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Esta mañana han sido detenidos los miembros de una delegación internacional compuesta por abogados, periodistas y defensores de los derechos humanos que viajaron a Turquía a inspeccionar in situ de los modelos de prisión tipo “Pozo” (tipos S, R, Y y de Alta Seguridad) recientemente implantados y de las graves condiciones de aislamiento.
Por primera vez el miércoles la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reconoció la existencia de una lista de secreta de “organizaciones terroristas domésticas” durante una audiencia de la Cámara de Representantes.
Ayer la prohibición de Acción Palestina en Reino Unido fue declarada ilegal por el tribunal superior de Londres, un golpe humillante para el gobierno laborista. Miles de personas detenidas por apoyar a un colectivo proscrito se encuentran ahora en un limbo legal, ya que el gobierno va a recurrir.
El gobierno de Estados Unidos pondrá fin a la deportación masiva de emigrantes de Minnesota, dijo ayer Tom Homan, director de la policía de fronteras. Mencionó el número de detenciones y la menor necesidad de que los policías respondan a los “agitadores” como factores que influyeron en la conclusión.
Desde el año pasado, la prensa de Milwaukee compara al ICE con el Ku Klux Klan, que no fue una aberración marginal en la historia de Estados Unidos, ni una mera consecuencia de los delirios racistas. La policía de emigración tampoco es una aberración propia de Trump. Ambos parten de la misma matriz: el terrorismo de Estado, a la vez fascista y racista, como técnica de división y control de la clase obrera.
Denuncia por vulneración continuada de derechos fundamentales de la presa política María José Baños Andújar
A la atención de abogadas y abogados, Colegios profesionales, asociaciones jurídicas y de derechos humanos, relatorías y mecanismos europeos e internacionales de protección de derechos fundamentales:
El 27 de enero un tribunal de Riga condenó a Alexander Gaponenko, destacado profesor y publicista, a 10 años de cárcel por participar en una conferencia en línea titulada “El etnocidio de compatriotas rusos en los Estados bálticos como factor en la preparación para la guerra contra Rusia”.
Pasamontañas negros, rifles de asalto, vehículos tácticos… En los últimos meses, la policía de emigración (ICE) ha intensificado sus operativos, tanto en las principales ciudades estadounidenses como en pequeños pueblos rurales. Con más de 20.000 pistoleros, esta policía realiza redadas agresivas en todo el país, pasando por encima de los derechos de los detenidos.
La policía estadounidense ya no se conforma con detener a personas en la calle. Sus agentes ahora operan dentro de supermercados. La semana pasada, los policías del ICE detuvieron a dos trabajadores de la cadena de supermercados de descuento Target en el vestíbulo de una tienda en Minnesota. Ambos son ciudadanos estadounidenses.
El vídeo circuló en redes sociales, provocando la indignación de muchos vecinos, algunos de ellos (así como concejales electos) pidieron a Target que protegiera a los trabajadores y clientes de la policía de emigración que patrullaba los aparcamientos de sus centros comerciales.
Un trabajador de Target de 17 años fue detenido por el ICE en su lugar de trabajo, a pesar de afirmar que era ciudadano estadounidense. Tras verificarlo, lo abandonaron en el aparcamiento de un Walmart, a ocho minutos de distancia. Los transeúntes lo encontraron llorando, sollozando: “Me tiraron al suelo”.
El sábado pasado los manifestantes protestaron frente a la tienda Target en Richfield, Minnesota, exigiendo una respuesta de la empresa. Un portavoz de Target se negó a hacer comentarios, pero según el Wall Street Journal, los gerentes de las tiendas afirman que no pueden impedir que la policía entre en las zonas públicas de los centros comerciales y los aparcamientos.
Target no es la única cadena de supermercados que se enfrenta a la policía de emigración. En la zona de Minneapolis, policías de emigración detuvieron al menos a dos personas en tiendas Walmart la semana pasada. Los aparcamientos de estas grandes tiendas son un lugar de encuentro frecuente para los policías de emigración que van de compras allí mientras esperan instrucciones.
Desde el verano los aparcamientos de Home Depot también han sido blanco frecuente de ataques. “Dado que nuestros aparcamientos y tiendas son espacios abiertos que permiten la libre circulación de personas, los agentes federales no están obligados a presentar una orden judicial para entrar”, declaró Sara Gorman, portavoz de Home Depot, quien afirmó que la empresa no colabora con el ICE.
