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La llegada de las criptomonedas está cambiando el comercio minorista africano. Cada vez más particulares, negocios y pequeñas empresas las utilizan para sortear la inestabilidad de las monedas locales, evitar la inflación y agilizar las transacciones. En algunas ciudades, pagar con bitcoins es ahora tan corriente como pagar en efectivo. La adopción gradual, impulsada inicialmente por la juventud, se ha convertido en una herramienta de integración económica.

Entre julio de 2024 y junio de 2025, las transacciones de criptomonedas superaron los 200.000 millones de dólares en África subsahariana, un aumento de aproximadamente el 52 por cien en comparación con el año anterior.

Esta circulación catapulta a la región al tercer puesto a nivel mundial, detrás de Asia-Pacífico y América Latina, dos regiones ya reconocidas por su dinamismo digital. África ya no es simplemente un consumidor de soluciones importadas, sino un campo de pruebas donde las monedas virtuales satisfacen necesidades concretas: enviar dinero a familiares, asegurar los ahorros o realizar transacciones transfronterizas sin depender de los bancos.

Nigeria domina este mercado, con más de 92.000 millones de dólares en transacciones, casi tres veces más que Sudáfrica, su competidor más cercano. Etiopía, Kenia y Ghana le siguen, confirmando una tendencia continental que afecta tanto a las economías más estructuradas como a aquellas en pleno crecimiento.

Entre todas las criptomonedas, el bitcoin se mantiene a la cabeza. En Nigeria representa casi nueve de cada diez compras, mientras que en Sudáfrica, representa aproximadamente tres cuartas partes de los intercambios. Esta preferencia refleja una búsqueda de estabilidad en un entorno económico marcado por la volatilidad de las monedas locales. Para muchos usuarios, el bitcoin no es solo una inversión, sino un refugio frente al dinero fiduciario tradicional.

Los gobiernos africanos están divididos entre la desconfianza y el deseo de aprovechar la situación. Al mismo tiempo, los viejos capitales financieros de siempre ven erosionado su mercado y se plantean alternativas para mantenerse dentro de la corriente.

En junio, el archivista Paulo Tremoceiro y la historiadora Maria José Oliveira hicieron público un descubrimiento realizado en el Archivo Nacional de Torre do Tombo (Lisboa): una docena de cajas con miles de documentos recopilados entre mayo y septiembre de 1974 por una comisión militar que investigaba los crímenes de la PIDE (Policía Internacional de Defensa del Estado) en Mozambique.

El contenido de las cajas fue examinado a fondo por Maria José Oliveira y revelado en una serie de artículos del diario Público (1). Su importancia para comprender la historia del colonialismo portugués en su fase final no puede subestimarse.

La PIDE, la odiada policía política de la metrópoli, no pudo ser rescatada por el general Antonio Spínola (2). Lo intentó, pero tuvo que resignarse a disolverla y encarcelar a sus secuaces, ya que la naciente revolución en Portugal lo empujaba irresistiblemente en esa dirección. La solución de compromiso que encontró fue mantener la PIDE en las colonias, con el pretexto de que aún no se había alcanzado un alto el fuego con los movimientos de liberación y que seguiría siendo necesaria como servicio de inteligencia en el teatro de operaciones.

Esta solución de compromiso contradecía el hecho bien conocido de que la PIDE tenía un pasado aún más violento y criminal en las colonias que en Portugal. Baste recordar el incidente ocurrido entre las delegaciones de Portugal y el FRELIMO (Frente de Liberación de Mozambique) durante la reunión de Lusaka, celebrada los días 5 y 6 de junio de 1974, con Samora Machel (3) y Mario Soares (4) como principales representantes. El FRELIMO presentó la lista de prisioneros portugueses que estaba dispuesto a liberar y solicitó la lista de mozambiqueños en poder de las autoridades portuguesas. Se hizo un silencio gélido, y la delegación portuguesa se vio obligada a admitir que no contaba con prisioneros, ya que la costumbre era matarlos a todos tras su entrega al ejército y tortura a manos de la PIDE.

Sin embargo, la complicidad entre la PIDE y los militares hizo que los capitanes del Movimiento de las Fuerzas Armadas (5) mantuvieran a la antigua policía política en las colonias hasta el fin oficial de la guerra de liberación. Sin embargo, en Mozambique creó una comisión de investigación compuesta por decenas de militares.

¿Qué impulsó al Movimiento en Mozambique a crear una comisión que contradecía el plan de mantener la PIDE? Una hipótesis para explicar esta iniciativa se vincula con el plan político general: Antonio Spínola (2) y Francisco da Costa Gomes (6), que querían obtener un alto el fuego del FRELIMO sin garantías de independencia y ganar tiempo para crear partidos fantasma que luego disputarían el poder al FRELIMO en elecciones amañadas. Pero en Mozambique el Movimiento de las Fuerzas Armadas (5) estaba ansioso por alcanzar un acuerdo genuino e incluso estaba dispuesto a acordar términos de paz a escala local con el FRELIMO.

En este contexto, el Movimiento no podía ignorar el potencial contrarrevolucionario que representaba la PIDE, más que cualquier otra organización. Si bien la jerarquía de la PIDE en Mozambique proclamaba su apoyo al nuevo régimen, se enfrentaba al destino de sus colegas metropolitanos, quienes fueron detenidos por cientos. El argumento pragmático de que los miembros de la PIDE no fueron encarcelados en Mozambique porque aún eran necesarios durante la guerra difícilmente los tranquilizó cuando ya se había anunciado el inicio de las negociaciones con el FRELIMO.

