La web más censurada en internet

Autor: Redacción (página 967 de 1360)

La Policía prevé un incremento ‘con fuerza’ de las movilizaciones esta primavera

Manifestación por el empleo en Cádiz
Según publica hoy El Confidencial, diferentes analistas de la Policía Nacional coinciden que el año 2017 ha sido «más tranquilo» de lo esperado en materia de agitación social, pero prevén también que la primavera de 2018 se torna conflictiva.
Este diario digital orienta su noticia a resaltar el nivel de paz social y de desmovilización que ha conseguido el gobierno de Mariano Rajoy, pero el redactor de la nota introduce una coletilla que indica que todo se trata de una calma chicha como la que se da en los prolegómenos de un huracán.
De acuerdo a las estadísticas facilitadas por el Ministerio del Interior, en la Comunidad de Madrid y a falta de los datos de diciembre para el cierre del ejercicio, en los primeros 11 meses de 2017 se habían celebrado en las calles madrileñas 2.976 manifestaciones comunicadas a las autoridades, más de las que se habían producido en el mismo momento del año en 2014 (2.850; 3.113 a 31 de diciembre), 2015 (2.870; 3.082) y 2016 (2.567; 2.784).
La cifra de este ejercicio termina así con el progresivo descenso de la conflictividad social que comenzó tras el récord de protestas de 2013 (en noviembre, 4.078). Desde entonces y en paralelo al aumento de la contratación laboral, el número de convocatorias había caído de forma sostenida año tras año.
Sin embargo, la nota destaca que el repunte de las movilizaciones se hace en un marco de menor participación de las mismas. Dicho de otro modo: según la Policía hay más manifestaciones pero menos asistentes. No obstante, uno de los «especialistas» entrevistados afirma que «esta próxima primavera volverán de nuevo con fuerza las manifestaciones«, sin que se aporte más explicación.
Si la Policía tiene esa previsión, es porque existen motivos para que mucha gente proteste. Ahora falta que quienes quieren transformar la sociedad también prevean ese escenario.

El ejército español triplica el número de tropas en el extranjero a las órdenes de la OTAN

La invasión militar de Afganistán por las tropas españolas se prolonga más de 13 años, en los que 30.000 soldados han ido rotando y un centenar ellos no ha regresado.

Siguiendo las instrucciones de la OTAN al pie de la letra, a finales de 2015 el gobierno replegó el contingente. Quedó un reducido grupo, de una treintena de militares.

Ahora, el gobierno ha aprobado el traslado de 65 especialistas que se sumarán a esa treintena. El incremento de tropas en la misión de la OTAN está relacionado con la petición realizada por Estados Unidos, que pide un mayor esfuerzo a sus sicarios.

La tropa española, que contribuye en los Cuarteles Generales en Kabul a las tareas de Estado Mayor, atenderá también labores de adiestramiento, asesoramiento y asistencia a los órganos logísticos nacionales afganos, al Mando Nacional Afgano de Operaciones Especiales, y a un batallón de Operaciones Especiales, y prestarán protección y seguridad al personal desplegado.

Actualmente el gobierno mantiene 2.501 efectivos del ejército y de la Guardia Civil desplegados en 16 misiones internacionales. El ejército enviará a Irak otros 30 nuevos efectivos, llegando hasta los 480, a pesar de que se ha anunciado a bombo y platillo la victoria sobre el Califato Islámico. El Ministerio de Defensa se justifica por las necesidades de estabilización, capacitación y mejora de la integración del ejército irakí.

El gobierno está, pues, a las órdenes de la OTAN. Mantendrá la batería de misiles Patriot en Turquía (149 militares), por un periodo de seis meses prorrogables, seguirá contribuyendo en la Policía Aérea del Báltico con varios cazas de combate y en Letonia con 331 efectivos.

En Mali se duplicará la presencia de militares españoles. En la actualidad hay 140 efectivos y está previsto que se incremente hasta los 292.

La misión en Líbano es susceptible también de aumentar, pero está pendiente de si el gobierno toma el mando de una de las misiones.

