRI se han cotejado con los de la inteligencia militar israelí —filtrada a principios de este año— para determinar cuántos de los detenidos fallecidos en Gaza pertenecían, según el ejército, a los brazos armados de Hamas o la Yihad Islámica Palestina. La base de datos no incluye información sobre miembros de otros grupos armados en Gaza, quienes representan menos del 2 por cien del total de detenidos en el enclave al 7 de octubre de 2023.

Al menos 68 prisioneros en Gaza murieron bajo custodia israelí hasta finales de agosto. La base de datos de inteligencia —cuyos datos se obtuvieron en mayo y que, según varias fuentes de inteligencia israelíes, es considerada por el ejército como la fuente de información más completa sobre combatientes palestinos en Gaza— registraba a 21 militantes fallecidos bajo custodia israelí desde el inicio de la guerra. En aquel momento, se sabía que 65 prisioneros de Gaza habían muerto en cárceles y centros de detención israelíes, lo que sugiere que hasta 44 de los fallecidos eran civiles.

Los asesinatos van en aumento

La base de datos militar interna indica que los civiles representaban el 83 por cien de todos los muertos en Gaza, así como tres cuartas partes de los detenidos. Además de los 68 gazatíes, el PHRI asegura que 23 palestinos de Cisjordania y tres palestinos con ciudadanía o residencia israelí murieron bajo custodia durante la guerra antes de agosto de este año, lo que eleva el número total de detenidos a 94. Desde entonces, al menos cuatro palestinos más han muerto bajo custodia —tres de Cisjordania y uno de Gaza—, lo que eleva el número total de muertes conocidas a 98. Esta cifra no incluye otros siete casos en los que palestinos fueron abatidos por el ejército y murieron bajo custodia poco después de su detención, antes de llegar a la cárcel.

La cifra es significativamente mayor de lo que se creía anteriormente. Los datos más recientes, publicados a principios de noviembre por tres organizaciones palestinas de defensa de los derechos de los presos (Addameer, la Comisión para Asuntos de Detenidos y Exdetenidos y la Sociedad de Presos Palestinos), estiman que 81 detenidos han muerto en cárceles y centros de detención israelíes en los últimos dos años.

Según Amani Sarahneh, de la Asociación de Prisioneros Palestinos, entre 1967 y octubre de 2023, el número total de palestinos fallecidos bajo custodia israelí fue de 237. Si bien la documentación de los primeros años de la ocupación israelí de Cisjordania y Gaza no es del todo fiable, el número de muertes entre prisioneros y detenidos palestinos en los últimos dos años representa un marcado incremento, lo que refleja que la violencia física, la tortura y otros malos tratos contra los palestinos se generalizaron en el sistema penitenciario israelí durante la guerra.

No obstante, el PHRI señala que la cifra de 98 probablemente sea una subestimación significativa. “Esto no refleja la realidad completa”, explicó Naji Abbas, director del Departamento de Prisioneros y Detenidos de la organización. “Estamos seguros de que hay personas que han fallecido bajo custodia sin que tengamos constancia de ello”.

‘Todas las noches oíamos cómo golpeaban a la gente hasta la muerte’

El ejército israelí proporcionó por última vez datos sobre detenidos fallecidos en centros de detención militar en mayo de 2024, junto con datos equivalentes publicados por el Servicio Penitenciario de Israel sobre prisiones. En ese momento, el número total de muertes en estos dos tipos de instalaciones ascendía a 60, lo que significa que la tasa de mortalidad de detenidos palestinos bajo custodia israelí durante los primeros ocho meses de la guerra fue de aproximadamente uno cada cuatro días. Cuatro meses después, el Servicio Penitenciario declaró que otros tres detenidos habían fallecido en prisiones israelíes.

Desde septiembre de 2024, la información adicional sobre las muertes de palestinos bajo custodia israelí solo se ha proporcionado en respuesta a solicitudes específicas sobre detenidos individuales: el ejército y el Servicio Penitenciario han confirmado algunas muertes cuando se les ha solicitado, pero no han proporcionado datos por iniciativa propia.

Además, se desconoce la suerte de muchos otros palestinos que se cree están detenidos por soldados israelíes en Gaza. El ejército informó a la organización israelí de derechos humanos HaMoked (Centro para la Defensa del Individuo, fundada por Lotte Salzberg para defender a los palestinos que viven bajo la ocupación) que no tenía información sobre cientos de palestinos que, según sospecha la organización, estaban detenidos por sus fuerzas. Anteriormente, el ejército había asegurado a organizaciones de derechos humanos que ciertas personas no estaban detenidas por Israel, para luego informar, en respuesta a procesos judiciales, que habían fallecido.

