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Esta noticia tendría que abrir todos los telediarios del mundo, pero no es así. India, que representa más del 40 por ciento de todos los envíos de arroz en todo el mundo, ha impuesto severas restricciones a todas las exportaciones futuras al menos durante este año, lo que es sin duda una catástrofe alimentaria de la que apenas se habla. Leer más
La Comisión Europea sigue dando tumbos. Quiere hacer algo pero no sabe qué. Ahora ha renunciado al plan de poner un límite a los precios del gas, sea ruso o no, como parte de las medidas para hacer frente a la crisis energética.
La semana pasada la Comisión Europea dijo que propondría un objetivo obligatorio de la Unión Europea para reducir el consumo de electricidad en las horas punta, un tope a los ingresos de los generadores de electricidad y las empresas de combustibles fósiles, y un tope a los precios del gas ruso como medidas inmediatas para rescatar los mercados europeos de la crisis.
“Propondremos un tope al gas ruso. El objetivo aquí es muy claro”, dijo el miércoles pasado la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Sin embargo, los Estados miembros de la Unión Europea siguen divididos en cuanto a la limitación de los precios del gas ruso. Al menos diez de los 27 gobiernos se opondrían a esta medida. Alemania, la mayor economía de Europa y el miembro de la Unión Europea más afectado por el gasoducto Nord Stream, ahora clausurado, no está a favor del proyecto.
Otro grupo de países de la Unión Europea, entre los que se encuentran Francia y Polonia, ha presionado para que se limite el precio del gas importado. Sin embargo, la Comisión Europea desconfía de esta idea, ya que un tope de este tipo perjudicaría la capacidad de Europa para atraer grandes volúmenes de gas licuado si los precios son más altos en otros lugares.
Por lo tanto, es poco probable que se incluya un límite al precio del gas en la propuesta de la Comisión, aunque el borrador del proyecto todavía está sujeto a cambios.
Sin embargo, el ejecutivo europeo presiona para que se establezca un límite a los ingresos de los productores de energía nuclear y renovable y una tasa sobre los beneficios adicionales de las empresas de combustibles fósiles, incluido el sector del refinado.
Mientras la mayoría de los países europeos quieren introducir límites al precio de las importaciones de gas para reducir la factura energética, Noruega se opone por dos motivos. El primero es que se está forrando con la subida de precios. El segundo es que sus yacimientos de gas se están agotando.
El país escandinavo, que se ha convertido en el principal proveedor de gas natural de Europa desde las sanciones a Rusia, ha sido discreto hasta ahora en este asunto y considera que un precio máximo no cambiará el problema de fondo, que es que “hay muy poco gas en Europa”.
“Estamos de acuerdo en mantener un diálogo aún más estrecho con la Unión Europea en el futuro en relación con las diferentes propuestas que están sobre la mesa. Abordamos las discusiones con una mentalidad abierta, pero somos escépticos respecto a un precio máximo del gas”, declaró el lunes el Primer Ministro noruego, Jonas Gahr Store.
“Pero hay críticas en el país y en el extranjero, y algunos temen que sea visto como un especulador de la guerra. A medida que la guerra y la consiguiente crisis energética se prolongan, el dinero que fluye hacia el norte [Noruega] está resultando embarazoso”, afirmó la semana pasada el semanario británico The Economist.
Este año, los ingresos por petróleo y gas podrían alcanzar los 150.000 millones de euros, a los que habría que sumar otros 1.900.000 millones el año que viene, batiendo el récord del año pasado: 830.000 millones.
La Comisión Europea quiere limitar el precio del gas, pero no está convencida de que la medida vaya a funcionar. Ocurre como con las mascarillas durante la pandemia. Intentaron poner límites a los precios de compra y nadie quiso venderlas ya que siempre había un tercero que estaba dispuesto a pagar lo que fuera por ellas.
Noruega dice lo mismo que Rusia: los países europeos se han negado a firmar contratos a largo plazo de suministro de gas a precios establecidos. Siempre optaron por comprar en el momento y a los precios de mercado. Ahora es muy tarde para cambiar una política errónea.