Miles de peruanos salen a la calle para protestar por el indulto a Fujimori

Convocados por el colectivo “No a Keiko”, miles de peruanos han salido a la calle para demostrar su repulsa hacia la decisión del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, de indultar a Fujimori, que cumplía 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.

Los manifestantes aseguran que el indulto es ilegal y los familiares de las víctimas de la masacre de La Cantuta han pedido la anulación del indulto “humanitario”, que es consecuencia de un cambalache político: el 21 de diciembre Kuczynski no fue cesado por corrupción a pesar de las acusaciones en su contra hechas por los fujimoristas de Fuerza Popular. Sin embargo, el hijo de Fujimori, Kenji Fujimori, se abstuvo en la votación, a cambio del indulto de su padre.

El ejército peruano secuestró y asesinó a nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle conocida como La Cantuta. Tras el 18 de julio de 1992 nadie ha vuelto a ver con vida a Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Luis Enrique Ortiz, Armando Amaro, Robert Edgar Teodoro, Heráclides Meza, Felipe Flores, Marcelino Rosales, Juan Gabriel Mariños y al catedrático Hugo Muñoz.

Es uno de los crímenes por los que Fujimori fue condenado a prisión.

El congresista Henry Pease denunció en 1993 frente al pleno del Congreso que había recibido un documento con información detallada sobre cómo habían sido asesinados y desaparecidos por el Servicio de Inteligencia del Ejército.

Aunque el fujimorismo negó la acusación, se formó una comisión investigadora pero ningún criminal quiso admitir su crimen.

Tras semanas de rechazar denuncias en su contra, el general Nicolás Hermoza admitió en el Congreso la posibilidad de que militares hubieran participado en el secuestro de La Cantuta.

Luego aparecieron cuatro fosas en un descampado en Cieneguilla donde dos testigos aseguraron ver a los militares enterrar con prisa los restos de los desaparecidos.

En 1994 ocho miembros del Ejército fueron condenados por el asesinato de las diez personas. Sin embargo, once meses después Fujimori fue reelegido y el Congreso aprobó una ley de Amnistía que dejó libres a todos los criminales.

Tras un proceso judicial de dos años, Fujimori fue condenado por el Tribunal Supremo, que le otorgó 25 años de prisión por ser el autor mediato del crimen de La Cantuta y Barrios Altos.

Mauricio Macri apadrina la inversión de una firma que financia al ISIS

Por Ricardo Ragendorfer
 
Los graves acontecimientos parlamentarios y represivos del 18 de diciembre no torcieron la agenda del presidente Mauricio Macri. Tanto es así que luego de jugar al paddle en la residencia de Olivos, arribó a Casa Rosada poco antes de las 15 horas. Hasta allí llegaba el eco de los escopetazos y la humareda de las bombas lacrimógenas que estallaban en la Avenida de Mayo. Pero él, ajeno a esas circunstancias, recibía en su despacho –tal como informó Tiempo aquel día– a los directivos locales el grupo franco-suizo LafargeHolcim, la mayor cementera del mundo. Los visitantes traían una buena noticia: la inversión de 120 millones de dólares para ampliar su planta en Córdoba. Sin ninguna duda se trata de una empresa que apuesta por la «nueva» Argentina. Pero Macri no puede ignorar que –según la Justicia francesa– LafargeHolcim es también una corporación que financia el terrorismo yihadista.

Un tribunal de París acababa de procesar a los principales ejecutivos del grupo –su presidente, Bruno Lafont; su vice, Christian Herrault; y su director general, Eric Olsen– por el pago de sumas millonarias entre 2011 y 2015 a la milicia fundamentalista Estado Islámico (ISIS), además de comprarle petróleo y colaborar en la construcción de sus fortificaciones, con el fin de mantener en funcionamiento su planta cementera en Jalabiya, al noroeste de Siria, en plena guerra civil y pese al embargo de la Unión Europea.

