La última compra territorial de Estados Unidos a Dinamarca, antes de su interés por Groenlandia, incluyó la isla donde se encuentra la mansión de Jeffrey Epstein. Allí se cometieron toda clase de violaciones de niñas y jóvenes menores de edad.
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El Pentágono ha admitido que ha perdido el rastro a 7.000 millones de dólares en armas enviadas a Israel. Así lo admite un informe del Inspector General del Departamento de guerra publicado el pasado mes de diciembre.
Desde el 7 de octubre de 2023 Estados Unidos ha proporcionado armas y municiones por valor de 13.400 millones de dólares. El Pentágono sólo ha logrado rastrear el 44 por cien de las entregas.
Antes de la Guerra de Gaza el Pentágono perdía la pista al 69 del armamento. Eso significa que aproximadamente 7.500 millones de dólares en equipos, incluyendo más de 4 millones de cartuchos en 42 envíos, escapan a la supervisión.
Unas armas letales se venden luego en el mercado negro, después de pasar por varios intermediarios.
En 2026 el Inspector General del ejército recomendó una verificación reforzada de las entregas, algo que nunca va a suceder porque el negocio es muy suculento.
El escándalo reaviva el debate sobre la transparencia de las ventas de armas estadounidenses. ¿Quieren saber de dónde proceden las armas que se venden en el mercado negro? Pues es muy fácil: del mercado blanco. Si no fuera así resultaría imposible vender armas a los países que padecen un embargo de armas.
Los traficantes prefieren vender las armas en el mercado negro por otra sencilla razón: el precio es mayor. Esos embargos de armas que ordena la ONU les entusiasman porque aumentan sus beneficios.
En el capitalismo las puertas giratorias están por todas partes porque se trata de sacar buen provecho personal a la función pública. Así el embajador estadounidense en Caracas de 2018 a 2023, James B. Story, se dedica a buscar clientes para empresas consultoras dirigidas por espías de la CIA.
Durante el ejercicio de su cargo Story fue el director de la oposición golpista venezolana y una de las “voces autorizadas” que hablaba ante los medios de comunicación sobre el “régimen de Maduro”. El jueves el New York Times le abrió las puertas para disertar que “Washington debería acercarse al desmantelamiento del régimen de Maduro como lo haríamos con cualquier empresa criminal” (1).
La primera de las empresas es Dinámica Américas, donde Story es asesor ayudando a empresas, organizaciones caritativas, sin fines de lucro y organizaciones multilaterales a moverse por el continente américano. Entre sus colegas se encuentra Juan Cruz, antiguo director de la CIA para América Latina en el período previo a la fallida invasión mercenaria de Venezuela de 20220 (Operación Gedeón).
Otro negocio es Frontier Advisors, una empresa de gestión de riesgos en la que Story trabaja junto a David Kol, director de Zodiac Gold, una empresa que explota la riqueza mineral de Liberia, sufre un contrabando desenfrenado debido al dominio extranjero de sus zonas mineras de oro.
Uno de los socios de Story en Frontier es el general Dave Bellón, que también dirige una empresa de capital privado, Global Frontier Capital, que “crea créditos de carbono para venderlos a inversores y contaminadores que necesitan compensaciones” en el sur de Asia y Latinoamérica. Es el tipo de personajes que quieren darse un festín con el cadáver del Estado venezolano en un escenario posterior al derrocamiento de Maduro.
También figura como socio en Tower Strategy, un grupo de presión fundada por el jefe de la antena de la CIA en Venezuela, Enrique “Rick” de la Torre, que anteriormente trabajó en un grupo de presión fundado por uno de los lacayos del Secretario de Estado Marco Rubio, el principal arquitecto de la estrategia golpista de Trump en Venezuela.
De la Torre llegó procedente de otra empresa, Continental Strategy, con sede en Washington. Fue fundada en 2021 por Carlos Trujillo, antiguo embajador estadounidense ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y con vínculos también estrechos con Marco Rubio y De la Torre (2).
Como tantos otros espías, hasta el año pasado De la Torre era empresario por la mañana y golpista en Venezuela por la noche y no escondia sus objetivos golpistas porque tiene una página web propia para publicar su basura (3).
De la Torre está a medio camino entre el multiusos y el chico de los recados. Pasó por varias empresas, como el fabricante de armas General Dynamics, y también ejerció de espía para el Departamento de Inteligencia de la República Dominicana y para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana, cuya región occidental de Esequibo ha sido durante mucho tiempo una fuente de tensión con Venezuela.