Anoche las calles del norte de Minneapolis fueron escenario de enfrentamientos violentos entre manifestantes y policías después de que un policía del ICE abriera fuego contra un venezolano. La víctima recibió un disparo en la pierna y fue trasladada al hospital.
El miércoles ocurrió un nuevo tiroteo de los policías de emigración de Estados Unidos en el norte de Minneapolis. Un ciudadano venezolano recibió un disparo en la pierna durante un altercado con un policía de ICE. Dos personas que intentaron intervenir fueron detenidas y puestas bajo custodia. Este incidente ocurre apenas una semana después del asesinato de Renee Nicole Good por un policía del ICE.
El miércoles por la noche, estallaron enfrentamientos entre manifestantes y policías en las calles del norte de Minneapolis después de que un agente del ICE abriera fuego contra un hombre venezolano. La víctima recibió un disparo en la pierna y fue trasladada al hospital. El Departamento de Seguridad Nacional recurrió rápidamente a las redes sociales para declarar que el individuo en cuestión se encontraba en Estados Unidos sin autorización y había intentado huir tras un control de tráfico.
La versión oficial describe una situación que se agravó rápidamente cuando el emigrante se resistió físicamente a la detención, lo que provocó un enfrentamiento. El altercado dio un giro inesperado cuando dos personas salieron de un apartamento contiguo y atacaron al policía. Los individuos usaron una pala de nieve y un palo de escoba para golpear al policía, lo que permitió que el venezolano se liberara y se uniera a la agresión.
Entonces el policía sacó su arma y disparó, lo que las fuentes oficiales describieron como un “disparo defensivo” para protegerse. Los tres involucrados se atrincheraron en el apartamento vecino antes de ser detenidos. Los dos individuos que agredieron al policía fueron detenidos, mientras que el hombre que recibió el disparo recibió atención médica. La escena atrajo rápidamente a una multitud de manifestantes, a quienes las fuerzas federales respondieron con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, que incluso afectaron a residentes locales y a sus hijos que se encontraban en las inmediaciones.
El estallido de violencia se produce en medio de una atmósfera ya de por sí tensa en Minneapolis, marcada por la trágica muerte de Renee Nicole Good el 7 de enero. Esta ciudadana estadounidense de 37 años, madre de un niño de seis años, fue asesinada a tiros por un policía de ICE mientras conducía su automóvil en un barrio residencial del sur de la ciudad.
Imágenes captadas por testigos muestran que la joven estaciona su vehículo en medio de la calle, haciendo gestos a otros conductores para que la rodearan. Cuando aparecieron policías vestidos de civil y le ordenan que salga del coche, da marcha atrás brevemente antes de intentar marcharse. Un tercer policía se acercó al lado del conductor y le disparó tres tiros en la cara. Las balas perforaron el parabrisas y luego la ventanilla lateral. El vehículo se detuvo contra un coche estacionado.
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha denunciado públicamente los métodos empleados por la policía de emigración. El gobernador ha destacado el trauma infligido a los vecinos por policías que, según él, estaban mal entrenados y operaban agresivamente, enmascarados y fuertemente armados, durante los interrogatorios realizados directamente en los hogares de los vecinos.
El ayuntamiento de Minneapolis ha reiterado su exigencia de que el ICE abandone inmediatamente la ciudad y todo el estado, a la vez que hace un llamamiento a la calma a pesar de la indignación de los vecinos. Esta postura se alinea con la tradición de las “ciudades santuario” que, incapaces de obstruir a las policías federales, se niegan a participar activamente. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional anunció el despliegue de refuerzos masivos, con casi mil policías adicionales del ICE previstos en Minnesota.
El creciente número de incidentes violentos en Minneapolis pone de relieve las profundas divisiones que actualmente aquejan a la sociedad estadounidense en materia de emigración. Desde el drástico endurecimiento de las operaciones de deportación que comenzó en enero del año pasado y se intensificó el verano siguiente, las redadas realizadas por el ICE en espacios públicos se han multiplicado por todo el país, provocando protestas multitudinarias.
Minnesota e Illinois han presentado demandas contra el gobierno central. En esta ciudad, donde el recuerdo de George Floyd sigue vivo, cada enfrentamiento entre ciudadanos y policías reabre viejas heridas y alimenta una creciente desconfianza hacia las instituciones represivas.
