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Japón es otra bomba de relojería de la economía mundial

Ahora un dólar se compra por 138 yenes, pero en octubre subió por encima de los 150, alcanzando un nuevo máximo en 32 años, a medida que se amplía la brecha entre la política del banco central y la de la Reserva Federal de Estados Unidos. La segunda ha subido repetidamente los tipos de interés para atajar las subidas de precios, mientras que el primero mantiene su política monetaria laxa para impulsar la economía.

La política de la Reserva Federal, junto con las persistentes expectativas de inflación, ha impulsado el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años hasta el 4 por cien. El Banco de Japón, por su parte, sigue manteniendo el rendimiento de la deuda pública japonesa a 10 años cerca de cero. El banco central japonés realiza operaciones de compra de bonos para mantener el rendimiento en torno a cero.

La diferencia de rendimiento está impulsando a los especuladores a vender yenes y comprar dólares, ejerciendo una fuerte presión a la baja sobre la divisa japonesa.

A mediados de noviembre la economía japonesa se contraía por primera vez en cuatro trimestres, a medida que la inflación y la debilidad del yen golpeaban al país. Sin embargo, la historia económica de Japón en la posguerra muestra una fortaleza extrema de la divisa. Una debilidad excesiva es más fácil de soportar que una moneda demasiado musculosa.

La política flexible del Banco de Japón está bajo presión, ya que la inflación alcanza su nivel más alto en más de 40 años, con un aumento de los precios del 4,2 por cien anual en enero, más del doble del objetivo oficial del 2 por cien.

El viernes el candidato a gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, volvió a la cuadratura del círculo, prometiendo una “inflación estable”.

A mediados de enero, Japón informó de un mínimo histórico en el déficit comercial anual de 155.000 millones de dólares para el año anterior. No se trata de un resultado repentino para la economía japonesa, sino que ha sido un proceso lento a lo largo de un período de 12 años de flexibilización cuantitativa cada vez mayor.

Los desequilibrios no han hecho más que empeorar y en febrero del año pasado el Banco de Japón se vio obligado a comprometerse a comprar cantidades ilimitadas de bonos del gobierno.

Al mismo tiempo, el banco central limitó los tipos de interés de los bonos a 10 años al 0,25 por cien para reducir el coste de los préstamos. Pero si lanzan cantidades ilimitadas de divisas para monetizar una deuda pública desbocada, y mantienen los tipos de interés por debajo de los niveles del mercado, harán estallar la moneda.

Reagan ataca su famoso ‘neoliberalismo’

En la década de los ochenta Japón era la segunda mayor economía del mundo, por detrás de Estados Unidos. Su moneda, el yen, se contaba entre las más fuertes y en 1985, con el Acuerdo del Plaza, Estados Unidos le obligó a revalorizarlo todavía más. Fue el comienzo de su declive. En la posguerra Estados Unidos ascendió a Japón a la cúspide y Reagan le echó a rodar hacia abajo de una patada.

Junto con Thatcher, los manuales consideran a Reagan como el pionero de eso que llaman “neoliberalismo” y que nunca existió. No solamente lo demostró el Acuerdo del Plaza sino también el Acuerdo sobre semiconductores, firmado con Japón al año siguiente.

En 1985 se produjo en Estados Unidos una recesión en el mercado informático, que provocó a Intel la mayor caída en más de diez años. Por el contrario, Japón era un pais puntero en la fabricación de mercancías tecnológicas de gran consumo para Occidente, incluido Estados Unidos a quien había superado en el mercado de memorias DRAM. Gracias a la inversión en medios de producción y automatización, Japón podía fabricar productos más rápidos y baratos que Estados Unidos que, además, eran de calidad superior.

En Washington empezaron a criticar a Japón por sus prácticas comerciales “depredadoras” y “desleales”. En 1986 impusieron la firma del Acuerdo sobre semiconductores y la cuota estadounidenses en el mercado japonés se incrementó hasta el 30 por cien en cinco años. Era lo que necesitaban las empresas tecnológicas estadounidenses para respirar.

Pero Estados Unidos no se conformó con eso. Al año siguiente impuso un arancel del 100 por cien a algunas mercancías japonesas por valor de 300 millones de dólares.

El yen cae y la especulación se dispara

La apreciación del yen sumió a la industria japonesa en la recesión y, en respuesta a ello, el Banco de Japón empezó a bajar los tipos de interés. Pero el dinero barato no fue a parar a la industria sino a la especulación en inmuebles y bolsa.

Entre 1985 y 1989 las acciones subieron en Japón un 240 por cien y los precios del suelo un 245 por cien. ¿Para qué fabricar? Los monopolios se lanzaron a la vorágine especuladora. Nissan empezó a ganar más dinero especulando que fabricando coches. Fue una burbuja gigantesca. El patrimonio inmobiliario total del sector privado se disparó.

En 1989 restringieron los préstamos inmobiliarios. Los precios del suelo y de las viviendas dejaron de subir. Al año siguiente el mercado de valores cayó un 32 por cien, en un momento en que los bancos estaban repletos de activos tóxicos. Cesaron los préstamos especulativos y también los que no lo eran. Más de cinco millones de trabajadores japoneses perdieron su empleo y no encontraron otro. El suicidio se convirtió en la principal causa de muerte en los varones de 20 a 44 años.