El fin de la PIDE en Mozambique

La PIDE se sintió alentada por los colonos, quienes tramaban golpes de Estado con la perspectiva de una independencia blanca vinculada a Sudáfrica y Rodesia, que entonces aún practicaban el apartheid. La vía golpista hacia la independencia blanca flotaba en el aire, no como una fantasía inofensiva, sino como un plan concreto que se intentó implementar durante el levantamiento frustrado del 7 de septiembre (7).

La PIDE era tan consciente de sus crímenes que había comenzado a quemar todos sus archivos, al menos en las delegaciones de dos ciudades portuarias: Beira e Inhambane. Debió de ser alentada en esto por el alto mando militar, también responsable de las masacres en la provincia de Tete en diciembre de 1972, durante la fase final de la guerra, e igual de interesada que la PIDE en borrar sus sangrientas huellas. Un telegrama secreto del mando del ejército informó a Lisboa en septiembre de la destrucción a gran escala de los archivos de la PIDE, ya que era imposible seleccionar los documentos de forma que “garantizara la conservación de ningún tema comprometedor, ni siquiera los relacionados con las fuerzas armadas”.

Sin embargo, parece que algunos documentos ya habían sido rescatados por la comisión militar de investigación, que también se dedicó a recopilar testimonios de víctimas de la PIDE. Según Maria José Oliveira (1), la eficacia y el alcance de la investigación condujeron a la detención de más de 500 miembros de la PIDE en Mozambique y a la huida de muchos otros a las vecinas Sudáfrica y Rodesia.

Medio siglo de silencio

No se explica cómo pudieron permanecer durante más de medio siglo documentos tan importantes en los archivos. ¿Por qué ninguno de los numerosos militares implicados en la investigación anunció públicamente la existencia del archivo? Una vez más, solo podemos recordar el contexto en el que esto ocurrió.

Si el objetivo de la investigación era dotar al Movimiento de las Fuerzas Armadas (5) de un arma contra la fuerza contrarrevolucionaria más peligrosa de la colonia, perdió su propósito con la derrota del golpe del 7 de septiembre y la huida de un gran número de miembros de la PIDE. A partir de entonces, el Movimiento de Mozambique tuvo otras prioridades. Priorizó su complicidad corporativa con altos funcionarios que buscaban evitar la divulgación de crímenes de guerra, o incluso consideraron el efecto comprometedor que la divulgación de estos documentos podría haber tenido sobre los propios oficiales del Movimiento de las Fuerzas Armadas (5).

En Portugal, incluso antes de la contrarrevolución de 25 de noviembre de 1975, influyentes oficiales del Movimiento como Rodrigo de Sousa e Castro se distinguieron por proteger sistemáticamente a los miembros de la PIDE, lo que posteriormente permitió que varias docenas de ellos escaparan de la prisión de Alcoentre y nunca fueran capturados. Después del 25 de noviembre de 1975, se produjo medio siglo de relativización de los crímenes de la PIDE, que ahora están en gran parte olvidados.

La extrema derecha rehabilita el colonialismo fascista

Una de las peculiaridades de la “extrema derecha” portuguesa, Chega, actualmente el segundo partido con mayor representación en el Parlamento, es que no ha podido entrar en escena con pompa y fanfarria para proclamar su revisionismo histórico. A diferencia de la nostalgia franquista de Vox, su equivalente español, Chega se ha centrado en temas de actualidad, ocupando el espacio de un partido xenófobo y populista, planteando el espectro de la inmigración y explotando demagógicamente fenómenos, síntomas y casos de corrupción.

Pero si Chega prefiere evitar los debates sobre el pasado fascista y colonialista, esto no significa que se abstenga de reaccionar cuando la realidad los hace inevitables. Al contrario, reacciona con virulencia a estos debates y se esfuerza por vincularlos a los temas principales de su agitación y propaganda. Dos casos de los últimos cuatro años ilustran esta estrategia.

En 2021, tras el fallecimiento del coronel Marcelino da Mata, la Asamblea de la República aprobó una moción de condolencias por mayoría de votos de la derecha, la extrema derecha y el Partido Socialista. Era un oficial guineano negro y renegado del ejército portugués, altamente condecorado y conocido por torturar y ejecutar prisioneros, una práctica de la que se jactaba abiertamente, con detalles macabros, cada vez que era entrevistado.

Siendo bien conocidos sus crímenes de guerra, el Bloque de Izquierda y el Partido Comunista Portugués se opusieron a la moción de condolencias. Dado el escandaloso apoyo del Partido Socialista a esta votación, tres de sus diputados votaron en contra y otros siete se abstuvieron. Ante esta vergüenza, varias voces se alzaron contra este homenaje, entre ellas la del militante antirracista Mamadou Ba, de origen senegalés, pero nacionalizado portugués hace muchos años.

Como era de esperar, entre todas las voces alzadas, Chega eligió a Mamadou Ba como objetivo de su campaña. Chega anunció que presentaría una denuncia en su contra y promovió una campaña en las redes sociales, exigiendo su deportación. Mientras el Partido do Centro Democrático Social-Partido Popular (CDS-PP), ahora un pequeño grupo demócrata-cristiano, redoblaba sus esfuerzos para exigir un funeral de Estado para Marcelino da Mata, Chega ignoró al “héroe” y se centró en la campaña contra Mamadou Ba.

