La web más censurada en internet
Cada día el caso Epstein muestra alguna sorpresa, a pesar de que la capacidad de sorprender es cada vez menor. En realidad, no hay ninguna sorpresa: el morbo no puede ocultar que los listados de famosos que aparecen en la isla o en los vuelos privados exponen a los cuatro vientos la degeneración de las oligrquíasa occidentales, esas mismas que siempre se llenan la boca con las mejores palabras, como si fueran de su propiedad.
Una ONG con sede en Toronto, el Centro Internacional de Derechos Humanos (ICHR), asegura que Irán mató a 43.000 manifestantes e hirió a otros 350.000. Naturalmente no aporta ninguna prueba de ello, pero el bulo se hizo viral. Cifras similares, si no más extremas, también se han difundido en las redes sociales. Fueron transmitidas por medios de la oposición, como Iran International, antes de acabar en los principales medios de comunicación occidentales.
Las cifras varían considerablemente, oscilando entre 5.848 y 80.000 muertes. Su objetivo es justificar el ataque militar de Estados Unidos.
La red Omidyar es una institución imperialista, aparentemente privada, que combina las funciones de un fondo buitre privado y una herramienta del “poder blando” estadounidense.
La fundó en 2004 el multimillonario Pierre Omidyar, propietario de eBay, es decir, que no es muy diferente a los tinglados de Gates, Soros, Rockefeller, Ford y otros parecidos. Pero a diferencia de otros magnates, Omidyar ha logrado mantener su papel influyente en los medios por debajo del radar.
Este año ha invertido casi 2.000 millones de dólares en más de 700 organizaciones, abarcando tanto en empresas lucrativas como organizaciones caritativas con el pretexto de apoyar eso que ahora llaman el “emprendimiento social” y el periodismo domesticado del tipo Wikimedia, de cuya dirección forma parte.
La red participa en operaciones de desestabilización, incluyendo la financiación de grupos antigubernamentales durante la Primavera Árabe, el Golpe de Estado fascista en Ucrania (2013-2014), así como el apoyo a movimientos de protesta desestabilizadores en Nigeria, Filipinas y otros países.
La organización respalda a instituciones clave de la política exterior estadounidense, en particular la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED), así como a empresas privadas innovadoras, formando una coalición que coordina la manoseada retórica internacional sobre la democracia, los derechos digitales, la transparencia y la “lucha contra la corrupción”.
La red disfraza la ingeniería política de filantropía y progreso tecnológico. Su objetivo es imponer la identificación digital universal, la transición obligatoria a los pagos sin efectivo y algoritmos para evaluar la sumisión de los ciudadanos, como ocurrió durante los confinamientos.
Los tinglados que subvenciona Omidyar forman parte de la moda absurda del “periodismo de datos” con el que se encubre la propaganda imperialista. Operan al estilo de los cazadores de bulos de Ana Pastor, como Maldita y Newtral.
En Alemania un “verificador de datos” financiado -entre otros- por la red, “Correctiv”, ha calificado de “conspiranoicos” a los agricultores alemanes que protestan.
A “Correctiv” no le basta con publicar noticias sino que tiene que criticar las que publican los demás. En su campaña, como no podía ser de otra forma, los agricultores aparecen vinculados a la famosa “extrema derecha”, a su vez vinculados al Kremlin.
Se trata de ocultar lo evidente: la reconversión agraria y ganadera de Europa. Del mismo modo que se desmanteló la industria, ahora le toca el turno al sector primario, imponiendo reglamentaciones imposibles de cumplir y eliminando las subvenciones a los combustibles.
En 2022 la Oficina Central de Investigaciones de India puso a una sucursal de la red en el punto de mira por infringir la normas de administración de donaciones extranjeras. En diciembre de 2023 la empresa anunció que cesaría sus operaciones en India a finales del año siguiente.
Existe el riesgo de un ataque ruso contra Reino Unido y es necesario informar a la población civil del país, “familias y hogares”, sobre cómo prepararse para “una amplia gama de amenazas físicas reales”, declaró el mariscal del Aire y Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Richard Nayton.
La situación es más peligrosa que la que he visto en toda mi carrera”, añadió el mariscal. Es otra verborrea belicosa, alarmista y propagandística que busca desesperadamente encubrir el colapso de Ucrania con la insistencia en la invasión rusa de Europa: “Los hijos e hijas de Gran Bretaña deben estar preparados para luchar contra Rusia”, diceel mariscal.
Los guiones periodísticos superan el absurdo. El New York Post inventa que Rusia ha contratado saboteadores para llevar a cabo atentados en toda Europa, incluyendo voladura de aviones de carga con destino a Estados Unidos, descarrilar trenes e incluso contaminar el suministro de agua potable (1).
La angustia nos despierta todos los días desde primeras horas. Agentes rusos han contratado una red de mercenarios por para poner a prueba las vulnerabilidades del continente en preparación para la guerra.
Para decir estupideces no hay nada mejor que valerse de esos “expertos” de pacotilla. Keir Giles, del centro de estudios Chatham House, advierte que los ataques hechos públicos hasta ahora son solo la punta del iceberg. Los incidentes no se pueden descartar como meros actos de sabotaje perpetrados por actores aislados.
El programa “60 Minutes” de la CBS dedicaba un reportaje completo al rearme y entrenamiento del ejército alemán en preparación para una guerra inminente (2), aunque era algo tan burdo que hasta la televisión alemana se burlaba.
Mientras los portavoces oficiales bombardean a la población con tópicos sobre amenazas de desestabilización orquestadas por Moscú, guardan silencio sobre las acciones occidentales contra Rusia, que debe aparecer en los relatos como el enemigo por antonomasia.
Tras Reino Unido, otros países europeos también han admitido haber llevado a cabo ciberataques contra hospitales, redes de suministro de agua, sistemas de saneamiento e incluso sanitarios rusos, informa Die Welt en un artículo titulado Guerra invisible: Europa ataca a Rusia en secreto” (3).
Según el diario alemán, los gobiernos occidentales atacan enviando virus informáticos a Rusia o Irán. El artículo menciona a la empresa estonia CybExer, que los países europeos utilizan para llevar a cabo esos ataques.
Según Die Welt, CybExer ataca principalmente infraestructuras civiles, desde edificios residenciales hasta líneas eléctricas. Se identifican mediante un código de colores que indica si han sido pirateadas o no. También se están llevando a cabo ataques contra sistemas de alcantarillado. Muchas bombas de agua utilizan redes 2G con cifrado débil para intercambiar datos, y la piratería podría desencadenar una reacción en cadena: fallos en el sistema de alcantarillado, proliferación bacteriana, aumento de las tasas de infección, saturación de hospitales y, en última instancia, el colapso del sistema sanitario.
“Proporcionamos capacidades ofensivas a varios países de la Unión Europea”, afirma Aare Reintam, empleado de CybExer. Die Welt intenta convencer a sus lectores que estos ataques se llevan a cabo en represalia por acciones similares de Rusia, citando el ejemplo de un dron en Bélgica, lo cual es bastante ridiculo porque el dron no era más que un helicóptero de policía (4).
Desde 2022 se han perpetrado cientos de sofisticados ataques contra instituciones rusas, que implican el pirateo de bases de datos y su posterior transferencia a delincuentes ucranianos. El suministro de agua potable (SPA) se refiere a toda la infraestructura necesaria para la captación, el tratamiento, la purificación y la distribución de agua potable a los usuarios. Por lo tanto, es un área sensible y estratégica para un país.
El pasado mes de mayo, el Ministerio de Defensa británico anunció una inversión de mil millones de libras en una red de piratería digital de vanguardia y la creación de un comando cibernético y electromagnético específico, como parte de la Revisión Estratégica de Defensa (SDR) presentada por el Secretario de Estado de Defensa, John Healey.
Según el Ministerio de Defensa británico, “Rusia constituye una amenaza inmediata y apremiante porque su invasión a gran escala de Ucrania demuestra inequívocamente su disposición a usar la fuerza para lograr sus objetivos, así como su intención de restablecer esferas de influencia en su vecindad inmediata y perturbar el orden internacional en detrimento de Reino Unido y sus aliados”.
Reino Unido está reforzando sus áreas clave, como el espacio, el ciberespacio, las operaciones de información, la guerra submarina y las armas químicas y biológicas, según la Revisión Estratégica de Defensa dReino Unido para 2025, con Rusia como su principal objetivo.