Los más ricos serán los beneficiados por el plan energético del nuevo gobierno de la Primera Ministra Liz Truss, según un estudio de la Fundación Resolution publicado el martes.
El plan del nuevo gobierno británico para hacer frente a la subida de los costes de la energía ayudará a los hogares más ricos que a los más pobres, según el estudio.
La primera medida de Liz Truss como primera ministra “fue poner en marcha un enorme paquete de ayudas para reducir la magnitud del desastre” de la crisis del coste de la vida, congelando la tarifa máxima para el hogar medio en 2.500 libras (2.800 euros) durante dos años, dice la Fundación.
Dado que los hogares más ricos son los que más energía consumen, serán los más beneficiados por este tope, aunque sufran mucho menos el aumento de las facturas.
Además, hay otras ayudas “universales o casi universales”, como las 400 libras que se dan a cada hogar, o la rebaja de 150 libras en el impuesto municipal decidida por el anterior gobierno que no están dirigidas principalmente a las familias con dificultades.
La decisión del gobierno de suprimir un aumento de las cotizaciones a la seguridad social decidido por el anterior gobierno también favorecerá a los hogares más privilegiados, ya que los más modestos no pagan este impuesto.
Reino Unido depende en gran medida de los precios del gas, que se han multiplicado por siete en el último año, en parte debido a las tensiones sobre el suministro desde el inicio de la guerra en Ucrania.
La Fundación Resolution está preocupada por la financiación de la deuda del paquete de ayudas anunciado por Truss, ya que esto significa que en última instancia será pagado por los contribuyentes, y por lo tanto sólo pospone el impacto económico de la crisis energética en el país.
Todavía no se ha cuantificado el coste de estas intervenciones gubernamentales ante la disparada inflación de Reino Unido, superior al 10 por cien, y la crisis energética, lo que la Resolution Foundation considera “decepcionante”. Según sus cálculos, la factura será muy elevada y podría “empequeñecer el paquete de rescate bancario de 137.000 millones de libras durante la crisis financiera” de 2008-2009.
En una conferencia en línea, el martes la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, estimó que casi una cuarta parte de los países emergentes se enfrenta a dificultades relacionadas con la deuda. El 25 por cien está “en problemas o cerca de ellos debido a su deuda”.
Es más pesimista respecto a los países de bajos ingresos, pues estima que “más del 60 por cien ya está en dificultades, lo que supone un nivel significativo y preocupante”.
La situación se ha complicado desde el inicio de la Guerra de Ucrania, ya que “16 países han presentado solicitudes de ayuda financiera por un total de unos 90.000 millones de dólares” en los últimos seis meses.
El FMI ha tenido que acudir en ayuda de varios países con dificultades de financiación en los mercados, como Sri Lanka, Túnez, Pakistán y Argentina.
Entre las últimas ayudas concedidas, el FMI entregó a principios de este mes 1.300 millones de dólares a Zambia, que se encuentra en situación de impago desde finales de 2020 con una deuda externa estimada en 17.300 millones de dólares.
Esta mañana el Tribunal General de la Unión Europea ha confirmado la multa de la Comisión Europea contra Google impuesta en 2018 por imponer restricciones ilegales a los fabricantes de dispositivos que utilizan su sistema operativo Android para afianzar su posición monopolista.
La multa inicial era de 4.343 millones de euros y el Tribunal la rebaja en 218 millones, por lo que la sanción económica sigue siendo la mayor impuesta por la Unión Europea a un monopolio.
Bruselas sancionó a Google por obligar a los fabricantes de teléfonos y tabletas que utilizan su sistema operativo a preinstalar su motor de búsqueda y su navegador Chrome para eliminar a los competidores. El sistema Android se utiliza en cerca del 80 por cien de los dispositivos móviles de todo el mundo.
Para justificarse Google asegura que su competidor Apple hace lo mismo que ellos: favorece sus propios servicios, como el navegador Safari, en sus iPhones.
Las prácticas monopolistas de Google también están siendo cuestionadas en Estados Unidos y Asia.
La disputa comenzó en 2015 cuando la Comisión Europea abrió un procedimiento tras varias denuncias de las empresas competidoras.
