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Las empresas estadounidenses de esquisto están cerrando plataformas de perforación y reduciendo la producción, ya que los precios mundiales del petróleo hacen que la extracción no sea rentable. El auge del esquisto en Estados Unidos está llegando a su fin. Estados Unidos ya no puede esperar un crecimiento de la producción como el de hace una década.

El auge del esquisto en Estados Unidos toca a su fin. Las empresas petroleras y de gas cierran plataformas de perforación y recortan gastos, a pesar de las promesas de Trump de aumentar la producción.

Las evaluaciones de la rentabilidad de los productores de esquisto varían. La encuesta trimestral del Banco de la Reserva Federal de Dallas señala que las empresas estadounidenses de esquisto necesitan un precio de al menos 65 dólares por barril para salir del umbral de pérdidas, mientras que los precios del petróleo WTI de Estados Unidos han caído por debajo de los 62 dólares por barril (*).

El punto de equilibrio para la extracción de yacimientos de esquisto estadounidenses sin desarrollar es de 45 dólares por barril. A modo de comparación, el punto de referencia para yacimientos fácilmente explotables en Oriente Medio es de 27 dólares por barril.

Los costos de producción en Estados Unidos varían considerablemente para los proyectos de esquisto. Sin embargo, los hidrocarburos de esquisto son inicialmente caros. Los estadounidenses comenzaron a extraer petróleo y gas de esquisto no por un deseo de lujo. Para la década de los setenta, se hizo evidente que los yacimientos convencionales estadounidenses se estaban agotando, y para mantener los volúmenes de extracción en los niveles anteriores, comenzaron a otorgar exenciones fiscales para nuevos desarrollos. Pero hasta el cambio de siglo esta estrategia no empezó a dar frutos y comenzó la “revolución del esquisto”.

Inicialmente, se trataba de la extracción de gas, luego, el condensado de gas y ahora el llamado petróleo de esquisto.

Otro factor que impulsó la “revolución del esquisto” fueron los altos precios del gas. Si los precios del gas en Estados Unidos no hubieran sido los más altos del mundo durante el cambio de siglo, la “revolución del esquisto” podría no haber ocurrido.

La tecnología de extracción está mejorando, pero la extracción de petróleo de esquisto sigue siendo cara. Precisamente por eso, cuando el precio del petróleo cayó por debajo de los 70 dólares por barril, las estadísticas mostraron inmediatamente una disminución en el número de plataformas de perforación en Estados Unidos. La producción está disminuyendo en comparación con las cifras máximas de 2022-2023.

El número de plataformas de perforación rotatorias para la extracción de petróleo crudo y gas natural en Estados Unidos en 2022 era de 723 unidades, y en 2023, de 687. En febrero del año pasado, solo seguían operando 590 unidades. Si nos remontamos a 2012, Estados Unidos contaba con casi 2.000 plataformas de perforación: casi cuatro veces más que hoy.

Los yacimientos más rentables, con menores costos y mayor rentabilidad, se están agotando porque se perforaron primero, especialmente durante los períodos de crisis de precios de 2015 y 2020. Aún quedan yacimientos en Estados Unidos con pozos geológica y económicamente más complejos, cuya operación es más costosa. La continuidad de la extracción de petróleo de esquisto dependerá de la situación económica mundial. Si los precios del petróleo suben a 80 dólares por barril, la producción estadounidense aumentará; pero si los precios bajan o se mantienen bajos, la producción también disminuirá.

El volumen de producción en Estados Unidos está determinado exclusivamente por factores económicos, a diferencia del costo del petróleo en el mercado mundial, en particular la política estadounidense. Si Estados Unidos impone sanciones más estrictas contra Irán o Rusia y, por consiguiente, reduce las exportaciones de petróleo, los precios subirán. En consecuencia, los proyectos estadounidenses serán más rentables y se perforará y extraerá más petróleo en Estados Unidos.