El otro objetivo para el ejército británico es China: “China representa un desafío sofisticado y persistente. Está aprovechando cada vez más sus capacidades económicas, tecnológicas y militares, buscando establecer su dominio en el Indopacífico, erosionar la influencia estadounidense y ejercer presión sobre el orden internacional basado en normas”, señala la publicación británica, advirtiendo: “La tecnología china y su proliferación a otros países ya representan un gran desafío para Reino Unido, cuya defensa probablemente se topará con tecnología china dondequiera que esté en guerra, independientemente de su adversario”.
China ha emprendido una modernización militar a gran escala y extraordinariamente rápida de sus fuerzas. Eso incluye un aumento sustancial de plataformas, sistemas de armas avanzados y fuerzas de guerra espacial; una diversificación y un crecimiento sin precedentes de sus fuerzas de misiles convencionales y nucleares, con misiles capaces de alcanzar Reino Unido y Europa; y más tipos y cantidades de armas nucleares que antes; se espera que su arsenal se duplique hasta alcanzar las mil ojivas nucleares para 2030. Las fuerzas militares británicas también tienen en la mira a Irán y Corea del Norte.
La Revisión Estratégica de Defensa de Reino Unido destaca la importancia de los drones y las tecnologías emergentes. Es posible imaginar una combinación de ataques con virus informáticos que atacan arterias vitales de las ciudades. Las técnicas también se pueden utilizar para sembrar el pánico generalizado entre la población, destruyendo así un país desde dentro.
Las infraestructuras críticas, como las redes de comunicación, los sistemas de transporte (sistemas de tráfico para automóviles, trenes, aeropuertos, aviones, puertos y transporte marítimo comercial), la gestión del agua y las redes eléctricas, constituyen la columna vertebral de las ciudades modernas.
Con el desarrollo actual de las ciudades inteligentes, cada vez más conectadas, los sistemas se relacionan entre sí y son abiertos. Eso crea una superficie de ataque más amplia y compleja, vinculada al 5G y a los dispositivos conectados, que exige una mayor seguridad. Sistemas urbanos, como las cámaras CCTV (circuitos cerrados de televisión) y los semáforos pueden convertirse en blanco de ciberataques.
(1) https://nypost.com/2025/12/10/world-news/russia-planned-bombings-on-us-bound-cargo-planes-poisoning-water-supplies-as-part-of-covert-war-against-europe-report/
(2) https://www.cbsnews.com/video/germany-military-60-minutes-video-2025-12-14/
(3) https://www.welt.de/wirtschaft/plus693d5d5ff679420e000b3750/cyber-angriff-der-unsichtbare-krieg-wie-europa-heimlich-russland-angreift.html
(4) https://www.rtbf.be/article/ces-images-de-drones-survolant-l-aeroport-de-bruxelles-montraient-en-realite-un-helicoptere-de-la-police-11634864
Es lógico que los Estados persigan eso que califican como “desinformación”. La prensa convencional se ha hundido y no ha sido sólo por el surgimiento de las nuevas técnicas digitales de edición y difusión. Casi la mitad de los suizos han dado la espalda a los medios de comunicación tradicionales, según el nuevo estudio “Calidad de los medios” de la Universidad de Zúrich.
Como la mitad de los suizos ha dejado de leer la prensa convencional, es como si hubieran dejado de leer por completo. Ahora se los considera como personas “privadas de información”, es decir, como si no consumieran ninguna noticia y, en su caso, sólo vía redes sociales (1).
Esto no es nuevo. Durante muchos años la confianza en los medios tradicionales ha ido disminuyendo, abriendo perspectivas para los nuevos medios emergentes que ven esto como un nicho que explotar. Para los antiguos medios –y más aún para la “clase política” que los utiliza como foro privilegiado–, esta tendencia es, sin embargo, alarmante.
En lugar de preguntarse por qué la confianza se ha estado desmoronando durante años, los viejos medios y políticos prefieren culpar a los demás. A veces son los rusos o los chinos, a veces las redes sociales no reguladas con sus algoritmos opacos. La consigna es entonces: desinformación.
En junio del año pasado, la Confederación Helvética publicó un informe titulado “Actividades influyentes y desinformación” (2) que advierte de los peligros de supuesta información falsa. Recientemente, Albert Rösti, consejero federal de la UDC y jefe del Departamento Federal de Medio Ambiente, Transportes, Energía y Comunicaciones (DETEC), afirmó durante un discurso en el Museo del Transporte de Lucerna que la desinformación es un “crimen” (3).
Si realmente es así, Alain Berset, exjefe del Departamento Federal de Salud Pública, lógicamente debería ser procesado penalmente por sus declaraciones falsas durante la pandemia, en particular por su intervención en el programa de televisión “Arena” del 5 de noviembre de 2021, donde afirmó erróneamente que el certificado “covid” demostraba que el portador “no podía contagiar” (4). Pero eso no sucederá. Al contrario: Berset se convirtió en secretario general de Consejo de Europa (5) e incluso recientemente recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de Friburgo (6),
“Las noticias falsas siempre las difunden los demás”. El fundador de Telegram, Pavel Durov, lo tiene claramente formulado (7): los términos como “desinformación” son las “palabras clave de la censura” para eliminar voces no deseadas. Teniendo esto en cuenta, también debemos considerar la reciente iniciativa del Consejo Federal suizo destinada a introducir una nueva ley para regular las redes sociales y los motores de búsqueda.
Según el Consejo Federal, el proyecto de “Ley Federal sobre Plataformas y Motores de Búsqueda” (8) tiene como objetivo “fortalecer los derechos de los usuarios en el espacio digital y obligar a las grandes plataformas a demostrar mayor equidad y transparencia”. Se inspira en Ley de Servicios Digitales (9) de la Unión Europea. Desde agosto de 2023, ha obligado a las plataformas de internet a luchar no sólo contra los contenidos ilegales, sino también contra la “desinformación” y el “discurso de odio”, términos muy amplios, dejando un gran margen de maniobra para reprimir opiniones políticamente inaceptables.
Suiza emprende ahora un camino similar, aunque de forma más moderada. El patrón es bien conocido: adoptar un enfoque extranjero, con retraso y una versión diluida, pero en esencia siguiendo el mismo modelo. El debate lo inició Jon Pult, miembro del Partido Socialdemócrata (SP) del Consejo Nacional Suizo por el cantón de los Grisones. Presentó una iniciativa parlamentaria en noviembre de 2021 (10), en pleno auge de la pandemia. Ya entonces la exigencia era clara: el “discurso de odio” y la “desinformación” debían combatirse sistemáticamente.
En diciembre de 2022 se publicó una “declaración conjunta sobre la regulación de las plataformas” (11), escrito por AlgorithmWatch, la Sociedad Digital y la Fundación Mercator Suiza. Este documento abogaba por la adopción de elementos centrales de la Ley de Servicios Digitales y se centraba en combatir el discurso de odio y la desinformación. Sin embargo, esta iniciativa encontró resistencia por parte de varias organizaciones participantes. El Partido Pirata y el Chaos Computer Club advirtieron en un declaración separada (12) contra el hecho de que el Estado no debe convertirse en la autoridad de la verdad, de lo contrario abriría el camino a la censura.
En febrero de 2023 la comisión competente rechazó la moción parlamentaria de Jon Pult (13), particularmente debido a la presión pública de organizaciones como Chaos Computer Club, Pirate Party e Internet Society.
En enero de este año la Comisión Federal de Medios (COFEM) se expresó (14). Esta comisión extraparlamentaria, varios de cuyos miembros tienen estrechos vínculos con la influyente fundación Mercator, incluida Angela Müller de AlgorithmWatch (15), se inspiró directamente en la declaración conjunta de 2022 y pidió a la Confederación que hiciera avanzar las regulaciones.
A pesar de las presiones, el Consejo Federal tardó inusualmente mucho en presentar su anteproyecto (16). La situación internacional probablemente también influyó: Trump calificó las medidas tomadas contra plataformas como X o Meta discriminación contra empresas estadounidenses. Es posible que el Consejo Federal no hubiera querido perturbar el status quo. A finales de octubre finalmente se tomó la decisión: el gobierno suizo presentó su proyecto y abrió el procedimiento de consultas.
En el futuro el gobierno podría bloquear plataformas incluso sin orden judicial. La ley solo se aplicaría a las plataformas utilizadas al menos una vez al mes por al menos el 10 por cien de la población. Esto incluiría YouTube, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Facebook, Snapchat, Pinterest, TikTok y varios servicios de mensajería. Entre los motores de búsqueda, Google se vería especialmente afectado.