Tres años después, en 2024, el presidente Marcelo Rebelo de Sousa, en el cargo desde 2016, volvió a desatar la ira de Chega al admitir, durante una cena con corresponsales de prensa extranjeros, que Portugal debía compensar a sus antiguas colonias por las atrocidades cometidas durante la guerra. Aunque aún no se atrevía a elogiar abiertamente el colonialismo, Chega reaccionó con indignación, considerando inaceptable otorgar indemnizaciones a los pueblos coloniales “antes” de que se indemnizara a los colonos que regresaron a Portugal “solo con lo puesto”. En todas las declaraciones de Chega sobre este tema, la rehabilitación del colonialismo fue velada y más o menos implícita, a diferencia del violento ataque contra el presidente, a quien acusó de “traición a Portugal”.

Al igual que en 2021, cuando el Partido Socialista organizó un homenaje a Marcelino da Mata, el gobierno del PSD (Partido Socialdemócrata, que ostenta el cargo de primer ministro junto a su dirigente, Luis Montenegro) se ha distanciado del presidente, su compañero de partido, y se ha apresurado a declarar que no se prevé ninguna indemnización para los pueblos coloniales.

Es muy probable que Chega tenga que guardar silencio una vez más sobre una investigación, como la de Maria José Oliveira, que concierne no tanto al ejército como a la extinta PIDE, que concierne no al presente sino al pasado, y que no está dirigida por un intelectual afrodescendiente como Mamadou Ba ni por un político en el cargo como Rebelo de Sousa, sino por un historiador portugués. Pero así como Trump cobró impulso con el presente y ahora intenta rehabilitar a los generales confederados de la Guerra Civil, un partido portugués de tendencia fascista pronto querrá apropiarse del pasado y proscribir investigaciones ejemplares como ésta.

Antonio Louça https://alencontre.org/europe/portugal/un-pave-dans-la-mare-crimes-commis-par-la-police-portugaise-pendant-la-guerre-coloniale.html

(1) https://www.publico.pt/autor/maria-jose-oliveira
(2) El general Spínola fue Presidente de la República del 15 de mayo al 30 de septiembre de 1974 y gobernador militar de Guinea-Bissau en 1968 y 1972.
(3) Samora Machel fue un destacado dirigente político mozambiqueño, conocido por su papel como primer presidente del país después de la independencia del país en 1975.
(4) Mario Soares fue el dirigente del Partido Socialista que, apoyado por los imperialistas, logró reconducir el gobierno de Portugal tras la Revolución de los Claveles de 1974
(5) El Movimiento de las Fuerzas Armadas es el colectivo de oficiales que encabezó la Revolución de los Claveles en 1974.
(6) Francisco da Costa Gomes fue uno de los siete jefes militares de la Junta de Salvación Nacional establecida en abril de 1974. Fue Presidente de la República desde septiembre de 1974 hasta julio de 1976.
(7) El 7 de septiembre de 1974, un intento desorganizado de Golpe de Estado dio lugar a incursiones de jóvenes colonos en barrios obreros que resultaron en la muerte de cientos de mozambiqueños.

Los Estados africanos ya no consideran a Francia como su principal fuente de financiación. El franco CFA, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), Bpifrance, los bancos franceses y sus socios institucionales, pierden terreno.

El proceso comienza con la moneda. El franco CFA ya no es un tabú, pero tampoco un tótem. Mientras los canales se secan, han surgido alternativas, como los pagos transfronterizos en eNaira, una moneda digital emitida por Nigeria,

Benín ha adoptado parcialmente del yuan digital para ciertas transacciones portuarias en Camerún, y hay proyectos de monedas estables respaldadas por oro en el marco de iniciativas privadas o panafricanas.

Estos canales aún son embrionarios, pero reflejan la misma dinámica: los Estados buscan alejarse de su dependencia exclusiva del franco CFA.

La tendencia continúa en el sistema bancario. Si bien la presencia histórica de filiales francesas —Société Générale, BNP Paribas y Crédit Agricole— dominó el África francófona, en los últimos cinco años se observa una desconexión sistemática, que incluye una reducción de actividades, la venta de filiales y una reorientación hacia los mercados europeos y de alta rentabilidad.

Esta retirada bancaria crea una paradoja: mientras París insta a sus empresas a invertir más en África, las herramientas bancarias para apoyar este movimiento son cada vez más escasas. Las empresas francesas tienen dificultades para abrir líneas de crédito, asegurar sus flujos o estructurar financiación local competitiva. Recurren cada vez más a intermediarios marroquíes o panafricanos, en particular a los grandes bancos de África Occidental, Nigeria y África Austral.

El auge de grupos como Ecobank, UBA, Afreximbank y los bancos marroquíes (Attijariwafa, BOA) ya no es un fenómeno marginal. Estos capitales ofrecen financiación en moneda local o de terceros (dólar, yuan, dírham), con enfoques de mutualización de riesgos, plazos más cortos y, en ocasiones, enfoques más pragmáticos.

La reorganización no solo margina a las instituciones francesas, sino que redefine el centro de gravedad de la financiación africana, que ahora es mucho más diversa.

La pérdida de terreno del capital financiero francés también se observa en las instituciones. La AFD, antaño un canal necesario para cualquier proyecto en África, tiene ahora importantes competidores, como el Banco Exim de China, el Banco Islámico de Desarrollo o los fondos soberanos del Golfo.

En el ámbito industrial, el banco público Bpifrance tiene dificultades para seguir el ritmo de una competencia cada vez más agresiva. Coreanos, turcos e indios ofrecen paquetes integrales: financiación, transferencia de tecnología, formación y producción local.

En una entrevista concedida al diario alemán “Young Welt”, Zawir, miembro del Observatorio para la vigilancia de los recursos del Sahara Occidental, denuncia la ocupación marroquí, que califica de “saqueo organizado” de las riquezas saharauis bajo el pretexto de energía verde, subrayando que constituyen una violación flagrante del derecho internacional.