La importancia del gas de esquisto para Estados Unidos es difícil de sobrestimar. En primer lugar, gracias al crecimiento de la extracción de gas de esquisto, los precios en el mercado interno se han situado entre los más bajos del mundo. Recientemente, mil metros cúbicos de gas en Estados Unidos costaban 100 dólares, en comparación con los 150 dólares actuales. No es de extrañar que Estados Unidos atraiga fácilmente plantas de la Unión Europea, donde los precios del gas son varias veces más altos.

La revolución del gas de esquisto ha beneficiado significativamente a la economía estadounidense, impulsando el crecimiento del PIB, el mercado laboral y la balanza comercial gracias al aumento de las exportaciones. Además, el petróleo nacional ha liberado a Estados Unidos de su dependencia de proveedores extranjeros, como Arabia Saudita. Las consecuencias políticas de la “revolución del esquisto” han permitido a Estados Unidos ser mucho más independiente en Oriente Medio y aplicar una política económica menos dependiente de las petromonarquías del Golfo.

Antes de la “revolución del esquisto”, Estados Unidos dependía del petróleo de Oriente Medio procedente de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Irak y otros países. Arabia Saudí siempre contó con la protección estadounidense, no solo política sino también económica. Era uno de los principales proveedores de petróleo de Estados Unidos, razón por la cual este último se interesaba en la estabilidad de Oriente Medio: los conflictos podían provocar la interrupción del suministro de petróleo de Oriente Medio a Estados Unidos.

Ahora, el circuito comercial ha cambiado. El petróleo de Arabia Saudí fluye principalmente hacia China y, de ser un garante de la seguridad de Arabia Saudí, Estados Unidos se está convirtiendo en una amenaza.

(*) https://www.ft.com/content/2ca65bb8-335d-4fe4-a43a-7fb20bc9d396

La izquierda domesticada ha interpretado la purga burocrática emprendida por Trump y Musk como una medida “neoliberal” para adelgazar al Estado para engordar a las empresas privadas. Otros lo plantearon como un intento de reducir un déficit que ha alcanzado cotas insostenibles.

Desde ese punto de vista, los recortes han fracasado. El jueves pasado la Casa Blanca reconoció que la purga burocrática y los recortes presupuestarios sólo habían ahorrado 150.000 millones de dólares: menos del 0,5 por cien de la deuda total de Estados Unidos, que supera los 36 billones de dólares.

Naturalmente, el “neoliberalismo” de Trump es otro pretexto para engañar a los incautos. El gasto público ha seguido aumentando en comparación con los dos últimos años de la presidencia de Biden. Tres meses de Musk sometiendo a privaciones a la burocracia estadounidense no han logrado “nada”.

El error es suponer que la purga y los recortes sólo perseguían objetivos económicos y que el aparato del Estado tiene como misión prestar un “servicio público” o que encubre una privatización.

La depuración también tiene un propósito político: acabar con una red de instituciones parasitarias, como las seudoecologistas, que se habían convertido en un fin en sí mismas. Los recortes están sirviendo para engordar otra parte del gasto público en el que Estados Unidos necesita concentrarse: el militar.

Trump quiere aumentar el presupuesto militar del próximo año hasta el billón de dólares porque los recortes presupuestarios nunca afectan al ejército ni a la policía, que crecen sin freno ninguno.

Ayer South Western Railway, una empresa ferroviaria que opera en el suroeste de Inglaterra, se convirtió en la primera en volver a ser propiedad pública, dentro del esfuerzo del gobierno laborista británico por renacionalizar el ferrocarril. “Esta es una nueva era para el ferrocarril”, afirmó el Ministerio de Transporte en un comunicado de prensa.

“Vamos a decir adiós a 30 años de ineficacia, desperdicio y frustración de los pasajeros”, dijo la ministra de Transporte, Heidi Alexander, durante una visita a una estación de trenes. “Avanzaremos con confianza hacia un nuevo futuro para los ferrocarriles”, aseguró.