Entre 1990 y 2003 quebraron 212.000 empresas. En el mismo periodo, el mercado de valores cayó un 80 por cien. Los precios del suelo en las grandes ciudades cayeron hasta un 84 por cien.

Durante diez años el gobierno trató de impulsar la demanda interna con la típica receta de aumentar el gasto público. La deuda pública alcanzó niveles históricos. En 2011 llegó al 230 por cien del PIB, la más alta del mundo. No sirvió de nada. La economía japonesa marcha hacia el desastre.

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La economía de guerra va viento en popa en una época de recortes

El sábado la empresa de seguridad Thales anunció que se disponía a contratar a 12.000 trabajadores en todo el mundo, de los cuales pata este año habrá 4.000 nuevos empleos.

Los sectores aeronáutico y de defensa buscan personal a mansalva porque, en una época de recortes, sólo hay dinero para la guerra. España ha aumentado un 20 por cien su presupuesto en Defensa en los últimos 5 años.

Pero para el cálculo real del gasto, la OTAN suma a esta cantidad otras partidas que no están incluidas en el apartado del Ministerio de Defensa en los presupuestos, como las misiones militares en el exterior (que se financian en su mayor parte con cargo al Fondo de Contingencia), las pensiones de los militares o actividades sufragadas por otros Ministerios u organismos autónomos (*).

Para este año el presupuesto del Ministerio de Defensa es histórico en la medida que incluye un potencial de inversión productiva sin precedentes.

En Francia Airbus ha anunciado que cuenta con 3.500 nuevas contrataciones, Safran con 4.500 más, Dassault, cuya empresa matriz cuenta con 9.200 trabajadores, prevé contratar a otros 1.000 más este año. El fabricante de equipos aeronáuticos Daher, que tiene una plantilla de 10.500 trabajadores, tiene previsto contratar a otros 1.100 este año, 700 de los cuales serán creaciones netas.

La guerra no sólo necesita carne de cañón para enviarla al frente, sino mano de obra para las empresas de la retaguardia, que no son capaces de abastecer el aumento de los ritmos de producción.

En Francia las 400 empresas de la industria de guerra dan empleo a más de 190.000 trabajadores y quieren contratar a otros 15.000 más este año, según el grupo de industrias aeronáuticas y espaciales (Gifas).

Ni sanidad, ni educación, ni pensiones, ni gastos sociales de ningñun tipo. En todo el mundo los presupuestos de defensa son un pozo sin fondo. La industria de guerra es una profesión inmejorable, sobre todo porque permitirá a muchos escapar del servicio militar obligatorio en caso de que las cosas se pongan realmente feas.

Lo más curioso es el truco retórico que utilizan los ministros para justificar este dispendio de dinero público, la defensa nacional, porque una buena parte del armamento se exporta a terceros países, por ejemplo a Ucrania. Ya no se habla de “gasto militar” sino de inversiones. La guerra se ha convertido en la locomotora del desarrollo económico.

(*) https://www.europapress.es/nacional/noticia-espana-aumentado-20-presupuesto-defensa-ultimos-anos-sigue-lejos-pib-20220301134826.html

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El monopolio químico alemán BASF despide a más de tres mil trabajadores por la crisis energética

El monopolio químico alemán BASF, uno de los mayores del mundo, atraviesa dificultades económicas porque las sanciones a Rusia le han privado de una materia prima muy barata: el gas.

El año pasado su factura de gas aumentó en 2.200 millones de euros con respecto al año anterior, a pesar de una brutal caída de la producción del 35 por cien, debido sobre todo a las paradas de producción en Ludwigshafen. En 2021, esta fábrica representó el 4 por cien del consumo total de gas de Alemania.

La pérdida de competitividad le obliga a cerrar plantas en Alemania y recortar su plantilla, lo que supondrá la pérdida de 3.300 puestos de trabajo en todo el mundo. En su gigantesca planta de Ludwigshafen, a orillas del Rin, que emplea a unos 39.000 trabajadores, la empresa tiene previsto reducir 700 puestos de trabajo.

El monopolio también quiere reducir sus costes en todo el mundo despidiendo a otros 2.600 trabajadores más. La competitividad de BASF en Europa se resiente de los elevados costes de la mayoría de las materias primas y combustibles y quiere deslocalizar las producciones intensivas en energía.

BASF anunció el año pasado que gastaría 500 millones de euros al año durante 2023 y 2024 para reducir sus costes, señalando que no se espera que los precios del gas vuelvan a los niveles anteriores a la guerra de Ucrania. Los precios del gas han caído desde entonces, pero podrían volver a subir este año a medida que China, que ha puesto fin a su política de “covid cero”, recupere la actividad económica.

Los cierres anunciados afectan a una de las dos unidades de producción de amoníaco del complejo industrial de Ludwigshafen, a otra de producción de caprolactama, que se utiliza para fabricar plásticos y fibras, y a unidades asociadas de fertilizantes. En el futuro, la planta de caprolactama de Amberes (Bélgica) será el único proveedor de la demanda del mercado local y europeo.

También se cerrarán otras unidades de producción de ciclohexanol y ciclohexanona, para la fabricación de nailon, así como de sosa pesada, y una unidad de ácido adípico utilizado para producir materiales sintéticos. La producción de este ácido a través de una empresa conjunta en Francia con Domo en Chalampé (Haut-Rhin) continuará.