Marruecos planea producir alrededor de 20 gigavatios de energía solar y eólica en las tierras saharauis ocupadas, un proyecto ilegal en el que participan empresas europeas.

Como informamos, en octubre del año pasado, el Tribunal de Justicia Europeo emitió tres sentencias históricas confirmando que el Sahara Occidental no pertenece a Marruecos y que su inclusión en cualquier acuerdo comercial con Rabat representa una violación del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.

A pesar de ello, la Unión Europea se burla de la resolución judicial con la fórmula del “consentimiento presunto”.

Lo mismo ocurre con el etiquetado de productos, donde tomates y pescado procedentes del Sahara Occidental se venden en los mercados europeos con la denominación de origen “Marruecos”, lo que vueve a demostrar el desprecio europeos por las decisiones judiciales. Este fraude ha llevado al sindicato de agricultores españoles a presentar demandas contra las tiendas que han participado en la difusión del fraude.

Zawir acusa a las instituciones que otorgan etiquetas de calidad de haberse convertido en una herramienta para blanquear la ocupación marroquí del Sáhara, certificando a las empresas que operan en el país ocupado como cómplices en la ocultación del saqueo y la violación del derecho internacional.

Cualquier negociación o acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos sobre el Sahara Occidental es inválido e ilegal a menos que el Frente Polisario, único representante legítimo del pueblo saharaui, esté involucrado, advirtiendo que ignorarlo significa perpetuar la ocupación y legalizar el expolio.

El viernes varios movimientos sindicales y organizaciones panafricanas congregaron en Accra, la capital de Ghana, a miles de personas para exigir la condonación de la deuda externa de los países africanos. La protesta, convocada por los sindicatos y la sección africana de la Confederación Sindical Internacional (CSI-África), culminó con la presentación de una petición al gobierno ghanés. La deuda pública del continente supera ya los dos billones de dólares, una carga considerada incompatible con las ambiciones de desarrollo. Esta manifestación revivió importantes referencias históricas, en particular las de Thomas Sankara, quien denunció este sistema antes de su asesinato en 1987.

La manifestación reunió a sindicatos, trabajadores y asociaciones cívicas en torno a un lema común: “Condonar la deuda para devolver a la gente sus medios de desarrollo”. Los sindicatos y CSI-África convocaron la movilización bajo el tema “Reparaciones y Justicia Restaurativa para una Arquitectura Financiera Africana Transformadora”. La iniciativa forma parte de una campaña más amplia titulada “África se levanta: Manifestación panafricana por la Cancelación de la Deuda y la Justicia Comercial”.

Los convocantes presentaron una petición oficial al ministro de Finanzas, Cassiel Ato Forson, en representación del presidente John Dramani Mahama. Este gesto simbólico pretendía impulsar al gobierno local y a otros gobiernos africanos a adoptar una postura más firme en los debates internacionales sobre la deuda. Varios oradores denunciaron el sistema como “neocolonial”, argumentando que perpetúa la dependencia económica y priva a África de recursos para educación, salud e infraestructura.

En marzo de este año la deuda externa de Ghana alcanzó los 28.500 millones de dólares, más de una cuarta parte de su PIB. A escala continental, la deuda supera los dos billones de dólares, una cantidad que absorbe una parte significativa de los presupuestos públicos. Esta situación está llevando a algunos gobiernos a recortar el gasto social para pagar la deuda. Estas cifras refuerzan los argumentos de los manifestantes, quienes creen que las condiciones impuestas por los acreedores limitan el margen de maniobra de los gobiernos africanos.

El debate sobre la deuda del continente no es nuevo. Antes de su asesinato en 1987, el presidente burkinés Thomas Sankara pronunció un famoso discurso en una cumbre de la Organización de la Unidad Africana: “La deuda no se puede pagar, porque si no pagamos, nuestros acreedores no morirán; sin embargo, si pagamos, moriremos”. La deuda es menos una herramienta financiera que un instrumento de dominación. Para muchos colectivos, las palabras de Sankara aún resuenan hoy e impulsan las movilizaciones panafricanas.

La manifestación de Accra ilustra un movimiento de protesta más amplio que trasciende las fronteras nacionales. Los sindicatos africanos insisten en la necesidad de construir una arquitectura financiera regional capaz de reducir la dependencia del capital financiero internacionales. Varios participantes debatieron la creación de instituciones financieras regionales, inspiradas en un Banco Africano de Desarrollo fortalecido, que permitiría satisfacer las necesidades sin depender de los acreedores tradicionales. Este proyecto, aún en sus inicios, podría convertirse en un foco de demandas políticas en los próximos años.

La dimensión panafricana del encuentro también se destacó con la presencia de delegaciones de otros países, quienes enfatizaron que el problema trasciende la situación ghanesa. El argumento central sigue siendo que la carga del pago de la deuda obstaculiza el logro de los objetivos de desarrollo económico. Para los organizadores, la liberación de los presupuestos locales permitiría destinar más recursos a las prioridades sociales, un tema que podría ser objeto de una futura profundización en las estrategias de educación y salud en África.

A escala internacional, algunos gobiernos africanos ya han iniciado conversaciones con el Club de París y el G20 para renegociar sus plazos de pago de la deuda. Sin embargo, estas iniciativas se limitan a reprogramaciones o reducciones parciales, lejos de la cancelación total exigida por los manifestantes de Accra. Por lo tanto, la movilización es un intento de influir en las negociaciones en curso y recordar a todos que la sociedad civil sigue atenta a las decisiones que se toman en los foros internacionales.