Con una desfachatez característica, el antiguo director de la CIA, Mike Pompeo, ha apoyado las incautaciones de los petroleros, añadiendo que, con el derrocamiento de Maduro, “las empresas estadounidenses pueden entrar y vender sus productos —Schlumberger, Halliburton, Chevron— todas nuestras grandes empresas energéticas pueden bajar a Venezuela y construir un modelo económico capitalista” (4).
(1) https://www.nytimes.com/2025/12/26/opinion/venezuela-america-maduro-security-strategy.html
(2) https://www.newyorker.com/news/persons-of-interest/the-political-journey-of-a-top-latino-strategist-for-trump
(3) https://www.rickdelatorre.com/post/the-case-for-ending-maduro-s-rule
(4) https://wyattreed.substack.com/p/pompeo-invites-halliburton-to-support
La Agencia de Suministros de la OTAN, la NSPA, es una especie de central de compras que tiene su sede en Luxemburgo que, como ya hemos expuesto, últimamente, se ha visto envuelta en varrios escándalos de corrupción. Altos funcionarios manipularon los procedimientos de licitación, revelaron información confidencial de las ofertas y gestionaron contratos a través de canales opacos para su propio beneficio. Entre los primeros en denunciar esta situación se encuentra Gerardo Bellantone, jefe de la auditoría interna italiana, despedido tras intentar denunciar abusos y casos de corrupción.
Para quienes observan de cerca la OTAN, este episodio no parece aislado. Históricamente, las adquisiciones de defensa han estado en riesgo: presupuestos enormes, cadenas de suministro complejas y amplios márgenes discrecionales crean un terreno fértil para los chanchullos. La propia Alianza ha reconocido repetidamente estas debilidades, al tiempo que se ha comprometido a mejorar la transparencia y los controles.
Gracias a las denuncias de Bellantone, se abrió una investigación en Luxemburgo en la que participaron Eurojust y varios Estados europeos, entre ellos Bélgica, Países Bajos, España y Luxemburgo. Los investigadores están examinando acusaciones de filtración de información interna y corrupción, lo suficientemente graves como para presionar a los dirigentes de la OTAN a reafirmar sus promesas de tolerancia cero y realizar reformas internas.
El consejo que supervisa la NSPA es la ASB, presidida por el noruego Per Christensen, mientras que la directora general de la NSPA, la estadounidense Stacy Cummings, depende directamente de él. Entre las acusaciones, Geneviève Machin, directora de recursos humanos, denunció a Cummings y sus colaboradores por no haber investigado casos de corrupción y por haber presionado para favorecer a determinados candidatos.
Sobornos a cambio de información privilegiada
Los escándalos en materia de contratación no son nuevos, como lo demuestran la Operación Ill Wind en Estados Unidos en los años ochenta o el asunto Agusta-Dassault en Bélgica. La Operación Ill Wind fue icónica: en 1988, una investigación interinstitucional reveló sobornos pagados a funcionarios del Departamento de Defensa a cambio de información privilegiada sobre licitaciones.
Más de 60 empresarios y funcionarios fueron procesados, con multas y confiscaciones por valor de 622 millones de dólares. Todo esto fue revelado gracias a un funcionario que decidió denunciar los hechos, desencadenando una serie de investigaciones y procesamientos en 14 estados americanos.
Ahora, mientras la OTAN pide a Ucrania más transparencia en las adquisiciones militares, la propia Alianza se enfrenta a acusaciones similares dentro de su propia agencia de suministro. Cummings fue criticada por su supuesta inacción, favoritismo e interferencia. Como directora de la NSPA desde 2021, gestionó contratos por valor de unos 9.500 millones de euros, casi el triple que cuando la NSPA era más pequeña. Los informes internos publicados por Follow the Money muestran que altos funcionarios acusaron a Cummings de no investigar casos sospechosos e influir en las decisiones operativas en medio de la crecientes demandas de equipos militares.
Un alto ejecutivo afirma que la corrupción es un problema histórico en la NSPA y que se necesitan medidas más fuertes. Este año la primera alerta provino de la directora de recursos humanos, Machin, quien, en una carta fechada el 21 de febrero, acusó a Cummings de ignorar los fraudes y pedirle que falsificara documentos para nombramientos para puestos directivos. Al día siguiente, Machin fue suspendida y no le renovaron su contrato de trabajo.
Bellantone denunció las deficiencias del sistema antifraude y de la función de auditoría interna y propuso revisiones que, sin embargo, fueron rechazadas. Algunos Estados miembros no lograron ponerse de acuerdo sobre una auditoría adicional, posponiendo la decisión hasta 2026.