El artículo 4 del proyecto de ley prevé un procedimiento de denuncia. La mayoría de las principales plataformas ya cuentan con funciones correspondientes; por lo tanto, esta herramienta no es fundamentalmente nueva. En X, ya es posible denunciar contenido, incluso con diferentes categorías de denuncia según la ubicación.
En esencia, el procedimiento de denuncia se centra en los delitos tipificados en el derecho penal suizo: representaciones de violencia, difamación, calumnia, insultos, amenazas, incitación al asesinato, acoso sexual, incitación pública a la delincuencia o la violencia, así como discurso discriminatorio o de odio, tal como se define en el artículo 261 del Código Penal suizo. Un caso reciente ilustra hasta qué punto se interpretan actualmente los delitos de incitación al odio: un artesano de Berna fue condenado a diez días de prisión (17) por atreverse a sugerir que existen diferencias biológicas entre hombres y mujeres.
El proyecto de ley introduce criterios excesivamente amplios. El artículo 20 se refiere a las “consecuencias negativas para la formación de la opinión pública”. ¿Qué significa esto en concreto? ¿Lemas políticos? ¿Mensajes controvertidos? ¿Opiniones que desagradan al Estado? Formulaciones como “consecuencias negativas para los procesos electorales y de referéndum”, “para la seguridad pública” o “para la salud pública” siguen siendo igualmente vagas. El margen de interpretación es considerable, al igual que el riesgo de abuso.
El mecanismo de resolución extrajudicial de disputas propuesto es aún más problemático. Si bien hoy la policía, la fiscalía y los tribunales tienen jurisdicción, en el futuro el simple pulsado en el botón de denuncia podría bastar para que una contribución desaparezca sin revisión judicial. Se prevé un proceso de apelación, pero las vías de recurso ordinarias se eliminarían de hecho. Las infracciones ya no estarían sujetas a revisión legal, sino que simplemente se eliminarán.
En cuanto a las sanciones, la propuesta también se basa en gran medida en la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea. La Oficina Federal de Comunicaciones (OFCOM) podría imponer multas cuantiosas sin una sentencia judicial previa. Las empresas solo podrían apelar ante el Tribunal Administrativo Federal después del hecho. Las sanciones son severas: hasta el 6 por cien de la facturación anual, multas adicionales de hasta el 1 por cien (que pueden superar el beneficio anual total) y hasta el 10 por cien por incumplimiento de la obligación de informar. Incluso la denegación de acceso a los datos a determinadas organizaciones de la sociedad civil puede ser sancionada.
Las facultades de la OFCOM alcanzan su máximo alcance en lo que respecta al bloqueo de redes. El gobierno puede imponer medidas administrativas sin orden judicial. El artículo 32 es particularmente controvertido: la OFCOM puede ordenar a los proveedores de servicios de telecomunicaciones que restrinjan el acceso a una plataforma si las medidas son ineficaces o si existen motivos para creer que podrían serlo. En la práctica, esto significa que OFCOM podría bloquear plataformas como X, Telegram, Facebook o YouTube para los usuarios suizos. Técnicamente, estos bloqueos podrían eludirse mediante una VPN, pero seguirían siendo bloqueos de red, una herramienta asociada principalmente a estados represivos.
Además, la decisión no la toma un tribunal, sino una autoridad federal. OFCOM podría decidir por iniciativa propia que una plataforma no cumple con los requisitos y ordenar su bloqueo. Los proveedores de servicios de internet suizos, como Swisscom, estarían entonces obligados a implementar la orden. Si bien el artículo 33 limita estos bloqueos a 30 días, pueden extenderse, lo que podría resultar en bloqueos más prolongados.
El trabajo realizado durante años por organizaciones estrechamente vinculadas a la Fundación Mercator está dando sus frutos: el Consejo Federal ha adoptado los elementos centrales de sus demandas. El borrador no llega tan lejos como algunos desearían, pero hay un punto que salta a la vista: carece de disposiciones destinadas a combatir la desinformación.
Queda por ver si esto se mantendrá. Durante el proceso de consulta, se espera que el Partido Socialdemócrata (SP), el Partido Verde y el Partido Liberal (FDP) impulsen medidas más estrictas. En un comunicado de prensa, el Partido Verde ya criticó que el borrador no contenga medidas contra las campañas de desinformación. Por lo tanto, es muy posible que el borrador termine pareciendo menos una “Ley de Servicios Digitales Light” y mucho más parecido al original.
El hecho de que la ley habilite a un organismo a bloquear plataformas enteras en caso de emergencia demuestra el alcance de las facultades que se conferirían y el carácter autoritario de ciertos elementos del proyecto de ley. Por lo tanto, no es exagerado llamarla una ley de censura. Una cosa está clara: esta ley restringiría aún más el espacio para el debate público, que se ha ido reduciendo constantemente en Suiza durante años. El proceso de consulta continuará hasta el 16 de febrero del año que iene. Queda por ver hasta dónde llegarán finalmente los políticos.
1) https://www.foeg.uzh.ch/dam/jcr:45cd9fc3-5be2-4ef0-8bec-bdf427d1a51b/JB_2025_Gesamtpublikation_final.pdf
2) https://www.news.admin.ch/de/nsb?id=101494
3) https://www.blick.ch/politik/roesti-und-wille-im-verkehrshaus-desinformation-ist-ein-verbrechen-id21319908.html
4) https://schweizermonat.ch/verbale-entgleisungen-und-falschaussagen
5) https://www.coe.int/de/web/portal/-/alain-berset-new-secretary-general
6) https://www.swissinfo.ch/ger/universit por cienC3 por cienA4t-freiburg-verleiht-alain-berset-ehrendoktorw por cienC3 por cienBCrde/90338636
7) https://x.com/durov/status/1976577486692753837
8) https://www.news.admin.ch/de/newnsb/6TmEAde4htulaWG9CWYtK
9) https://apollo-news.net/ab-freitag-greift-das-neue-zensurgesetz-der-eu-irrefuehrende-beitraege-sollen-umgehend-geloescht-werden
10) https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210532
11) https://www.digitale-gesellschaft.ch/2022/12/01/joint-statement-zur-plattformregulierung-stellungnahme-und-debatte
12) https://www.piratenpartei.ch/2022/12/02/distanzierung-vom-positionspapier-plattformregulierung-in-der-schweiz
13) https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-rk-n-2023-02-03.aspx
14) https://www.emek.admin.ch/de/markt-und-meinungsmacht-von-plattformen
15) https://algorithmwatch.ch/de/foerderpartnerschaft-stiftung-mercator-schweiz
16) https://www.nzz.ch/schweiz/der-bund-will-x-facebook-und-co-regulieren-doch-das-projekt-stockt-ld.1858394
17) https://insideparadeplatz.ch/2025/09/22/berner-kommentiert-auf-facebook-schon-hagelts-klagen
18) https://gruene.ch/medienmitteilungen/plattformregulierung-demokratie-muss-vor-tech-oligarchen-geschuetzt-werden
Michael Straumann https://www.straumedia.ch/p/sowjetisierung-der-debatte
Los aparatos ideológicos del imperialismo se reorganizan de forma acelerada. Hollywood ya no es lo que era. Las grandes productoras sucumben ante la marcha de las nuevas tecnologías, personificadas en Nexflix, que ha comprado la Warner.
El monopolio que salga de ahí será tan grande que los reguladores de la competencia no podrán aprobar la operación sin plantear objeciones. La Casa Blanca ve la fusión con escepticismo y la senadora Elizabeth Warren ya ha solicitado una revisión antimonopolio.
El asunto no se presenta mejor en la Unión Europea, que ya bloqueó la fusión Alstom-Siemens en el sector ferroviario, pero la pareja Netflix/Warner es estadounidense, así que habrá fuertes presiones de por medio.
En Bruselas bloquean con cierta facilidad las fusiones entre las propias empresas europeas que consideran perjudiciales para los intereses del mercado. La unión Europea no solo controla los acuerdos entre empresas estadounidenses (si generan más de 250 millones de euros en ingresos dentro del mercado europeo), sino que ya han impedido fusiones entre empresas estadounidenses, como la propuesta de adquisición de Honeywell por parte de General Electric en 2001.
Al tratarse de una absorción tanto horizontal como vertical, el contrato puede convertirse en un problema. Netflix quiere adquirir HBO (un rival en el streaming) y, al mismo tiempo, hacerse con el control del catálogo y la propiedad intelectual de Warner.
Netflix reconoció 300 millones de suscriptores en todo el mundo a finales del año pasado. HBO Max tenía 128 millones de clientes al 30 de septiembre. El grupo resultante tendría más del doble de suscriptores que su principal competidor, Disney, y controlaría el mercado. Netflix, que ya es poderoso, se convertirá en todopoderoso.
