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La falsificación de los certificados de defunción para inflar el alcance de la pandemia

Es algo nunca visto antes. Son muchos los gobiernos del mundo que están cambiando sobre la marcha, de manera apresurada incluso, los recuentos de mortalidad con el fin de inflar el alcance de la pandemia. Es una falsificación en toda regla de los registros oficiales.

En Estados Unidos, el 3 de abril una orden del Servicio de Estadística de los CDC dice: “Es importante señalar que la enfermedad del coronavirus 19, o Covid-19, debe notificarse para todas las muertes en las que la enfermedad haya causado o se sospeche que haya causado o contribuido a la muerte” (1).

Pero eso no es todo. La orden añade también que “en los casos en que no se pueda hacer un diagnóstico definitivo de Covid-19, pero se sospeche o sea probable (por ejemplo, porque las circunstancias sean convincentes con un grado razonable de certeza), es aceptable declarar Covid-19 en un certificado de defunción como ‘probable’ o ‘presunto’. En esos casos, los funcionarios certificantes deben utilizar su mejor juicio clínico para determinar si la infección por Covid-19 era probable”.

Más claro, agua: para inflar las cifras de pandemia, Estados Unidos ha incluido las sospechas de coronavirus como causas efectivas del fallecimiento de un enfermo.

La sanidad británica está haciendo lo mismo. El HSC de Irlanda del norte publica boletines semanales de vigilancia epidemiológica en los que define como “muerte por Covid-19” a los que mueran dentro de los 28 días siguientes al primer resultado positivo, independientemente de que haya sido o no la causa de la muerte (2).

La Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) del NHS de Inglaterra también publica semanalmente informes nacionales de mortalidad. El informe correspondiente a la semana 12 (del 14 al 20 de marzo) hace mención especial al cambio en la forma de contabilizar las cifras en el futuro (3).

El truco consiste en incluir cifras “provisionales” que se podrán ajustar en fechas futuras según las necesidades..

Hasta ahora la ONS ha informado de las estadísticas sobre el coronavirus recogidas por el Departamento de Salud y Bienestar Social, que sólo registraba como coronavirus las muertes de aquellos fallecidos en el hospital que dieron positivo en los tests.

Pero de ahora en adelante también incluirá en sus estadísticas las muertes por coronavirus “en la comunidad”, lo que incluye a las personas que no han sido diagnosticadas de coronavirus, pero sobre las cuales se sospecha que hayan podido tenerlo o que haya sido un “factor coadyuvante” en el fallecimiento.

Las directrices oficiales del NHS dirigidas a los médicos que cumplimentan los certificados de defunción son deliberadamente imprecisas: “Si antes de la muerte el paciente tenía síntomas típicos de la infección por Covid-19, pero no se recibió el resultado de la prueba, es correcto indicar ‘Covid-19’ como causa de la muerte, y luego informar del resultado de la prueba cuando esté disponible. En ausencia de muestras, basta con aplicar el juicio clínico”.

Son las consecuencias de la burocratización de la sanidad: una decisión política habilita a los médicos para indicar al coronavirus como causa de la muerte cuando no hay literalmente ningún indicio de que el fallecido tuviera siquiera el coronavirus.

Por lo tanto, en Inglaterra hay un buen número de muertes imputadas al coronavirus sin coronavirus.

Si todo eso conduce a cometer “errores”, no se podrán corregir jamás porque así lo imponen órdenes políticas que nada tienen que ver ni con la sanidad ni con la ciencia.

Veamos algo sobre lo que en España llamamos “enfermedades de declaración obligatoria”, en la que se incluye el coronavirus. En Inglaterra cuando una muerte se atribuye a una de esas enfermedades, el médico forense debe hacer la autopsia para confirmar que el diagnóstico es correcto (4).

Pues bien, también esa norma se va a modificar para sostener la patraña. El nuevo proyecto de ley sobre coronavirus modifica específicamente una ley de 2009 (5) para sacar a las muertes por coronavirus de una investigación con jurado (6). Es más, dicho proyecto de ley eximirá a las muertes por coronavirus de ser sometidas a una revisión médico forense.

Por si no fuera bastante este chanchullo, los médicos pueden certificar la causa de la muerte de un cadáver que nunca han analizado: “Todo médico autorizado puede firmar un CMCD [certificado de defunción] aunque el fallecido no haya sido tratado durante su última enfermedad y no haya sido visto después de la muerte, siempre que pueda establecer la causa de la muerte según su leal saber y entender” (7).

En la jerga jurídica, el “leal saber y entender” es sinónimo de “a ojo de buen cubero”, que es lo más opuesto que uno puede encontrar a la ciencia.

El truco ha causado sorpresa incluso en medio como la BBC, que la semana pasada le dedicó un artículo:

“Las cifras de mortalidad que se comunican diariamente son casos de hospitalización en los que una persona muere a causa de una infección de coronavirus en su cuerpo porque es una enfermedad de declaración obligatoria.


“Pero lo que los números no nos dicen es hasta qué punto el virus causó la muerte.


“Puede ser la causa principal, un factor contribuyente, o simplemente presente cuando la persona muere de otra cosa”.