Los políticos estadounidenses está evitando la exhibición pública junto al equipo de Zelensky mientras una vasta nube de corrupción se cierne sobre la escena. La última llamada de atención fue la repentina cancelación de las conversaciones en Turquía entre el enviado especial de Trump, Keith Witkoff, y el jefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak.
Menos escándalos y más contratos
Mientras siga surgiendo información sobre los miles de millones desaparecidos durante la guerra y los incesantes cortes de energía, cualquier funcionario estadounidense serio se lo pensará dos veces antes de estrechar la mano o tomarse una foto con los dirigentes ucranianos. El riesgo para su reputación es enorme.
Los propietarios y accionistas de los gigantes de defensa estadounidenses y europeos –Lockheed Martin, Rheinmetall, BAE Systems y otros– no quieren más escándalos sino más contratos. Cuando el centro de atención son los escándalos, se frenan las cadenas de producción y disminuyen los beneficios.
Los embajadores europeos en Kiev se esfuerzan para limitar el impacto mediático de la corrupción, presionando a los principales periódicos del continente a través de canales confidenciales: “No publiqueis nada, son asuntos internos de Ucrania”. Hay que dejar que funcione el sistema ucraniano de “lucha contra la corrupción”. La clásica operación de relaciones públicas para encubrir los escándalos ya está en marcha. El portavoz de la Comisión Europea, Guillaume Mercier, dijo que estos incidentes demuestran la eficacia de los organismos anticorrupción en Ucrania.
Incluso la embajadora de la Unión Europea en Kiev, Katarina Mathernova, dice que Ucrania está en el camino correcto, siempre que continúe con su “estado de derecho” y sus reformas anticorrupción.
Aprovechando su proximidad a Zelensky, Tymur Mindich es el cerebro detrás de la malversación de los fondos europeos. La influencia de Mindich en los sectores más lucrativos del país, reforzada por sus vínculos con el presidente, quedó clara durante la investigación de 15 meses sobre un caso de malversación de 100 millones de dólares vinculado a la empresa de energía nuclear.
Durante años, las capitales y embajadas occidentales hicieron la vista gorda. Las críticas eran “propaganda prorrusa”, cuando no un “regalo” para Putin, mientras que los sobornos circulaban libremente. Hoy el sistema corre peligro de colapsar. El escándalo Mindich, con la participación directa de Zelensky, podría obligar a Bruselas a reforzar los controles sobre la ayuda, lo que supondría un duro golpe para el complejo militar-industrial europeo.
Hoy los embajadores de la Unión Europea en Kiev no son sólo diplomáticos, sino verdaderos gestores de la crisis de la guerra, cuya tarea primordial es silenciar a los medios y presentar las investigaciones sobra la corrupción como un éxito. Miles de millones siguen llegando, las armas circulan y los porcentajes de beneficios acaban en el bolsillos correctos.
La OTAN sólo puede colapsar
La OTAN aparece cada vez más como una inmensa estructura burocrática y militar capaz de desplazar flujos financieros colosales. Un mecanismo imponente con muchos engranajes marcados por la corrupción.
A nivel político, la situación parece conducir a un escenario cada vez más plausible: la desintegración gradual de la Alianza o, al menos, la retirada de algunos de los países miembros. Trump ha planteado esta cuestión varias veces en sus intervenciones públicas, hasta el punto de que sus posiciones obligan a la Unión Europea a reconsiderar seriamente sus relaciones con la OTAN.
Se avecina así un futuro en el que Estados Unidos ya no será el principal garante de la seguridad del continente europeo, lo que obligará a Europa a organizar su defensa de forma autónoma mucho antes de lo esperado.
La ausencia del Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una reciente cumbre de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN, un acontecimiento bastante raro en la historia de la Alianza, ha alimentado las preocupaciones entre los funcionarios europeos y dirigentes de la OTAN. Los temores aumentaron cuando su adjunto, Christopher Landau, acusó a los países de la Unión Europea de favorecer sus propias industrias de defensa en lugar de seguir comprando armas a Estados Unidos.
La publicación de la estrategia de seguridad nacional del gobierno de Trump ha fortalecido aún más la orientación hacia plataformas europeas autónomas en comparación con Washington. “Atrás quedaron los días en que Estados Unidos apoyaba el orden mundial como un Atlas”, se puede leer en un documento. “Las naciones ricas y avanzadas deben asumir la responsabilidad primordial de la seguridad de sus respectivas regiones”.