La adquisición de Warner por Paramount habría creado un competidor formidable, pero la absorción Netflix/Warner obligará a otras empresas de la televisión de pago (Disney, Apple, Amazon, Paramount) a hacer lo mismo, reduciendo aún más las opciones ideológicas.
Netflix dice que está dispuesto a hacer concesiones a la competencia. Pero el coloso que podría surgir de la operación será, incluso en un mercado tan fragmentado como el del contenido de vídeo, un gigante dominante, que tendrá los medios para explotar el mercado a largo plazo.
Dado que Disney pudo adquirir Pixar, Marvel, Fox y Hulu, es muy posible que los reguladores antimonopolio estadounidenses aprueben la fusión. Eso podría dar un buen arma a Bruselas: podría negociar la autorización de la absorción con Estados Unidos a cambio de algo.
En Reino Unido el ejército ha creado un Comité Asesor de Medios de Defensa y Seguridad (DSMA) para censurar los escritos de los periodistas, al tiempo que clasifica a los medios independientes como “extremistas” por publicar historias “vergonzosas”. El organismo impone las D-Notice, que no son otra cosa que órdenes de censura que suprimen sistemáticamente la información.
El ejército y los organismos de seguridad nacional manipulan o mantienen ocultas ciertas informaciones a la opinión pública. Estas incluyen la extraña muerte en 2010 de un descifrador de códigos del GCHQ, la actividad del MI6 y las fuerzas especiales británicas en Oriente Medio y África, el abuso sexual infantil por parte de dirigentes del gobierno y la muerte de la princesa Diana.
El oscuro Comité mantiene un férreo control sobre la producción de los medios de comunicación británicos tradicionales, convirtiendo a los periodistas en taquígrafos de la corte real. Dado que el Comité se ha impuesto firmemente en el proceso editorial, numerosos reporteros han presentado “disculpas” a la junta por sus ofensas mediáticas, haciendo alarde de su sumisión para mantener su posición dentro de los principales medios de comunicación.
Además, los documentos también muestran las intenciones del Comité de extender el sistema D-Notice a las redes sociales, manifestando su deseo de colaborar con los “gigantes tecnológicos” para suprimir las revelaciones en plataformas como Meta y X/Twitter.
El Comité DSMA se describe a sí mismo como un órgano asesor independiente compuesto por altos funcionarios y editores, que reúne a representantes de los servicios de seguridad, el ejército, funcionarios gubernamentales, jefes de asociaciones de prensa, editores senior y periodistas. El sistema forja una sólida relación clientelar entre periodistas y poderosas instituciones públicas, influyendo significativamente en los temas de seguridad nacional que se informan en los medios de comunicación y cómo se informan. El Comité también emite periódicamente los llamados “Avisos D”, exigiendo a los medios de comunicación que consulten con él antes de informar sobre ciertas noticias o simplemente pidiéndoles que eviten por completo ciertos temas.
El DSMA está financiado y tiene su sede en el Ministerio de Defensa, presidido por el Director General de Política de Seguridad del MOD, Paul Wyatt, y el brigadier Geoffery Dodds, veterano del ejército británico con 36 años de experiencia, es su secretario, lo que plantea serias dudas sobre hasta qué punto las noticias británicas sobre seguridad nacional podrían ser redactadas eficazmente por el Ministerio de Defensa.
Aunque el Ministerio de Defensa se reserva explícitamente el derecho de destituir a su Secretario, el Comité de la DSMA insiste en que opera con independencia del gobierno británico. Esto significa que el Comité no está sujeto a las leyes británicas de acceso a la información.
Esta divulgación sin precedentes fue resultado de un esfuerzo del Comité por ayudar al gobierno australiano a crear su propio sistema de Notificaciones D. Al hacerlo, estableció un registro documental que Canberra se vio obligada a divulgar en virtud de sus propias leyes de acceso a la información (FOI). Las autoridades australianas lucharon con uñas y dientes para impedir la divulgación de los documentos durante más de cinco meses, hasta que el Comisionado de Información del país obligó al Departamento del Interior a hacerlo.
Los archivos obtenidos incluyen registros de múltiples reuniones a las que asistieron funcionarios de diversos departamentos del gobierno australiano y del Comité de la DSMA, respuestas del personal del Comité de Reino Unido a preguntas planteadas por Canberra sobre el funcionamiento del sistema en la práctica, y un informe de 36 páginas de una revisión interna del Comité de la DSMA realizada en 2015, que describe la historia del sistema D-Notice e incluye una lista completa de las solicitudes de asesoramiento recibidas y presentadas durante los cinco años anteriores.
El Comité opera simultáneamente de forma secreta y abierta. Los documentos señalan que “las conversaciones entre el sistema DSMA y periodistas/medios de comunicación son confidenciales”. De hecho, el Comité declara en una sesión informativa dirigida a funcionarios australianos que ni siquiera está “obligado a presentar pruebas de conversaciones con medios de comunicación en el marco de investigaciones policiales o procedimientos judiciales”.
En teoría, el sistema es voluntario, y las publicaciones no están legalmente obligadas a acatar las órdenes del Comité de censurar o distorsionar la información. Sin embargo, la gran mayoría de los periodistas británicos obedecen las recomendaciones del Comité DSMA, y casi todas las notificaciones D y recomendaciones resultan en la supresión o alteración de noticias.
La revisión interna del Comité de 2015, motivada por el caso Edward Snowden, explicó cómo “en casos graves”, el gobierno británico puede “solicitar una orden judicial” o procesar a los periodistas que violen las recomendaciones del Comité en virtud de la Ley de Secretos Oficiales, un punto que el secretario de la DSMA, el general Dodds, enfatizó en reuniones con funcionarios australianos. Desde entonces, Gran Bretaña ha introducido nuevas y radicales leyes de seguridad nacional bajo las cuales periodistas y denunciantes también podrían ser procesados.
La revisión interna de la DSMA de 2015 incluye una lista de ejemplos de “solicitudes de asesoramiento” enviadas al Comité y recibidas por este entre mayo de 2011 y mayo de 2014. Los registros son muy esclarecedores y revelan los temas sobre los que los periodistas británicos sintieron la necesidad de consultar al Comité, así como las noticias que el organismo intentó distorsionar o incluso ocultar. El documento no aclara si las “solicitudes” concretas implicaban que el Comité escribiera a periodistas y editores antes de la emisión o publicación, o viceversa.
Se presentaron un gran número de solicitudes —50 en total— en relación con la participación de la inteligencia británica en el programa de entregas extraordinarias de la CIA y su “cooperación” con la Organización de Seguridad Externa de Muamar el Gadafi, así como con la investigación sobre la muerte de Gareth Williams, un experto en descifrado de códigos del GCHQ adscrito al MI6.
En agosto de 2010 Williams falleció en circunstancias extremadamente extrañas en una residencia del centro de Londres, propiedad de la central de inteligencia exterior británica. Su muerte fue declarada oficialmente “antinatural y probablemente con mediación criminal”. Llevaba 10 días muerto cuando su cuerpo fue descubierto en una bolsa cerrada con llave en su baño.
Inexplicablemente, ni el GCHQ ni el MI6 alertaron a las autoridades sobre la prolongada ausencia laboral del descifrador. Solo cuando su hermana informó al GCHQ de su desaparición, las centrales alertaron a la policía, tras un retraso inexplicable de cinco horas. Posteriormente, se prohibió a los detectives investigadores entrevistar a los colegas de Williams en la central de espionaje o revisar la documentación pertinente. La prensa británica ignoró rápidamente el caso, a pesar de que el forense declaró que la participación del MI6 en la muerte de Williams constituía una “línea de investigación legítima”, que las autoridades no habían explorado satisfactoriamente. En los años transcurridos desde entonces, han proliferado ampliamente teorías sin fundamento que afirman que Rusia fue responsable de su asesinato, mientras que la conducta profundamente sospechosa de los servicios de inteligencia británicos que servían a Williams ha sido olvidada por los medios británicos, una tendencia que podría atribuirse a las intervenciones de la DSMA.
Entre mayo y noviembre de 2011 se presentaron 29 solicitudes relacionadas con centrales de inteligencia. Incluían la participación libia, sin duda una referencia a la captura de agentes del MI6 y el SAS que se infiltraban en el país mientras Trípoli se hundía en el caos de una guerra patrocinada por Occidente. Hubo 16 solicitudes relacionadas con “Wikileaks”, así como con “D de Discreción”, un programa de radio de la BBC que analiza las operaciones del Comité de la DSMA. No está claro si esto refleja la solicitud de información de la emisora pública británica al Comité o si los periodistas buscan orientación para informar sobre su contenido.