La falsificación no es una hipótesis sino que ya ha ocurrido con un caso muy mencionado en la prensa británica porque se trataba de la “víctima más joven del coronavirus”, un adolescente de 18 años de Coventry que dio positivo el día antes de morir. No obstante, el hospital emitió una declaración diciendo que su muerte se debió a un problema de salud “significativo” que no tenía nada que ver con el virus (9).

Como el morbo estaba servido, todos se olvidaron de la declaración del hospital. Según la nueva normativa jurídica, aunque el hospital declare oficialmente que el coronavirus no fue la causa de su muerte, el joven está incluido en las estadísticas de muertes por dicho motivo.

El fraude está legalizado y las nuevas normas jurídicas han puesto a la ciencia de rodillas.

(1) https://www.cdc.gov/nchs/data/nvss/coronavirus/Alert-1-Guidance-for-Certifying-COVID-19-Deaths.pdf
(2) https://www.hiddensyria.com/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Survellance-Bulletin-02.04.20.pdf
(3) https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/deathsregisteredweeklyinenglandandwalesprovisional/weekending20march2020
(4) https://en.wikipedia.org/wiki/Notifiable_diseases_in_the_United_Kingdom
(5) http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2009/25/section/7
(6) http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/7/section/30#section-30-1
(7) https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2020/03/Chief-Coroners-Office-Summary-of-the-Coronavirus-Act-2020-30.03.20.pdf
(8) https://www.bbc.co.uk/news/health-51979654
(9) https://www.dailymail.co.uk/news/article-8171223/Britains-young-coronavirus-victims-Teen-18-youngest-casualty-RSPCA-worker-26-dies.html

Durante décadas el coronavirus se ha propagado entre los seres humanos y nadie cayó enfermo nunca

Típica imagen falsa de un virus de colorines
La pregunta sobre “origen” del coronavirus carece de significado científico y conduce, además, a emprender tareas igualmente absurdas, como el “paciente cero”, el “foco” y el “contagio” o expansión del mismo.

Si un virus se expande, como dicen, reeditamos el mito bíblico de Adán y Eva, el Génesis, y vamos a otro mito, el del “paciente cero” que no se pudo “contagiar” de nadie, por lo que hay que empezar a partir de un animal, lo cual es un fenómeno médico extraordinario que a lo largo de las últimas pandemias se esfuerzan en presentarnos como “normal”.

Esta mañana el periódico South China Morning Post ha vuelto a abordar este asunto en un reportaje, que a pesar de sus muchas limitaciones, es interesante reproducir porque rompe el mito que han difundido durante esta pandemia, a saber, que el coronavirus es nuevo y nos ha pillado por sorpresa, por lo que carecemos de “defensas” frente a él (a diferencia del virus de la gripe).

Apoyándose en un artículo publicado en la revista científica “Nature Medicine” el 17 de marzo, el periódico afirma que el virus “saltó” de los animales a los humanos mucho antes de que se detectara el primer caso en Wuhan. Además, un artículo de Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, les permite añadir que el virus no se ha creado en un laboratorio.

Claro que Collins, un funcionario de la Casa Blanca, no es un fuente fiable para hacer una afirmación de esa naturaleza.

Si el coronavirus se ha estado propagado entre los seres humanos durante décadas, la pregunta es por qué entonces no causó ningún tipo de enfermedad, sino tampoco ningún síntoma médico, es decir, por qué se propagó “silenciosamente”, como dice el periódico.

La explicación de los científicos que acoge el periódico es otro tópico: porque contiene una mutación única que no se encontró en los animales anfitriones sospechosos, pero que “probablemente apareció durante infecciones repetidas en pequeños grupos en los seres humanos”.

Esta explicación es un circunloquio que conduce de un mito (“pacientes asintomáticos”, o sea, sanos a los que se pretende hacer pasar por enfermos), a otro: el de las mutaciones virales, las famosas “cepas” o variedades diferentes de un mismo virus.

Pero si un virus es capaz de mutar, entonces nos vamos a la madre del cordero de la virología: ¿son seres vivos los virus?, ¿cómo mutan y por qué?

Cuando a falta de hechos probados, se sustituye una hipótesis por otra, la cadena argumental se transforma en magia, como le ocurre a Collins, para quien el coronavirus pasó de los animales a los humanos “antes de que pudiera enfermar a la gente”. Con el transcurso del tiempo, un virus que no causaba ninguna enfermedad, se convirtió en mortífero, aunque sepamos ni cómo ni por qué.

Según Collins los virus “evolucionan” exactamente igual que cualquier otro ser vivo. “A través de cambios evolutivos graduales a lo largo de años o quizás décadas, el virus finalmente adquirió la capacidad de propagarse de un humano a otro causando una enfermedad grave, a menudo mortal”, dijo en un artículo publicado el jueves pasado en la página oficial de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

https://www.scmp.com/news/china/science/article/3077442/coronavirus-pathogen-could-have-been-spreading-humans-decades

Superproducción + caídas de precios = deflación (el peor escenario que cabía imaginar)

La crisis económica está provocando una caída de los precios a escala mundial. A pesar de que la histeria colectiva ha vaciado algunos supermercados, elevando los precios, la perspectiva es la contraria, deflación, es decir, superproducción y caída de los precios.