La privatización de los operadores ferroviarios tuvo lugar a mediados de la década de los noventa bajo el mandato del Primer Ministro conservador John Major, que continuó las políticas privatizadoras de Margaret Thatcher de la década anterior.

Un descarrilamiento provocado por microfisuras en los raíles, que dejó cuatro muertos en 2000, conmocionó profundamente a la opinión pública. Las cancelaciones, los retrasos se han vuelto habituales y los pasajeros se han quejado de los precios. Desde entonces, la red ferroviaria ha vuelto a ser pública y está gestionada por la empresa Network Rail. Cuatro de los catorce operadores que hay en Inglaterra ya han quedado bajo control público en los últimos años debido a su pobre rendimiento. La idea inicial era gestionarlos temporalmente antes de devolverlos al sector privado.

A finales de noviembre los laboristas aprobaron una ley que exige la nacionalización de los operadores privados al expirar sus contratos (o incluso antes en caso de mala gestión) y su consolidación en una organización llamada “Great British Railways”. Según el gobierno, esperar hasta el final de los contratos permite evitar pagar indemnizaciones a los operadores actuales. Todos ellos expirarán en 2027.

Los sindicatos del sector, que han iniciado una ola de huelgas en los últimos años presionados por la reducción de los salarios reales, apoyan la toma de control por parte del Estado. “Todos en la industria ferroviaria saben que las privatizaciones […] no han funcionado y siguen sin funcionar”, comentó el jueves Mick Whelan, secretario general del sindicato de conductores de trenes Aslef.

La reincorporación de estas empresas al sector público “garantizará que los servicios se gestionen en interés de los pasajeros, no de los accionistas”, pero resolver “los problemas estructurales que lastran la red ferroviaria […] llevará tiempo”, advirtió la ministra Heidi Alexander. El gobierno anunció en diciembre que la primera empresa afectada sería South Western Railway. La empresa C2C seguirá el 20 de julio y Greater Anglia el 12 de octubre.

Las operaciones de South Western Railway serán gestionadas por un nuevo operador público, que se integrará en Great British Railways una vez que se forme la empresa.

La desaparición progresiva del dinero en efectivo es una medida de control político y social que se ha generalizado, sobre todo en los países del norte de Europa. Las diferentes policías celebran este tipo rastros que someten a un estrecho escrutinio la vida más íntima de las personas.

La pandemia generalizó el uso de las tarjetas bancarias y móviles para que el maldito virus no se introdujera a través de las yemas de los dedos. Había que eliminar toda clase de contactos directos, no solo entre las personas, sino también con las cosas. No se podía tocar nada.

Ahora ya no pueden recurrir al histerismo sino al bandolerismo: las policías aseguran que si desaparece el dinero en efectivo, podrán seguir el rastro del dinero, acabará el blanqueo y con ello la delincuencia económica y, sobre todo, el tráfico de drogas.

En 2016 el banco más grande de Noruega pidió abandonar el uso de dinero en efectivo para frenar las actividades ilegales y durante una audiencia ante el comité de investigación de delitos financieros del Senado francés, el ministro de Justicia, Gerald Darmanin, aseguró el jueves que “una gran parte del fraude criminal cotidiano, incluso en redes criminales, es fraude de efectivo”.

En cien años de represión ninguna policía del mundo ha sido ha sido capaz de acabar con el tráfico de drogas, por ejemplo, y ahora nos quieren convencer de que han encontrado la receta mágica para acabar con ese delito y todos los demás que llenan los códigos penales.

“Lo he dicho varias veces a quienes me preguntan cómo podemos frenar la droga en nuestros barrios. Es una medida bastante sencilla: acabar con el dinero en efectivo impedirá la proliferación de puntos de venta de drogas”, afirmó el ministro francés.

La desaparición progresiva del efectivo es una realidad en muchos países y no parece que haya menos drogas y menos delitos de tráfico de drogas. En Dinamarca, por ejemplo, solo el 8 por cien de las transacciones se realizan en efectivo, pero el cultivo doméstico de cannabis, que es delictivo, ha aumentado en los últimos años.