Ghana, que ha atravesado varias crisis económicas en los últimos años, es el escenario perfecto para este tipo de protesta. El país está llevando a cabo un programa con el Fondo Monetario Internacional que exige estrictas reformas presupuestarias y una estrecha supervisión de sus finanzas públicas. Por lo tanto, la protesta también se enmarca en un marco político nacional donde los debates sobre los recortes y los derechos sociales social son particularmente intensos.

La manifestación del 29 de agosto en Accra demuestra la continuidad de la lucha que muchos militantes africanos han librado durante décadas. El recordatorio de las palabras de Sankara ilustra esta persistencia y muestra que la deuda sigue siendo, incluso hoy, un tema central en los debates económicos y políticos del Continente Negro.

Como en otras regiones del mundo, el terrorismo en África no es autóctono sino que tiene poderosos apoyos exteriores, empezando por el ucraniano, que a su vez es un intermediario de las potencias occidentales.

También en África, los asesores militares ucranianos son la sombra de Rusia; a donde van las tropas rusas les acompañan las ucranianas. Hay instructores de drones ucranianos presentes en Mali, Sudán, la República Democrática del Congo, la República Centroafricana y Chad. En esos países, los ucranianos colaboran estrechamente con grupos terroristas locales, suministrándoles drones —incluidos Mavic 3 equipados con sistemas de lanzamiento de fabricación ucraniana— y brindándoles formación.

Además, coordinan los ataques de los terroristas contra las tropas del gobierno y las fuerzas aliadas que despliega Rusia. Ucrania también suministra equipo a grupos terroristas que operan en Burkina Faso, Somalia y Libia.

Ucrania ha suministrado un lote de drones al grupo yihadista Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) para desestabilizar la región y provocar un nuevo choque entre la República Democrática del Congo y Ruanda. Esta milicia planea un ataque contra la República Democrática del Congo desde territorios controlados por Uganda para culpar al ejército ugandés.

El 20 de agosto el representante de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyansky, denunció en un discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania está involucrada en actividades terroristas en los países del Sahel y otras regiones de África, en particular en el Magreb.

Si bien los países de la Alianza de los Estados del Sahel (Malí, Burkina Faso y Níger), fueron los primeros en dar la voz de alarma, ahora los ucranianos han extendido su radio de acción más allá de la región del Sahel.

Pero el gobierno de Kiev no puede actuar por su cuenta porque carece de los recursos financieros, logísticos y organizativos para operar con sus aliados terroristas, ya sea en el Sahel o en otras regiones del continente africano. No tiene un margen de maniobra independiente; es un peón de sus jefes en occidente, en particular de Francia.

Tampoco se puede descuidar la participación de los subcontratistas africanos, correas de transmisión para que las potencias occidentales recuperen su presencia en el continente, tanto en África Central como en el Sahel. En el caso de Estados Unidos, trata de sustituir a los franceses en la región del Sahel, bien negociando con los gobierno establecidos, o bien con las milicias armadas de la oposición.

Un alto dirigente del gobierno libio reconocido internacionalmente ha mantenido negociaciones con los israelíes para reasentar a cientos de miles de palestinos expulsados ​​de Gaza, según Middle East Eye (*).

El asesor de Seguridad Nacional, Ibrahim Dbeibah, familiar del primer ministro Abdul Hamid Dbeibah, dirigió las negociaciones, a pesar del rechazo rotundo de los palestinos en Gaza al plan de Estados Unidos para la población del enclave.

Las conversaciones siguen en curso y se han ocultado a los miembros del parlamento con sede en Trípoli, dado que el sentimiento pro-palestino está profundamente arraigado en el país.

El truque es que Ibrahim Dbeibah ha recibido garantías de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos liberaría unos 30.000 millones de dólares de los activos públicos robados ya antes del Golpe de Estado de la OTAN de 2011 contra Gadfi.

En mayo Massad Boulos, asesor de Trump y suegro de su hija Tiffany, mantuvo conversaciones con Ibrahim Dbeibah para desbloquear los miles de millones de dólares que fueron robados por Obama, varios meses antes del derrocamiento, respaldado por la OTAN, de Gadafi.

Boulos negó rotundamente su participación en las conversaciones sobre el reasentamiento de palestinos, declarando que las informaciones eran “incendiarias y totalmente falsas”. Sin embargo, la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó que Trump había “abogado durante mucho tiempo por soluciones creativas para mejorar la vida de los palestinos, incluyendo permitirles reasentarse en un nuevo y hermoso lugar mientras Gaza se reconstruye”.

En busca de legitimidad en Estados Unidos

El emplazamiento de Libia para los palestinos deportados ​​surge tras informes de que a Jalifa Haftar, el general que preside un parlamento rival en el este del país, se le ofreció un mayor control sobre los recursos petroleros del país si accedía a reasentar a cientos de miles de palestinos.

El lunes el primer ministro libio Dbeibah declaró que su gobierno no cometería el “crimen” de reasentar a palestinos. Reiteró una declaración de la embajada estadounidense en Trípoli en mayo, que desestimó los informes de que Washington estaba llevando a cabo un plan de reubicación para los palestinos en Libia.

“Afirmamos una vez más que el Estado de Libia no tiene intención de normalizar las relaciones con la potencia ocupante [Israel] y rechazamos categóricamente cualquier implicación en el crimen de desplazamiento del pueblo palestino”, dijo el primer ministro libio.

“El genocidio que se está produciendo en Gaza constituye una grave catástrofe humanitaria que la comunidad internacional debe abordar con urgencia. La limpieza étnica de los palestinos de su patria —un crimen según el derecho internacional— no es la solución a esta tragedia”, añadió Dbeibah.