La caída del precio del petróleo y de las materias primas es premonitoria. La cotización del petróleo ha caído en el último mes un 52 por ciento, el platino un 39 por ciento, la plata un 34 por ciento, el algodón un 21 por ciento, el azúcar un 20 por ciento, el cobre un 16 por ciento…

Tras décadas acostumbrados a presiones inflacionistas, resulta chocante comprobar que la parálisis económica va a provocar uno de los pocos episodios mundiales de deflación que se recuerdan. De hecho, la última vez que los precios cayeron en todo el mundo de forma generalizada fue durante la Gran Depresión que se produjo en 1929.

Desde entonces, varios países han sufrido episodios de deflación, como la que experimentaron las principales economías asiáticas a finales del siglo pasado o la que sufrieron Irlanda y Japón durante la pasada crisis económica, en la que los principales países desarrollados consiguieron evitar mayoritariamente el desplome de la inflación.

El capitalismo no podrá evitar la deflación este mismo año. El índice de precios de consumo caerá por debajo de su nivel de hace un año, lo que supondrá el primer periodo de deflación en décadas.

Los precios están cayendo de forma generalizada, tanto por países como por categorías de gasto, con depreciaciones tanto en combustibles como en reservas hoteleras y comida para llevar.

Si continúa esta tendencia, será cada vez más difícil que los países más endeudados, como Italia, Japón o España, puedan pagar sus cuantiosas deudas, por lo que tendrán que venir los rescates o el abandono de la Unión Europea.

Además, la deflación puede provocar reducciones de salarios, la paralización de la inversión empresarial y una caída del consumo, que a su vez podrían resultar en la quiebra o cierre de miles de empresas y el consiguiente repunte del paro.

Las principales economías mundiales ya entraron en la crisis con su inflación por los suelos. En China los precios cayeron un 0,4 por ciento en febrero, en Reino Unido llevan 2 meses consecutivos a la baja y en España el IPC se ha reducido 3 décimas en marzo respecto al mes anterior.

Caen por los suelos las previsiones del gobierno israelí sobre la epidemia de coronavirus

El ritmo de propagación del coronavirus en Israel ha disminuido, según un informe preparado esta misma semana por un equipo de 30 expertos nombrados por el Consejo de Seguridad Nacional para analizar el brote.

Según los documentos que publica TheMarker, el número diario de personas con coronavirus en Israel disminuyó en un 33 por ciento desde un máximo el 26 de marzo.


La tasa diaria de “infección” se redujo de 1,25 a 1,15 por paciente, lo que significa que el número de “personas infectadas” se duplica cada cinco en lugar de cada tres días.

Como venimos repitiendo, el equipo admite que los datos podrían estar sesgados según el número de pruebas realizadas, entre otras cosas porque, de manera absurda, el gobierno de Tel Aviv no realiza pruebas a la población árabe, sino sólo a los judíos.

No obstante, el informe confirma sus previsiones utilizando otro tipo de cifras “más fiables”. El número de nuevos casos en estado serio y el número de muertes predicen que será de 100 por día, muy por debajo de los 270 que han estado pronosticando hasta ahora.

Las medidas de emergencia del gobierno israelí se basaban en una previsión de más de 1.100 nuevos casos confirmados cada día. Esta semana, el número diario real de nuevos pacientes confirmados fue entre 500 y 700.

Incluso con una tasa de infección tan baja, 1,2 personas por paciente, el modelo original predijo 22.000 pacientes con coronavirus en estado crítico y 8.600 muertes al final de el brote. Una alta tasa de infección, dos personas por paciente, elevaría el número de casos críticos a 54.000 y el número de muertes a 21.600.

No es ninguna sorpresa que las previsiones se desinflen. Según el escenario más pesimista del nuevo informe, en los dos años que llevaría desarrollar una vacuna, “enfermarían“ 100 personas al día. Incluso entonces, el número de pacientes sería pequeño en comparación con el tamaño de la población de Israel: “Menos de 100.000 personas infectadas y menos de 1.000 muertes al final del período”.

https://www.haaretz.com/israel-news/coronavirus-in-israel-38-dead-ultra-orthodox-city-under-closure-1.8737999

Los exámenes clínicos de los fallecidos por causas imputadas al coronavirus en Hamburgo reducen a la mitad el número de muertes

En otras entradas hemos aportado estadísticas del Centro Europeo de Vigilancia de los Excesos de Mortalidad para la Acción Sanitaria (EuroMomo), una asociación internacional de organismos de 24 países europeos.

Cada semana EuroMomo recopila estadísticas para preparar las emergencias de salud pública de los Estados que forman parte de la asociación (1).

Como su propio nombre indica, hacen un seguimiento del “exceso de mortalidad”, es decir, del número de muertes registradas oficialmente en comparación con la tasa media de mortalidad.

Podríamos seguir aportando más cifras de EuroMomo, que siguen indicando una letalidad inferior este año de pandemia con respecto a los anteriores. Sin embargo, las páginas europeas realmente alternativas nos advierten que dichas cifras tampoco son correctas, por lo que ellos han dejado de publicarlas.