Por último, el centro de producción de TDI, en el que se han invertido más de 1.000 millones de euros, se cerrará debido a su infrautilización. Los clientes serán atendidos desde plantas situadas en Estados Unidos y China.

BASF, que produce productos químicos para los sectores de la automoción, la agricultura y la construcción, aspira a obtener un beneficio de explotación de 5.400 millones de euros como máximo este año, por debajo de los 6.900 millones de euros logrados en 2022, que ya supusieron un descenso del 11 por cien. Se espera que las ventas alcancen un máximo de 87.000 millones de euros, lo que supondría el mismo nivel que el año pasado.

El año pasado las cuentas del monopolio cayeron en números rojos: en 627 millones de euros de pérdidas. A causa de las sanciones, ha cerrado sus instalaciones en Rusia. A ello hay que añadir las pérdidas ocasionadas por la voladura del gasoducto Nord Stream.

En la Bolsa de Frankfurt la cotización de las acciones ha bajado un 6,54 por cien.

En el cuarto trimestre del año pasado Alemania registró una caída del PIB del 0,4 por cien.

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Los bancos rusos han aumentado su beneficio neto

Los bancos rusos obtuvieron 258.000 millones de rublos de beneficio neto (3.090 millones de euros) este año, 1,5 veces más que el resultado del año anterior y 1,3 veces menos que el beneficio de diciembre.

Desde febrero del año pasado, el Banco Central de Rusia había suspendido la publicación de los beneficios mensuales de los bancos rusos. El regulador bancario retomó esta práctica el pasado diciembre.

En enero de 2019 el beneficio del sector bancario ruso ascendió a 264.000 millones de rublos. Las cifras para enero de 2023 son casi equivalentes a las del mismo periodo de 2019, antes de las sanciones occidentales de 2020, 2021 y 2022.

En enero de 2023, el beneficio del sector bancario ruso se vio impulsado por el resultado operativo: los ingresos netos por intereses y comisiones aumentaron un 26 por cien y un 16 por cien interanual.

En enero el coste del riesgo de los préstamos se situó en torno al 1 por cien, por debajo de la media histórica del 2 por cien. Los bancos rusos han logrado superar el choque de las sanciones occidentales, reforzando su concentración en el mercado local y en los mercados de Asia y Oriente Medio.

A pesar de las sanciones occidentales, el número de bancos rusos rentables pasó de 222 en diciembre (68 por cien del total) a 263 en diciembre (81 por cien del total) y su participación en los activos del sector aumentó del 82 por cien al 98 por cien, respectivamente.

Sin embargo, a pesar de los beneficios, el capital del balance de los bancos se redujo en 77.000 millones de rublos (954 millones de euros) hasta los 12 billones de rublos (149.000 millones de euros) debido al ajuste de los beneficios no distribuidos de años anteriores.

La aceleración del crecimiento de los activos en diciembre se debió a un activo aumento de los préstamos a finales de año, así como a un incremento de la valoración del riesgo operativo.

Según el FMI, el PIB ruso cayó en 2022 un 2,2 por cien (según una previsión realizada en octubre, la caída debería haber sido del 3,4 por cien). Este año el FMI espera que el PIB ruso crezca un 0,3 por cien (según las previsiones anteriores, se esperaba una caída del 2,3 por cien) y en 2024 – un 2,1 por cien. El choque exterior derivado de la guerra de Ucrania ha lastrado el PIB ruso, pero la economía rusa ha demostrado su capacidad de recuperación, gracias al fuerte desarrollo de su industria, la autosuficiencia en materias primas y los sólidos vínculos comerciales con Asia. La fortaleza económica de Rusia se debe también a su pertenencia al grupo Brics.

El 2 de febrero el Banco de Rusia publicó las primeras previsiones de los indicadores macroeconómicos. Los 28 analistas encuestados por el Banco Central han revisado al alza sus expectativas para la economía rusa este año: ahora prevén una caída del PIB del 1,5 por cien, frente al 2,4 por cien previsto en diciembre. En 2022 el descenso del PIB también será menor: un 2,5 por cien en lugar del 2,9 por cien previsto en la encuesta anterior.

Según Rosstat, la agencia estadística rusa, la caída del PIB de Rusia el año pasado, registrada en el 2,1 por cien, fue inferior a la estimada por el Banco Central en febrero (2,5 por cien), a la prevista por el Ministerio de Desarrollo Económico (la previsión oficial del Ministerio era del 2,9 por cien) y a la asumida por los economistas: la previsión de consenso de los expertos a finales de diciembre había estimado una caída del 2,7 por cien.

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En la posguerra Ucrania será carroña para los buitres

Las oportunidades que presenta Ucrania no han pasado desapercibidas. Desde BlackRock (a quien Zelensky ha dado oficialmente la bienvenida) hasta los fondos europeos, el país está siendo observado por los gigantes financieros y por las organizaciones internacionales, decididas a imponer un clima favorable a la inversión privada. El menú es la desregulación, las privatizaciones y una “fiscalidad eficaz”.

El gobierno ucraniano no ha esperado al final de la guerra para aplicar esas reformas.

El final de la guerra no será el final del calvario para Ucrania. En los últimos meses, el jugoso asunto de la reconstrucción de la Ucrania de posguerra ha abierto el apetito.

