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El gobierno de Estados Unidos está añadiendo datos de 10.000 dispositivos electrónicos cada año a una enorme base de datos que ha creado a partir de teléfonos móviles y ordenadores incautados a viajeros en aeropuertos, puertos marítimos y pasos fronterizos de todo el país.

La rápida expansión de la base de datos y la capacidad de los 2.700 aduaneros para acceder a ella sin una orden judicial han abierto una investigación en el Congreso sobre el uso que hace el gobierno de la información, que en gran parte procede de personas no sospechosas de haber cometido un delito. Los aduaneros dijeron al Congreso que los datos se conservan durante 15 años.

Los detalles de la base de datos fueron revelados en una carta dirigida al comisionado de aduanas, Chris Magnus, por el senador Ron Wyden, quien criticó a aduanas por “permitir el fisgoneo indiscriminado de los registros privados de los estadounidenses” y pidió una mayor protección de la intimidad.

Agentes del FBI y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, otra agencia del Departamento de Seguridad Nacional, han realizado búsquedas de reconocimiento facial en millones de fotografías de permisos de conducir estadounidenses. Se introdujeron en bases de datos privadas que contenían los registros financieros y de servicios públicos de las personas para averiguar dónde vivían. Y han obtenido datos de localización de las bases de datos de lectores de matrículas que pueden utilizarse para seguir los movimientos de las personas.

La inspección por parte de las aduanas de los móviles, ordenadores portátiles, tabletas y otros dispositivos electrónicos de las personas que entran en el país ha sido durante mucho tiempo una práctica controvertida que aduanas ha defendido para determinar las “intenciones a la entrada” de un individuo en Estados Unidos. Pero la revelación de que miles de funcionarios tienen acceso a una base de datos podría ser una violación de los derechos de los estadounidenses en virtud de la Cuarta Enmienda contra los registros e incautaciones ilegales.

La base de datos, conocida como Sistema Automatizado de Orientación, se utiliza para revisar, analizar y evaluar la información obtenida por las aduanas a partir de los dispositivos electrónicos asociados a personas de importancia para la aplicación de la ley, la lucha contra el terrorismo o la seguridad nacional.

Una directiva de aduanas de 2018 que establece las reglas para las búsquedas dice que los funcionarios solo deben retener la información relacionada con la inmigración, las aduanas u “otros asuntos de aplicación de la ley”, a menos que tengan una causa que pueda justificar conservar durante más tiempo el contenido de los móviles.

Los aduaneros dijeron al Congreso que la configuración por defecto de la base de datos es la de descargar y retener todas las listas de contactos, registros de llamadas y mensajes.

Las aduanas realizaron unas 37.000 búsquedas en los dispositivos de los viajeros en los 12 meses anteriores a octubre de 2021, y más de 179 millones de personas viajaron a través de los puertos de entrada de Estados Unidos ese año. Pero no dieron cifras de los dispositivos que tenían contenidos cargados en la base de datos para su revisión a largo plazo.

Hay 2.700 funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional que tienen acceso a la base de datos, aunque algunos dicen que esa cifra no es correcta, ya que tiene acceso el 5 por cien de los 60.000 aduaneros, es decir, 3.000 funcionarios.

La policía debe demostrar una causa probable y convencer a un juez de que apruebe una orden de registro antes de registrar los teléfonos de los estadounidenses. Pero los tribunales llevan mucho tiempo concediendo una excepción a las autoridades fronterizas, permitiéndoles registrar los dispositivos de las personas sin necesidad de una orden judicial o sospecha de delito.

Los aduaneros se han amparado en esa excepción para justificar la recogida de datos en los móviles de los viajeros. El año pasado dos senadores presentaron un proyecto de ley que exigía a los aduaneros obtener una orden judicial antes de registrar el dispositivo de un viajero.

La directiva de aduanas otorga a los aduaneros a fisgar el dispositivo de un viajero mediante lo que se conoce como “registro básico”, y a cualquier viajero que se niegue a desbloquear su teléfono para este proceso se le puede confiscar hasta cinco días.

En 2018 un aduanero reconoció que un funcionario puede acceder a cualquier dispositivo, incluso en casos en los que no sospeche que el viajero haya hecho algo malo, y mirar cualquier cosa que “normalmente sería visible al desplazarse manualmente por el teléfono”, incluyendo listas de contactos, entradas de calendario, mensajes, fotos y videos.