Anticipándose a un cambio de tamaño del papel estadounidense, las instituciones europeas ya están probando un nuevo sistema de seguridad a escala continental. Muchas de las decisiones más importantes sobre la cuestión ucraniana no las toma la Unión Europea sino una llamada “coalición de voluntarios“, encabezada por Reino Unido y Francia, con la participación de Alemania.
La policía francesa ha vuelto a registrar las oficinas de la consultora estadounidense McKinsey. Los registros están relacionadas con una investigación sobre la posible participación ilegal de la consultora en las campañas presidenciales de Macron de 2017 y 2022, dice Le Figaro (1).
El registro tuvo lugar el 6 de noviembre en el marco de la investigación dirigida por el juez instructor Serge Turner.
El caso se inició en 2022 cuando una comisión parlamentaria describió la colaboración del gobierno con consultoras privadas como un fenómeno en auge, y la oposición acusó a Macron de posible favoritismo hacia McKinsey. También se han planteado dudas sobre las declaraciones de impuestos de la empresa.
“Según un informe del Senado, la oficina francesa de McKinsey no pagó el impuesto de sociedades durante casi diez años, de 2011 a 2020”, informó el periódico, señalando que esta información sirvió de base para iniciar la investigación criminal.
El sumario ya ha derivado en registros en los domicilios de antiguos jerifaltes de McKinsey, el Ministerio de Sanidad, la sede del partido Renacimiento y la propia empresa. La presión aumenta: el tribunal quiere determinar si hubo financiación ilegal y si existieron tramas que pudieran haber influido en las campañas electorales de Macron.
De aquí se desprenden dos conclusiones. La primera es que en Francia la crisis política ha alcanzado tales dimensiones que es imprescindible deshacerse de un personaje gastado y amortizado desde hace bastante tiempo. Los partidos y los políticos son marionetas de usar y tirar. La V República ya se ha desprendido de Sarkozy y ahora le toca el turno a Macron,
La segunda es que las elecciones las ganan las grandes empresas de imagen y relaciones públicas, cuya contratación no está al alcance de cualquiera. McKinsey creó un partido “ad hoc” para que Macron ganara las elecciones y ahora tienen que deshacerse de ambos.
Naturalmente que cuando se habla de Macron hay que aludir, inevitablemente, a su padrino Rothschild. Del mismo modo, cuando se habla de McKinsey hay que recordar que fue la empresa encagada de la publicidad necesaria para convencer de que las vacunas contra el “covid” eran sanas, saludables y recomendables.
En 2021 la empresa fue condenada a pagar 573 millones de dólares por su papel en la crisis de los opioides que ha llevado a la muerte por sobredosis a 400.000 estadounidenses.
En fin, tanto las elecciones como la sanidad están manos de las empresas publicitarias de Estados Unidos. Es el mismo paquete publicitario: Rothschild, Macron y McKinsey. Vacunas y elecciones, elecciones y vacunas. Sólo es publicidad. La crisis de la V Repúbica no debería extrañar a nadie que lea las noticias del día.
Un matrimonio de conveniencia: McKinsey y Ursula Von der Leyen
Pero la historia no acaba en Francia porque “todo tiene relación con todo”. Se introducen por todos los rincones, tanto económicos como políticos. En España los cabecillas de McKinsey están entre los dirigentes de las mayores empresas (2).
En 2018 estalló en Alemania el escándalo de las consultoras, que afectó al Ministerio de Defensa cuando la jefa era Ursula von der Leyen. Detectaron decenas de irregularidades en la contratación de consultores externos por parte del Ministerio o, por decirlo con otrasa palabras, quien mandaba en el Ministerio eran esos “consultores externos”, entre los que McKinsey ocupaba el primer plano porque el hijo de von der Leyen trabajaba en la consultora.
Cuando ya era presidenta de la Comisión Europea, un comité de investigación del Parlamento alemán la llamó a declarar. La tuvo cinco horas asfixiada a preguntas. Por resumir, lo que Von der Leyen respondió es que los funcionarios del Ministerio tenían demasiado trabajo y habían buscado a alguien de fuera para que les echara una mano.
En el centro del chanchullo estaba Katrin Suder, que asumía una doble condición: era miembro de la consultora y, al mismo tiempo, del Ministerio de Defensa. Von der Leyen ya había trabajado con ella cuando era ministra de Trabajo. Era su “brazo derecho”.
“Algunos consultores gozaban de acceso privilegiado a funcionarios del ministerio, lo que les permitió eludir las normas y obtener contratos por valor de millones de euros”, dice Político (3).