El pasado noviembre Zelensky firmó un memorando con BlackRock que permite al Consejo financiero de la empresa -una unidad de consultores diseñada para trabajar en países en crisis- asesorar a su ministro de Economía sobre una hoja de ruta para reconstruir el país. En palabras de BlackRock, el objetivo del acuerdo es “crear oportunidades para que inversores públicos y privados participen en la futura reconstrucción y recuperación de la economía ucraniana”.

En el comunicado de prensa del Ministerio, los funcionarios son más directos y explican que quieren “atraer principalmente capital privado”. El acuerdo formaliza una serie de conversaciones mantenidas el año pasado entre Zelensky y el presidente de BlackRock, Larry Fink, durante las cuales el ucraniano subrayó la necesidad de que el país sea “atractivo para los inversores”. Según un comunicado de la oficina del presidente, BlackRock ya había asesorado al gobierno ucraniano “durante varios meses” a finales de 2022.

Ambas partes acordaron centrarse en “coordinar los esfuerzos de todos los posibles inversores y participantes” en la reconstrucción de Ucrania y “canalizar las inversiones hacia los sectores más relevantes y prometedores”. No es la primera vez que el Consejo financiero de BlackRock actúa así. BlackRock es un asesor de los Estados en materia de privatizaciones, “muy activo a la hora de contrarrestar cualquier intento de regularlas”. La empresa utilizó la crisis de 2008 -a su vez resultado de los valores respaldados por hipotecas basura en los que Larry Fink se había convertido en un maestro- para aumentar su poder e influir en los responsables políticos, a través de conflictos de intereses, puertas giratorias entre los sectores privado y público y tráfico de influencias.

En Estados Unidos, BlackRock ha suscitado una considerable controversia por su gestión del programa de inversión en el mercado de bonos de la Reserva Federal durante la pandemia, que dio lugar a que la mitad de los fondos del programa se invirtieran en… BlackRock.

Ucrania ya se encontraba en una dinámica favorable para la inversión extranjera. En diciembre del año pasado, cuando Kiev y BlackRock ya llevaban varios meses negociando, el Parlamento ucraniano adoptó una legislación favorable al desarrollo inmobiliario que había sido bloqueada antes de la guerra. Su objetivo es desregular la legislación urbanística en beneficio del sector privado, que ha estado codiciando la demolición de lugares históricos.

Se suma a los anteriores ataques del Parlamento a la legislación laboral ucraniana, heredada de la era soviética, que legalizó los contratos de 10 horas, debilitó el poder de los sindicatos y sumió al 70 por cien de la población activa en la informalidad. Estos cambios legislativos no habían sido sugeridos al Parlamento por BlackRock, sino por el Ministerio de Asuntos Exteriores británico y apoyados por el partido de Zelensky. Este último argumentaba: “La regulación extrema del empleo contradice los principios del mercado autorregulado […] crea barreras burocráticas a la autorrealización de los empleados”.

“Estos primeros pasos hacia la desregulación y la simplificación del sistema fiscal son emblemáticos de medidas que no sólo han resistido el impacto de la guerra, sino que se han visto aceleradas por ella”, dijo The Economist. “Con un público nacional e internacional a favor de la reconstrucción y el desarrollo de Ucrania”, suponía el periódico, las reformas se acelerarían después de la guerra, anticipando una mayor desregulación que “suavizaría el flujo de capital internacional hacia la agricultura ucraniana”. La receta para el éxito, afirmaba, era una mayor privatización de las “empresas públicas deficitarias” que “pesan sobre el gasto público”. Esta fase final de la privatización, señalaba amargamente The Economist, “se había detenido con el estallido de la guerra”.

Sin embargo, The Economist no debería haberse preocupado. La privatización es una de las principales prioridades de la Ucrania de posguerra. El pasado mes de julio, una miríada de grandes empresas europeas y funcionarios ucranianos asistieron a la Conferencia de Reconstrucción de Ucrania, diseñada para medir el progreso de la privatización del país, impuesto por Occidente tras el Golpe de Estado de 2014.

Como dejó claro el boletín de conclusiones políticas de la Conferencia, el Estado de posguerra no necesitará a BlackRock de su lado para llevar a cabo este plan de los especuladores y buitres. Entre las recomendaciones políticas se encuentran “un menor gasto público”, “un sistema fiscal eficiente” y, más en general, un avance hacia la “desregulación”. Aconseja seguir “reduciendo el tamaño del gobierno” mediante nuevas privatizaciones, una mayor liberalización de los mercados de capitales para crear un “mejor clima de inversión, más acogedor para la inversión directa de Europa y del mundo”.

La lectura de estos documentos evoca la voracidad capitalista más descabellada. Ucrania se presenta como una empresa emergente favorable a los negocios, en gran parte gracias a los nueve reactores nucleares estadounidenses de la empresa Westinghouse. No tiene nada que envidiar al lema “un país en un smartphone”, propuesto por el propio Zelensky hace tres años.

Un país en crisis que acude a gobiernos e instituciones financieras en busca de ayuda. La historia no es nueva. Luego llega la fase en la que descubre que los fondos que necesita desesperadamente se obtienen al precio de condiciones cada vez menos deseables. Entonces comienzan las reformas destinadas a desmantelar la inversión pública en la economía, abrir el mercado nacional al capital extranjero y aumentar el sufrimiento de la población.