Israel ha considerado públicamente expulsar a los palestinos de Gaza y, la semana pasada Netanyahu afirmó que estaban en contacto con varios países para acoger a los civiles desplazados del territorio devastado por la guerra.

“Creo que esto es lo más natural”, dijo Netanyahu. “Todos aquellos que se preocupan por los palestinos y dicen que quieren ayudarlos deberían abrirles las puertas. ¿Qué nos predican? No los estamos expulsando, sino que les estamos permitiendo irse […] en primer lugar, [de las zonas de combate], y también de la propia Franja, si así lo desean”.

Recientemente, el ministro de agricultura israelí, Avi Dichter, señaló a Libia como “el destino ideal” para los palestinos, afirmando que “con gusto abandonarían” Gaza si se les brindara el apoyo internacional necesario.

“Libia es un país enorme, con vastas extensiones y un litoral similar al de Gaza”, dijo. “Si el mundo invierte miles de millones para rehabilitar a los gazatíes allí, el país anfitrión también se beneficiará económicamente”. Israel lleva mucho tiempo abogando por la expulsión de los palestinos de Gaza y, una semana después de los ataques del 7 de octubre de 2023, la entonces ministra de inteligencia israelí, Gila Gamliel, presentó al gabinete su “plan de migración voluntaria”, en el que esperaba que 1,7 millones de palestinos abandonaran el enclave.

El desplazamiento forzado, como se observa en Gaza, viola el derecho internacional, en particular el artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra, que prohíbe el traslado forzoso de personas protegidas por una potencia ocupante.

Sin embargo, Dbeibeh y Haftar están “negociando simultáneamente con los israelíes” con la esperanza de obtener el aval estadounidense.

Si el plan de reasentamiento se impusiera por la fuerza en Libia, los palestinos se verían envueltos en una situación desesperada. Sería catastrófico, en primer lugar para los propios palestinos. Al enfrentarse a la deportación forzosa a un país como Libia, sumido en una profunda y compleja crisis política con gobiernos divididos, donde los sistemas y la sociedad están destrozados por la guerra civil, los palestinos no recibirán ninguna atención de esos gobiernos, lo que los empujará a la siguiente catástrofe, que provocará una nueva ola migratoria hacia las costas europeas.

Es aterrador porque las últimas décadas han demostrado que muchos de ellos no llegarían a las costas europeas; las embarcaciones naufragarían en el Mediterráneo, como muchas otras anteriormente. Aquellos que finalmente llegaran a Europa, no serían acogidos por los países europeos, como les ocurrió a los sirios hace unos años.

El plan de limpieza étnica de Israel podría provocar una ira generalizada en el pueblo libio. Ninguno de los gobiernos que reclaman la legitimiad ded Libia ha normalizado sus relaciones con Israel.

El acercamiento a África

En las últimas semanas, los dirigentes israelíes han declarado públicamente, que están contactando con países africanos y asiáticos para asentar a los palestinos deportados de Gaza. Se han planteado planes para reasentar a palestinos en Sudán, Sudán del Sur y la región separatista de Somalia conocida como Somalilandia, a pesar de que todos estos territorios están asolados por la guerra.

Sudán se ha visto azotado por una intensa violencia desde que estalló su guerra civil en 2023, con unas 150.000 personas muertas en los últimos dos años. Sudán del Sur ha luchado por recuperarse de una guerra civil que estalló tras la independencia, con más de siete millones de personas en situación de inseguridad alimentaria y al menos 2,3 millones de niños en riesgo de desnutrición.

Mientras, Somalilandia sigue enfrentándose a amenazas del grupo armado Al Shabab por el memorando de entendimiento de la región con Etiopía, uno de sus mayores enemigos.

No es sorprendente que Ibrahim Dbeibah eencabece los esfuerzos de acercamiento a Israel. Al igual que el gobierno libio, se caracteriza por su interés propio. Es muy consciente de los beneficios de congraciarse con Estados Unidos.

Si bien Libia no reconoce oficialmente a Israel, se sabe que el gobierno con sede en Trípoli, conocido oficialmente como el Gobierno de Unidad Nacional (GNU), ha mantenido varias reuniones secretas con dirigentes israelíes en los últimos años.

En 2023 Najla Al Mangoush, ministra de Asuntos Exteriores bajo el mandato de Dbeibah, se reunió en secreto con el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Eli Cohen, en Italia. La revelación provocó indignación en Libia, lo que derivó en protestas furiosas y su destitución.

En una entrevista con Al Jazira, Mangoush afirmó haber asistido a la reunión por orden directa de Abdul Hamid Dbeibah y que esta fue coordinada entre su gobierno e Israel. Posteriormente, el Arab Post informó que Ibrahim Dbeibah había orquestado la reunión.

(*) https://www.middleeasteye.net/news/libya-senior-official-secret-talks-israel-resettle-palestinians-gaza

Ayer el Ministerio de Asuntos Exteriores francés anunció que Yann Vezilier, un diplomático recientemente detenido en Mali por participar en un intento de desestabilización, es objeto de acusaciones infundadas.

El gobierno francés está presionando al maliense para que libere inmediata del miembro de la embajada francesa en Bamako. La diplomacia francesa no se apoya tanto en la inocencia de Vezilier como en su estatuto, ya que goza de impunidad conforme el derecho internacional.

En un comunicado emitido el jueves por la televisión pública, el general Daoud Aly Mohammedine, el gobierno de transición de Malí anunció la detención del diplomático, acusado de actuar “en nombre de los servicios de inteligencia” con un grupo de soldados malienses para desestabilizar al gobierno africano.