Las familias en Gaza no reciben notificación oficial de la muerte de sus seres queridos en detención israelí y a menudo se enteran a través de los medios de comunicación. Datos proporcionados por el Estado al PHRI indican que se desconoce la identidad de al menos 18 gazatíes que murieron en prisiones israelíes y que no se envió ninguna notificación de su fallecimiento a sus familias.

Violencia sexual generalizada contra los presos

A pesar de las casi 100 muertes registradas en detención y de numerosos testimonios y otras pruebas de graves abusos físicos —incluida la violencia sexual generalizada, como se muestra en un contundente informe del PHRI—, solo un soldado israelí ha sido procesado. Fue condenado en febrero a siete meses de prisión por agredir a detenidos en Gaza. Otros cinco soldados han sido acusados ​​de abuso agravado y de causar lesiones graves a un detenido en el centro de detención de Sde Teiman, ubicado en el desierto del Negev, después de que se filtraran imágenes a los medios israelíes el año pasado.

El máximo responsable de asuntos jurídicos del ejército israelí ha evitado deliberadamente iniciar investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por soldados israelíes, incluidas las muertes de detenidos bajo custodia. “No se han presentado cargos en ningún caso de asesinato”, explicó Naji Abbas, del PHRI. “No se trata de incidentes aislados. Es un fenómeno sistémico que continuará”.

Sde Teiman fue el centro de detención más mortífero, con 29 palestinos asesinados desde el 7 de octubre. Al menos otros dos detenidos murieron en el campo de Ofer (donde el informe del 19 de diciembre de 2024 reveló testimonios de graves abusos, descargas eléctricas y la propagación desenfrenada de enfermedades), al menos uno en el campo de detención de Anatot y al menos siete más en diversos centros de detención administrados por el ejército en el sur de Israel. Cinco murieron en el Hospital Soroka, ubicado en Beersheba, tras ser trasladados desde centros de detención militares mientras aún estaban bajo custodia.

En cuanto a las cárceles administradas por el Servicio Penitenciario, al menos 16 reclusos fallecieron en la prisión de Ketziot, otros cinco en la prisión de Ofer, al menos seis en la prisión de Nitzan y el Centro Médico del IPS (Marash), siete en la prisión de Megiddo, cuatro en el complejo que comprende las prisiones de Nafha y Ramon, uno en la prisión de Eshel, tres en la prisión de Kishon y otros tres en la prisión de Shikma. Se desconoce el lugar del fallecimiento de otros ocho reclusos.

Las autopsias muestran indicios de violencia

Se conocen diez informes de autopsias de palestinos fallecidos en centros de detención israelíes, redactados por los médicos que las realizaron en nombre de las familias. En cinco de ellos, se hallaron indicios de violencia como posible causa de muerte: múltiples costillas rotas, hematomas en la piel o cerca de órganos internos y rotura de órganos internos. Al menos tres muertes fueron consecuencia directa de la falta de atención médica, entre ellas un caso de desnutrición extrema, un caso de leucemia sin tratar y un caso en el que a un detenido diabético se le privó de insulina.

Omar Daraghmeh, de 58 años, falleció en la prisión de Megido en octubre de 2023. La autopsia reveló una hemorragia abdominal significativa, lo que sugiere que su muerte se debió a una agresión física o a una caída desde gran altura.

La autopsia de Abdel Rahman Marai, de 33 años, quien falleció en la misma prisión al mes siguiente, también reveló signos de violencia: tenía fracturas en las costillas y el esternón, y su cuerpo estaba cubierto de hematomas. El médico forense atribuyó su muerte a la brutalidad sufrida.

Un recluso que compartía celda con Marai declaró al PHRI: “Unos 15 funcionarios de prisiones lo agredieron, todos a su alrededor, golpeándolo violentamente. La paliza duró unos cinco minutos y se centró principalmente en su cabeza”.

Sari Hurriyah, un abogado palestino con ciudadanía israelí que fue detenido al mismo tiempo que Marai por los mensajes que publicaba en Facebook, declaró al Canal 13 israelí que presenció la muerte de Marai en la celda contigua. “Todas las noches, oíamos cómo golpeaban a la gente hasta la muerte, gritando”, afirmó Hurriyah.

Según el testimonio de Hurriyah, Marai gritó durante horas tras el ataque: “Estoy enfermo, me duele, no puedo respirar, ¡traigan un médico!”. Pero los guardias simplemente entraron en su celda y le ordenaron que se callara, declaró Hurriyah. Al día siguiente, dejó de hablar; los guardias se dieron cuenta de que había fallecido y lo sacaron de la celda “en una bolsa de basura negra”.