Se trata de la repetición de un escenario que Ucrania ya ha vivido. Tras el Golpe de Estado de 2014, el FMI y representantes occidentales, como Biden, entonces vicepresidente de Estados Unidos, instaron al gobierno de Kiev a llevar a cabo reformas estructurales, como recortar las subvenciones al gas para los hogares ucranianos, privatizar miles de empresas estatales y levantar la antigua moratoria sobre la venta de tierras agrícolas. Durante la pandemia, bajo una intensa presión financiera, Zelensky aprobó esta última petición.

Por desgracia, es probable que el final de la guerra desencadene nuevos asaltos en Ucrania, dirigidos no por hombres con uniforme militar, sino con trajes de tres piezas.

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China denuncia el bloqueo del mercado de semiconductores

En la Conferencia de Seguridad de Munich el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, ha lanzado un violento ataque contra Washington. Ha denunciado su proteccionismo económico en materia de semiconductores. El reto para Washington es mantener su hegemonía y limitar los avances chinos en este campo introduciendo nuevas normas internacionales para limitar las exportaciones de chips a China.

A pesar de las promesas de Estados Unidos y China de mejorar las relaciones bilaterales en la cumbre del G20 celebrada en Indonesia en noviembre, las tensiones entre las dos superpotencias siguen siendo elevadas. Wang Yi arremetió violentamente contra Washington, recalcando ayer que las restricciones estadounidenses a las exportaciones de semiconductores fabricados por empresas chinas eran proteccionismo al 100 por cien. Estas restricciones son “100% egoístas y 100% unilaterales”.

“Estados Unidos utiliza todos sus medios para reprimir y insultar a China y anima a otros países a hacer lo mismo”, afirmó. “No tememos la competencia, pero queremos una competencia justa y basada en normas. Estados Unidos no lo está haciendo”, afirmó Wang Yi.

En nombre de la “seguridad nacional”, en octubre Estados Unidos anunció nuevos controles a la exportación destinados a limitar la capacidad de Pekín para comprar y fabricar chips de alta gama con el pretexto de que se utilizan en aplicaciones militares. Pero la política de Washington es dificultar a Pekín el desarrollo de su propia industria de semiconductores.

Los semiconductores son objeto de una encarnizada batalla. Estados Unidos quiere preservar su dominio tecnológico y acusa regularmente a China de espionaje industrial y amenazas a su seguridad nacional, al igual que sus aliados. Por ejemplo, la empresa holandesa ASML, actor clave en la construcción mundial de microprocesadores, anunció recientemente que estaba investigando la apropiación indebida por un antiguo empleado del grupo en China de información confidencial relativa a una tecnología patentada. “Estamos investigando el asunto. Basándonos en nuestras conclusiones iniciales, no creemos que la apropiación indebida sea importante para nuestro negocio”, declaró. ASML es el único fabricante que construye máquinas EUV (Ultravioleta Extremo) del tamaño de un autobús, con las que se fabrican los chips más avanzados.

ASML se encuentra en plena ofensiva de Washington, que pide a Holanda y Japón que se sumen a sus restricciones a la exportación a China. Estos últimos figuran en un acuerdo multilateral firmado por unos 40 países, entre ellos Estados Unidos y Países Bajos, que regula el control de las exportaciones de tecnologías de doble uso civil y militar. Washington, La Haya y Tokio han llegado a un acuerdo para aplicar nuevas normas que endurezcan las restricciones a la exportación a China. Los gobiernos tardarán varios meses en redactarlas y promulgarlas.

A mediados de diciembre, el gobierno estadounidense anunció que añadía 36 empresas chinas, principalmente fabricantes de semiconductores, a su lista negra que les exige obtener una aprobación para poder utilizar tecnología estadounidense en sus productos. Se trata de los principales fabricantes chinos, Yangzte Memory Technologies (YMTC), así como su filial japonesa, y Hefei Core Storage Electronic Limited.

Las empresas incluidas en esta lista deben obtener autorización para beneficiarse de transferencias de tecnología o exportar productos específicos de Estados Unidos o de sus empresas.

Para Washington se trata de limitar “los esfuerzos [de China] para obtener y explotar tecnologías avanzadas, incluida la inteligencia artificial, en la mejora de sus capacidades militares y la violación de los derechos humanos”, justificó el Departamento de Comercio en un comunicado.

China anunció en diciembre que iba a denunciar a Washington ante la Organización Mundial del Comercio por sus restricciones. El Ministerio de Comercio chino acusó en diciembre a Estados Unidos de “obstruir el comercio internacional normal de mercancías, incluidos los chips, y amenazar la estabilidad de la cadena de suministro industrial mundial”. Por ejemplo, el gigante estadounidense Apple se planteó durante un tiempo integrar chips fabricados por YMTC en sus iPhones vendidos en China, antes de dar marcha atrás en esta decisión a mediados de octubre.

Para Pekín se trata de una nueva limitación de las posibilidades de importación de productos tecnológicos de Estados Unidos, tras los controles impuestos a los chips de gama alta por las autoridades americanas en octubre. Para los estadounidenses, las normas de la OMC no se aplican cuando está en juego la seguridad nacional. Pocos días antes de esta decisión, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ya había incluido a 13 empresas chinas en su lista negra, entre ellas DJI, empresa de cabecera en el mercado de drones.

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Polonia registra la mayor caída del PIB entre los países de la Unión Europea

A finales del año pasado el flanco oriental de la Unión Europea registró la mayor recesión económica. Uno de los que batió el récord fue Polonia, y con una gran diferencia, según el diario polaco Rzeczpospolita.