Si los funcionarios tienen una “sospecha razonable” de que el viajero está infringiendo la ley o supone un “problema de seguridad nacional”, pueden realizar un “registro avanzado”, conectando el teléfono a un dispositivo que copie su contenido. Esas informaciones se almacenan en la base de datos del sistema automatizado de selección, a la que los aduaneros pueden acceder en cualquier momento.

Los investigadores del Departamento de Seguridad Nacional utilizan cada vez más herramientas de análisis y aprendizaje automático para trazar relaciones y comportamientos a partir de vastos almacenes de datos telefónicos, lo que significa que incluso las personas a las que no se les ha revisado su teléfono podrían ser incluidas en una búsqueda en la base de datos.

No es sólo lo que alguien dice o hace lo que le interesa al Departamento de Seguridad Nacional, sino lo que dicen y hacen todos sus conocidos. Alguien se convierte en sospechoso sólo porque otro con el que tiene una relación indirecta diga algo en su línea o esté en su registro de llamadas. Y cuando 2.700 personas tienen acceso a ella, no hay ningún control sobre el uso que hacen de esa información.

Las directrices de aduanas sobre los registros de dispositivos se publicaron varios años después de que un tribunal federal de apelaciones dictaminara que una copia forense del disco duro de un sospechoso era “esencialmente un registro al desnudo del ordenador”. La preocupación de la policía por la delincuencia no justificaba “registros ilimitados para combatir el crimen ni un asalto no regulado a la información privada de los ciudadanos”, añadía.

El programa de búsqueda avanzada, que comenzó en 2007 como un proyecto conocido como Explotación de Documentos y Medios de Comunicación, se ha ampliado hasta abarcar más de 130 puertos de entrada. A lo largo de los años, aduanas ha compartido la información de los dispositivos de los viajeros con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, con las policías locales y con el FBI para que realicen una investigación más profunda.

Los aduaneros entregan a los viajeros un documento impreso en el que se indica que los registros son “obligatorios”, pero el documento no menciona que los datos pueden conservarse durante 15 años y que miles de funcionarios tendrán acceso a ellos.

Los aduaneros tampoco están obligados a entregar el documento a los viajeros antes del registro, lo que significa que algunos viajeros pueden no entender completamente sus derechos a rechazar el registro hasta que entreguen sus teléfonos.

Aduanas no especifica qué tecnología utilizan para capturar los datos de los teléfonos y ordenadores portátiles, pero los documentos federales muestran que ha utilizado previamente herramientas forenses, fabricadas por empresas como Cellebrite y Grayshift, para acceder a los dispositivos y extraer su contenido.

Un aduanero que busque en el sistema sólo verá los datos telefónicos obtenidos en los puestos de control de su zona. Pero los funcionarios serán notificados de que se ha encontrado un resultado positivo en los datos de otra región, y podrán solicitar permiso para revisar esos datos. Aduanas no ha aclarado cuántas solicitudes de ese tipo han pedido, concedido o denegado.

Las prácticas aduaneras tienen ecos de un programa de la Agencia de Seguridad Nacional, revelado por primera vez en 2013 por Edward Snowden, que en su día capturó millones de registros telefónicos de estadounidenses como parte de una iniciativa de vigilancia dirigida a “presuntos terroristas”. Como los funcionarios podían rastrear y saltar los registros de un teléfono a otro, resultó que el sistema había expuesto los registros de millones de personas no sospechosas de ningún delito.

La Agencia de Seguridad Nacional canceló el programa en 2019, diciendo que algunos de los datos se habían recogido por error y que el sistema no había sido tan útil para rastrear a los terroristas o luchar contra el crimen.

—https://www.washingtonpost.com/technology/2022/09/15/government-surveillance-database-dhs

Aunque la propaganda siempre intenta desviar la atención hacia el gulag, o la República Democrática Alemana, o Corea del norte, nunca ha habido ningún país donde la represión política haya alcanzado las cotas de Estados Unidos.

El instrumento de vigilancia y control interno es el FBI, que siguió de cerca los pasos a Aretha Franklin durante muchos años, según documentos recientemente desclasificados. La reportera Jenn Dize está compartiendo detalles de los archivos del FBI sobre la “Reina del Soul”, que asocian a la cantante con “extremistas negros”.