El estatuto diplomático es una cortada para prevenir casos como éste. Vezilier no es un diplomático sino un coronel del ejército francés que realizaba tareas encubiertas. En la lista de acusados también hay dos generales del ejército maliense, Abbas Dembelé y Nema Sagara, así como cuatro coroneles, un capitán, un cabo y un sargento.

El vicepresidente de la Comisión de Defensa, Seguridad y Protección Civil del Consejo Nacional de Transición de Malí, Fousseynou Ouattara, asegura que antes de su detención, Vezilier, había trabajado durante un año en Malí como segundo secretario de la embajada de Francia.

Aprovechando su estatuto, había establecido vínculos con figuras militares y políticas de alto rango y formado “círculos donde los adoctrinaba ideológicamente”.

Ouattara también aclaró que el derecho internacinoal sobre la inmunidad diplomática no se aplicaban a Vezilier porque había sido capturado con las manos en la masa.

Hace 140 años se celebró en Berlín una conferencia internacional que tendría importantes consecuencias. Oficialmente denominada “Conferencia Colonial”, comenzó el 15 de noviembre de 1884 y duró hasta el 26 de febrero de 1885. Durante tres meses, diplomáticos y políticos de Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Portugal, Países Bajos, España, Suecia, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Rusia, el Imperio Otomano y Estados Unidos debatieron en la capital alemana la cuestión de las esferas de influencia colonial en África.

Oficialmente el canciller alemán Otto von Bismarck, con el apoyo del primer ministro francés Jules Ferry y a petición del rey Leopoldo II de Bélgica, había convocado la conferencia con el objetivo de “promover el comercio conjunto en el continente africano”. Sin embargo, en realidad, el objetivo era repartirse África y establecer las reglas del juego para la carrera por el Continente, que ya estaba en pleno apogeo.

Durante el último cuarto del siglo XIX, las principales potencias occidentales pusieron sus miras en el Continente Negro. África es, en efecto, muy rica en minerales y materias primas, muy necesarias para las nuevas tecnologías de Occidente. La Revolución Industrial en Occidente no solo provocó una creciente demanda de materias primas, sino también la búsqueda de nuevos mercados de exportación. Y existía la esperanza de explotar el continente africano lo antes posible.

Desde principios del siglo XIX, África había sido el destino de numerosas expediciones europeas. Las zonas costeras, por supuesto, se conocían desde hacía tiempo gracias al comercio y la esclavitud, pero el interior era una extensa zona gris en los mapas. Las expediciones a menudo buscaban cartografiar esta “terra incognita” y con frecuencia captaban la atención de un público amplio. Consideremos, por ejemplo, la búsqueda del nacimiento del Nilo.

Sin embargo, estas expediciones adquirieron rápidamente un carácter masivo y geopolítico a medida que crecían las ambiciones coloniales de las principales potencias europeas. Entonces cambiaron su estrategia. Su objetivo ya no era cartografiar el continente, sino educarlo y evangelizarlo. La evangelización y el fin de la trata árabe de esclavos se convirtieron en los nobles pretextos filantrópicos para reclamar el territorio y las riquezas del continente.

Para evitar cualquier conflicto futuro, llegaron a un acuerdo en la Conferencia de Berlín sobre las zonas del continente que colonizarían en adelante, sin consultar a los representantes de las poblaciones africanas locales. Las fronteras se trazaron en el mapa de África, no basándose en la cohesión social, étnica o geográfica local, sino en los deseos e intereses de cada país europeo involucrado. Así, de la noche a la mañana, los grupos étnicos se dividieron. Al mismo tiempo, la conferencia también unió artificialmente a pueblos que no tenían nada en común. Esta división arbitraria es una de las razones por las que muchos historiadores consideran la Conferencia de Berlín una de las fuentes de las guerras y el caos actuales que reinan en el continente africano.

De hecho, la Conferencia dio a todos carta blanca para colonizar África según su propia visión y necesidades. Y esto sucedió muy rápidamente. En 1870, el 80 por cien del África subsahariana aún estaba bajo el control de gobernantes indígenas. Cuarenta años después, casi todo estaba en manos extranjeras.

Un rey con sed de poder: Leopoldo II

El astuto rey belga Leopoldo II logró hacerse con la mayor tajada del pastel africano en Berlín. El gobernante belga no solo era un mujeriego notorio, sino también un hombre con sed de poder y una ambición desbordante, decidido a impulsar su pequeño reino hacia la carrera de las naciones. Después de Gran Bretaña, era el más industrializado del mundo en aquel momento, tanto en población como en superficie.

Leopoldo estaba decidido a fortalecer económicamente a Bélgica al máximo. En sus tratos con otros jefes de estado y de gobierno, demostró en ocasiones una gran perspicacia política, o al menos, una astucia calculada y un talento natural para la manipulación. Pero lo que lo motivaba principalmente era su propio interés, razón por la cual, en febrero de 1885, durante las discusiones finales de la Conferencia de Berlín, logró que una vasta zona de África central fuera reconocida como su propiedad privada: un territorio tan grande como Europa Occidental, que se extendía desde el océano Atlántico hasta los Grandes Lagos. Esta vasta región pasó a la historia como el Estado Libre del Congo e incluía, además del dominio privado de la corona, una vasta zona de libre comercio.