En el cuarto trimestre del año pasado, el PIB polaco cayó un 2,4 por cien. Sus vecinos más cercanos, la República Checa y Hungría, cuyas economías también estaban en recesión, cayeron sólo un 0,3 por cien y un 0,4 por cien respectivamente.

El desplome del PIB del país tiene un carácter un tanto “misterioso”, dice Rzeczpospolita. Los demás indicadores económicos no confirman un descenso de la actividad en la economía polaca. En particular, el mercado laboral se mantuvo estable y la producción en la industria y la construcción aumentó un 3 por cien en el cuarto trimestre en comparación con el tercero.

Una caída tan acusada del PIB no se corresponde con la situación de otros países de la eurozona. Allí se registró un ligero crecimiento medio del 0,1 por cien.

A pesar de los evidentes problemas de la economía, Polonia ha evitado formalmente una recesión técnica, es decir, un descenso de los indicadores económicos durante al menos dos meses consecutivos, ya que el PIB creció un 1 por cien en el tercer trimestre de 2022, tras un descenso del 2,3 por cien en el segundo.

En cuanto a la economía europea en su conjunto, ha escapado de la recesión a duras penas, como preveían muchos expertos, manteniendo un ligero aumento del producto interior bruto. La mayoría de los países de la Unión Europea han logrado hacer frente a los problemas causados por la subida de los precios de la energía anduras penas.

Reino Unido, se encuentra en la misma situación que sus antiguos socios europeos. También está al borde de la recesión. La pandemia y la Guerra de Ucrania han puesto de manifiesto los fallos estructurales de la economía del país.

Recientemente, la Oficina Nacional de Estadística ha publicado la primera estimación trimestral para finales de 2022. El trimestre anterior había registrado un crecimiento negativo muy ligero, por lo que si esta última publicación hubiera mostrado algo similar, se habría considerado que Gran Bretaña estaba en recesión. En cambio, las últimas cifras mostraron que la economía la había evitado por muy poco.

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La banca JP Morgan aterriza en Kiev con más de 20.000 milones de dólares para Zelensky

Los buitres acechan al olor de la carroña y los bancos entran en liza para reconstruir Ucrania. Después de BlackRock, que se reunió la semana pasada con Zelensky, es el turno del banco estadounidense JP Morgan, que trambién quiere hablar con el gobierno de kiev de la mejor manera de reconstruir un país después de haberlo destruido.

Altos cargos del banco han firmado un memorando de entendimiento con Zelensky con la esperanza de animar al capital privado a participar en la reconstrucción. Se reunieron con el presidente ucraniano en Kiev y hablaron de la creación de un fondo de 20.000 a 30.000 millones de dólares de capital privado.

También hablaron de crear un banco gestionado por empresas afiliadas a Wall Street que invertirán en petróleo, infraestructuras viarias y otros sectores afectados por la guerra.

JP Morgan no es el único banco que quiere hacerse un hueco en la reconstrucción de Ucrania. En diciembre del año pasado, el fondo buitre BlackRock ya se reunió con Zelensky para hablar de lo mismo: la reconstrucción del país.

Zelensky y Larry Fink, consejero delegado de BlackRock, acordaron en una videoconferencia en diciembre coordinar los esfuerzos de inversión para reconstruir Ucrania.

En un comunicado de prensa de 28 de diciembre, la Presidencia ucraniana anunció que Zelensky y Larry Fink habían acordado centrarse, a medio plazo, en coordinar los esfuerzos de todos los posibles inversores y participantes en la reconstrucción de nuestro país, financiando los sectores económicos más afectados.

Los contactos entre el gobierno ucraniano y BlackRock saltaron a los medios el pasado mes de septiembre. La pregunta era si el gobierno de Kiev sería capaz de obtener los 349.000 millones de dólares que necesita para su reconstrucción. Luego la pregunta será otra: ¿serán capaces de devolver el dinero?

Según un informe oficial del Banco Mundial, harán falta 349.000 millones de dólares para reconstruir Ucrania. El Banco Mundial advierte de que la factura, que ya es muy elevada, podría aumentar en los próximos meses.

El Banco estima los daños físicos en 97.000 millones de dólares. Las pérdidas en los sectores del transporte, el comercio y la industria ascienden a varios miles de millones de dólares.

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Una flota clandestina de buques para seguir exportando petróleo ruso

Rusia dispone de una vasta flota clandestina de petroleros comprados a través de circuitos opacos, destinados a eludir el bloqueo impuesto por la Unión Europea. Los petroleros se utilizaron antes para eludir el bloqueo a Irán y Venezuela y ahora sirven para transportar el petróleo ruso.

Son buques de transporte que camuflan su nombre y el de su propietario, cambian constantemente de dueño a través de empresas tapadera y ocultan sus movimientos para eludir mejor las sanciones.

Al menos 16 buques que formaban parte de la red iraní están ahora al servicio de Rusia. Pero no basta con tener una flota clandestina para transportar petróleo. También se necesitan compradores que no teman desafiar las sanciones europeas y estadounidenses. El principal comprador es China. Pekín ya compraba a Irán y ahora también lo hace a Rusia.

Desde que Biden llegó a la Casa Blanca hace dos años, Irán ha conseguido exportar algo más de 600 millones de barriles de petróleo a China, por valor de unos 48.000 millones de dólares. El embargo es inútil y ayuda a China a conseguir energía barata, porque el comprador está en condiciones de influir en los precios de un proveedor que no puede ofrecer su mercancía a multitud de clientes.