En general, los delitos relacionados con el tráfico de drogas han aumentado en Dinamarca. Según un Informe Europeo sobre Drogas (EMCDDA), el mercado de drogas ilícitas ha crecido, lo que ha llevado a un incremento en actividades delictivas vinculadas, como el narcotráfico, la violencia entre bandas y el crimen organizado.

El reciente apagón eléctrico, que estuvo acompañado de un corte en las telecomunicaciones, muestra el peligro de depender de tarjetas, móviles, cajeros, wifi, bluetooth y demás. Primero nos quitaron el dinero de las manos y ahora nos dicen que volvamos a colocar las monedas y billetes debajo del colchón, como se ha hecho toda la vida.

Lo ha dicho el Parlamento de Noruega: hay que frenar la desaparición del efectivo y, para ello, ha aprobado una ley que obliga a las empresas a aceptar siempre todos los pagos que se realicen en metálico.

“El mundo que nos rodea se ve cada vez más afectado por la guerra, las amenazas digitales y el cambio climático. Debemos prepararnos para cortes de energía prolongados, fallos del sistema o ataques digitales que podrían provocar el fracaso de las soluciones de pago digitales”, ha dicho Emilie Enger Mehl, la ministra de Justicia, una cartera que en Noruega se encarga también de las situaciones de emergencia.

En un folleto el Ministerio de Defensa de Suecia aconseja a sus ciudadanos utilizar dinero en efectivo regularmente y tener una reserva debajo del colchón para estar preparados para “crisis y guerras”.

“La eficacia es importante, pero es aún más importante que todos puedan seguir pagando en caso de crisis”, añade el banco central del país escandinavo. En Alemania el Banco Federal ha señalado que en caso de crisis, “debe estar disponible una infraestructura intacta para el suministro de efectivo”.

Como vemos, el clima de guerra está frenando la desaparición del dinero en efectivo por una razón que muchos aún no tienen claro: una guerra acaba con casi todo y quien crea que esas condiciones “la vida sigue igual” está muy equivocado.

Por lo demás, el dinero en efectivo favorece un tipo de delitos rudimentarios y su desaparición dará lugar a delitos de alta tecnología. O quizá a una combinación de ambos. Por ejemplo, en Francia están aumentando los secuestros de personas que tienen criptomonedas para despojarles de su dinero virtual. El año pasado se produjeron diez casos de expolios virtuales de otros tantos rehenes.

Hace años que advertimos que Japón es una bomba de relojería de la economía mundial y el martes el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, calificó la situación de su país como “peor que la de Grecia en sus peores momentos”, un país del que ya nadie se acuerda. Hay que agradecerle una sinceridad que se echa de menos en otros continentes, donde todo son parabienes.

No obstante, hay dos diferencias con Grecia: Japón tiene un enorme peso en la economía mundial y Bruselas no va a ir a rescatarles.

Japón entró en recesión en 2023, al final de la pandemia. La inflación es alta (3,6 por cien) y la deuda ha llegado al 260 por cien del PIB (mucho más que Grecia), pero los tiempos de bajos tipos de interés se han acabado. El rendimiento de los bonos del Estado a 30 años ha alcanzado oficialmente un máximo histórico del 3,15 por cien. El gigantesco endeudamiento cada vez le sale más caro al gobierno de Tokio.

Con casi 9 billones de dólares, Japón es el país más endeudado del mundo. Pero, además, posee 1,1 billones de dólares de deuda estadounidense, lo que lo convierte en el mayor acreedor extranjero de Estados Unidos. La tentación sería vender la deuda ajena para pagar la propia, es decir, pasar el problema a Estados Unidos.

Con el endeudamiento Japón intentó solucionar un problema, la deflación, creando otro, hasta llegar a una situación terminal. “La situación es especialmente delicada en los mercados mundiales, precisamente porque se están entrelazando dos crisis fiscales en dos de las economías más importantes del planeta: Japón y Estados Unidos”, dice El Economista (*).