Por lo tanto, advertimos que se tomen con mucha precaución dichas referencias, tanto las pasadas como las que se puedan aportar en el futuro, por más que no podamos imputar a EroMomo un intento de engañar. Simplemente a fecha de hoy las cifras no se conocen. Es muy posible que tampoco se puedan conocer fehacientemente en el futuro y, en todo caso, van a engendrar muchas polémicas y una enorme confusión.

El mejor ejemplo de los problemas estadísticos es Hamburgo, donde la oficina de salud ha encargado a los forenses que examinen las muertes de personas que hayan dado positivo en las pruebas de coronavirus porque los certificados médicos no son fiables (2).

El resultado es el que esperábamos: el número de muertes se ha reducido casi a la mitad en comparación con las cifras oficiales del Instituto Robert Koch. En otras palabras: el número de muertos depende de la manera de hacer el recuento.

El miércoles el Instituto contaba 14 muertos en Hamburgo, mientras el Ayuntamiento sólo reconocía 8.

Los expertos del Instituto Robert Koch han quedado en evidencia, no sólo por el recuento sino porque Hamburgo y su puerto son el Wuhan alemán, el “foco infeccioso”.

El motivo es el que ya hemos explicado en otras entradas: el Instituto cuenta todos los muertos en los que aparece el coronavirus, mientras el Ayuntamiento sólo cuenta los casos en los que las personas murieron como consecuencia suya.

La diferencia es sutil. El Instituto no reconoce que las muertes que está contabilizando en sus bases de datos se deban a un coronavirus sino que están “relacionadas con la enfermedad de Covid-19”. El jefe del RKI, Lothar Wieler, fue aún más claro en una rueda de prensa: “En nuestro país, una muerte por coronavirus es una persona en la que se ha probado una infección por coronavirus”.

El Ministerio de Salud de Schleswig-Holstein admitió abiertamente esta semana: “Todavía no se sabe si los nueve fallecidos hasta ahora también habían enfermado de Covid-19 o si habían mostrado síntomas. Todos habían sufrido de condiciones preexistentes”.

El Ayuntamiento de Hamburgo está presionando al gobierno de Merkel para que el método de recuento se revise a escala federal.

(1) https://www.euromomo.eu/outputs/number.html
(2) https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_87636856/coronavirus-hamburg-will-nur-echte-covid-19-tote-zaehlen.html

El ferrocarril en manos del estado, herramienta de liberación

Darío Herchhoren

La historia del ferrocarril en Argentina está perfectamente plasmada en el libro «Historia de los Ferrocarriles Argentinos» de Raúl Scalabrini Ortz, que era un patriota que estudió como se construyeron y como el imperio inglés se apoderó de los mismos y amplios territorios a ambos lados de las vías. El primer ferrocarril en Argentina fue tendido en  la ciudad de Buenos Aires y salía de la estación del parque en los terrenos que hoy ocupa el Teatro Colón, y llegaba a la estación Vélez Sarsfield,.  a unos 15 kilómetros de su salida.

Sus propietarios fueron argentinos que compraron coches de pasajeros nuevos hechos en el país, aunque la locomotora era de segunda mano, y fue bautizada como La Porteña, y se guarda en el Museo Histórico Nacional en la ciudad de Luján.

Como tuvo un enorme éxito se pensó inmediatamente en ampliar su recorrido llegando a la estación de Liniers, que estaba a dos kilómetros de los que era el matadero, donde se sacrificaban unos 4000 vacunos diarios. Al principio solo transportaba pasajeros, pero poco a poco se utilizó para cargas.

Ante este éxito el gobierno cipayo de Bartolomé Mitre uno de los fundadores de la gran oligarquía criolla junto al General Julio Argentino Roca, otorgó concesiones para la construcción de otras lineas a la compañía inglesa Midland, sin pagar un centavo, pero además le regaló una franja de una legua a cada lado de la vía «para operaciones ferroviarias», según se decía en el decreto de concesión.

Es así como se comienza a cubrir el territorio nacional de vías férreas, primero con el Ferrocarril Oeste, que se llamó de Buenos Aires al Oeste, que estaba planificado para llegar a Santiago de Chile en el pacífico, luego con el Ferrocarril Midland, que partía del puerto de Buenos Aires, y llegaba a la provincia de Mendoza, junto a la cordillera andina, y de allí a Santiago de Chile, más tarde el Ferrocarril del Norte, que llegó al norte argentino y a la ciudad de La Paz en Bolivia, y finalmente el ferrocarril del noreste actual ferrocarril Urquiza que llegaba a la frontera con Brasil en la provincia argentina de Misiones. En total entre lo construido y lo planificado eran unos 100.000 kilómetros de vías férreas, que en principio sirvieron para vertebrar el país, pero cuya finalidad única era acercar al puerto de Buenos Aires, las mercancías que el imperio inglés necesitaba para su desarrollo capitalista. La confluencia del trazado en un solo punto habla a las claras de cuál era el motivo último de ese trazado.