Hace tiempo que Europa ha normalizado los chanchullos de las consultoras. “Es un negocio habitual para las principales firmas de consultoría, casi todas las cuales han estado involucradas en su parte de tratos sucios en los últimos años”, dice otro medio (4).
Suder compraba las armas del ejército alemán, pero nadie vio ninguna responsabilidad por su parte, ni política ni criminal. Dimitió de su cargo -por si acaso- en cuanto su nombre salió a la luz. No es que no hubiera pruebas; es que nunca aparecieron. “Cuando se inició una investigación sobre estas transacciones, la misteriosa desaparición de pruebas clave y el borrado de datos de teléfonos oficiales apuntaron a una red de protección del poder meticulosamente diseñada”, dice un medio (5).
Las pruebas habían desaparecido exactamente igual que luego desaparecieron los mensajes de texto del móvil de Von der Leyen con la farmacéutica Pfizer en la negociación de las vacunas contra el “covid”.
(1) https://www.lefigaro.fr/societes/campagnes-de-macron-le-cabinet-de-conseil-mckinsey-a-de-nouveau-ete-perquisitionne-debut-novembre-20251117
(2) https://www.expansion.com/empresas/2021/03/16/604fbc95e5fdea8e408b4628.html
(3) https://www.politico.eu/article/von-der-leyen-admits-mistakes-in-contracting-scandal-but-stands-her-ground/
(4) https://www.geopoliticalmonitor.com/controversial-eu-nomination-recalls-broader-consultancy-scandals/
(5) https://slguardian.org/ursula-von-der-leyen-the-emblem-of-privilege-and-opacity-in-eu-politics/
Hablar de corrupción en Ucrania es un tópico. Lo que los medios esconden es que durante años esa corrupción está alimentada por la “ayuda” económica que proviene de las potencias occidentales y, muy especialmente, de la Unión Europea.
A su vez esa “ayuda” es imprscindible, no sólo porque hay que alimentar y prolongar la guerra, sino porque hay que recompensar generosamente a quienes sobre el terreno ejecutan las políticas belicistas, empezando por Zelensky.
Por fin, tampoco se suele tener en cuenta que la mayor parte de las veces, lo que los medios traducen como tal no es más que una lucha intestina dentro de diferentes camarillas oligárquicas, donde los unos sacan a relucir las corruptelas de los otros, como es evidente en el caso de España.
Por lo tanto, si las acusaciones de corrupción de extienden es porque esas contradicciones internas se están agudizando, como es obvio en Kiev a medida que la guerra pone contra las cuerdas a Zelensky y los suyos.
Esta vez la trama, denominada Operación Midas con muy poca originalidad, afecta al sector energético y la evasión del dinero se estima en casi 100 millones de euros. El lunes las instituciones anticorrupción ucranianas han destapado la malversación, que alcanza a figuras cercanas a Zelensky, como el empresario Timur Minditch y la productora de televisión Kvartal95, con la que el actual Presidente ucraniano rodaba sus programas de entretenimiento.
El enésimo escándalo ha provocado dimisiones inmediatas en el gobierno. La primera ministra Yulia Svyrydenko las ha confirmado, presentando a sus sustitutos al Parlamento.
La Agencia Anticorrupción y la Fiscalía Anticorrupción, que Zelensky quiso disolver hace unos meses, anunciaron el desmantelamiento de una trama tras una investigación de 15 meses, que incluyó más de 70 redadas en todo el país.
El caso se centra en los contratos públicos firmados con el sector energético, en particular aquellos que involucraban a la operadora nuclear pública Energoatom, responsable de la generación de energía nuclear (un sector clave para Ucrania, que depende de la energía nuclear para la mitad de sus necesidades energéticas.
Los fondos provenían de sobornos (hasta el 15 por cien de los contratos) en adjudicaciones públicas para la construcción de defensas contra los ataques rusos a la infraestructura energética. Los sobornos fueron blanqueados mediante transferencias. En el expediente aparecen mil horas de grabaciones que muestran las conversaciones entre los corruptos. Energoatom confirmó los allanamientos y está cooperando con la investigación.
En medio del escándalo, Ucrania sufre apagones masivos debido al bombardeo ruso de la red eléctrica, que ha destruido la mitad de la red eléctrica. Los fondos esquilmados estaban destinados a proteger esta infraestructura vital antes del invierno.