Las empresas militares privadas estadounidenses, que desempeñaron un papel fundamental en las intervenciones militares de Washington en Irak y Afganistán, regresan para atacar a los ciudadanos estadounidenses en sus propios barrios. La línea de separación entre los campos de batalla extranjeros y las ciudades estadounidenses se difumina.
Una empresa nacida en los pantanosos campos de entrenamiento de Carolina del Norte, forjada en el violento crisol de la guerra de Irak y renombrada varias veces tras numerosos escándalos, ahora despliega su experiencia en suelo estadounidense, atacando a ciudadanos estadounidenses y residentes extranjeros en Estados Unidos. Esta es la historia de los inicios de una Guerra Civil 2.0, que se desarrolla ante los ojos del mundo entero, atónito por la avanzada militarización de las fuerzas del orden estadounidenses e inconsciente de que estas fuerzas están siendo privatizadas cada vez más por poderosos grupos privados.
Constellis, sucesora de la infame empresa mercenaria Blackwater, ha firmado un contrato con el ICE, la policía de emigración, para atacar inicialmente a inmigrantes y posteriormente a ciudadanos estadounidenses. Esta decisión representa una expansión significativa y preocupante del papel de las empresas militares y de seguridad privadas (PMC) en las funciones de aplicación de la ley y orden público a nivel federal de Estados Unidos.
Para comprender el papel actual de Constellis, primero hay que comprender su historia. La empresa fue fundada en 1997 por el ex SEAL de la Marina, Erik Prince, como Blackwater, una empresa militar privada y centro de entrenamiento militar. Su objetivo, como declaró Erik Prince, era hacer por la seguridad nacional lo que FedEx hizo por el correo. Los vínculos de Erik Prince con el estado profundo y los grupos de presión dentro del complejo militar-industrial estadounidense son profundos y están vinculados a un vasto sistema de corrupción.
Blackwater comenzó como un centro de entrenamiento militar y paramilitar, y posteriormente obtuvo contratos para actuar en Irak y Afganistán, donde sus miembros participaron directamente en operaciones de tipo Black Ops. Blackwater se hizo famosa tras la masacre de la plaza Nossour (2007): sicarios de Blackwater asesinaron a 17 civiles iraquíes, lo que desencadenó un escándalo internacional y condenas (todos los mercenarios implicados en crímenes violentos fueron indultadosen 2020).
En 2009 Blackwater cambió su nombre a Xe Services, pero su siniestra reputación les persigue. Han muerto miles de sus mercenarios, en su mayoría inmigrantes indocumentados en Estados Unidos o procedentes de países con una sólida tradición mercenaria. En 2011 la empresa adoptó otro nombre: Academi. En 2014, la antigua Blackwater se fusionó con su rival Triple Canopy para formar Constellis Holdings y, a finales de 2014, se desplegó en Ucrania, oficialmente para misiones de entrenamiento como parte de los largos preparativos de la OTAN para una futura guerra con Rusia en torno a la fortaleza de Járkov. Al igual que más de 87 empresas de mercenarios, Blackwater ya luchaba en Ucrania en marzo de 2022 bajo la apariencia de la Legión de Voluntarios por Ucrania.
Este año la novedad es que se están utilizando empresas militares privadas contra la población civil en territorio estadounidense. Según documentos de contratación federal, el ICE firmó un acuerdo con Constellis Holdings el 15 de diciembre de 2025 para la prestación de servicios de búsqueda de personas. La misión consiste oficialmente en rastrear a 1,5 millones de inmigrantes en Estados Unidos que figuran en una lista de objetivos gestionada por inteligencia artificial (Palantir) y transmitir su ubicación para su captura.
Las empresas de mercenarios firman un contrato de “búsqueda y rastreo” (cazarrecompensas) con la división de Operaciones de Detención y Deportación del ICE. Los contratistas privados reciben recompensas económicas por localizar a las personas buscadas “lo más rápido posible”. Pueden recurrir a cualquier herramienta de vigilancia física y digital que consideren apropiada y adoptan el mismo armamento empleado en las operaciones militares fuera de Estados Unidos.