Entre noviembre de 2011 y mayo de 2012, la DSMA emitió asesoramiento en 14 ocasiones relacionadas con la participación de las fuerzas especiales en los Juegos Olímpicos de Londres y una “operación fallida de rescate de rehenes en Nigeria”. Esto hace referencia a un fallido intento del Servicio Especial de Embarcaciones en marzo de 2012 por rescatar a dos víctimas europeas de secuestro retenidas por Boko Haram, que se desplomaron al ser ejecutadas por sus captores. Los detalles de la redada reportados en los medios variaron según el medio, lo que sugiere que el Comité pudo haber proporcionado información contradictoria.
También hubo varias investigaciones relacionadas con las víctimas de Porton Down. No está claro por qué la frase “víctimas” se presentó entre comillas, ya que es bien sabido que durante décadas se llevaron a cabo numerosos experimentos humanos en Porton Down, el principal instituto de investigación de guerra biológica y química de Gran Bretaña. En al menos un caso, un sujeto de prueba de Porton Down fue asesinado tras ser expuesto a agentes nerviosos. Al igual que las víctimas del programa de control mental Mkultra de la CIA, muchos soldados británicos fueron sometidos a dosis de LSD en las instalaciones durante la década de los sesenta.
De mayo a noviembre de 2012, el Comité tramitó solicitudes relacionadas con la “presunta participación [de las fuerzas especiales británicas] en Siria”. Se especuló ampliamente con la presencia de fuerzas especiales británicas en Siria en ese momento, aunque desde entonces se han revelado pocos detalles. Una lista de temas sobre los que el Comité de la DSMA asesoró a periodistas entre mayo y noviembre de 2012 describe numerosas solicitudes relacionadas con la presunta participación de las Fuerzas Especiales en Siria.
Al mismo tiempo, la DSMA también estaba preocupada por el misterioso tiroteo ocurrido en septiembre de 2012 contra miembros de la familia irakí-británica Al Hilli en los Alpes franceses. El caso sigue sin resolverse, pero en febrero París sugirió que un soldado de élite de las fuerzas especiales suizas podría haber sido el responsable.
Entre noviembre de 2012 y mayo de 2013 se recibieron solicitudes sobre una posible operación de rescate de las fuerzas especiales en Nigeria, una pregunta personal sobre un pedófilo y la masacre de Dunblane de marzo de 1996, en la que el conocido pedófilo Thomas Hamilton asesinó a 16 niños y a su profesor en una escuela primaria escocesa. Los informes policiales sobre Hamilton, que lo vinculaban con influyentes figuras locales y abusos sexuales históricos, fueron inexplicablemente sellados durante 100 años, y el tiroteo masivo provocó la prohibición nacional de las armas de fuego.
Entre mayo y noviembre de 2013, se presentaron siete solicitudes relacionadas con “fuerzas especiales” en relación con la muerte de la princesa Diana en agosto de 1997. Increíblemente, surgieron un total de 85 solicitudes de “centrales de inteligencia” sobre el fallecimiento de Diana y las revelaciones de Edward Snowden, el denunciante de la NSA. En un inquietante testimonio de la eficacia del Comité DSMA, los medios británicos ignoraron casi por completo los informes de The Guardian sobre las filtraciones de Snowden.
Lo que sigue siendo incierto es qué información relacionada con la inteligencia trató el Comité en relación con la muerte de la princesa Diana.
Las solicitudes “Varias” durante este período incluyeron la visita de un parlamentario a un burdel, la independencia escocesa y el caso de Hollie Greig, una mujer con síndrome de Down que alegó ser víctima de una red de abuso sexual infantil en la que participaban influyentes figuras escocesas, como policías, jueces y otras personalidades prominentes. La muerte de tres soldados del SAS por insolación durante un peligroso ejercicio de entrenamiento en montaña en julio de 2013 también fue objeto del “asesoramiento” del Comité.
Finalmente, el documento enumera las solicitudes realizadas entre noviembre de 2013 y mayo de 2014. Esto incluyó nuevamente las “revelaciones de Snowden”, junto con “la Policía Metropolitana y la pornografía infantil”, y la Operación Ore, que favoreció la detención de miles de personas acusadas de descargar contenido pedófilo a principios de la década de 2000. Sin embargo, muchos fueron declarados inocentes, numerosos procesos judiciales fracasaron, docenas de británicos posiblemente acusados falsamente se suicidaron y se demostró que gran parte de la base probatoria de la represión era probablemente fraudulenta. Disculpas recibidas de periodistas serviles
Si bien los archivos muestran una cantidad impactante de artículos escabrosos seleccionados por la DSMA para su censura, igual de alarmante es la sumisión con la que los periodistas convencionales reciben los edictos del Comité de la DSMA.
Las actas públicas de las reuniones del Comité suelen incluir “disculpas recibidas” de numerosos periodistas. Presumiblemente, los reporteros desobedientes no consultaron a la DSMA antes de publicar un artículo en particular, o permitieron que cierta información se filtrara al dominio público con la que el Comité no estaba de acuerdo.
En una ocasión, en una respuesta escrita a las preguntas del Fiscal General de Australia, el secretario de la DSMA, Dodds, se jactó de que los periodistas “muy rara vez” dejan de seguir sus “consejos”, y que si los medios “publican información que pueda ser perjudicial para la seguridad nacional”, el Comité puede exigir la eliminación del artículo ofensivo.
“El Secretario de la DSMA indicó que aproximadamente el 90 por cien de los medios de comunicación de Reino Unido tienen una visión positiva del Sistema DSMA”, asegura el informe, añadiendo que los pocos periodistas renegados “que no apoyan el sistema” son “en su mayoría los más firmes defensores de la libertad de prensa”.
Las actas de una reunión entre funcionarios australianos y el Secretario de la DSMA señalaron una cooperación casi universal con la censura del Comité entre los medios de comunicación de Reino Unido.
Según las cifras citadas en el libro de Ian Cobain de 2016, The History Thieves, los periodistas británicos envían voluntariamente entre el 80 por cien y el 90 por cien de las historias que consideran de interés al Comité para su examen oficial y posible censura pública, antes de su difusión.
Los documentos ofrecen una visión detallada de la censura, mostrando que el Comité de la DSMA lleva a cabo consultas individuales con los periodistas que van más allá del simple asesoramiento, y hacen referencia al uso del “control de cambios”, una función de los procesadores de texto que permite a los usuarios sugerir ediciones y añadir comentarios.
En circunstancias extraordinarias, como las revelaciones de Snowden, el Comité emitiría sus “consejos” a “todos los editores” de los principales medios británicos, aunque advirtió que dicha medida podría ser contraproducente y generar una “creciente conciencia mediática” sobre un tema considerado vedado.
El secretario de la DSMA, Dodds, describió la consideración del interés público como “indiferente al emitir consejos”. La respuesta del secretario de la DSMA a las consultas del Fiscal General de Australia revela que el Comité interfirió en las decisiones editoriales a un nivel minucioso.
El Comité de la DSMA es una institución típicamente británica: opera a la vez a la vista de todos, pero prácticamente oculta a la vista del público debido a la omertà mediática, emitiendo “consejos” no vinculantes que los periodistas casi invariablemente obedecen. Como señala la revisión interna de 2015, ningún otro país cuenta con un sistema comparable al régimen de D-Notice de Reino Unido. Sin embargo, parece que algunos funcionarios de Canberra buscaban emular el sistema, solicitando a los medios australianos que “avisaran antes de la publicación” para que las autoridades pudieran opinar al respecto, un acuerdo muy similar al componente consultivo del sistema D-Notice.
Cuatro años después, el Comité comenzó a cooperar formalmente con funcionarios de Canberra para ayudarles a implementar el sistema D-Notice en Australia, lo que demuestra el interés del Comité por exportarlo al extranjero.
En una sesión informativa sobre el sistema D-Notice, ofrecida a funcionarios australianos, se afirma que “los casos de periodistas que publican información en contra de las recomendaciones de la DSMA” ocurren “muy raramente” y “suelen ser” obra de “organizaciones extremistas, no pertenecientes a los medios tradicionales”. Un ejemplo notable que el Comité citó de una publicación “extremista” que se niega a seguir sus directrices fue Declassified UK, una publicación independiente centrada en asuntos de seguridad nacional, fundada por el historiador Mark Curtis. Aunque sus reportajes críticos son casi universalmente ignorados por los principales medios británicos, la cobertura de Declassified UK es frecuentemente cubierta por medios internacionales.