La concesiones se dieron por 80 años, que vencían en 1949, y pasaban al estado argentino sin compensación alguna. Era obvio que al tener una fecha de caducidad, los concesionarios se ocuparon muy poco de modernizar y sustituir el material rodante, el sistema de señales, la automatización de los cambios de vías, y los talleres de reparación ferroviaria.

Los ferrocarriles británicos en Argentina se desgastaron por el uso, a lo que hay que agregar que las empresas ferroviarias inglesas amparándose primero en la primera guerra mundial, y luego en la segunda no invirtieron nada en su mantenimiento, siendo en muchos casos el estado argentino el que debía hacerse cargo de las reparaciones más urgentes.

Mientras tanto los troperos de carretas que eran los que transportaban las cargas más voluminosas, se vieron abocados a su casi desaparición ante la competencia ruinosa que les hacían las lineas de ferrocarril. Cada carreta transportaba unas 50 toneladas, lo mismo que un vagón de carga.

Pero había algo más que es necesario señalar: el ferrocarril inglés fijaba sus propias tarifas tanto de carga como de pasajeros, sin intervención alguna del estado argentino. Una bicoca.

Llegamos al año 1949, en que el gobierno de Juan Domingo Perón, nacionaliza los ferrocarriles, y para administrarlos se crea la empresa estatal EFEA (Empresa de los Ferrocarriles Argentinos), que debe renovar todo el parque rodante ferroviario y hacer un nuevo tendido de vias, ya que el original estaba en su mayor parte totalmente obsoleto.

Todo ello implicaba un enorme esfuerzo económico y técnico, y el gobierno de Perón se propuso poner los ferrocarriles argentinos al servicio de la Argentina, para lo cual compra rieles nuevos y nuevas locomotoras de vapor y diésel eléctricas, electrificando las líneas de cercanías. Todo el material nuevo provenía de la URSS, o de Hungría que proveyó las locomotoras Gantz capaces de arrastrar hasta 70 vagones de 50 toneladas cada uno.

La caída de Perón en 1955 significó el principio del fin de los ferrocarriles argentinos. Tanto los gobiernos militares como los constitucionales con el peronismo ilegalizado, se dedicaron a sabotear al ferrocarril, primero diciendo que era era antieconómico, segundo levantando ramales enteros incomunicando a grandes regiones del país, y desvertebrando al propio país.

¿Cuál era el motivo oculto de esa política? Era favorecer la instalación de fábricas de camiones y automóviles de las empresas multinacionales. Es así como Mercedes Benz, Scania Vabis, Mack, Fiat, se convierten rápidamente en las marcas que surcan las carreteras argentinas y ya no pasa el ferrocarril.

Este es sucintamente el resultado poner al estado al servicio del gran capital y contra el interés nacional. Recién el gobierno de Néstor Kirchner y el de Cristina Fernández, comienzan la tarea de reconstrucción del ferrocarril trazando nuevas lineas, y utilizando material rodante chino, que comienza a fabricarse en el país.

La crisis capitalista conducirá a España a un rescate dramático

La crisis capitalista amenaza la economía española con un rescate ante el desajuste de las cuentas del Estado, como la deuda, el déficit y la seguridad social. Sin la ayuda de la Unión Europea, la deuda pública -que según el dato del último trimestre de 2019 se sitúa en el 95,5 por ciento- se disparará hasta alcanzar el 140 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) para finales de este año, según el instituto europeo Bruegel, presidido por el expresidente del Banco Central europeo (BCE) Jean-Claude Trichet.

El hundimiento económico será mayor que el de la crisis financiera de 2008, que provocó una escalada de la deuda española que casi culmina con la intervención de la economía a finales de 2011, cuando la deuda llegó hasta el 69,5 por ciento del PIB. Ante esta situación, el frenazo del consumo, la mayor caída histórica del empleo y el aumento del gasto, la ayuda de la Unión Europea será fundamental para evitar la quiebra y la intervención de las cuentas.

Muy probablemente el aumento del déficit de este año será el más elevado registrado en un solo año en la historia moderna. España es el segundo país de la Unión Europea con un mayor déficit en sus cuentas durante los años 2009 y 2018, solo por detrás de Irlanda.

En este tiempo, España consolidó, de media, un desajuste en sus finanzas públicas del 6,93 por ciento del PIB, según los datos del Banco Mundial. Los países de su entorno no superan el 5,5 por ciento, que es el caso de Portugal. Además, España se ha desviado del objetivo de déficit marcado por Bruselas más de seis veces en estos años.

Para evitar su intervención, en 2012 Madrid tuvo que recurrir al Mecanismo de Estabilidad Europeo (Mede). Ahora, el Eurogrupo estudia de nuevo utilizar esta medida para lanzar ayudas a los países más afectados por la crisis, como España.

Sin embargo, el incumplimiento de la senda de déficit durante estos últimos años resta credibilidad a España para solicitar ahora apoyo económico y mutualización del riesgo de la deuda soberana, reservada para los países que han mantenido unas cuentas saneadas y el rigor presupuestario exigido y exigible, como es el caso de Alemania y Holanda.

El Mede no es suficiente, tal y como está dotado ahora, para hacer frente a las peticiones de los países europeos. En este momento, tiene unos recursos propios que ascienden a 410.000 millones de euros. España pretende conseguir un crédito en torno a los 200.000 millones de euros. De este modo, casi la mitad del mecanismo de estabilidad europeo tendría que destinarse a España.