La crisis puede provocar no sólo una crisis de deuda en suelo propio, dice El Economista, sino que Japón sea el epicentro de “un terremoto financiero como pocas veces se ha vivido”, porque ya no es solo Estados Unidos: los especuladores japoneses tienen 2,3 billones de bonos extranjeros en total y se van a desprender de ellos para tapar sus propios agujeros.

Los japoneses van a retirar gigantescos capitales de los mercados mundiales para trasladarlos a su país porque los tipos de interés ahora ya son atractivos. La retirada va a afectar a Wal Street y a las bolsas europeas. El hundimiento de 1929 se va a quedar pequeño.

(*) https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13375964/05/25/japon-el-pais-de-la-deuda-ilimitada-se-tambalea-y-crece-el-temor-de-que-desate-un-shock-mundial-estamos-peor-que-grecia-en-2008.html

A principios de mayo se celebró en Washington una conferencia de decenas de economistas de universidades, monopolios e instituciones, como el FMI, sobre “geoeconomía”. Si creían que ya tenían bastante con eso que llaman “geopolítica”, ahora llega algo bastante más crudo.

Las máscaras van cayendo. El Financial Times presenta la reunión como el fin de eso que llaman “neoliberalismo” y dice que los gobiernos empiezan a utilizar políticas económicas y financieras para participar en “juegos de poder” (*). Es una nueva política económica que con el “neoliberalismo” no ocurría porque predominaban los “mercados”.

Antes “la política parecía derivar de la economía”, pero hoy en día esto ya no es así, tras la guerra comercial desatada por Trump. La economía está pasando a un segundo plano frente a los “juegos políticos”.

Las universidades han creado una nueva asignatura, la “geoeconomía”, al igual que el FMI o las empresas, que han creado un nuevo puesto, al que llaman “CGO” (“director de geopolítica”). El péndulo vuelve a oscilar hacia el proteccionismo y el “keynesianismo militar”.

Los “expertos” ya cuentan con China como protagonista en la arena internacional. El Banco Central Europeo desarrolla un euro digital, Arabia Saudí su propia pila tecnológica y Japón recurre a los bonos del Tesoro que tiene en su cartera como una “baza de triunfo” en las negociaciones comerciales.

“Esto significa que las políticas tecnológicas, comerciales, financieras y militares están entrelazadas de maneras sin precedentes”, asegura el Financial Times. En Estados Unidos se ha impuesto el principio de que los gobiernos deben moldear el comercio en beneficio del propio interés y la política industrial ha regresado. El movimiento comenzó en Estados Unidos bajo la presidencia de Biden, pero Trump ha redoblado la apuesta con los aranceles.

La retórica monopolista tiene que cambiar rápidamente. Se acabaron las tonterías sobre la “globalización”, el “neoliberalismo” y la “finaciarización”. Todos necesitamos aprender a navegar en la “geoeconomía”, dice el Financial Times. Dentro de poco empezarán a hablar de capitalismo monopolista de Estado, o quizá de algo aún peor: de guerra económica.

(*) https://www.ft.com/content/daf5ce11-c95b-4964-8df1-7463f0f9a81b

En Estados Unidos la policía de inmigración no tiene que moverse mucho para cazar a los emigrantes sin papeles. Los ven todos los días trabajando en los restaurantes de Washington y los más preocupados son los hoteleros.

El 6 de mayo, en Pupatella, una lujosa pizzería en el centro de Washington, la policía irrumpió como si estuviera en Irak, con su brutalidad característica. Buscaban trabajadores sin papeles pero ellos no llevaban papeles, y si los llevaban no los exhibieron al entrar. No tenían orden judicial, así que el encargado impidió su entrada.

Debieron marcharse enfadados y buscaron otra pizzería del mismo grupo ubicada en el Capitolio, cerca del Congreso. Tampoco llevaban orden judicial pero mostraron un aviso de inspección, coo si fueran inspectores de trabajo o algo parecido. El encargado los remitió a las oficinas centrales de la empresa.