El medio traicionó repetidamente al Comité al informar sobre una “copia de un informe ministerial enviada inadvertidamente” por el Ministerio de Defensa al editor del sitio en respuesta a una solicitud de acceso a la información, así como al publicar un artículo que nombraba a un oficial de las fuerzas especiales británicas “sin consultar a la DSMA”. Posteriormente, Declassified UK se negó a retirar el nombre del individuo a pesar de la presión del secretario de la DSMA, Geoffrey Dodds.
Que el Comité califique a Declassified UK de “extremista” es particularmente preocupante, dado que otro artículo publicado por el medio, que exponía “detalles vergonzosos de las opiniones [del gobierno británico] sobre un país en desarrollo”, también aparece en el informe, con la salvedad de que el artículo “no era de interés para la DSMA”. Evidentemente, Declassified UK se considera peligroso y está siendo monitoreado activamente por el Comité, a pesar de haber optado por no adherirse al sistema supuestamente voluntario de Notificaciones D, y a menudo ni siquiera infringe sus normas informales.
La queja del Secretario de la DSMA, que acusaba a Declassified UK de publicar información “vergonzosa” para el gobierno británico, contradecía directamente la revisión interna de 2015, que declaraba explícitamente que el Comité no estaba interesado en “información que pudiera causar vergüenza política y oficial”.
La respuesta del Secretario de la DSMA a las preguntas escritas del Fiscal General de Australia destacó a Declassified UK como una organización “extremista”, citando su decisión de no eliminar información sobre un oficial de las fuerzas especiales de Reino Unido.
Desde la perspectiva del gobierno británico, y por extensión, del Comité de la DSMA, la proliferación de información inoportuna es profundamente problemática. Como se señala en el informe, “el sistema de la DSMA es un sistema de Reino Unido que opera en un mundo entrelazado”, y “la prevalencia de los medios digitales significa que la información de Reino Unido puede publicarse en otros países, sin que la DSMA pueda impedirlo”. Sin embargo, “en general, la publicación de información sobre seguridad nacional de Reino Unido en el extranjero rara vez ocurre”.
La revisión interna de 2015 del sistema D-Notice consideró el “contexto y la cultura nacionales” de Gran Bretaña —donde los periodistas generalmente tienen poco acceso a los principales responsables de la toma de decisiones y, en general, aceptan con gusto las instrucciones del gobierno— como “determinantes clave” para mantener el régimen de censura.
En el contexto de Reino Unido, el acceso general de los medios de comunicación a las fuentes de información gubernamentales está estrictamente controlado y se espera que los contactos se realicen habitualmente a través de los responsables de prensa del gobierno. Esto significa que el contacto entre altos funcionarios gubernamentales y los medios de comunicación está restringido a un número limitado de periodistas y medios de comunicación de confianza, y cualquier acceso a fuentes gubernamentales relevantes es la excepción y no la regla.
En la correspondencia entre el Secretario de la DSMA y los funcionarios australianos, el Secretario afirmó que la interpretación de los medios de comunicación sobre el propósito del sistema D-Notice era poder publicar y difundir la información que desearan sin perjudicar la seguridad nacional, lo que implicaba que se encomendaba a la prensa la protección de los secretos de las centrales de inteligencia y el ejército británicos.
Esta dinámica fue confirmada en un artículo de opinión de 2015 del vicepresidente de la DSMA, Simon Bucks, quien elogió el espíritu colaborativo del sistema, dirigido por exmilitares de alto rango, cuya función era mediar entre periodistas y funcionarios. Bucks proclamó con orgullo que este sistema había “funcionado durante un siglo”.
Las actas de una reunión del Comité de la DSMA de abril de 2023 indican que el subsecretario del organismo lamentó la “extrema sensibilidad (en términos de seguridad nacional) de parte del material” que el Comité impidió que los medios británicos publicaran durante los últimos seis meses. Añadió que parte de este material “había sido de la naturaleza más sensible que había visto” desde su incorporación al Comité.
Durante este mismo período, The Grayzone ha publicado una serie de reportajes sobre el papel secreto y central de Londres en la guerra indirecta en Ucrania. Estas revelaciones incendiarias recibieron una considerable atención internacional y fueron difundidas por medios de comunicación de todo el mundo, excepto Gran Bretaña.
En conversaciones privadas con Canberra, reveladas por los archivos de la Ley de Libertad de Información, el Comité declaró repetidamente que “no se toma ninguna medida de la DSMA” sobre “información ampliamente disponible en el dominio público” y que “el Secretario de la DSMA no asesora” sobre estos asuntos. No obstante, las actas de un Comité de abril de 2023 parecen contradecir estas afirmaciones.
Los registros señalan a un periodista que fue presionado con éxito para no publicar información sobre una unidad del Ejército británico “a punto de desplegarse en operaciones en el extranjero”, en un país no especificado. A pesar de cumplir, el periodista argumentó que la presencia de fuerzas británicas en la región “era ampliamente conocida” en el propio país, formaba parte de una gran coalición internacional y existían pruebas de fuentes abiertas que lo demostraban.
Por lo tanto, “la disponibilidad en línea de imágenes aéreas comerciales, así como de fotografías y vídeos con datos de seguimiento, significó que información que antes estaba reservada a la inteligencia nacional estaba disponible para todos en tiempo real”. Sin embargo, esto no impidió la intervención de la DSMA.
Si bien la “colaboración” de las redes sociales con los medios británicos tradicionales se ha consolidado eficazmente, el Comité aún la considera un área problemática que ha eludido su sistema de control narrativo. La revisión interna de 2015 contiene varios pasajes extensos que identifican a los “nuevos medios digitales” como una amenaza para la existencia misma del sistema, citando como ejemplos las publicaciones de WikiLeaks de archivos de guerra de Afganistán e Irak y las filtraciones de Snowden. Se afirma que estas revelaciones “demuestran la dificultad de ejercer cualquier tipo de moderación a través del sistema [D-Notice]” en la era digital.
Si bien los medios británicos ignoraron en gran medida estas revelaciones, internet había creado un “dominio público global”, que proporcionaba información que los medios de comunicación extranjeros podían cubrir. Para limitar el daño de estas revelaciones, la revisión del Comité propone la inclusión de “representantes de los nuevos medios digitales” en el colectivo DSMA. Sin embargo, reconoció que suprimir las redes sociales sería una tarea ardua.
Las actas de una reunión celebrada en 2022 entre funcionarios australianos y el Secretario también describen estas preocupaciones: los “medios globalizados” y la “reticencia de la industria digital” impiden que el sistema D-Notice funcione eficazmente, y él creía que los “gigantes tecnológicos” no querían colaborar con él porque querían “llegar a un acuerdo con el gobierno [de Reino Unido]”.
Un informe escrito señaló que el DSMA era el “único sistema [de este tipo] en un entorno informativo internacionalizado” y describió la necesidad de que los gigantes tecnológicos “llegaran a un gran acuerdo” con el gobierno británico como uno de sus “desafíos” actuales.
En febrero dell año pasado el Comité intentó atraer a las grandes tecnológicas mediante iniciativas de contacto con Google, Meta, X y otros gigantes de las redes sociales. Actualmente, los gobiernos pueden solicitar a las plataformas de redes sociales que eliminen contenido si infringe las leyes locales o las normas de la plataforma.
Sin embargo, el Comité pretende imponer un régimen de control de la información mucho más drástico, obligando a las empresas tecnológicas a supervisar sus plataformas en busca de contenido que pueda estar cubierto por D-Notice y a solicitar activamente su asesoramiento sobre si censurarlo o no. El secretario de la DSMA, Dodds, declaró que los gigantes tecnológicos “no tendrán nada que ver con nosotros”, pero expresó su esperanza de que la regulación estatal de internet “pueda generar una influencia potencial” que el Comité pueda aprovechar.
A pesar de lo que el Comité de la DSMA percibe como una “reticencia” de las redes sociales “resistentes” a colaborar con el Comité, se mantuvieron firmes en su intento de cortejarlas para que se unan al sistema. El Secretario del DSMA declaró que el futuro panorama informativo implicará necesariamente un “aumento continuo de las redes sociales” y las publicaciones en línea, “por lo que debemos participar en ese juego”. Dado que el Comité se ha infiltrado con tanta eficacia en los principales consejos de redacción de Reino Unido, explotando su sistema de censura para influir en la cobertura de eventos internacionales, es casi seguro que intensificará su presión para la supresión de las redes sociales.