Abdel Rahman Bahash, de 23 años, murió en la prisión de Megiddo en enero de 2024. Su autopsia reveló múltiples fracturas de costillas, rotura de bazo, inflamación pulmonar y desgarros pulmonares. La causa probable de la muerte fue insuficiencia respiratoria debido a una lesión pulmonar. Un compañero de celda informó que los guardias agredieron a Bahash, tras lo cual se quejó de dolor en el pecho y las costillas, pero le negaron atención médica. Cuando ya no pudo mantenerse en pie, los guardias se lo llevaron y falleció unos días después.

Walid Khaled Abdullah Ahmed, de 17 años, falleció en la prisión de Megido en marzo de 2025. Un médico presente en la autopsia informó que prácticamente no tenía grasa corporal ni masa muscular y que además padecía colitis y sarna, lo que sugiere que murió de inanición. Su padre declaró a Haaretz el 3 de abril: “En las audiencias vi que el chico estaba muy delgado, con el rostro demacrado, como otros reclusos desnutridos en las cárceles”. Según su padre, Ahmed no tenía antecedentes médicos.

Arafat Hamdan, de 25 años, falleció en la prisión de Ofer en octubre de 2023. Padecía diabetes tipo 1, y un recluso que estaba con él declaró que murió por negligencia: su estado empeoró gradualmente hasta que dejó de comer y sufría desmayos intermitentes. “Llamamos al médico de nuevo para que lo examinara, y nos dijo que lo llamáramos cuando Arafat muriera”, recordó el recluso en un reportaje. Tras una hora y media, vimos que le salía líquido de la boca. Uno de los presos le tomó el pulso y gritó que Arafat había muerto.

Mohammed Al Zabar, de 21 años, falleció en la prisión de Ofer en febrero de 2024. Desde niño padecía una enfermedad intestinal y requería una dieta especial. El informe de la autopsia indica que murió por falta de nutrición, lo que le provocó un estreñimiento prolongado, y por no haber recibido atención médica.

Thaer Abu Asab, de 38 años, fue asesinado a golpes en la prisión de Ketziot en noviembre de 2023, según testimonios de otros reclusos. Uno de ellos declaró que fuerzas especiales irrumpieron en la celda y comenzaron a golpear a todos los internos con porras por todo el cuerpo hasta que sangraban de la cabeza. “A Thaer lo golpearon con más fuerza”, relató. “Intentó protegerse la cabeza con las manos, pero pronto tuvo que rendirse por los golpes”.

Tras la marcha de los guardias, Abu Asab yacía en el suelo, aún sangrando e inconsciente. El recluso afirmó que intentaron llamar a un guardia durante más de una hora, pero nadie acudió. Finalmente, sacaron a Abu Asab de la celda y los guardias informaron a los demás reclusos de su fallecimiento.

Al día siguiente, continuó el detenido, el Shin Bet, la policía de seguridad interna de Israel, interrogó a cada uno de los detenidos que estaban encarcelados con Abu Asab y “afirmaron que habíamos provocado disturbios y matado a Thaer, y que por eso todos estábamos heridos. Dijeron que nos habíamos atacado entre nosotros, no a los guardias […] Dijo que habíamos matado a Thaer y que querían culpar a la prisión”.

—http://www.presos.org.es/index.php/2025/11/25/98-palestinos-han-muerto-en-las-carceles-israelies-desde-2023-articulo-de-juanma-olarieta/

La amnistía siempre ha sido una de nuestras reivindicaciones principales. Por eso, en un día como hoy, en el que se conmemora la muerte de Franco, nos parece fundamental explicar la importancia de la amnistía en la lucha contra el Estado fascista español.

La amnistía ha sido una reivindicación histórica, que se ha mantenido en las tablas reivindicativas de las diferentes organizaciones populares desde 1939. Por desgracia, y al contrario de lo que hubiera cabido esperar, tras la muerte de Franco los cientos de luchadores antifascistas que estaban en las cárceles del Régimen no fueron automáticamente liberados. Más bien al contrario. La muerte de Franco inició la Transición y una voraz represión contra todas las organizaciones que se oponían a las políticas continuistas y que no estaban dispuestas a hacer tabla rasa de los 40 años de brutal dictadura, llena de muerte, torturas y represión de todo tipo.

Es por eso que, ese 20 de noviembre de 1975 se volvió a desencadenar una importantísima lucha por la amnistía. Si tan democráticos se habían vuelto de la noche a la mañana, ¿por qué no liberan a todos los antifascistas que permanecían aún encarcelados? Tras varios años intestinas luchas en la calle, en 1977 el movimiento popular consiguió arrancar de las cárceles a algunos de esos luchadores, forzando al Régimen a aprobar varios decretos de amnistías parciales. No se liberó a todos los presos políticos y, no solo eso, sino que se aprovechó para incluir en esos decretos la exoneración de la responsabilidad criminal de todos los torturadores y altos dirigentes fascistas. Además, aunque liberó a cientos de luchadores, esa amnistía no vino acompañada de un cambio de régimen real. No se coincidieron a los sectores populares verdaderos derechos y libertades y, por supuesto, no hubo ni justicia, ni reparación por todos los años de represión fascista.