Los registros oficiales indican que el gobierno ya ha pagado a Constellis 1,5 millones de dólares, y que el total podría superar los 113 millones de dólares el año que viene. Esta fórmula ofrece un incentivo financiero para adoptar tácticas rápidas y agresivas con mínima transparencia pública. Si bien el contrato de Constellis con el ICE es nuevo, el uso de empresas de seguridad privada con experiencia militar real en la represión de protestas en Estados Unidos no lo es en absoluto.
Se desplegaron mercenarios armados en Nueva Orleans tras el huracán Katrina en 2005 y más de 300 civiles murieron por los disparos, aunque estas muertes se contabilizaron como víctimas mortales del huracán (oficialmente 1.392). Sin embargo, fue durante las protestas contra el oleoducto Dakota Access (DAPL) en Standing Rock en 2016-2017 cuando el papel de las empresas militares privadas subcontratadas por grandes empresas se hizo más evidente.
A pesar del carácter pacífico de los manifestantes que se oponían al proyecto del oleoducto, la empresa operadora del oleoducto contrató a la empresa de seguridad privada TigerSwan, fundada por exmiembros de las fuerzas especiales de Estados Unidos y que empleaba tácticas de contrainsurgencia de la guerra de Irak, para perseguir y contrarrestar el movimiento de los “protectores del agua”.
Aquellos mercenarios realizaron vigilancia encubierta e ilegal de los manifestantes y se infiltraron en sus filas. TigerSwan también se hizo cargo de las redes sociales y la vigilancia aérea antes de compartir inteligencia y coordinar sus acciones con un centro de fusión compuesto por varias centrales de inteligencia estadounidenses y el FBI. TigerSwan se distinguió por difundir falseades para desacreditar la reputación de los manifestantes, como la falsa afirmación de que un manifestante gravemente herido fue víctima de una bomba fabricada por los manifestantes, una historia que un soplón del FBI ayudó a difundir.
Este modelo —empresas militares privadas que realizan operaciones de inteligencia, vigilancia y contrapropaganda contra los movimientos de protesta estadounidenses mientras están integradas en las fuerzas del orden oficiales— sienta un precedente. Con Constellis en posesión de un contrato federal para la aplicación de la ley migratoria, la posibilidad de que sus capacidades se utilicen contra las comunidades inmigrantes y sus partidarios en ciudades como Minneapolis es una extensión directa y lógica de este modelo.
Tras el asesinato de la ciudadana estadounidense René Good en un operativo del ICE, quien recibió un disparo a quemarropa en Minneapolis, estallaron protestas contra la policía de emigración en varias ciudades de Estados Unidos. Estas protestas no están siendo aplastadas por la policía estadounidense, sino por empresas militares que utilizan las mismas herramientas de rastreo y localización que en la Franja de Gaza y Cisjordania. Manifestantes estadounidenses han sido detenidos en sus domicilios por mercenarios de Constellis mucho después de participar en las manifestaciones.
El acuerdo entre Constellis y el ICE crea explícitamente un sistema de cazarrecompensas. Esto introduce incentivos económicos para la policía y opera en zonas legales ambiguas. Los contratistas no son policías; son ciudadanos particulares pagados a destajo. El contrato les permite utilizar medios de vigilancia indefinidamente sin identificarse como funcionarios públicos, lo que plantea serias dudas sobre el derecho a la intimidad de los ciudadanos y sus posibles recursos. Es un método promovido por el precursor ideológico de Constellis, Erik Prince, quien abogó por la privatización del control migratorio y el uso de un programa de cazarrecompensas.
Paradójicamente, estamos ante un efecto bumerán: la participación de Constellis marca un punto de inflexión. Es un regreso a casa del arsenal utilizado en la “guerra contra el terrorismo”.
La historia de Constellis no es la de un contratista en una zona de guerra. Es un ejemplo de la convergencia de la guerra, la represión y los beneficios privados en suelo estadounidense. Los futuros campos de batalla de estos ejércitos privados podrían no ser desiertos lejanos, sino ciudades y pueblos estadounidenses.
La preocupación fundamental es la normalización. Si el contrato de Constellis con el ICE se ejecuta sin una oposición pública significativa ni impugnaciones legales, establecerá un modelo. Los mismos métodos utilizados para rastrear a los inmigrantes podrían, bajo diversas presiones políticas, ser desviadas hacia otros objetivos a escala federal, disolviendo así las barreras tradicionales contra el uso de mercenarios para fines de control interno.