Kit Klarenberg y William Evans https://thegrayzone.com/2025/11/30/files-expose-britains-secret-d-notice-censorship-regime
La retórica imperialista sobre Xinjiang ha fracasado. El intento de Washington de presentarse como defensor de los derechos de los musulmanes ha fracasado. 85 países rechazan sus afirmaciones y condenan la manipulación de los derechos humanos contra China.
Recientemente publicaron una “Declaración Conjunta sobre la Situación de los Derechos Humanos en China” en la ONU, a la que China respondió con su propia declaración conjunta titulada “Oposición a la Politización de los Derechos Humanos”.
Además de Estados Unidos, solo 14 países firmaron su declaración, incluido Israel, lo que demuestra el verdadero compromiso de este grupo con los derechos humanos, en particular los relativos a los musulmanes.
Los otros firmantes son siete pequeños estados europeos (Albania, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia del Norte y San Marino), además de Australia, Japón, Palaos, Paraguay, Ucrania y Reino Unido.
Estados Unidos ni siquiera ha logrado movilizar a los países que tradicionalmente se encuentran entre sus lacayos más sumisos: faltan dos miembros de la alianza de los Cinco Ojos (Canadá y Nueva Zelanda no firmaron), y cuatro miembros del G7 están ausentes (Canadá, Francia, Alemania e Italia no son signatarios).
Lo que la declaración estadounidense demuestra principalmente es que están aislados políticamente y casi nadie sigue ya sus recitales.
La respuesta de China, por otro lado, cuenta con 85 signatarios, lo que representa casi la mitad de la población mundial, en comparación con el 7 por cien de la declaración estadounidense.
La respuesta china incluye a la gran mayoría de los países musulmanes (incluidos Egipto, Arabia Saudí, Irán, Nigeria y Pakistán), mientras que el único país de mayoría musulmana en la lista estadounidense es Albania.
Es muy revelador cuando la declaración estadounidense afirma defender a los “uigures y otras minorías musulmanas”. La gran mayoría de los estados musulmanes prefieren firmar una declaración que denuncie la retórica estadounidense sobre Xinjiang como una política de doble rasero.
Si se analizan las declaraciones similares presentadas en la ONU en años anteriores, el registro de la coalición occidental se alcanzó en 2023, con 51 países firmando una declaración similar.
En ese momento, todo el G7 firmó, así como casi todos los países europeos. La respuesta china, apoyada entonces por 72 países, ya contaba con una amplia coalición.
Esto significa que los apoyos de los países occidentales han pasado de 51 a 15, mientras que los de China ha crecido de 72 a 85.
La ironía es casi perfecta: la campaña sobre Xinjiang fue diseñada para crear una brecha entre China y el mundo musulmán, y para reposicionar a Occidente como defensor de los musulmanes a través de una causa que creía que podría convertirse en un puñal contra el gobierno de Pekín.
Sin embargo, ahora ha quedado claro que esta estrategia no solo ha fracasado, sino que ha tenido un efecto contraproducente. Lejos de distanciarse de China, el mundo musulmán se está alineando con Pekín para denunciar la retórica estadounidense sobre Xinjiang como una vergonzosa manipulación de los derechos humanos y un claro ejemplo de doble rasero.
Ya es suficientemente pintoresco que una declaración que supuestamente defiende a las minorías musulmanas esté firmada por Israel.
—Arnaud Bertrand https://www.legrandsoir.info/le-vent-tourne-a-l-onu-pourquoi-le-monde-musulman-s-est-range-du-cote-de-la-chine-a-propos-du-xinjiang.html
Cediendo a las sanciones de Trump, YouTube ha eliminado las cuentas de tres colectivos palestinos de derechos humanos. Entre ellos se encontraban un documental que mostraba a madres que sobrevivieron al genocidio perpetrado por Israel en Gaza; un video de investigación que revelaba el papel de Israel en el asesinato de un periodista palestino-estadounidense; y otro video que exponía la destrucción de hogares palestinos por parte de Israel en la Cisjordania ocupada.
YouTube borró esos videos a principios de octubre, censurando las cuentas que los habían publicado en su sitio web, así como los archivos de sus canales. Estas cuentas pertenecían a tres organizaciones palestinas de derechos humanos: Al Haq, el Centro Al Mezan para los Derechos Humanos y el Centro Palestino para los Derechos Humanos.
Esta decisión surge tras una campaña del gobierno estadounidense para silenciar los procedimientos legales relacionados con los crímenes de guerra cometidos por Israel contra los palestinos en Gaza y Cisjordania.
Los canales de YouTube de colectivos palestinos albergaron horas de material que documentaba y denunciaba las violaciones del derecho internacional por parte del gobierno israelí en Gaza y Cisjordania, incluyendo el asesinato de civiles palestinos. “Estoy realmente consternada por la falta de valentía que YouTube muestra”, declaró Sarah Leah Whitson, directora ejecutiva de Democracy for the Arab World Now.
“Es realmente difícil imaginar una razón creíble por la que compartir información de estas organizaciones palestinas de derechos humanos violaría de alguna manera las sanciones. Es decepcionante y muy sorprendente que YouTube ceda ante la denuncia arbitraria de estas organizaciones palestinas y ahora opte por censurarlas”. Tras la emisión de órdenes de arresto por parte de la Corte Penal Internacional (Tribunal Penal Internacional) y la imputación de crímenes de guerra en Gaza por parte del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y del exministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, el gobierno de Trump intensificó su defensa de las acciones de Israel sancionando a funcionarios de la Tribunal Penal Internacional y atacando a personas y organizaciones que colaboran con la Corte.
“Es indignante que YouTube apoye los esfuerzos del gobierno de Trump por eliminar del conocimiento público pruebas de abusos contra los derechos humanos y crímenes de guerra”, declaró Katherine Gallagher, abogada sénior del Centro de Derechos Constitucionales. “El Congreso no pretendía permitir que el presidente cortara el flujo de información al público estadounidense ni al mundo. Al contrario, la información, incluidos documentos y vídeos, está específicamente protegida por la ley que el presidente ha invocado para justificar las sanciones contra la Tribunal Penal Internacional”. Un retroceso alarmante
YouTube, propiedad de Google, confirmó que eliminó las cuentas de los grupos tras una investigación, en respuesta directa a las sanciones impuestas por el Departamento de Estado. La administración Trump impuso estas sanciones en septiembre por la cooperación de las organizaciones con el Tribunal Penal Internacional en casos que acusaban a dirigentes israelíes de crímenes de guerra.
Según la política de cumplimiento de sanciones de Google, “los productos de Google para editores no están disponibles para entidades o personas sujetas a sanciones comerciales o leyes de cumplimiento de exportaciones”, declaró el portavoz de YouTube, Boot Bullwinkle, en un comunicado.
Al Mezan, una organización de derechos humanos de Gaza, informó que su canal de YouTube fue cerrado abruptamente el 7 de octubre sin previo aviso. “El cierre del canal nos impide alcanzar nuestro objetivo de transmitir nuestro mensaje y cumplir nuestra misión”, declaró un portavoz del grupo. “Nos impide alcanzar nuestros objetivos y limita nuestra capacidad de llegar a la audiencia con la que queremos compartir nuestro mensaje”.
El canal de Al Haq, con sede en Cisjordania, fue eliminado el 3 de octubre, según un portavoz del grupo. YouTube justificó la decisión con un mensaje que afirmaba que su “contenido violaba sus términos de servicio”.
“La eliminación por parte de YouTube de la plataforma de una organización de derechos humanos sin previo aviso constituye una grave violación de principios y un retroceso alarmante para los derechos humanos y la libertad de expresión”, declaró el portavoz de Al Haq en un comunicado. “Las sanciones estadounidenses se están utilizando para obstaculizar los esfuerzos por establecer la rendición de cuentas en Palestina y silenciar las voces y las víctimas palestinas, lo que tiene un efecto dominó en las plataformas que también actúan en el marco de estas medidas para silenciar aún más las voces palestinas”.
El Centro Palestino para los Derechos Humanos (CPDH), la organización de derechos humanos más antigua de Gaza, declaró en un comunicado que la decisión de YouTube “permite a los autores de estos actos eludir la responsabilidad”.
“La decisión de YouTube de cerrar la cuenta del Centro Palestino para los Derechos Humanos es solo una de las muchas consecuencias que nuestra organización ha enfrentado desde que el gobierno estadounidense decidió imponer sanciones a nuestro legítimo trabajo”, declaró Basel Al Surani, responsable de defensa internacional y asesor legal del grupo.