Se han identificado hasta 288 buques que han cargado petróleo iraní y han sido objeto de reclamaciones por sanciones ante registros marítimos y compañías de seguros. Al igual que Irán, Rusia está atrayendo a los armadores de petroleros con primas que se supone son al menos un 50 por cien más altas y podría incluso superar el 100 por cien en algunos casos, lo que hace que el transporte de petróleo ruso sea aún más atractivo que el iraní.

Las sanciones occidentales contra Rusia son menos severas que las estadounidenses contra Irán. La limitación del precio del petróleo ruso por parte de los países del G7 se diseñó para limitar los ingresos del Kremlin y, al mismo tiempo, mantener suficientes barriles rusos en el mercado para evitar la escasez. Los petroleros sólo pueden cargar y transportar petróleo ruso si se paga a un precio impuesto por Occidente de 60 dólares por barril. Esos topes sólo pueden imponer porque el 90 por cien del transporte de mercancías y seguros los prestan empresas de países occidentales, especialmente europeos.

Eso hace más atractivo para las navieras transportar petróleo ruso. Los armadores tienen menos probabilidades de enfrentarse a sanciones y pleitos si demuestran que el combustible ruso se vendió por debajo del límite. Mientras que las grandes compañías de transporte de petróleo cumplen más o menos el embargo, los piratas se reclutan entre las pequeñas y medianas empresas de transporte marítimo.

El Financial Times calcula que la flota en la sombra ha pasado de transportar menos de 3 millones de barriles en noviembre a más de 9 millones en enero.

Los esfuerzos acumulados por Occidente para estrangular la economía rusa no han surtido hasta ahora el efecto deseado. Los ingresos presupuestarios de Rusia procedentes de la industria del petróleo y el gas aumentaron un 28 por cien el año pasado, hasta 36.500 millones de dólares. La producción de petróleo en Rusia aumentó un 2 por cien el año pasado, hasta 535 millones de toneladas, mientras que las exportaciones del combustible aumentaron un 7,5 por cien.

Rusia canalizó los suministros a India y China, al tiempo que les animaba a comprar energía rusa con grandes descuentos. Aunque los ingresos netos por exportación de energía del país cayeron en 172 millones de dólares al día en diciembre, las cantidades suministradas a Pekín y Nueva Delhi alcanzaron un máximo histórico. La mayor parte del descenso no procedió de los ingresos por exportación de petróleo, sino de las exportaciones de gas natural por gasoducto, eliminadas por el sabotaje de los gasoductos Nord Stream.

China importó cantidades récord de gas licuado ruso en noviembre: 852.000 toneladas, el doble que el año anterior, según datos de las aduanas chinas. También aumentaron las ventas de crudo y carbón rusos.

Las compras totales de energía de China, incluidos los productos petrolíferos, alcanzaron los 8.000 millones de dólares en noviembre, frente a los 7.800 millones revisados del mes anterior, lo que significa que Rusia superó a Arabia saudí y se convirtió en el principal proveedor de China. Las importaciones de carbón de Rusia, incluido el lignito, aumentaron un 41 por cien, hasta 7,2 millones de toneladas, de las cuales 2,1 millones (el doble que hace un año) de carbón de coque para la siderurgia china.

El tercer importador mundial de crudo, India compró una cantidad récord de petróleo ruso en diciembre, importando 33 veces más que hace un año. En diciembre compró a Rusia una media de 1,2 millones de barriles diarios (bpd), frente a los apenas 36.255 bpd de diciembre de 2021. Las importaciones de Irak y Arabia saudí en el mismo periodo rondaron 1 millón de bpd cada una. En el año transcurrido hasta marzo de 2021, el 0,2 por cien de las compras de petróleo de India procedieron de Rusia. Actualmente, representa más del 25 por cien del total.

A pesar del llamamiento al boicot y del temor a una recesión mundial, la demanda de crudo ruso -segundo productor mundial- no ha disminuido. Los precios del petróleo subieron en los meses posteriores a febrero de 2022 debido a la preocupación por la oferta, pero acabaron el año más o menos al mismo nivel que al principio. Rusia no sólo no ralentizó su producción, sino que ganó más.

Por ejemplo, el último día de negociación del año pasado, el precio al contado del crudo Brent, referencia mundial, cerró a 85 dólares por barril, sólo 7 dólares más que el precio del 3 de enero de 2022. El precio al contado del crudo Brent alcanzó una media de 100 dólares el barril el año pasado.

El 5 de febrero entró en vigor la prohibición adicional de la UE a los productos petrolíferos rusos, incluido el gasóleo. Al mismo tiempo, el G7 introdujo un tope mundial de precios: 100 dólares para los productos petrolíferos de alta calidad, como el gasóleo, y 45 dólares para productos como el gasóleo de calefacción. El objetivo declarado de las nuevas sanciones es el mismo: privar a Rusia de una de sus principales fuentes de ingresos para impedir que financie el conflicto en Ucrania.

Las sanciones han fracasado. La prohibición occidental de productos refinados podría incluso impulsar el suministro de crudo ruso a China, que es a su vez un importante refinador.

La medida también podría resultar más perjudicial para los países de Europa Occidental, que dependen de Rusia para cerca del 40 por cien de sus importaciones de productos refinados. Y lo que es más importante, el gasóleo ruso ha compensado el déficit de su propia producción.