Hasta el 9 de mayo la policía detuvo a 189 inmigrantes indocumentados y emitió avisos de inspección a 187 empresas que operan en Washington.

De la noche a la mañana Estados Unidos ha reconvertido a los trabajadores sin papeles en “delincuentes extranjeros”, una coartada más que suficiente para iniciar la caza.

En Estados Unidos los trabajadores inmigrantes son la columna vertebral de la hostelería, afirma Shawn Townsend, presidente de la Asociación de Restaurantes de Washington (RAMW). La industria que desaparecería si la mano de obra fuera expulsada, como pretenden Trump y los suyos, que ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal una de sus principales prioridades, calificando a Estados Unidos de “invasión” de “criminales extranjeros” e iniciando deportaciones masivas.

Además de la hostelería, la fuerza de trabajo extranjera desempeña un papel crucial en muchos sectores económicos, como la agricultura, los servicios y la construcción.

Incluso antes de la toma de posesión de Trump en enero, RAMW “sabía que [los trabajadores sin papeles] serían una prioridad para el nuevo gobierno”, dice la patronal. Por ello, la organizaron cursos sobre los formularios I-9 que los empresarios deben completar para certificar que una persona está autorizada a trabajar en Estados Unidos.

Según un sondeo, más de la mitad de los empresarios teme que las redadas de la policía cree una escasez de mano de obra. Los sectores más preocupados son la industria, la hostelería y la restauración.

Desde que su restaurante fue atacado, “un gran número de empleados no han ido a trabajar” por miedo a ser detenidos, explica un empresario. “Creo que probablemente nos encaminamos hacia una escasez de mano de obra […] Los restaurantes van a tener muchas dificultades”.

“El clima político en el que nos encontramos, sumado a los desafíos económicos que enfrentan algunas de nuestras pequeñas empresas, está contribuyendo a los niveles de ansiedad de los trabajadores”, confiesa Townsend. “La gente tiene miedo de ser detenida y creo que ese miedo impide que algunas personas regresen al trabajo”.

Los trabajadores de las pizzerías Pupatella se mostraron “perturbados” por la inspección policial: “Seamos honestos, si alguien se presenta en un local con uniforme federal, armas y chalecos antibalas […] es desconcertante”, dice una empresaria, cuyos trabajadores ya están preparados para un nuevo desembarco policial.

“Nos aseguramos de que todos los encargados conozcan los derechos del restaurante y los de cada miembro del equipo”, concluye. Aún creen que frente a las metralletas de la policía basta invocar derechos, normas y reglamentos.

Los “expertos” dicen que los emigrantes, sobre todo si no llevan papeles, trabajan por salarios de hambre. Ahora vamos a comprobar en Estados Unidos si su deportación ayuda a subirlos.

El fabricante de automóviles japonés Nissan planea cerrar dos plantas de ensamblaje en Japón, así como otras fábricas en el extranjero. Los cierres son parte de un plan de reducción de costos que el fabricante anunció a principios de esta semana.

La crisis llega como consecuencia de una caída de las ventas en mercados clave como Estados Unidos y China, una gama de modelos obsoleta y el impacto de aranceles estadounidenses.

El holding planea cerrar siete de sus 17 plantas de producción para 2027, entre ellas las de Oppama, donde Nissan inició su producción en 1961, y Shonan, operada por Nissan Shatai y en la que Nissan tiene una participación del 50 por cien.

La multinacional está considerando poner fin a la producción en sus plantas de Sudáfrica, India y Argentina. El grupo también quiere reducir el número de sus fábricas en México.

El martes la empresa japonesa anunció una serie de nuevas medidas de reducción de costos, incluida la eliminación de 11.000 empleos más y una reducción en la producción. También estudia fortalecer sus alianzas con Renault, Mitsubishi y posiblemente Honda.