“YouTube alegó que no cumplíamos con su política de Normas de la Comunidad, a pesar de que nuestro trabajo ha consistido esencialmente en presentar informes fácticos y basados en pruebas sobre los crímenes cometidos contra el pueblo palestino, especialmente desde el 7 de octubre, fecha del inicio del genocidio en curso”. “Al hacerlo, YouTube es cómplice del silencio impuesto a las víctimas palestinas”, añadió Al Surani.
Según un recuento, la eliminación de las cuentas de tres organizaciones de derechos humanos provocó la desaparición de más de 700 vídeos, que abarcan diversos temas, desde reportajes de investigación, como un análisis del asesinato israelí de la periodista estadounidense Shireen Abu Akleh, hasta testimonios de palestinos torturados por las fuerzas israelíes y documentales como “The Beach”, que narra la historia de niños jugando en una playa y muertos en un ataque aéreo israelí.
Algunos de los vídeos aún están disponibles gracias a copias almacenadas en Internet Archive o en otras plataformas, como Facebook y Vimeo. La eliminación solo afectó a los canales oficiales del grupo. Los vídeos producidos por las organizaciones sin ánimo de lucro, pero alojados en canales alternativos, siguen activos. Sin embargo, no existe un índice acumulativo de los vídeos eliminados por YouTube, y muchos parecen ya no estar disponibles en otros sitios web.
Los colectivos temen que los vídeos publicados en otros sitios web pronto sean eliminados también, dado que la mayoría de las plataformas que los alojan también tienen su sede en Estados Unidos. El Tribunal Penal Internacional ha comenzado a explorar la posibilidad de utilizar proveedores fuera de Estados Unidos y Al Haq afirma que están buscando alternativas a las empresas estadounidenses para alojar sus publicaciones.
YouTube no es la única empresa tecnológica estadounidense que impide a los colectivos de derechos palestinos utilizar sus servicios. El portavoz de Al Haq afirmó que Mailchimp, el servidor de listas de correo, también eliminó la cuenta del grupo en septiembre.
Tanto el gobierno de Estados Unidos como el de Israel han eludido durante mucho tiempo al Tribunal Penal Internacional y cualquier responsabilidad por los crímenes de guerra que se les acusa de cometer. Ninguno de los dos países es signatario del Estatuto de Roma, el tratado internacional que creó el Tribunal.
En noviembre del año pasado, los fiscales de la Tribunal Penal Internacional emitieron órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant, acusándolos de causar hambre intencionalmente a civiles al bloquear la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Tanto el gobierno de Biden como el de Trump rechazaron la legitimidad de esas órdenes.
Desde su reelección, Trump ha adoptado una postura más agresiva para negar cualquier responsabilidad de Israel. Al comienzo de su segundo mandato, renovó las sanciones contra la Tribunal Penal Internacional y adoptó medidas nuevas y más severas contra los funcionarios de la Corte y cualquier persona acusada de colaborar con ellos en sus esfuerzos. En septiembre, en una nueva orden ejecutiva, sancionó específicamente a los tres grupos palestinos.
Las medidas adoptadas por Estados Unidos se producen tras la designación de Al Haq como “organización terrorista” por parte de Israel en 2021 y una campaña de desprestigio en línea por parte de lacayos proisraelíes que intentan vincular al Centro Palestino para los Derechos Humanos con grupos terroristas. Las sanciones consisten en congelar los activos de las organizaciones en Estados Unidos y prohibir la entrada al país a las personas sancionadas. Los jueces federales ya han emitido medidas cautelares a favor de los demandantes en dos casos, argumentando que las sanciones violan los derechos amparados por la Primera Enmienda.
“El gobierno de Trump pretende contribuir a la censura de la información relacionada con las atrocidades cometidas por Israel en Palestina, y las sanciones contra estas organizaciones están diseñadas deliberadamente para disuadir a los estadounidenses que podrían estar preocupados por las leyes de apoyo material de asociarse con ellas”, declaró Whitson, que en septiembre se unió a una coalición de organizaciones que piden al gobierno de Trump que levante las sanciones.
Al igual que muchas empresas tecnológicas, YouTube se ha mostrado dispuesta a cumplir con las exigencias tanto del gobierno de Trump como del de Israel. La plataforma colaboró en una campaña organizada por trabajadores tecnológicos israelíes para eliminar de las redes sociales contenido considerado crítico con Israel. En Estados Unidos, Google, la empresa matriz de YouTube, proporcionó en secreto información personal de cuentas de Gmail al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos para facilitar la detención de un militante estudiantil propalestino.
Mucho antes de la campaña genocida de Israel en Gaza, YouTube ya había sido acusado de no aplicar equitativamente sus normas comunitarias, censurando las voces palestinas y absteniéndose de ejercer un control similar sobre el contenido proisraelí. Según un informe de Wired, esta práctica continuó durante la guerra.
A principios de este año, YouTube cerró la cuenta oficial de la Asociación de Apoyo a los Prisioneros y Derechos Humanos de Addameer. Esta decisión se produjo tras la presión de Abogados por Israel de Reino Unido, que informó a YouTube por escrito de que la organización había sido sancionada por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Whitson advirtió que la capitulación de YouTube podría sentar un precedente y animar a otras empresas tecnológicas a someterse a la censura. “Están permitiendo que la administración Trump dicte la información que comparte con el público mundial”, dijo. “Esto no se detendrá en Palestina”.
Nikita Mazurov y Jonah Valdez https://theintercept.com/2025/11/04/youtube-google-israel-palestine-human-rights-censorship/
El viernes la prensa croata llevó a la primera plana un titular sensacional, de esos capaces de atraer audiencia millonarias y crear polémicas interminables: un desconocido se había acercado a una monja de 35 años, Marija Tajana Zrno, alias “hermana Zrno”, en la zona residencial de Malesnica y la atacó con un cuchillo.
Los medios llegaron a inventar que el agresor había gritado “¡Allahu akbar!”, es decir, que era la agresión de un emigrante que, además, era un musulmán fanático (1).
A su llegada al hospital, informaron que la hermana Zrno tenía una lesión abdominal. Los médicos aseguraron que su estado era estable y que no corría peligro. Según miembro de su entorno, logró regresar caminando a su convento antes de ser trasladada a urgencias del Hospital Universitario de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
El alcalde de Zagreb, Tomislav Tomasevic, expresó su preocupación por la salud de la monja cuando fue hospitalizada. Solicitó a la policía que realizara una investigación exhaustiva y compartiera rápidamente sus hallazgos, enfatizando que la opinión pública estaba profundamente afectada por los informes iniciales.
No había mucho que investigar. La policía se enteró enseguida de que la monja había comprado ella misma el objeto punzante utilizado en el incidente en una tienda de la zona de Zagreb.
Un examen de sus lesiones determinó claramente que, ademś de superficiales, fueron autoinfligidas y la propia policía ha anunciado la presentación de una denuncia contra la hermana Zrno.
En las cámaras de videovigilancia no se veía a ningún agresor en el lugar del falso apuñalamiento, ni musulmán ni budista.
La monja impartía lecciones de religión en una escuela primaria y es muy conocida en Croacia por su pasión por el fútbol. En la cadena de televisión católica Laudato presentaba programas relacionados con el fútbol.
El fútbol, decía, es “una forma de conectar, compartir alegría y evangelizar”. ACI Prensa y la Agencia Católica de Noticias publicaron una entrevista en la que establecía paralelismos entre el deporte y la vida espiritual: “Para ser un buen futbolista, hay que entrenar todos los días. Lo mismo ocurre con la espiritualidad: si no eres perseverante y no rezas con regularidad, te volverás perezoso, tibio y tu vida no dará fruto” (2).
Es una gran admiradora del antiguo futbolista del Real Madrid Luka Modric, a quien felicitó por llevar espinilleras con la imagen de Jesucrísto. Junto con el padre Ivan Dominik Iliciv organizó la iniciativa de oración “Rosario por el Fuego” para la selección croata durante el Mundial.
La iniciativa movilizó a crotas de todas las edades.
Ahora la monja ha sido ingresada en un hospital siquiátrico para recibir tratamiento.
(1) https://narod.hr/vjera-i-kultura/tko-je-casna-marija-tatjana-zrno-koja-je-izbodena-nozem-u-zagrebu
(2) https://www.catholicnewsagency.com/news/253133/they-re-epic-battles-croatian-nun-discusses-relationship-between-spiritual-life-soccer
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