El gasto público se ha disparado en las últimas tres semanas. Los costes de las medidas aprobadas por el Gobierno de España para paliar la crisis se acercan ya a los 20.000 millones de euros. Solo las primeras medidas supusieron unos costes de 17.427 millones de euros, el 1,4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).

El término ‘pandemia’ fue sinónimo de corrupción hasta hace muy poco tiempo

El 30 de enero la OMS (Organización Mundial de la Salud) declaró el coronavirus como una “emergencia de salud pública de interés internacional” y le llovieron las críticas y, sobre todo, las presiones políticas. Querían una pandemia ya; la necesitaban.

El portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic, tuvo que ponerse delante las cámaras para explicar por qué no se había declarado una pandemia. “No existe una categoría oficial [para declarar una pandemia] … La OMS no está utilizando el antiguo sistema de seis fases -que pasó de la fase 1 [sin informes de gripe animal que causara infecciones humanas] a la fase 6 [una pandemia] que algunas personas experimentaron a causa del H1N1 en 2009”.

La OMS no aguantó las presiones ni un mes y medio, hasta el 11 de marzo, cuando los pandemonios se salieron con la suya. Pero, además de las presiones, hay que retener dos datos fundamentales: el cambio de nombre del coronavirus por una nueva sopa de letras, abandonado términos gastados, como “gripe”, y la comparación con la pandemia de 2009.

Así, con 4.291 muertos en todo el mundo, empezó esta pandemia, un cifra ridícula que se infló añadiendo 118.000 “contagiados” o “infectados”, términos que no tienen ningún significado médico porque se trata de personas sanas (pero en este tipo de cambalaches hay que mezclar las churras con las merinas).

La anterior declaración política de pandemia en 2009 fue la “gripe porcina” o H1N1 en la sopa de letras de los virólogos. A diferencia de hoy, entonces el escándalo fue mayúsculo y la OMS ha tenido que esperar un tiempo para que todo se olvide convenientemente, incluso la espiral de corrupción trabada en torno a este tipo de declaraciones.

El término “pandemia” se convirtió en sinónimo de corrupción médica internacional y desapareció por un tiempo de la terminología. Por eso el 30 de enero la OMS habló de una “emergencia de salud pública de interés internacional”.

Son juegos malabares: discretamente la OMS quería cambiar la definición de “pandemia”. Ya no era necesario que una enfermedad notificada estuviera extremadamente extendida en muchos países y fuera extremadamente mortal o debilitante. Sólo era necesario que se extendiera como la gripe estacional, más o menos.

En 2009 los primeros informes no hablaban de Wuhan sino de Veracruz, en México. Un joven presentaba síntomas de gripe H1N1, que son los de un resfriado fuerte.

Entonces la directora de la OMS era Margaret Chan y se lanzó a la piscina de cabeza: oficialmente el mundo entraba en la fase 6, o sea, pandemia. Cada gobierno tuvo que poner en marcha los programas de emergencia que implicaban compras gubernamentales de miles de millones de euros de vacunas contra la pandemia de gripe H1N1, tirados a la basura en plena época de recortes… incluso en sanidad.

El ridículo fue de los que hacen época. Desde el primer momento se comprobó que las muertes por el H1N1 eran insignificantes en comparación con la gripe estacional de todos los años. El doctor Wolfgang Wodarg, al que ya hemos mencionado, especialista en neumología, era entonces Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Pidió que se investigara el conflicto de intereses en torno a la respuesta de la Unión Europea a la gripe porcina.

El Parlamento holandés descubrió que el profesor Albert Osterhaus, de la Universidad Erasmus de Rotterdam, que en 2009 se encontraba en el epicentro de la pandemia mundial como asesor de la OMS en materia de gripe, se estaba llenado los bolsillos con la venta de vacunas.

Osterhaus no es una excepción. Muchos de los expertos de la OMS que aconsejaron a Chan percibieron dinero directa o indirectamente de las principales multinacionales farmacéuticas, entre ellas GlaxoSmithKline y Novartis.

La declaración de la OMS sobre la pandemia de gripe porcina fue consecuencia de la corrupción. La temporada de 2009 a 2010 estuvo marcada por la gripe más leve del mundo desde que la medicina comenzó a hacer seguimientos de este tipo de enfermedades. Los gigantes de la industria farmacéutica cobraron miles de millones de dólares gracias a la alarma mundial y los gobiernos se quedaron con las vacunas en las estanterías.

Después de aquel escándalo, la OMS dejó de utilizar la declaración de pandemia en seis fases y pasó a la declaración confusa que quiso utilizar en enero de este año, “Emergencia de salud pública de alcance internacional”. Pero las presiones pudieron más y reintrodujeron el término “pandemia”, admitiendo al mismo tiempo que todavía están buscando una definición.

En otras palabras, la OMS utiliza una terminología que nadie sabe lo que significa; ni siquiera ellos.