“Hace años, pedí al FBI archivos sobre Aretha Franklin. Hoy he recibido los archivos”, escribe Dize. Los expedientes están incompletos pero muestran “repetidas y repugnantes sospechas sobre la famosa cantante negra, su trabajo y los militantes que la rodeaban”.

Aretha Franklin murió en su casa de Detroit, Michigan, en agosto de 2018. Tenía 76 años.

Dize está publicando en internet capturas de pantalla de varios documentos, entre ellos uno que, según ella, muestra que “cada movimiento de Franklin estaba cuidadosamente documentado” por el FBI.

El FBI documenta cuidadosamente cada uno de los pasos de Aretha Franklin. En un documento de 1971 los policías discuten los detalles de su contrato con la empresa discográfica Atlantic Records “por si acaso”.

Un informe fechado el 17 de enero de 1972 afirma que el FBI utilizó “un pretexto adecuado” para determinar quién había recibido una llamada telefónica de un miembro del Partido de las Panteras Negras. Según los policías, la llamada se había hecho a Franklin, descrita en el documento como una “conocida cantante y animadora negra”.

Del grupo de Sammy Davis Jr y Aretha Franklin, algunos han apoyado el concepto de poder negro militante. Sus actuaciones en el monumento a Martin Luther King proporcionó una chispa emocional “capaz de encender los disturbios raciales”.

Un documento de 1976 afirma que un “periódico comunista de la costa oeste” había publicado la noticia de que el Comité Nacional Unido para Liberar a Angela Davis había recaudado 38.000 dólares y que Aretha Franklin cantó en el evento.

Los suizos podrán ir a la cárcel si este invierno calientan la vivienda a 20 grados en lugar de a 19. Si el gas se agota durante la temporada de frío, el gobierno podría tomar medidas. En los edificios con calefacción de gas, la temperatura interior no debe superar los 19 grados, el agua caliente sólo puede calentarse a 60 grados y no se pueden utilizar radiadores o carpas de aire caliente. Las saunas y las piscinas tienen que permanecer apagadas.

Los que infrinjan las directrices del gobierno se arriesgan a una multa o incluso a la cárcel. En caso de infracción deliberada de las directrices, podría imponerse una pena de hasta tres años de prisión. Incluso en el caso de una infracción negligente de las medidas, es posible una multa de hasta 180 días.

Así lo establece la Ley Federal de Abastecimiento Económico, a la que el Departamento de Asuntos Económicos (DEF) se remite explícitamente en un documento oficial.

“Las infracciones de la ley de abastecimiento económico del país son siempre infracciones, y en algunos casos incluso delitos, y deben ser perseguidas de oficio por los cantones”, explica el portavoz de la DEF, Markus Spörndli. Por lo tanto, la ley no ofrece “ninguna base para las multas”.

Sin embargo, las sanciones pecuniarias no deben ser necesariamente más altas que las multas y pueden ser tratadas por la Fiscalía mediante una orden penal, explicó Spörndli. Por ejemplo, la tarifa diaria de las sanciones monetarias suele ser de un mínimo de 30 francos suizos y un máximo de 3.000 francos suizos. “El número de días de multa se determina en función de la infracción”, continúa el portavoz. Y el importe de la multa diaria depende de la situación personal y económica del infractor.

Los suizos no se podrán descuidar. Si ajustan mal el termostato, estarán mejor que su vecino que calentó deliberadamente su piscina a 25 grados. La sanción debería ser aún mayor para la empresa que supere deliberadamente los límites de consumo de gas. La Ordenanza de Cuotas también está sujeta a disposiciones penales.

¿Existe el riesgo de una caza de brujas para las personas que consumen demasiada energía? “No somos un Estado policial”, dijo el ministro de Economía, Guy Parmelin, en la rueda de prensa del Consejo Federal de esta mañana. “La policía no va a casa de todo el mundo, pero puede haber controles puntuales. Sí que hay directivas en otros ámbitos que no están permanentemente controlados”, añadió.

“Los proyectos de ordenanza se basan principalmente en que la gran mayoría de la población cumple las leyes”, ha subrayado Spörndli. Sin embargo, no excluyen los controles, sobre todo si un vecino descontento denuncia a otro, o si un vigilante de barrio es demasiado entusiasta. En estos casos, quien calienta a 20 grados en lugar de 19 puede esperar una multa. El portavoz de la DEF también lo confirma, al menos “si la infracción fue denunciada y controlada y pudo ser probada”.