Hoy, 50 años después, el panorama no sólo no ha cambiado, sino que no hace más que empeorar. La represión ya no se centra en los miembros de las organizaciones revolucionarias, sino que expanda a capas cada vez más amplias del movimiento popular. Por este motivo, hoy más que nunca, es fundamental recuperar la bandera de la amnistía total,

La amnistía implica el reconocimiento por parte del Estado de que las personas fueron encarceladas o represaliadas no debieron haber sufrido nunca dicha represión, porque su lucha es legítima. Debe ser total, sin importar la organización de la que se provenga, ni los métodos de lucha que sea hubieran empleado. Y, obligatoriamente, debe venir acompañada de un reconocimiento real de los derechos y libertades que se nos niegan sistemáticamente. Así mismo, debe venir acompañada de una reparación real del daño causado a las organizaciones y militantes antifascistas que han sufrido torturas, asesinatos y persecuciones de todo tipo y ello pasa por el castigo ejemplar a todos aquellos que hayan participado directa o indirectamente de todos esos crímenes. No puede hacerse tabla rasa de la represión, no es suficiente con quitar cuatro medallas simbólicas. Es necesario que exista una verdadera justicia y una verdadera reparación.

Por todo esto, consideramos que la lucha por una verdadera amnistía total, que venga acompañada de verdaderos derechos y libertades es la punta de lanza de la lucha antifascista y contra este Régimen, con el que debemos acabar, cueste lo que cueste. Porque el fasicismo no admite reformas. No ni hoy, ni hace 50 años ni nunca.

¡Abajo el régimen!
¡Luchamos por la amnistía total!
¡Abajo el Estado fascista!

Plataformas Antirrepresivas de Barcelona y Ponent

La fiscal jefe del ejército israelí, Yifat Tomer-Yerushalmi, ha sido detenida y destituida de su cargo por haber filtrado un vídeo que expone la tortura de los prisioneros palestinos en el campo de concentración de Sde Teiman.

La detención de la fiscal ha desencadenado una campaña de desprestigio orquestada por el gobierno y amplificada por los medios de comunicación, aunque quien se sigue desprestigiando de manera acelerada es el nuevo Estado creado en 1948.

Sde Teiman es una base militar israelí ubicada en el desierto del Neguev, cerca de Gaza. Tras la aprobación por el Parlamento de la Ley de Combatientes Ilegales en diciembre de 2023, se transformó en un campo de concentración y centro de tortura. Los detenidos están encarcelados sin acusación ni abogado. Muchos de ellos fueron capturados en redadas y encarcelados arbitrariamente, simplemente por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado.

Son sometidos a diversas formas de tortura “medievales”. El año pasado la organización israelí de derechos humanos B’Tselem publicó un informe en el que afirma que “los palestinos actualmente detenidos en prisiones israelíes son frecuentemente sometidos a violencia arbitraria extrema, agresiones sexuales, humillaciones, prácticas degradantes, inanición deliberada, falta de higiene forzada, privación del sueño, restricción o supresión de sus prácticas religiosas, confiscación de todos sus bienes personales y colectivos, y denegación de atención médica adecuada”.

B’Tselem asegura que, desde el 7 de octubre de 2023, más de una docena de bases militares y prisiones israelíes se han convertido en centros de tortura. Yuli Novak, directora de B’Tselem, describe a Sde Teiman como “la punta del iceberg”, ya que “miles de palestinos están detenidos en condiciones inhumanas y sometidos a abusos constantes. Algunos ni siquiera saben por qué han sido detenidos. Muchos serán liberados sin juicio. Es la definición misma de un campo de tortura: sin importar quién seas ni por qué te detuvieron, una vez allí, serás sometido a sufrimientos y humillaciones severos, deliberados y sistemáticos”.

Como Guantánamo y Abu Ghraib

El año pasado el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanani, comparó las prácticas de tortura en Sde Teiman con las torturas cometidas por los estadounidenses en Guantánamo y Abu Ghraib. Israel también ha torturado al personal sanitario palestino en Sde Teiman, quienes se encuentran detenidos sin motivo alguno. Según Human Rights Watch, médicos, enfermeros y paramédicos han sufrido malos tratos durante su detención, incluyendo humillaciones, palizas, posturas forzadas prolongadas, el uso de esposas y vendas y la denegación de atención médica. También denunciaron actos de tortura, incluyendo violaciones y abusos sexuales por parte de las fuerzas israelíes, así como la denegación de atención médica y las condiciones inhumanas de detención para la población carcelaria en general.