Esta pandemia es una guerra de todos contra todos (capitalismo salvaje en estado puro)

En entradas anteriores ya explicamos el enorme interés del Pentágono y la CIA por asuntos, como la salud pública, que están muy lejos de las cuestiones militares… sólo para quienes no entienden lo que son las cuestiones militares en el mundo moderno.

Sin embargo, la salud pública y, en consecuencia, las epidemias siempre fueron un elemento primordial de los ejércitos, al menos desde los tiempos de Napoleón que fue el primero en vacunar masivamente a los soldados del Gran Ejército antes de intentar el asalto de Rusia.

Cuando hablamos de “salud pública” nos referimos a la tropa y a los caballos, que en tiempos pasados fueron un instrumento de guerra. Por eso los primeros cuerpos de veterinarios eran oficiales del ejército y los mejores estudios sobre epidemias procedían de ejército, ya que su prevención formaba parte del potencial bélico. De ahí también que los CDC en Estados Unidos formen parte de la guerra moderna y, por extensión, la mismísima Organización Mundial de la Salud.

En la entrada de ayer no desarrollamos una parte del informe de la CIA que concernía a la farmacia, que es otro de los capítulos fundamentales que explican los delirios de la sanidad moderna. Como es natural, la CIA no aludía a las grandes multinacionales farmacéuticas sino a los propios fármacos, que en una sociedad capitalista no sólo son mercancías, sino “material estratégico”, lo mismo que el plutonio, por poner un ejemplo.

Desde hace años una de las preocupaciones fundamentales de la CIA es que Estados Unidos (y otras grandes potencias imperialistas) importan los fármacos de China y, por lo tanto, dependen de China en aspectos que son fundamentales en una guerra.

En sus informes la CIA destaca que los fármacos no sólo son mercancías y no se pueden dejar en manos del “libre mercado” porque si algo ha dejado claro la pandemia es que sólo aquellos países que han sacado a los fármacos del puro negocio (Rusia, China, Cuba, entre otros), han demostrado ser capaces de hacerla frente.

Pues bien, lo que decimos de los fármacos se puede hacer extensivo a cualquier otro material sanitario, incluidas mercancías tan simples como las mascarillas quirúrgicas. Todo se fabrica en China y todo depende de China, que es uno de los pocos países que puede suministrar material sanitario de cualquier tipo al mundo entero.

Esta mañana lo volvía a poner de manifiesto un medio vinculado al ejército canadiense: en su “lucha contra Beijing”, Estados Unidos se enfrenta a la “cruda realidad” de que “depende desesperadamente del equipamiento chino para luchar contra la pandemia”.

El resto del artículo es una pura intoxicación contra China, otra más, asegurando que la pandemia ha tenido allá su origen, que el gobierno de Pekín ha mentido sobre ella, que ha habido muchos más muertos, que no ha habido transparencia, etc. La propia OMS ha asegurado que es falso, pero los altavoces del imperialismo van a seguir a lo suyo en lo sucesivo.

Estados Unidos reniega de China porque depende de China en aspectos tan básicos como el material sanitario. El capitalismo ha quedado sorprendido en su propia trampa y suenan de nuevo los clarines del keynesianismo y las diatribas contra la “globalización”, el “neoliberalismo” y demás, multiplicadas por el Partido Demócrata, cada vez más proclive a la autarquía, el déficit y el New Deal (el verde y el rojo).

“Necesitamos nuevas políticas para poner fin a la excesiva dependencia de nuestras cadenas de producción de China, especialmente para productos clave como las vacunas”, acaba de decir un sujeto tan característico como John Bolton, del Partido Republicano. Por su parte, el senador republicano Tom Cotton propone prohibir todas las importaciones de ingredientes activos para la industria farmacéutica de China a partir de 2022.

Este es el tipo de mensajes que vamos a empezar a escuchar en todo el mundo, especialmente en boca del progrerío y los “izquierdistas”, que se van a convertir en dominantes. Además, en lo sucesivo los altavoces van a repetir hasta el hastío el mensaje antichino, con y sin pandemia, aunque la raíz del asunto es, evidentemente, económica: China se ha puesto a la cabeza del mundo capitalista y el bloqueo de las grandes potencias imperialistas trata desesperadamente de invertir una situación que es, por sí misma, irreversible.

China produce casi la mitad de las importaciones de mascarillas quirúrgicas de Estados Unidos, que ahora padece una escasez crítica. Frente a la pandemia, tanto si es real como si es ficticia (a estos efectos da igual), los países asiáticos, en general, han logrado lo que los occidentales no pueden, viéndose obligados a pedir ayuda, algo que su soberbia imperialista siempre les impedirá reconocer, recurriendo a las peores artes periodísticas que conocemos desde hace décadas, como destacar la “mala calidad” del material chino.

Si algo tan simple como una mascarilla se ha convertido en un problema serio, la cuestión de las materias primas necesarias para la producción de fármacos es dramática. Estados Unidos importa más del 80 por ciento de los ingredientes farmacéuticos más elementales, que se elaboran en China e India.