El gasóleo se utiliza principalmente para el transporte por camión, para hacer llegar grandes cargamentos a los consumidores y para accionar maquinaria agrícola. La UE ha cerrado deliberadamente más de un millón de bpd de capacidad de refinado en los últimos años debido a la pandemia y a la preocupación por el cambio climático global, y aún está por ver cómo sustituirá el bloque casi 500.000 bpd, que solía importar de Rusia.

A finales de diciembre Putin respondió al tope de precios impuesto por Occidente al crudo ruso transportado por mar firmando un decreto que prohíbe su suministro a partir del 1 de febrero a las naciones que apoyan el tope.

Los topes de Estados Unidos, que prohíbe a los países pagar más de 60 dólares por barril de petróleo ruso, entró en vigor en diciembre. La respuesta de Putin fue una declaración inequívoca de que Rusia no cedería a la presión de las sanciones. No obstante, su decreto contempla la posibilidad de conceder permisos especiales para el suministro a los países incluidos en la prohibición, lo que podría suponer un rayo de esperanza para algunos de los 27 Estados miembros de la UE que se habrían visto obligados a apoyar la limitación de precios.

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Europa no es capaz de responder a la guerra económica de Estados Unidos

La Ley de Reducción de la Inflación aprobada en agosto por Estados Unidos es, ante todo, un acto de guerra económica dirigido contra la Unión Europea y uno de los mayores programas de subvenciones públicas a las industria jamás llevado a cabo, ya que autoriza un gasto de 391.000 millones de dólares.

Es una política proteccionista implementada por pretextos ambientales: activar las energías sostenibles y la fabricación de vehículos eléctricos. El partido demócrata apoya la ley porque lucha contra el cambio climático y el republicano porque lucha contra la competencia exterior.

Para Europa es una prueba de fuego y el gobierno estadounidense no lo oculta. Quiere mejorar el atractivo de Estados Unidos para la industria, incluso a costa de los europeos, que hasta ahora eran aliados estrechos. El gobierno estadounidense está organizando campañas de información sobre la nueva ley y las ventajas de que las empresas europeas se trasladen a Estados Unidos.

Es una amenaza existencial para gran parte de la industria europea, que ya se enfrenta a unos precios de la energía mucho más elevados que Estados Unidos. Lo que está en juego es el lugar de los Estados miembros de la Unión Europea en el mercado mundial.

El Comisario europeo Thierry Breton ha protestado contra la ley pero los intentos de cambiar la postura estadounidense han fracasado. Desde las elecciones de noviembre del año pasado, aunque Biden tuviera intención de enmendar el texto de la ley, tendría grandes dificultades políticas para lograrlo.

Los diputados del Congreso estadounidense siguen haciendo oídos sordos a las protestas europeas. Para ellos, en Europa deberíamos estar contentos porque se trata de una de las iniciativas más ambiciosas en materia de cambio climático aprobadas por un gobierno estadounidense.

La Unión Europea sólo ha obtenido de Washington la constitución de un grupo de trabajo bilateral para examinar sus dificultades con el texto y los medios para remediarlas. Está previsto que presente sus conclusiones en las próximas semanas, pero es poco probable que logre dar un paso adelante.

Incapaz de cambiar la ley estadounidense, la Unión Europea exige que las subvenciones se distribuyan con transparencia, para saber a qué atenerse e intentar restablecer el equilibrio para su industria.

La Casa Blanca ha dejado claro que la Unión Europea está en su derecho de establecer subvenciones similares para su propia industria. Pero Bruselas sólo puede contar consigo misma. Ese es el sentido de las propuestas presentadas por la Comisión Europea. Von der Leyen propuso una flexibilización de las normas sobre subvenciones públicas para dar a los Estados miembros más libertad para apoyar a sus industrias en los sectores del desarrollo sostenible y las energías renovables durante un periodo de tiempo limitado.

También incluye medidas para simplificar los procedimientos administrativos y una estrategia para garantizar la seguridad de las cadenas de suministro de las materias primas que necesita la Unión Europea, especialmente para el despliegue de las energías renovables.

Pero las medidas no están asociadas a nuevos gastos presupuestarios, por lo que los Estados deben financiar esas ayudas por su cuenta. Hay tres excepciones. La primera es echar mano de los fondos no utilizados del plan de recuperación posterior a la pandemia. La segunda son los destinados a apoyar a las empresas europeas que se enfrentan a las consecuencias de las sanciones contra Rusia. La tercera es la posible creación de un “fondo de soberanía” financiado con deuda común y dedicado a financiar determinados sectores de alta tecnología.

Es muy poco, por no decir que es nada. El Primer Ministro holandés rechazó recientemente cualquier posibilidad de una nueva emisión común de deuda europea para financiar la respuesta europea al desafío estadounidense. Por lo tanto, el “fondo de soberanía” está en el aire.

Francia y Alemania son los dos principales Estados que disponen de medios para financiar por sí solos las subvenciones públicas a su industria, en particular a la automovilística. Pero las divisiones internas de la coalición liderada por Olaf Scholz corren el riesgo de comprometer las ambiciones a escala europea.

La Unión Europea no es capaz de actuar como una potencia en un tema fundamental para el futuro de su industria en el ámbito del desarrollo sostenible, en el que ya ha invertido un gran capital político y económico.