Entre noviembre y diciembre de 2023, personal sanitario palestino fue detenido sin cargos durante periodos que oscilaron entre siete días y cinco meses. Seis de ellos fueron detenidos en sus lugares de trabajo, ya sea durante el asedio de los hospitales por parte de las fuerzas israelíes o durante la evacuación de los mismos por parte del ejército israelí. Ninguno de estos trabajadores sanitarios fue informado del motivo de su detención, ni acusado de delito alguno.

Estos abusos constituyen claras violaciones flagrantes del derecho internacional y alimentan las acusaciones contra Israel ante el Tribunal Penal Internacional. Técnicamente, son criminales buscados.

Las prácticas israelíes violan el artículo 3 del Cuarto Convenio de Ginebra de 1949, que estipula que “las personas que no participan activamente en las hostilidades […] serán tratadas humanamente en toda circunstancia”. Prohíbe expresamente los “tratos crueles y la tortura”, así como los “atentados contra la dignidad personal, en particular los tratos humillantes y degradantes”.

También estipula que los combatientes heridos y los prisioneros “deben ser […] debidamente atendidos”. Israel también viola sistemáticamente el artículo 49 de la misma Convención, que prohíbe los traslados forzosos de personas dentro del territorio ocupado, así como la deportación de civiles del territorio ocupado al territorio de la potencia ocupante, independientemente del motivo.

Detenidos 9 carceleros del campo de concentración

Los crímenes cometidos en el campo de concentración de Sde Teiman fueron ampliamente denunciados mucho antes de que la fiscal del ejército publicara el vídeo. En julio del año pasado la Policía Militar israelí detuvo a nueve soldados de la Fuerza 100 que prestaban servicio como carceleros en Sde Teiman. Les acusaron de violar y torturar sexualmente a los detenidos.

Los soldados fueron detenidos después de que un prisionero palestino fuera llevado al Hospital Soroka en Beersheba con graves lesiones rectales y en la parte superior del cuerpo causadas por sodomía con un objeto contundente. El prisionero fue trasladado a un hospital civil porque no podía caminar. El caso causó un escándalo porque los médicos y enfermeras se sintieron obligados a denunciar la violación.

La detención de los carceleros provocó una fuerte reacción. Algunos intentaron asaltar la prisión para maltratar a los reclusos y atacar a sus compañeros parlamentarios. Los amotinados querían que se les permitiera violar y torturar a los prisioneros.

Como informamos hace unos días, durante su primera comparecencia ante la Asamblea Nacional como Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Fabien Mandon declaró haber encomendado al ejército la tarea de estar preparados para una posible guerra contra Rusia en los próximos tres o cuatro años.

El escenario que baraja el Estado Mayor es un importante despliegue de tropas en Europa oriental y, por si eso no bastara, la Gendarmería podría ser movilizada para participar en la “defensa del territorio”. Así lo reiteró también el 16 de octubre su director, el general Hubert Bonneau, ante los diputados.

“Estamos enmarcando nuestras acciones dentro de un continuo de seguridad y defensa” y “tenemos un papel crucial en la preservación de los intereses fundamentales del país y la defensa operativa del territorio, junto con las fuerzas armadas”, afirmó.

Dos semanas después, durante una audiencia en el Senado, Bonneau repitó lo mismo: la Gendarmería se prepara para participar en la defensa del territorio. “Quisiera describir nuestra concepción de la Defensa Territorial, particularmente en relación con las fuerzas armadas. Actualmente, nos apoyan. No podemos ser efectivos en Nueva Caledonia, Mayotte y Guayana Francesa […] si no contamos con el apoyo de las fuerzas armadas […] En caso de un enfrentamiento importante, la situación será la inversa”, dijo.

“Si tenemos un enfrentamiento importante en el este, por ejemplo, creo que inevitablemente provocará disturbios en el territorio nacional”, advirtió el general. “Creo que podríamos ver acciones llevadas a cabo por terceros, sabotajes y también manifestaciones, porque no estoy seguro de que todos nuestros ciudadanos apoyen este tipo de implicación”, añadió.

La agitación podría manifestarse incluso antes de cualquier despliegue, sugirió, es decir, “si Francia es el país anfitrión y equipo sensible transita por su territorio” para reforzar, por ejemplo, a las fuerzas de la OTAN desplegadas en Europa oriental. “Necesitamos cubrir el territorio con recursos, y esa es la función de la Gendarmería Nacional”, recalcó.

“Durante la fase de preparación, es probable que la Gendarmería se vea afectada. Sin esperar necesariamente un despliegue como tal, creo que veremos manifestaciones, acciones y el regreso de las operaciones de seguridad interna en territorio nacional”. Es el escenario “para el que debemos prepararnos”, concluyó.

