Las oportunidades que presenta Ucrania no han pasado desapercibidas. Desde BlackRock (a quien Zelensky ha dado oficialmente la bienvenida) hasta los fondos europeos, el país está siendo observado por los gigantes financieros y por las organizaciones internacionales, decididas a imponer un clima favorable a la inversión privada. El menú es la desregulación, las privatizaciones y una “fiscalidad eficaz”.
El gobierno ucraniano no ha esperado al final de la guerra para aplicar esas reformas.
El final de la guerra no será el final del calvario para Ucrania. En los últimos meses, el jugoso asunto de la reconstrucción de la Ucrania de posguerra ha abierto el apetito.
El pasado noviembre Zelensky firmó un memorando con BlackRock que permite al Consejo financiero de la empresa -una unidad de consultores diseñada para trabajar en países en crisis- asesorar a su ministro de Economía sobre una hoja de ruta para reconstruir el país. En palabras de BlackRock, el objetivo del acuerdo es “crear oportunidades para que inversores públicos y privados participen en la futura reconstrucción y recuperación de la economía ucraniana”.
En el comunicado de prensa del Ministerio, los funcionarios son más directos y explican que quieren “atraer principalmente capital privado”. El acuerdo formaliza una serie de conversaciones mantenidas el año pasado entre Zelensky y el presidente de BlackRock, Larry Fink, durante las cuales el ucraniano subrayó la necesidad de que el país sea “atractivo para los inversores”. Según un comunicado de la oficina del presidente, BlackRock ya había asesorado al gobierno ucraniano “durante varios meses” a finales de 2022.
Ambas partes acordaron centrarse en “coordinar los esfuerzos de todos los posibles inversores y participantes” en la reconstrucción de Ucrania y “canalizar las inversiones hacia los sectores más relevantes y prometedores”. No es la primera vez que el Consejo financiero de BlackRock actúa así. BlackRock es un asesor de los Estados en materia de privatizaciones, “muy activo a la hora de contrarrestar cualquier intento de regularlas”. La empresa utilizó la crisis de 2008 -a su vez resultado de los valores respaldados por hipotecas basura en los que Larry Fink se había convertido en un maestro- para aumentar su poder e influir en los responsables políticos, a través de conflictos de intereses, puertas giratorias entre los sectores privado y público y tráfico de influencias.
En Estados Unidos, BlackRock ha suscitado una considerable controversia por su gestión del programa de inversión en el mercado de bonos de la Reserva Federal durante la pandemia, que dio lugar a que la mitad de los fondos del programa se invirtieran en… BlackRock.
Ucrania ya se encontraba en una dinámica favorable para la inversión extranjera. En diciembre del año pasado, cuando Kiev y BlackRock ya llevaban varios meses negociando, el Parlamento ucraniano adoptó una legislación favorable al desarrollo inmobiliario que había sido bloqueada antes de la guerra. Su objetivo es desregular la legislación urbanística en beneficio del sector privado, que ha estado codiciando la demolición de lugares históricos.
Se suma a los anteriores ataques del Parlamento a la legislación laboral ucraniana, heredada de la era soviética, que legalizó los contratos de 10 horas, debilitó el poder de los sindicatos y sumió al 70 por cien de la población activa en la informalidad. Estos cambios legislativos no habían sido sugeridos al Parlamento por BlackRock, sino por el Ministerio de Asuntos Exteriores británico y apoyados por el partido de Zelensky. Este último argumentaba: “La regulación extrema del empleo contradice los principios del mercado autorregulado […] crea barreras burocráticas a la autorrealización de los empleados”.
“Estos primeros pasos hacia la desregulación y la simplificación del sistema fiscal son emblemáticos de medidas que no sólo han resistido el impacto de la guerra, sino que se han visto aceleradas por ella”, dijo The Economist. “Con un público nacional e internacional a favor de la reconstrucción y el desarrollo de Ucrania”, suponía el periódico, las reformas se acelerarían después de la guerra, anticipando una mayor desregulación que “suavizaría el flujo de capital internacional hacia la agricultura ucraniana”. La receta para el éxito, afirmaba, era una mayor privatización de las “empresas públicas deficitarias” que “pesan sobre el gasto público”. Esta fase final de la privatización, señalaba amargamente The Economist, “se había detenido con el estallido de la guerra”.
Sin embargo, The Economist no debería haberse preocupado. La privatización es una de las principales prioridades de la Ucrania de posguerra. El pasado mes de julio, una miríada de grandes empresas europeas y funcionarios ucranianos asistieron a la Conferencia de Reconstrucción de Ucrania, diseñada para medir el progreso de la privatización del país, impuesto por Occidente tras el Golpe de Estado de 2014.
Como dejó claro el boletín de conclusiones políticas de la Conferencia, el Estado de posguerra no necesitará a BlackRock de su lado para llevar a cabo este plan de los especuladores y buitres. Entre las recomendaciones políticas se encuentran “un menor gasto público”, “un sistema fiscal eficiente” y, más en general, un avance hacia la “desregulación”. Aconseja seguir “reduciendo el tamaño del gobierno” mediante nuevas privatizaciones, una mayor liberalización de los mercados de capitales para crear un “mejor clima de inversión, más acogedor para la inversión directa de Europa y del mundo”.
La lectura de estos documentos evoca la voracidad capitalista más descabellada. Ucrania se presenta como una empresa emergente favorable a los negocios, en gran parte gracias a los nueve reactores nucleares estadounidenses de la empresa Westinghouse. No tiene nada que envidiar al lema “un país en un smartphone”, propuesto por el propio Zelensky hace tres años.
Un país en crisis que acude a gobiernos e instituciones financieras en busca de ayuda. La historia no es nueva. Luego llega la fase en la que descubre que los fondos que necesita desesperadamente se obtienen al precio de condiciones cada vez menos deseables. Entonces comienzan las reformas destinadas a desmantelar la inversión pública en la economía, abrir el mercado nacional al capital extranjero y aumentar el sufrimiento de la población.
Se trata de la repetición de un escenario que Ucrania ya ha vivido. Tras el Golpe de Estado de 2014, el FMI y representantes occidentales, como Biden, entonces vicepresidente de Estados Unidos, instaron al gobierno de Kiev a llevar a cabo reformas estructurales, como recortar las subvenciones al gas para los hogares ucranianos, privatizar miles de empresas estatales y levantar la antigua moratoria sobre la venta de tierras agrícolas. Durante la pandemia, bajo una intensa presión financiera, Zelensky aprobó esta última petición.
Por desgracia, es probable que el final de la guerra desencadene nuevos asaltos en Ucrania, dirigidos no por hombres con uniforme militar, sino con trajes de tres piezas.
