Dos manifestantes, entre ellos un menor de edad, murieron ayer en Perú en las nuevas protestas de los trabajadores del sector agroindustrial contra el régimen laboral recién aprobado.
El número total de trabajadores muertos en la lucha aumenta a cuatro y, además, las protestas también dejan decenas de detenidos y de heridos por los disparos de la policía.
El menor fallecido tenía 16 años y murió por un proyectil de arma de fuego disparado por la policía, durante los nuevos bloqueos en la Carretera Panamericana a la altura de Virú, en la norteña región de Lambayeque.
Una segunda víctima mortal fue identificada como Reynaldo Reyes Ulloa, de 27 años. Fue herido durante la protesta y murió cuando era trasladado al hospital.
Bazán, un diputado del Frente Amplio de izquierdas, próximo a las demandas de los trabajadores, aseguró que las muertes se deben a la represión de la policía.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se preguntó “hasta cuándo se van a seguir produciendo muertes en protestas ciudadanas por la intervención de la policía”, y recordó que, desde 2003, han muerto más de 160 personas en las protestas políticas y sociales de Perú.
Los bloqueos de carreteras se reanudaron la semana pasada, cuando el Parlamento quiso demorar la aprobación de la nueva ley agraria.
El nuevo régimen laboral agrario se aprobó el martes, cuando el Congreso aprobó dar un bono a los trabajadores equivalente al 30 por ciento del salario mínimo, que en Perú está fijado en unos 257 dólares.
Esto supone que los trabajadores agrarios pasarán a ganar de de 11 a 14 dólares al día, pero los trabajadores del zona norte de Perú no están conformes con que ese aumento no sea parte del salario fijo y, por lo tanto, no compute para el resto de beneficios laborales, como las pagas extras.
Ayer los obreros retomaron la protesta y se repitieron los enfrentamientos de semanas anteriores, con la policía lanzando gases lacrimógenos y los manifestantes respondiendo con piedras y otros objetos contundentes.
El sector agroindustrial de Perú multiplicó sus ingresos en los últimos años de unos cientos de millones a cerca de 6.000 millones de dólares anuales gracias a productos de gran demanda internacional, así como las generosas exenciones fiscales que se suponían temporales y llevan 20 años vigentes.
En las últimas décadas la patronal del sector se ha esforzado por impedir la sindicalización de los trabajadores, lo que ha generado que la protesta no tenga interlocutores claros.
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