Ojo con los ‘radicales’ manipulados por potencias extranjeras

Las declaraciones se acumulan. No es la primera vez este año que un alto oficial plantea esta cuestión. En abril el general Philippe Susnjara, jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad de la Defensa (DRSD), destacó las actividades subversivas de “grupos radicales”, que podrían ser manipulados por potencias extranjeras.

“Hoy, nos centramos en la convergencia de luchas entre diferentes tipos de grupos, como se ha visto recientemente entre grupos antimilitaristas y movimientos propalestinos, que, por ejemplo, atacaron a varias empresas de nuestra Base Industrial y Tecnológica de Defensa”, declaró Susnjara en abril durante una rueda de prensa en el Ministerio del Ejército.

“Lo que observamos es que algunos movimientos antimilitaristas, de extrema izquierda o propalestinos están atacando nuestra reputación y realizando acciones simbólicas, grafitis en las paredes y distribución de panfletos”.

Anteriormente, la DRSD había cuestionado -sin nombrarlos- el papel de los “representantes sindicales” en las campañas para desestabilizar la Base Industrial y Tecnológica de Defensa. Citaban como ejemplo la distribución de un folleto que denunciaba “la ofensiva de la industria armamentística francesa con el único objetivo de servir al lucro, los intereses capitalistas y las guerras imperialistas”.

Una de las prioridades de la Gendarmería es contar con los recursos necesarios para garantizar la defensa operativa del territorio. “Hoy en día, es necesario reemplazar 22.000 fusiles de asalto, con un presupuesto estimado de 110 millones de euros. El presupuesto total estimado para la renovación del equipo militar de la Gendarmería, que también se utiliza a diario —monoculares de visión nocturna que permiten detectar a personas que realizan actos de sabotaje y armamento táctico empleado por la gendarmería móvil— asciende actualmente a 800 millones de euros”, explicó Bonneau.

Los tribunales británicos han absuelto a un paracaidista del ejército que en 1972 durante el “Domingo Sangriento” disparó en Derry contra la multitud, asesinando a dos manifestantes desarmados (James Wray y William McKinney) e intententando hacer lo mismo con otros cinco más. Los medios no proporcionan el nombre del pistolero.

14 manifestantes desarmados perdieron la vida en aquella protesta y los asesinos nunca rendirán de cuentas por los crímenes cometidos en Irlanda del norte. La sentencia, emitida por un tribunal de Belfast, supone el carpetazo a una larga batalla de más de cinco décadas.

Los crímenes de guerra siempre quedarán impunes porque la manera de resolverlos no son los pleitos, ni los jueces, ni los abogados. De Irlanda del norte los periódicos británicos trasladan el argumento a Ucrania. Si las tropas británicas entran en aquel país para “pacificarlo”, puede ocurrir como en Irlanda del norte: que en lugar de “pacificar” empiecen a disparar a discreción y a matar rusos.

En tal caso, puede ocurrir lo mismo que en Belfast: que se abran juicios en su contra, algo que resulta indignante, porque a los mercenarios no les basta con resultar absueltos en un juicio después de 50 años. Ni siquiera quieren ser juzgados, por más que llenen sus manos de sangre.

Una ley de 2023 sobre la guerra de Irlanda del Norte (“Legado y Reconciliación”), presentada por los conservadores, ha paralizado decenas de otros pleitos civiles e investigaciones judiciales relacionadas con las torturasa y crímenes de ls tropas británicas.

El Daily Telegraph sale en defensa de los asesinos y se muestra indignado ante los intentos de responsabilizar a los militares por los crímenes que cometieron en Irlanda del norte, ya que “podría llevar a la persecución penal de soldados británicos por matar a rusos en Ucrania” (*).

“¿Cómo se puede procesar a alguien por matar rusos?”, pregunta. El periódico cita al Secretario de Defensa en la sombra, James Cartlidge: “Hoy, sin duda hay quienes, dentro de las tropas, están preocupados”. Si entramos en Ucrania en una misión de paz, “¿cómo podemos estar seguros de que no llamarán a la puerta décadas después por Lo que allí ocurra?”

Los pistoleros británicos quieren patente de corso y no les importa reconocer abiertamente que sus tropas ya están combatiendo en los campos de batalla de Ucrania. Además del plus de peligrosidad, quieren garantías de que en el futuro nadie les va a molestar por los crímenes de guerra que cometan contra los rusos.

(*) https://www.telegraph.co.uk/politics/2025/10/24/keir-starmer-troubles-plan-british-troops-prosecuted-echr

Con la Audiencia Nacional, en España ya estamos acostumbrados a los tribunales fascistas, los consejos de guerra y los juicios sumarísimos. Desde 1939 los antifascistas se han acostumbrado a ellos y creen que eso, o sea, el fascismo, es lo “normal”. Pero en otros países europeos, como Reino Unido, se tiran de los pelos por este tipo de farsas judiciales. El fascismo es algo novedoso para ellos.