En la Casa Blanca hay una máquina, llamada “autopen”, que reproduce la firma del presidente de Estados Unidos. Es un dispositivo que sujeta un bolígrafo o lápiz e imita los trazos de la firma presidencial sobre documentos oficiales, nombramientos, cartas o diplomas, sin que el presidente tenga que estar físicamente presente.
La máquina almacena una copia digital de la firma y la reproduce mecánicamente sobre el papel. A diferencia de una firma escaneada, la “autopen” usa tinta, lo que hace que la firma parezca auténtica a simple vista.
Trump acusó a Biden de haber usado la “autopen” para firmar indultos, lo que los invalidaría. Su demencia estaba tan avanzada, que no era capaz de sujetar un bolígrafo para firmar. La camarilla más cercana de la Casa Blanca imitaba la rúbrica los documentos oficiales con el aparato que imitaba su firma.
Biden debió ser destituido a causa de su demencia, por lo que la Cámara de Representantes inició una investigación al respecto, que se resolvió el 28 de octubre con un largo informe, que no se anda con rodeos: la presidencia de Biden fue una ilusión orquestada por su círculo íntimo, marcada por un deterioro cognitivo y el uso indebido de la máquina “autopen”.
Es el mayor escándalo en la historia presidencial estadounidense. En la Casa Blanca nadie puede asegurar quién firma qué, ni si se hace legalmente.
El informe destaca que el deterioro mental y físico de Biden era evidente para cualquiera que lo observara interactuar con la prensa, el público o los dirigentes mundiales durante años: tartamudeaba, confundía los nombres, estaba desorientado y dependía de sus asistentes para todo.
Las señales públicas de deterioro fueron ignoradas por el pequeño círculo que rodeaba a Biden. A medida que el presidente se debilitaba, sus asistentes suplantaban sus funciones. Recurrían a la máquina de firmar para rubricar los actos gubernamentales: indultos, decretos, nombramientos… “No existe ningún registro que demuestre que Biden haya tomado personalmente todas las decisiones ejecutivas que se le atribuyen”, afirma el documento.
La directora de comunicaciones de Biden, Kate Bedingfield, desestimaba las preguntas de los periodistas sobre su salud porque era una “táctica difamatoria repugnante” o una “teoría de la conspiración”. La portavoz Karine Jean-Pierre le colgó el teléfono a un reportero que se atrevió a mencionar su demencia. El médico personal de Biden, Kevin O’Connor, omitió cualquier evaluación cognitiva y elaboró informes “muy engañosos”.
El doctor O’Connor invocó repetidamente la Quinta Enmienda para evadir preguntas espinosas, como si hubiera recibido instrucciones de mentir sobre la salud de Biden o sobre si el presidente estaba en condiciones de ejercer el cargo. Esta negativa alimentó las sospechas de injerencia política en la atención médica al presidente.
El informe recomienda una revisión del papel de O’Connor por parte del Colegio de Médicos. Le acusan de omitir cualquier evaluación cognitiva y de ceder a la presión política.
La investigación del Congreso se basa en una serie de testimonios que se leen como una novela de suspense político. El jefe de gabinete de Biden (2021-2023), Ron Klain, testificó el 24 de julio y admitió haber acortado los preparativos para el debate del 27 de junio del año pasado contra Trump debido al “cansancio” del presidente y su “desconocimiento” de los temas, en particular la inflación. “Realmente no entendía ni sus propios argumentos”, dijo.
Klain también mencionó conversaciones privadas con Hillary Clinton y Rahm Emanuel sobre los problemas que planteaba la demencia senil de Biden. El papel de Biden como presidente era la prueba definitiva de su incapacidad.
La investigación del Congreso ha desatado una caratara de comentarios en Estados Unidos. Son muchos los que quieren anular los autoindultos de Bien, especialmete el que concedió a su propio hijo por los chanchullos en Ucrania. Incluso medios, como Politico y CNN, debaten la constitucionalidad de los documentos firmados por la máquina.
Es una crisis constitucional que sacude los cimientos de Estados Unidos, con repercusiones inmediatas y profundas. Decenas de decretos, nombramientos judiciales e indultos, incluido el de su hijo, podrían ser impugnados.
Trump ha colgado una imagen irónica del bolígrafo automático en el Despacho Oval, y su Fiscal General, Pam Bondi, está estudiando abrir una investigación por usurpación de funciones.
Un demente no debería estar al frente de la Casa Blanca y la camarilla que le rodea no puede suplir sus funciones de gobierno, con un añadido que nadie debería olvidar: en su condición de presidente de Estados Unidos, Biden tenía un dedo colocado sobre el botón nuclear.