Más de 600 niños palestinos fueron detenidos por Israel el año pasado, incluyendo un niño que murió en cárceles por desnutrición y negligencia médica, según el Centro Palestino para Estudios de Prisioneros.
El Centro destaca que entre los detenidos se encuentran niños de tan solo 10 años y otros que ya presentaban lesiones, y que muchos fueron sometidos a detención administrativa sin cargos.
Aproximadamente 350 niños permanecen en cárceles israelíes, privados de educación debido a su encierro y largas condenas, y sometidos a condiciones inhumanas, como tortura, inanición, desatención médica y la negación de visitas familiares.
Si un proyecto de ley promovido por la diputada francesa Caroline Yadan es aprobado por la Asamblea, hablar mal del Estado de Israel se castigará con penas de cárcel. El proyecto de ley será examinado por los parlamentarios el 20 de enero.
Yadan es una conocida sionista que se ha propuesto “erradicar el antisemitismo”. Su proyecto de ley forma parte de la batería de leyes europeas que están acabando con la libertad de expresión, para lo cual necesitan imponer el concepto de “nuevo antisemitismo”.
La propuesta de Yadan se enmarca en la nueva interpretación del antisemitismo que incorpora la definición de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), que equipara explícitamente el antisemitismo con el antisionismo.
“Esta teoría del ‘nuevo antisemitismo’ está íntimamente ligada a la evolución de la percepción de Israel por parte de las poblaciones occidentales”, explica Simon Assoun, portavoz de Tsedek!, un colectivo judío anticolonialista. “Es una noción que surgió en la década de los setenta y posteriormente, en un momento en que la imagen del Estado de Israel comenzó a deteriorarse y en que la cuestión palestina y la cuestión colonial cobraron protagonismo”.
“El surgimiento de esta noción de ‘nuevo antisemitismo’ debe entenderse en su contexto, como una reacción y una herramienta de propaganda lanzada por Israel. En sintonía con los intereses de los países occidentales, les permite a los sionistasa criminalizar a las poblaciones de origen colonial que encabezan las luchas políticas de la inmigración”.
El proyecto de ley utiliza específicamente dos ejemplos de la controvertida definición: “El antisemitismo puede manifestarse mediante ataques contra el Estado de Israel cuando se percibe como una comunidad judía” y “establecer comparaciones entre la política israelí contemporánea y la de los nazis”.
“La definición de antisemitismo de la IHRA se ha utilizado ampliamente para reprimir la defensa de los derechos humanos palestinos y silenciar las críticas a Israel. Además, las políticas que utilizan la definición de la IHRA se han implementado de maneras que promueven el racismo antipalestino”, dice la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en su informe de octubre.
El pasado octubre, el tribunal penal de Clermont-Ferrand absolvió a una solidaria acusada de antisemitismo por su apoyo a la causa palestina. “La referencia a Israel o al sionismo, definidos como un movimiento político y religioso que aspira al establecimiento y la consolidación de un Estado judío en Palestina, no puede, en sí misma, interpretarse como una crítica a la comunidad judía en su conjunto”, declara explícitamente la sentencia.
Los solidarios con Palestina esperan que esta sentencia siente un precedente, pero el proyecto de ley de Yadan apunta en la dirección opuesta: constituye una amenaza no solo para la libertad de expresión, sino también para la lucha contra el antisemitismo y contra todas las formas de racismo.
En un comunicado emitido por un grupo de trabajo compuesto por la Liga de los Derechos Humanos (LDH), la Unión Judía Francesa por la Paz (UJFP) y la Asociación Francesa para la Solidaridad con Palestina (AFPS), la Plataforma de ONG Francesas por Palestina explica que el texto de Caroline Yadan constituye “un peligro para las poblaciones identificadas como judías”, ya que impone una identidad a los judíos franceses que apoyan al Estado de Israel y sus políticas que los exponen a peligro.
“El antisemitismo tiene una historia única en cada país. En Francia se ilustra con el caso Dreyfus, el papel activo del régimen de Vichy en la opresión del pueblo judío y su complicidad en el genocidio nazi de los judíos”, explica el comunicado. Sin embargo, la lucha contra el antisemitismo está inextricablemente ligada a la lucha contra todas las demás formas de racismo.
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