A los acusados ​​de “terrorismo” por apoyar a Acción Palestina les han privado del jurado y la duración de las farsas con toga se limitan a 36 minutos, con penas de cárcel de hasta seis meses.

El delito de los acusados es luchar contra el genocidio de Gaza. En lugar de concederles el Premio Nóbel de la Paz, los sientan en el banquillo. Eso exactamente el fascismo, algo cada vez más real en Europa a medida que los laboristas (“la izquierda” británica), ya no se enfuerzan por engañar a nadie.

Los planes de fascistización fueron elaborados por el juez Michael Snow (1), el pelele que sentó a Julian Assange en el banquillo de los acusados por decir la verdad, otro de los peores “crímenes” que se han puesto en boga. Tras ser sacado a rastras de la embajada ecuatoriana en 2019, lo llevaron delante de Snow, que le insultó llamándole “narcisista”. Para ello no necesitó pruebas de ninguna clase; le bastó con leer los periódicos de la mañana.

Ahora Snow ha decretado que los 2.000 acusados de “terrorismo” por apoyar a Acción Palestina van a ser juzgados en grupos de cinco, con diez acusados cada día, lo que resultará en 36 minutos para que cada acusado, cada abogado y cada fiscal interrogue, argumente y muestre las pruebas o la falta de ellas.

En una audiencia preliminar celebrada la semana pasada, una de las acusadas, Deborah Wilde, de 72 años, objetó que estos juicios serían demasiado cortos para permitir una defensa adecuada. El juez Snow le replicó: “Estoy convencida de que hay tiempo suficiente. No voy a conceder más tiempo. Su único recurso es el Tribunal Superior”.

Es una payasada típicamente inquisitorial. Snow es un cínico. Sabe que los acusados no pueden permitirse un recurso ante el Tribunal Superior.

Acostumbrados a las buenas maneras, en Reino Unido se quedan sorprendidos de que con la legislación “antiterrorista” en la mano se pueda condenar a alguien por meras sospechas. No importa si son fundadas o no. Puede que sean completamente erróneas, pero si alguien levantó las sospechas de un policía, bastan los “motivos razonables”.

“Es un delito de responsabilidad objetiva”, dice Murray sorprendido (2). Pero así es la historia misma de la represión política, de la que España tiene muchos casos que contar. Te detienen, te juzgan y te condenan por ser republicano, antifascista, anarquista, comunista… e incluso por ser rapero. No hace falta hacer muchas preguntas. “Estás fichado”, decían en tiempos del franquismo. La policía te ha visto en reuniones, en manifestaciones, en actos…

Lo demás no les importa a los jueces. Solo quieren oir a un policía decir en estrados que el reo apoya a una “organización terrorista”. Las demás explicaciones sobran, son reiterativas, políticas, pataletas…

El destino de los 2.000 acusados está sellado. Marca “un punto de inflexión en la precipitada caída de Reino Unido hacia el fascismo”, escribe Murray. Bienvenidos al fascismo. En España somos veteranos en esto: estamos a punto de celebrar los 50 años de la muerte del asesino Franco, que marca el punto de inflexión de un fascismo a otro.

(1) https://www.bbc.co.uk/news/articles/c051g2q5651o
(2) https://www.craigmurray.org.uk/archives/2025/10/36-minute-trials-and-no-jury-starmers-fascist-mass-courts/

Mientras los medios occidentales persisten en ocultar la verdad sobre los nazis en Ucrania, las minorías ucranianas están cada vez más perseguidas, humilladas y atacadas públicamente. Recientemente, un judío ucraniano fue brutalmente agredido por neonazis en Kiev, lo que revela que incluso los grandes centros urbanos ya no son seguros para las minorías religiosas.

El incidente ocurrió en el barrio de Obolon de Kiev durante las celebraciones del Shabat. Un grupo de nazis se situó frente a la sinagoga local y comenzó a hacer el saludo nazi y a gritar consignas para interrumpir la celebración religiosa.

Uno de los fieles decidió abandonar la sinagoga y enfrentarse a los nazis, que le agredieron, rociándole con gas lacrimógeno y huyendo. Sufrió quemaduras químicas graves. Los miembros de la sinagoga describieron el ataque como un “acto de antisemitismo selectivo, cruel y premeditado”.

Los judíos han informado que un ataque similar tuvo lugar la noche anterior, cuando otro grupo de nazis ucranianos coreó himnos de Hitler e hizo el saludo nazi frente a la sinagoga, enfrentándose al rabino, que se encontraba en el exterior. Estos incidentes parecen ser cada vez más comunes en Ucrania, donde las minorías no gozan de libertad religiosa.