—https://www.blick.ch/fr/news/suisse/en-cas-de-penurie-denergie-ceux-qui-chaufferont-trop-leur-maison-pourraient-risquer-la-prison-id17851103.html

Con sus imponentes casas de ladrillo rojo, sus cuidados jardines y su buzón rojo, Baskerville Road, en el distrito de Wandsworth, es un ejemplo clásico de las residencias familiares en las zonas más acomodadas de Londres.

Pero justo al lado de la casa de la esquina, que resulta ser la antigua casa del primer ministro de la época de la Primera Guerra Mundial, David Lloyd George, hay una nueva instalación que parecería más adecuada para el perímetro de una prisión de máxima seguridad o un campo de detención.

Se trata de una cámara de videovigilancia inquietantemente antropomórfica, con dos lentes que parecen ojos y otros dos rasgos indeterminados que hacen las veces de nariz y boca; y cuelga de un poste rodeado de pinchos para proteger el equipo de posibles ladrones o vándalos.

Dos de estos equipos de aspecto bastante siniestro -que parecen hacer las veces de farolas- se han instalado en Baskerville Road, donde las viviendas alcanzan los 10 millones de libras. Un cartel debajo de ellos dice que están ahí “para prevenir la delincuencia y promover la seguridad pública”. Esto sin duda tranquilizará a los vecinos de la calle.

Las extrañas cámaras blancas son sólo dos de los millones que se han instalado silenciosamente en toda Gran Bretaña en los últimos meses. Hay más cámaras de videovigilancia por persona en Londres que en Pekín. Los vecinos de la capital británica son la tercera población más vigilada del mundo.

Los ayuntamientos de Wandsworth y Richmond afirmaron a principios de este año que la tecnología de reconocimiento facial de las cámaras no está habilitada y que no se utilizará “por el momento”. Pero cuando el reconocimiento facial se convierta en la norma -la Policía Metropolitana ya lo está probando en las calles del centro de Londres- esto podría cambiar de la noche a la mañana.

Estos dispositivos no son más que las últimas incorporaciones a un sistema creciente de espionaje cada vez más intrusivo de la población británica. Están fabricados por Dahua, una empresa pública china, y equipadas con un programa de reconocimiento facial, aunque hay otros motivos de preocupación. Dahua ha padecido pirateos masivos de sus cámaras. La propia empresa admitió el año pasado que existe un “potencial muy alto” para otros incidentes de este tipo (1).

Más de la mitad de los 32 distritos de Londres utilizan sistemas de vigilancia creados por Dahua, el segundo mayor fabricante de equipos de vigilancia de China, o por Hikvision, el primer fabricante chino y el mayor proveedor de videovigilancia del mundo. El Ayuntamiento de Wandsworth y su vecino cercano, Richmond, firmaron un contrato de 1,3 millones de libras por cinco años con Dahua para adquirir 900 de estas cámaras de última generación en 2020.

Es uno de los mayores proyectos de vigilancia de Dahua fuera de China. El contrato incluye una sala de control, compartida por los dos ayuntamientos, a la que también tiene acceso la policía.

A diferencia de Reino Unido, Estados Unidos ha prohibido las cámaras de Dahua y Hikvision por la política de boicot hacia China. Hikvision está siendo eliminada de la red de vigilancia de la población de Londres, aunque será sustituida por otra empresa “de plena confianza” (2).

Hikvision es el mayor fabricante de equipos de videovigilancia del mundo. Está presente en más de 190 países, con sistemas de vigilancia policial hasta monitores para bebés. Fabricar productos de calidad a precios muy baratos.

Este año el Tesoro de Estados Unidos está considerando añadir a Hikvision a la lista negra de empresas sometidas a bloqueo, normalmente reservada para países como Corea del Norte o Irán.

La designación como SDN prohibiría a cualquier persona en cualquier parte del mundo hacer negocios con Hikvision, una sanción mucho más dura que la que sufre ahora la empresa china Huawei. Los países y las empresas se arriesgarían a ser añadidos a la misma lista si no cumplen.

(1) http://ipvm.com/reports/hack-dahua-recorders
(2) http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/lchr/pages/445/attachments/original/1623135934/Ban_Hikvision_from_London.pdf