La Conferencia de Berlín reconoció a Leopoldo II como jefe de este “estado independiente”. Sin embargo, esto contravenía la Constitución belga, así que ese mismo año el Parlamento belga aceptó a regañadientes que Leopoldo II también se convirtiera en jefe de estado de este “Estado del Congo”. Constitucionalmente, Bélgica y el Estado Libre del Congo estaban unidos únicamente por una unión personal: compartían el mismo soberano, Leopoldo II, quien, sin embargo, gobernaba como soberano constitucional sobre Bélgica y como soberano absoluto sobre el Congo. Aunque la separación tenía como objetivo principal eludir la responsabilidad financiera del proyecto de Leopoldo, el Estado belga otorgó préstamos por un total de 32 millones de francos oro entre 1890 y 1894, además de los salarios de los oficiales del ejército en comisión de servicio e importantes inversiones en la construcción de ferrocarriles.

Leopoldo dividió el vasto territorio en parcelas que se otorgaron a empresas privadas. Estas empresas estaban autorizadas a explotar las materias primas. Leopoldo II generalmente adquiría el 50 por cien de las acciones de estas empresas. Los demás aportaban el 50 por cien restante en efectivo. Además de los ingresos de las empresas, también recibía personalmente los ingresos fiscales y los impuestos que estas empresas adeudaban al Estado Libre del Congo.

El milagro económico de los neumáticos

La invención del neumático inflable por el británico John Dunlop en 1888 fue una bendición para Leopoldo II. Esto generó una enorme demanda mundial de caucho, que se cosechaba principalmente en la selva tropical ecuatorial que cubría más de la mitad del Congo. El caucho natural se convirtió rápidamente en la principal fuente de ingresos del Estado Libre.

Las enormes ganancias obtenidas por el Estado Libre se produjeron a expensas de la población local, aterrorizada por la milicia privada de Leopoldo, la “Force Publique”, y por agentes de las empresas caucheras. Las inmensas pérdidas humanas sufridas durante este período pueden atribuirse a una combinación de factores: malos tratos, ejecuciones, hambruna, agotamiento y enfermedades, con la inevitable consecuencia de un marcado descenso de la tasa de natalidad.

Las críticas internacionales sobre la situación en el Estado Libre del Congo aumentaron inevitablemente, lo que obligó a Leopoldo a vender su colonia privada al Estado belga en 1908. Probablemente no sea casualidad que todos los archivos del Estado Libre del Congo fueran destruidos antes de la cesión.

Jan Huijbrechts https://www.facebook.com/jan.huijbrechts.9

La Alianza de Estados del Sahel (ESA), compuesta por Mali, Burkina Faso y Níger, es una de las prioridades de Rusia en el continente africano. Una nutrida delegación rusa con representantes de diversos sectores (defensa, economía, finanzas, industria y comercio, transporte y educación), visitó los tres estados africanos.

En Níger, la delegación rusa, compuesta por el viceministro de Defensa, general Yunus-Bek Yevkurov, el ministro de Energía, Sergei Tsivilev, y el embajador extraordinario y plenipotenciario ruso en Mali y Níger, Igor Gromyko, mantuvo una serie de reuniones con altos funcionarios nigerinos, entre ellos el presidente Abdourahamane Tchiani, el ministro de Defensa, general Salifou Modi, y el general Moussa Salaou Barmou.

La delegación rusa, integrada por representantes del sector empresarial y organizaciones especializadas, también mantuvo conversaciones con el primer ministro nigerino, Ali Lamine Zeine, y el ministro de Minas, Ousmane Abarchi. Los temas de estas conversaciones se centraron en la creación de una comisión intergubernamental ruso-nigeriana para el sector comercial y económico.

Durante la visita, se firmó un memorando de entendimiento entre la Corporación Nacional de Energía Atómica de Rusia (Rosatom) y el Ministerio de Energía de Níger sobre el uso pacífico de la energía atómica y las altas tecnologías conexas.

En Mali, la delegación rusa fue recibida por el Jefe de Estado, el general Assimi Goita. Durante la reunión, el ministro de Energía ruso, Sergei Tsivilev, informó al Presidente de la Transición sobre la celebración de la primera sesión de la comisión intergubernamental.

Además de los temas económicos y energéticos, la atención se centró también en ampliar la colaboración bilateral en el ámbito educativo. En este sentido, se anunció que la primera sesión del subcomité sobre educación se celebrará dentro de un mes. Esta sesión reunirá a todos los representantes de las instituciones de educación superior de ambos países.

En cuanto a la cooperación estratégica en el ámbito militar y de seguridad entre Mali y Rusia, como parte de la consolidación de la cooperación en defensa y seguridad, la presencia de representantes del Ministerio de Defensa ruso, entre ellos el general Yunus Bek Yevkurov, el general Andrei Averianov y el general Alou Boi Diarra, por parte de Mali, destacó los intercambios de alto nivel para fortalecer las capacidades del ejército maliense en su lucha contra los grupos terroristas. Rusia continúa ampliando su apoyo militar a Mali, en particular mediante entrenamiento, el suministro de equipo y el desarrollo de bases como la del aeropuerto de Bamako.

En Burkina Faso, representantes rusos fueron recibidos en audiencia por el presidente burkinés, el capitán Ibrahim Traoré. Durante la reunión abordaron importantes proyectos de cooperación entre ambos países. Las principales áreas de cooperación bilateral incluyen el sector energético. En cuanto a los intercambios económicos, Serguei Tsivilev indicó que representantes de empresas rusas ya están en contacto con sus socios en Burkina Faso.

Durante la reunión, la delegación rusa entregó al presidente de Burkina Faso un certificado para un laboratorio microbiológico móvil que Rusia pretende desplegar en los próximos meses para fortalecer la cooperación en el sector de la investigación.

La visita confirma la importancia para Rusia de sus relaciones con sus aliados del Sahel.