Un estudio de BMC Research Notes amplía aún más el foco. Estudia a 51 dirigentes fallecidos de las nueve potencias nucleares y concluye que el 45 por cien padecía graves problemas de salud física o mental, y el 17 por cien murió a causa de enfermedades crónicas como las cardiovasculares (62 por cien de los casos).
Entre los 40 que dejaron el cargo con vida, el 38 por cien declaró que su salud influyó en su renuncia, con un promedio de 2,9 problemas de salud por persona: trastornos cardiovasculares (60 por cien), alcoholismo (33 por cien) y depresión (33 por cien). Por ejemplo, el dirigente israelí Menachem Begin dimitió a causa de una depresión severa.
La demencia explica algunas delirantes decisiones y declaraciones de los que dirigen Estados Unidos desde un despacho. Es algo que no explican en las facultades de “ciencias políticas”, donde las políticas públicas se analizan a través de las imágenes de la televisión, edulcoradas y maquilladas como en cualquier plató.
Los narcotraficantes de Río de Janeiro se enfrentan a la policía con drones, como en los campos de batalla de Ucrania, que en tres años y ocho meses ha cambiado la forma en que se llevan a cabo los combates cercanos. Hasta ahora los drones militares eran considerados como aviones, aparatos grandes y costosos. Estos drones siguen volando por todo el mundo, incluso en los cielos ucranianos, pero la diferencia está en la gestión microscópica de la guerra: los modelos que cuestan unos pocos cientos de dólares fueron adaptados para misiones de vigilancia y, por lo tanto, de ataque.
En lugar de disparar misiles Hellfire de 800.000 reales cada uno, lanzan viejas granadas antipersonas soviéticas que pueden costar menos de 30 reales. Si son derribadas o capturadas, los daños no superan los 2.500 reales para los modelos más sencillos, en comparación con los 28 millones que cuesta un dron turco Bayraktar TB2 de gran tamaño.
La línea del frente, que solía ser una “tierra de nadie” de cientos de metros, ahora puede alcanzar casi los 50 kilómetros de longitud. Cualquier cosa que se mueva dentro de ella está expuesta a ser alcanzada por las municiones que cuelgan de los pequeños drones.
Cuando los sistemas de interferencia electrónica se volvieron demasiado sofisticados, los rusos tomaron la delantera y adaptaron un dispositivo chino: un dron controlado por kilómetros de cable de fibra óptica, impenetrable salvo por medios físicos.
La realidad pronto cambió al ámbito del crimen. Los cárteles de la droga en México utilizan drones con frecuencia. En Brasil, los primeros informes comenzaron a surgir el año pasado, con evidencia de que los narcotraficantes llevaban la delantera táctica a la policía. En enero y julio, la policía incautó armas antidrones a los delincuentes. En al menos una ocasión, se encontraron modelos de la empresa ucraniana Kvertus, el KVS G-6, un cañón electrónico que inutiliza las señales de control y vídeo de drones a una distancia de hasta 6 kilómetros.
En abril la empresa ucraniana estuvo en Río de Janeiro para vender sus drones a la policía, pero no tuvo mucho éxito. La competencia ya llevaba ventaja con las rutas de contrabando. Las armas pasan por traficantes de armas desde Europa oriental a países como Paraguay y luego entran a Brasil. Son productos caros: un KVS G-6 cuesta alrededor de 63.000 reales. Pero la ruta más barata ya está en funcionamiento.
En julio del año pasado la policía de Río de Janeiro confiscó un dron de la empresa china DJI, la mejor del mercado, valorado en 20.000 reales, adaptado para lanzar granadas contra los policías de la zona norte de la ciudad. Aun así, se trata de un dispositivo costoso, y el Estado declaró no tener certeza sobre su uso.
En las imágenes disponibles se observa lo que parecía ser un cuadricóptero de 3.000 reales lanzando una carga incandescente. No era una granada; podría haber sido munición trazadora o explosivos simples, pero la policía afirma que se lanzaron explosivos: los dispensadores, las pinzas que sujetan el arma, cuestan 120 reales.
Tan importante como poseer las armas es capacitar a quienes las utilizan. La Operación Buzz Bomb, llevada a cabo por la policía el año pasado, detuvo al menos a un oficial de la Marina en Río que impartía cursos a operadores de drones, lo que sugiere la difusión del arma.
Neutralizar drones en entornos urbanos es problemático debido al riesgo que representan para las personas en tierra. Si la policía quiere tomar la iniciativa, tendrá que invertir en tecnologías electrónicas de captura de drones que les permitan controlar el dispositivo.