El 12 de octubre la policía de Kiev confirmó que estaba investigando una serie de ataques contra la comunidad judía de la ciudad. Estos ataques son consecuencia de la ideología neonazi promovida desde el propio gobierno ucraniano.

Los incidentes se registraron en un barrio de la capital ucraniana. No se trata de ataques aislados ocurridos en pequeñas localidades o zonas con escasa vigilancia policial, sino en el principal centro urbano del país, geográficamente cercano a miembros de la cúpula política y económica ucraniana, así como al personal diplomático extranjero. Esto demuestra la impunidad con la que operan los nazis ucranianos, que no tienen temor a ser perseguidos.

Ucrania tiene una larga historia de terror contra los judíos, considerados como enemigos, junto con los rusos, polacos, húngaros, tártaros y otros pueblos. Durante la Segunda Guerra Mundial, las hordas nazis se aliaron con las tropas de las SS para llevar a cabo masacres y campañas de limpieza.

Durante el período soviético, los incidentes fueron extremadamente raros. Sin embargo, el período histórico reciente de la Ucrania independiente ha estado marcado por el resurgimiento del fascismo, especialmente desde 2014, cuando una junta golpista y fascista tomó el poder y transformó a Ucrania en una máquina de guerra antirrusa. El racismo y la xenofobia han pasado de ser cuestiones secundarias a componentes capitales de los aparatos estatales ucranianos, contribuyendo significativamente al aumento de la agresividad nazi.

Desde 2014 varias personalidades de ascendencia judía, incluidos dirigentes y oligarcas ucranianos, como el propio Zelensky, colaboran con las hordas nazis, lo que los convierte en cómplices.

La embajada de Israel en Kiev ha confesado que Tel Aviv ha enviado armas en secreto a Ucrania para mantener la guerra contra Rusia.

No sólo es Estados Unidos. Bélgica también sopesa la posibilidad de desplegar militares en las calles de Bruselas, con el pretexto de aumentar la seguridad en la capital, afirmó el ministro de Defensa, Theo Francken, en una entrevista con Le Soir (*).

En sus declaraciones el ministro admitió que “la situación se ha vuelto crítica, tanto en términos de seguridad como a nivel político y social” y se mostró preocupado por el “deterioro” de Bruselas. “¿Es posible desplegar a los soldados en las calles antes de que acabe el año? No dije que sí, pero tampoco que no, al contrario de lo que pudo haber dicho la prensa. Mi prioridad es que mis soldados estén legalmente protegidos y que realicen tareas útiles”, apuntó.

Aunque las cuestiones relacionadas con la seguridad en las calles son competencia de la Policía, y no del Ejército, el ministro del Interior del país ya le había consultado sobre este asunto.

El rearme está vinculado a la militarización de las sociedades europeas. Francken reiteró que Bélgica planea invertir 34.000 millones de euros en preparar al país para una eventual guerra, si bien el gobierno aún no sabe de dónde puede obtener el dinero. Preguntado sobre si Bélgica es capaz de gastar dicha suma de dinero en comprar equipamiento militar, según lo previsto por el plan presupuestario, el ministro afirmó que no puede dar una respuesta definitiva.

“Recibo muchos mensajes de mis colegas en Bélgica, pero no soy el viceprimer ministro [y ministro de Finanzas] Jan Jambon, quien debe llegar a un acuerdo. Estoy aquí para gastar este dinero”, explicó.

Francken destacó que la prioridad para derrochar ese dinero es la creación de grandes reservas de munición para reemplazar las transferidas a Ucrania. “¿Que este mismo personal [militar] tire piedras en caso de conflicto?”, dijo.

El ministro salió al paso de las críticas de la oposición contra su plan para iniciar el llamado reclutamiento voluntario a todos los ciudadanos belgas de ambos sexos mayores de 17 años, invitándolos a servir en el Ejército del país durante varios años. “El objetivo también es concienciar a los jóvenes de que el mundo ha cambiado y de que existe una amenaza que se cierne sobre nuestro país. Es un proyecto social”, manifestó.

Según el acuerdo de estrategia militar belga, se prevé acelerar las inversiones en defensa hasta el 2 por cien del producto interno bruto a más tardar en 2029. El plan se extiende a los próximos diez años, hasta 2035, con un presupuesto de 34.000 millones de euros para inversiones materiales con la compra de nuevos cazas F-35, mientras se prevén otras en inteligencia, tecnologías y ciberseguridad, comunicación, aunque también para aumentar el personal (tierra, aire, mar, mando de apoyo y operativo).

(*) https://www.lesoir.be/704216/article/2025-10-11/theo-francken-au-soir-mon-role-est-de-depenser-ces-milliards-pour-la-defense