Se espera que para 2027 Nissan haya eliminado 20.000 empleos en todo el mundo, lo que supone el 15 por cien de su fuerza de trabajo en el mundo.

En un comunicado publicado en su sitio web, Nissan ha desmentido la información diciendo que eran especulaciones. Sin embargo, la empresa sufrió una pérdida fabulosa de 4.100 millones de euros el año pasado.

En España Nissan tiene tres fábricas, una en la Zona Franca de Barcelona, otra en Ávila, especializada en la fabricación de furgonetas y una tercera en Cantabria. La fuerza de trabajo es de 3.000 trabajadores.

El acceso al espacio ha sufrido una profunda transformación en los últimos años, a medida que se han desarrollado las fuerzas productivas y la técnica aerospacial. Ha aparecido una nueva industria, con nuevas empresas y nuevos mercados. Se trata de un sector económico emergente, estrechamente ligado a los ejércitos porque la posibilidad de desplegar infraestructura en el espacio es una cuestión estratégica para muchos países y empresas.

La nueva carrera espacial es dual, tanto militar como civil, con un intercambio de tecnologías y recursos entre ambas esferas. Junto a la militarización forzada del espacio se está desarrollando una intensa competencia económica, tanto en la puesta en órbita de los satélites como en su lanzamiento. Se necesitan muchos más satélites y, en consecuencia, más lanzaderas.

Con el cambio de siglo, el espacio se ha convertido en un mercado en el que compiten Estados y empresas. El peso del sector aerospacial en la economía mundial se ha decuplicado. Sectores estratégicos como las telecomunicaciones, la cartografía y las ayudas a la navegación, así como la observación meteorológica y el seguimiento de desastres naturales, dependen de los satélites. Estos últimos desempeñan cada vez más funciones y de forma cada vez más precisa.

Los satélites son cada vez más necesarios. Un número cada vez mayor de Estados buscan adquirir sus propios satélites, mientras que los que ya los tienen continúan poniendo en órbita otros nuevos y mejores. Detrás de esta carrera, Estados y empresas privadas libran una feroz competencia para obtener pedidos de lanzamiento y puesta en órbita de satélites.

Los lanzamientos de satélites han dejado de ser ocasionales. Las empresas tratan de mantener en el espacio constelaciones de satélites, lo que exige, a su vez, lanzamientos a ritmos acelerados y cada vez más baratos porque una de las funciones que cumplen es la conexión a internet. La pretensión es interconectarlo todo y, por lo tanto, que internet alcance a los lugares más remotos del planeta.

El mercado espacial creció de 423.800 millones de dólares en 2019 a 447.000 millones en 2023 y alcanzará el billón en 2030.

Las nuevas potencias espaciales

Los estadounidenses, rusos y europeos son los dominadores tradicionales de la carrera espacial, que los dos primeros se iniciaron en la posguerra. Pero hoy están surgiendo nuevas potencias espaciales, entre las que destaca China, para no depender de los satélites de terceros países.

El programa espacial chino recibió un nuevo impulso en la década de los noventa. El intento de enviar astronautas al espacio, se llamó Shenzhou y en 2003 logró su objetivo. Desde entonces han enviado un total de 17 y el programa Shenzhou ha evolucionado con el tiempo, incluyendo misiones que han realizado caminatas espaciales y han contribuido a la construcción de la estación espacial Tiangong.

Sólo tres naciones han logrado hasta ahora esta hazaña. China también fue la primera en aterrizar una sonda de exploración en el otro lado de la Luna y ha lanzado su propio competidor del GPS americano: el sistema Beidou.

Es el país que más satélites pone en órbita. En 2023 realizó 67 lanzamientos, por delante de cualquier otro. Por ejemplo, en su conjunto los países europeos sólo lanzan 6 satélites y Rusia 19. Gracias a ello, China está alcanzando rápidamente la paridad con Estados Unidos en el mercado de las telecomunicaciones, en particular el 5G.