En 2017 la Comisión multó al gigante tecnológico con 2.400 millones por prácticas anticompetitivas en el mercado de comparación de precios. Esta multa fue confirmada en enero por el Tribunal de la Unión Europea.
En 2019 Bruselas impuso a Google otros 1.500 millones de euros de multa por infracciones de competencia atribuidas a su red publicitaria AdSense.
La Unión Europea ha aprobado una nueva legislación para frenar los abusos de posición monopolista de los gigantes tecnológicos. La Ley de Mercados Digitales, que entrará en vigor el próximo año, impondrá una serie de obligaciones y prohibiciones a empresas como Google, Apple, Facebook y Amazon. Su objetivo es actuar antes de que el comportamiento abusivo haya destruido la competencia.
El primer ministro belga, Alexander De Croo, advirtió que Europa debe actuar de inmediato para abordar la crisis energética o arriesgarse al cierre económico del que costará recuperarse. Leer más
La economía alemana, la mayor economía de Europa, experimenta una elevada inflación y caerá en recesión este invierno. Es lo que prevé el instituto IFO, que anticipa un descenso del PIB alemán del 0,3 por cien en el primer trimestre de 2023, tras un descenso del 0,2 por cien en el cuarto trimestre de 2022. “Nos deslizamos hacia una recesión invernal”, afirma el instituto, que ha rebajado en 4 puntos su anterior previsión de junio.
El motivo son los cortes en el suministro de gas ruso este verano y la consiguiente subida masiva de precios. Se espera que la inflación media aumente hasta el 9,3 por cien el próximo año, tras el 8,1 por cien de 2022.
El estudio está en consonancia con los comentarios del presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, que el domingo consideró posible que Alemania entrara en recesión en el tercer y cuarto trimestre de este año, y que se mantuviera también en recesión a principios del año que viene. A finales de agosto, ya se había mostrado pesimista. “Si la crisis energética se agrava, parece probable que se produzca una recesión el próximo invierno”, dijo el jefe del Bundesbank.
Los temores parecen confirmarse con el aumento de los precios. La tasa de inflación en Alemania podría alcanzar un nivel superior al 10 por cien en un año en diciembre, periodo que debería constituir el pico del actual impulso inflacionista. El Bundesbank habló anteriormente de una tasa del 10 por cien en los últimos meses del año, oscureciendo su pronóstico. El IFO pronostica que la tasa de inflación aumentará hasta cerca del 11 por cien en el primer trimestre del año que viene, imponiendo una drástica reducción de los salarios reales.
En estas condiciones, la continuación del endurecimiento del coste del crédito en la zona euro es inevitable, dijo el director del Bundesbank, a pesar del impacto negativo que esa política puede tener sobre el crecimiento. El Banco Central Europeo tiene como objetivo una tasa de inflación del 2 por cien. Atrapado por la persistente inflación récord, decidió subir los tipos de interés a una escala sin precedentes, y su presidenta, Christine Lagarde, advirtió que se producirán nuevas subidas. El consejo de gobierno de la institución monetaria decidió subir sus tipos de interés básicos en 75 puntos básicos, la primera vez en sus dos décadas de historia.
Desde el inicio de la Guerra de Ucrania, Alemania está sumida en una crisis energética que aumenta el riesgo de escasez el próximo invierno. Aunque Alemania ha conseguido cumplir su primer objetivo de almacenamiento del 75 por cien de las reservas nacionales, el objetivo final del 95 por cien para el 1 de noviembre parece ahora inalcanzable.
Ahora Alemania tiene que comprar en otros países a precios mucho más altos. Estas tensiones han hecho que los precios del gas y la electricidad se disparen en Europa. Y es probable que la tendencia continúe.
Para prevenir disturbios sociales, además de poner al ejército a patrullar las calles, este mes el gobierno alemán ha aprobado un tercer paquete de medidas que, de ninguna manera, podrá compensar la pérdida prevista de poder adquisitivo de los salarios.