La ola de histerismo ha conducido a que unos gobiernos roben material sanitario a otros en las mismas pistas de los aeropuertos de China o de otros países en los que hacen escala, que sobornen al personal de vuelo para que se desvíen de su ruta y a bochornosas subastas de contenedores en los hangares. Estamos asistiendo al espectáculo de la competencia capitalista más descarnada en vivo y en directo. Nunca se había visto a los embajadores, cónsules y diplomáticos occidentales corrompiendo a las empresas de logística chinas para apoderarse de un equipo sanitario y de laboratorio que ya estaba vendido y pagado por otro país. Otros, como Israel, han recurrido al Mosad y a sus redes de espías para robar directamente material sanitario de los depósitos chinos. En medio de la desesperación, los gobiernos han enviado policías y militares para escoltar los cargamentos sanitarios y asegurar su llegada.

La tele no informa de estas cosas tan poco aleccionadoras, para las cuales la palabra “histeria” ya no resulta suficiente. Algunos países de la Unión Europea han prohibido la exportación de material sanitario y han lazando a los espías a confiscar los almacenes donde suponen que hay depositados contenedores con jeringuillas, suero, guantes, ventiladores…

A su vez, la prohibición de exportaciones ha desatado protestas de otros países, como Suecia, que dependen de ellas, convirtiendo a la Unión Europea en un circo muy mal avenido. Es la guerra de todos contra todos.

El gobierno espiará 40 millones móviles con el pretexto de controlar los movimientos de los apestados

El Gobierno controlará más de 40 millones de móviles españoles para estudiar la movilidad durante la crisis del coronavirus. La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial ha impulsado, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE), un estudio de movilidad denominado DataCOVID, a través del cual analizará datos «anónimos y agregados» de desplazamientos de la población mientras dure la emergencia sanitaria por el coronavirus, y durante el tiempo necesario hasta que se restablezca la normalidad, para contribuir así a «una toma de decisiones más eficiente basada en los datos».

En un comunicado, la Secretaría de Estado, adscrita a la Vicepresidencia Tercera del Gobierno y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, indica que DataCOVID, que cuenta con un primer piloto en la Comunidad Valenciana, permitirá realizar una estimación de la movilidad de la población española durante el periodo de aplicación de las medidas de contención en relación con una situación de normalidad.

«El objetivo es analizar el efecto de las medidas sobre la movilidad de la población, identificando si aumentan o disminuyen los desplazamientos entre territorios o si hay zonas en las que hay una mayor concentración de población, para contribuir a una mejor toma de decisiones en la gestión de la emergencia sanitaria», explica. Por ejemplo, con DataCOVID se podrá conocer si tras la entrada en vigor de las medidas de distanciamiento social aumentan o disminuyen los movimientos de la población entre territorios, si hay áreas con una mayor aglomeración o afluencia o si hay zonas con una alta concentración de población en relación a su capacidad sanitaria.

En este sentido, DataCOVID utiliza las posibilidades que ofrece el Big Data para analizar grandes cantidades de información y extraer conclusiones útiles, «ganando así en eficiencia para una toma de decisiones basada en la evidencia, más coordinada y adaptada a cada territorio».

El estudio cubrirá todo el territorio nacional, dividiendo España en unas 3.200 áreas de movilidad, que identifican agrupaciones de población de entre 5.000 y 50.000 habitantes. Así, los datos de posición analizados permitirán tener una muestra más de 40 millones de teléfonos móviles en toda España. El responsable del tratamiento de estos datos será el Instituto Nacional de Estadística (INE), con el que las operadoras de telecomunicaciones ya colaboraron el año pasado en la elaboración de un estudio sobre movilidad a partir de datos obtenidos de los teléfonos móviles.

Las tres principales operadores de telecomunicaciones del país, Telefónica, Orange y Vodafone, ya confirmaron su participación en el desarrollo del piloto en Valencia, tras lo cual ya se han comenzado a recopilar los datos agregados y anonimizados aportados para el estudio por algunas de esas compañías como Telefónica.

Asimismo, el Gobierno incide en que el estudio «no rastrea movimientos individuales», sino que emplea datos de posicionamiento de los dispositivos móviles, anónimos y agregados, proporcionados directamente por los operadores y eliminando cualquier información personal, sin identificar ni realizar seguimientos de números de teléfono o titulares de forma individual.

Así, asegura que, al no emplear datos personales, y usar solo datos anónimos y agregados, este estudio no entra en conflicto con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) o la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y sigue las directrices marcadas por la Agencia Española de Protección de Datos.

Además, recuerda que la normativa sanitaria vigente ampara a las autoridades competentes a «usar datos con fines de investigación en situaciones excepcionales y de gravedad para la salud pública como la actual».

Con este proyecto España sigue la senda de otros países como China, Corea del Sur, Italia, Alemania o Austria, que en las últimas semanas han puesto en marcha distintas iniciativas para analizar los movimientos de población a partir de datos obtenidos de los teléfonos móviles de los ciudadanos.

Los operadores de telecomunicaciones con presencia en España ya ofrecieron al inicio de la crisis por el Covid-19 su colaboración al Gobierno para ayudar a contener la expansión del brote de coronavirus con sus herramientas de Big Data y de gestión de datos agregados y anonimizados y otras capacidades tecnológicas, respetando en todo momento la legislación de protección de datos.

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200403/gobierno-control-telefonos-movilidad-coronavirus-7916298

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