Detrás de China avanza el programa espacial indio. Con ayuda de la URSS, en 1975 lanzó su primer satélite y luego desarrolló sus propias lanzaderas, que le permiten colocar numerosos satélites de comunicaciones en órbita. Eso le ha permitido crear el equivalente local del GPS.

Pero la India mira más allá, con un primer vuelo tripulado al espacio el año que viene.

‘New Space’ está cambiando las reglas del juego

“New Space” es el nombre que recibe el complejo formado por empresas privadas estadounidenses que diseñan y utilizan sus propias lanzaderas y pueden operar flotas de satélites. La empresa más conocida es SpaceX, creada en 2002 por Elon Musk.

Esta empresa controla toda la cadena de valor: fabrica sus satélites y luego los pone en órbita utilizando sus propias lanzaderas. Actualmente se encuentra desplegando la red de satélites Starlink, siendo la primera del mundo por el número de lanzamientos con 134 el año pasado y 180 previstos para éste.

Para ello SpaceX tiene cohetes parcialmente reutilizables, que reducen los costes, lo que le ha convertido en un socio de la NASA. Los cohetes transportan carga a la estación internacional así como pasajeros. El ejército estadounidense también confía en él, ya que pone en órbita algunos satélites militares.

Por eso tanto Musk como su empresa tienen un importante apoyo público, ya que muchos de los lanzamientos se realizan para el Estado. Al cobrar más a estas instituciones, SpaceX ofrece precios competitivos en el mercado internacional, lo que atrae a algunas empresas, incluidas las europeas, como Hispasat. El satélite Amazonas Nexus, del que ya hemos hablado, lo llevó a cabo SpaceX en 2023.

En el sector de las lanzaderas, SpaceX compite con Virgin Orbit, que se dedica a los lanzamiento aéreos: en lugar de lanzar cohetes desde el suelo, Virgin Orbit utiliza un avión modificado llamado “Cosmic Girl” para llevar su cohete LauncherOne a altitudes más elevadas. Una vez en el aire, el cohete se libera y se enciende para llevar a los satélites a la órbita prevista.

Virgin Orbit se fundó en 2017. Es una filial del holding Virgin, conocido por la línea aérea del mismo nombre, propiedad de Richard Branson.

En 2000 Jeff Bezos creó Blue Origin, que empezó a realizar sus primeros lanzamientos en 2015 con la pretensión de pasear turistas por el espacio.

Este fin de semana Estados Unidos y China han negociado en Suiza una rebaja mutua de aranceles, pero las perspectivas son negras. Ambos países van camino de una ruptura “monumental” que pone en vilo a la economía mundial, dice el New York Times (*). Si la guerra comercial entre ambas partes sigue, podría acabar de hundir los mercados internacionales.

China no le besa el culo a Trump. Por mucho que haya presionado, dice el New York Times, en Pekín no retroceden. En el “nuevo orden mundial” el centro lo ocupa China, no Estados Unidos

El secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, salió frustrado de las reuniones: “No hay ninguna posibilidad de que Estados Unidos elimine por completo los aranceles a China”, dijo a la cadena Fox.

“Es imposible”, añadió cuando le preguntaron por la posibilidad de levantar los aranceles a China. Agregó que Washington y Pekín necesitan celebrar decenas de reuniones y primero lograr la desescalada.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, comentó que Trump mantiene su posición de que no levantará unilateralmente los aranceles a China.

Trump escribió en su red social que un arancel del 80 por cien sobre China le parece justo, pero que depende del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Antes comentó en una entrevista con Fox que Washington debería reducir los aranceles sobre los productos procedentes de China, ya que de lo contrario sería imposible desarrollar las relaciones comerciales entre ambos países.

En 2018 y 2019, durante su anterior mandato, Trump elevó los aranceles a China, pero sólo durante 14 meses. La segunda guerra arancelaria no les ha pillado por sorpresa a los chinos. Lo tenían todo previsto de antemano.

(*) https://www.nytimes.com/es/2025/04/10/espanol/negocios/china-aranceles-trump-economia-mundo.html