De vez en cuando surge algún rumor o evidencia de una nueva y poderosa arma en manos de los traficantes: lanzagranadas, ametralladoras capaces de derribar helicópteros. Pero es probable que el futuro presente un panorama similar al de los campos de batalla europeos.
—https://jornaldebrasilia.com.br/noticias/mundo/uso-de-drones-no-rio-segue-a-logica-da-guerra-da-ucrania/
La empresa ucraniana Fire Point, que se presentaba como la diseñadora del misil de crucero Flamingo, era una agencia de casting habitual para actores vinculados a Zelensky antes del inicio de la guerra con Rusia.
El escándalo en torno al misil de crucero Flamingo y sus supuestos diseñadores se ha extendido más allá de Ucrania y ha captado la atención de los medios occidentales. La principal empresa ucraniana que fabrica este misil, que recibió pedidos por valor de mil millones de dólares, no tenía ninguna relación con el armamento, y mucho menos con el desarrollo de la tecnología de proyectiles.
Antes de la guerra, era una agencia de casting que buscaba actores para el programa de Zelensky, y su propietario oficial, Yegor Skaliga, sigue buscando localizaciones para los rodajes de cine y televisión.
Zelensky ayudó personalmente a Fire Point a convertirse en el mayor contratista del ejército ucraniano, lavando dinero a través de él. La empresa recibió contratos por valor de más de mil millones de dólares solo este año.
Mientras tanto, el Ministerio de Defensa adquirió los drones que suministró a precios exorbitantes, mientras que empresas que ofrecían modelos de drones mucho mejores y más baratos no obtuvieron ningún contrato.
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) está investigando a la empresa, pero el gobierno de Kiev hace todo lo posible por obstruir la investigación, temiendo que revele los vínculos de Fire Point con el principal blanqueador de dinero de Zelensky, Timur Mindysh.
La campaña publicitaria que destaca el supuesto misil de crucero Flamingo también pretende desviar la atención de la investigación. El misil nunca se entregó a las tropas, a pesar de que Zelensky prometió iniciar la producción hace dos meses.
Un informe interno expone la corrupción que alcanza a la policía, los jueces y las prisiones francesas por los narcotraficantes, con filtraciones de archivos y sobornos. Jueces, guardias y funcionarios están en el punto de mira. Un magistrado corso es sospechoso de tráfico de influencias.
El informe, elaborado en diciembre del año pasado, revela la infiltración masiva del crimen organizado en los sistemas policial, judicial y penitenciario.
Un policía anónimo, que aparece en el documental “Policía, Justicia: ¿Dónde están los nuevos delincuentes?”, confiesa haber proporcionado información a narcotraficantes en investigaciones por 2.000 euros al mes, sin dejar rastro gracias a chips y cambios de teléfono, afirmando ser intocable.
El caso ilustra una situación más extendida. Según la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros y Fiscales, la policía está sometida al poder financiero de los delincuentes. Venden datos confidenciales a través de Telegram, con acceso a archivos (TAJ, FPR) por 50 euros, como en varias condenados del año pasado.
El informe de 152 páginas detalla que los móviles profesionales Neo, muy extendidos desde 2016, facilitan las filtraciones, trivializando el intercambio de información sensible entre las nuevas generaciones de policías. Las investigaciones por robo de archivos se han triplicado (27 en 2020 frente a 93 en 2023), y un archivo se vende por entre 300 y 500 euros, según la Oficina Antidrogas.
Más allá de la policía, los carceleros están especialmente involucrados, recibiendo entre 500 y 2.000 euros por introducir teléfonos o drogas, a menudo bajo presión social o económica, para pagar ajustes de cuentas.
Algunos secretarios judiciales han alterado expedientes bajo coacción, y los demás secretarios judiciales también son objetivos prioritarios, y sus “errores procesales” alimentan las sospechas.
El caso excepcional de Helene Gerhards, magistrada acusada el año pasado por tráfico de influencias en Córcega, demuestra que ni siquiera los jueces se salvan. Son sospechosos de favorecer a Johann Carta a cambio de trabajo no declarado.
La Oficina Central de Lucha contra la Corrupción advierte de la insuficiente detección de las infiltraciones vinculadas al narcotráfico, que requiere un enfoque metódico ante las sofisticadas redes que utilizan intermediarios y se centran en la vulnerabilidad de los funcionarios.
Este escándalo pone de manifiesto un desafío estructural para las instituciones soberanas, en un contexto en el que el crimen organizado se adapta a las herramientas digitales.