En los últimos años ha habido mucha preocupación por la escasez de metales especiales -como el litio o el cobalto- necesarios para los coches eléctricos y las energías renovables. Pero quizá sean los metales más comunes los que puedan causar otro tipo de problemas en Europa. La industria metalúrgica europea está en crisis, no sólo por la inflación sino también por la superproducción.
En primer lugar, está el acero. En los últimos días, como ya hemos explicado, el gigante ArcelorMittal ha anunciado una serie de medidas para reducir la producción de sus aceros planos en Gijón y siete centros de Francia.
Sólo uno de los altos hornos de Dunkerque sigue produciendo, después de que uno de los tres se cerrara este verano, al igual que el tercero, que ya estaba en mantenimiento. La siderúrgica también ha anunciado el cierre de otros tres altos hornos en Alemania y Polonia.
Se trata de decisiones poco frecuentes, porque el proceso de producción de acero fundido -con fuegos continuos- es largo y complejo de reiniciar tras una parada.
Otro fabricante de acero, Ascometal, interrumpirá su actividad durante dos o tres semanas en diciembre en sus plantas de Moselle y Bocas del Ródano.
En el caso de los metales no férreos (todo lo que no es hierro ni acero), es esencialmente el aumento del coste de la electricidad lo que ha llevado a 40 productores europeos a dar la voz de alarma.
Las fábricas de aluminio, zinc, cobre, níquel y silicio afirman que su propia existencia está amenazada, a pesar de que ya han realizado reducciones de actividad sin precedentes en los últimos 12 meses. La producción europea de aluminio -que sólo cubre la mitad de las necesidades de la Unión Europea- ya se ha reducido a la mitad, a menos de un millón de toneladas, al igual que la producción de zinc. Europa debe importar ahora tres cuartas partes de su consumo.
El 6 de este mes Aluminium Dunkerque, uno de los mayores monopolios europeos del aluminio, anunció una reducción del 22 por cien de su producción, debido a la subida del coste de la energía.
Hoy un consejo de acreedores subasta la deuda rusa para compensar a los especuladores que han contratado un seguro contra el impago de la deuda por parte de Rusia. JPMorgan estima el importe en 2.370 millones de dólares y los medios de comunicación hablan de “quiebra”, algo extraño cuando Rusia apenas debe dinero a nadie, a diferencia de España.
El impago de la deuda externa rusa es el primero desde la Revolución de 1917, aunque en realidad hoy Rusia no está en quiebra. Su deuda externa asciende a 40.000 millones de dólares y su deuda pública no llega al 20 por cien de su PIB, frente al 120 en España.
La balanza de pagos de Rusia nunca ha estado mejor. Los ingresos por la exportación de hidrocarburos han alcanzado máximos debido a la subida de los precios. En los primeros seis meses de este año Rusia ha recaudado 97.000 millones de dólares, de los que 74.000 millones proceden del petróleo.
El consejo de acreedores es un organismo del capital financiero internacional facultado para evaluar si los Estados o las empresas están pagando a tiempo sus deudas y, en caso contrario, activar el seguro.
Compuesto por los principales bancos y fondos de inversión, el consejo debe decidir si hay un impago de Rusia y si se activan los mecanismos financieros que sirven de seguro contra el impago de la deuda, conocidos como CDS (“credit default swaps”).
Su oficina de Londres ha llegado a la conclusión de que Rusia ha incumplido el pago de un crédito vencido, lo que ha desencadenado la decisión de subastar la deuda rusa.
La subasta funciona como un mecanismo de quiebra que, en el caso de Rusia, no se ha anunciado oficialmente porque, a causa de las sanciones económicas, las agencias de calificación no pueden evaluar la deuda rusa.
El reconocimiento del impago de Rusia no cambia nada. Desde el inicio de la Guerra de Ucrania las sanciones la han aislado de los mercados internacionales de capitales. Los especuladores internacionales no pueden negociar con activos rusos.
El capital financiero internacional ha quedado atrapado en sus propias contradicciones: no se puede negociar con activos rusos, pero el sistema de subastas exige que se negocien. Estados Unidos han tenido que hacer una excepción política.
Es posible que la subasta no se celebre porque el capital financiero de la City londinense rinde duelo por la muerte de Isabel II.