El tal Olsen no es un desconocido para Macri. De hecho, ambos solían reunirse con frecuencia, como –por ejemplo– el 26 de mayo de 2016, cuando el CEO de LafargeHolcim acudió a la Rosada para acordar la participación del grupo en obras de infraestructura que planeaba realizar el gobierno en todo el país. Tales proyectos aún siguen en pie a pesar de este «problemita».

Los socios del silencio

El asunto saltó a la luz por un artículo publicado el 21 de junio de 2016 en el diario Le Monde. Y ubicaba su inicio en 2011, cuando la guerra en Siria hizo que las grandes empresas europeas abandonaran el país. No fue el caso de Lafarge –aún no fusionada con la suiza Holcim–, dispuesta a no perder los 700 millones de dólares invertidos en su fábrica de Jalabiya.

Es allí donde entra a tallar la figura de monsieur Jean-Claude Veillard, su jefe de seguridad. Aquel hombre, un exagente de inteligencia vinculado al ultraderechista Frente Nacional, fue quien negoció la inmunidad territorial de Lafarge, primero con el Frente Al-Nusra (la sección siria de Al Qaeda) y luego con el ISIS. El trato fue fructífero.
 

De modo que desde entonces Lafarge tributó alrededor de 13 millones a tales milicias para mantener en condiciones pacíficas la actividad de la planta, garantizar su aprovisionamiento y la circulación del personal. La otra parte del pacto establecía la compra de petróleo a destilerías bajo el control del ISIS por sumas aun no precisadas por la Justicia, cuyos registros en los libros contables de París fueron realizados con facturas falsas.

También se estima que Lafarge habría proporcionado cierta parte de su producción cementera en Jalabiya –unas seis millones de toneladas– para que los yihadistas edificaran una línea de fortificaciones subterráneas que dividió el territorio sirio en dos. Esa arquitectura secreta fue clave para la expansión del ISIS en el conflicto.

Recién entre noviembre de 2015 y los primeros meses del año siguiente la aviación rusa, por orden de Vladimir Putin –en apoyo al régimen de Bashar al-Asad–, pulverizó tales bunkers con bombas penetrantes.

A su vez, Francia –que con Estados Unidos e Inglaterra anhela la caída del presidente sirio– bombardeaba las posiciones de ISIS tras los atentados del 13 de noviembre en París.

Por entonces, Lafarge ya hacía un año que había cerrado la fábrica de Jalabiya, abandonando a sus trabajadores. Muchos fueron asesinados. Pero la compañía –ya fusionada con Holcim– siguió financiando a los yihadistas hasta casi 2016 con la anuencia, claro, de sus más altos directivos.
 

La pregunta es: ¿hasta qué punto en el Palacio del Elíseo –ocupado por el socialista François Hollande– se sabía sobre los negocios de LafargeHolcim con el terrorismo islámico?

El eco de los escopetazos

Cuatro meses después, el CEO Olsen se acomodaba en un sillón de la Rosada, a un metro del asiento de Macri. Se trataban como dos viejos conocidos. Allí también estaba el ministro de Producción, Francisco Cabrera; el mandamás de la filial argentina, Ubaldo Aguirre, y otros dos ejecutivos. Primero hablaron de los «nuevos desafíos en la región». Luego, de «inversiones».

Veinticinco días más tarde Le Monde haría explotar el affaire sirio de LafargeHolcim, con Olsen a la cabeza. Él y Macri volvieron a verse el 3 julio de 2016 en París, durante el viaje oficial de este último a Francia. Al parecer, Olsen no se mostraba preocupado por el escándalo en cuestión.

Todo indicaría que aquel hombre mantuvo su «paz interior» durante un tiempo prolongado. Incluso, su siguiente salto a las tapas de la prensa mundial fue por un motivo ajeno al lazo espurio que lo unía con el ISIS: el 16 de marzo de 2017 Olsen hizo pública la candidatura de LafargeHolcim para construir el muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Otro proyecto humanitario. Pero, de pronto, en abril presentó su renuncia después de que la empresa se viera obligada a reconocer su apoyo económico a los yihadistas.

Los efectos políticos y judiciales del asunto se tornaban imparables. Por lo pronto, exhibía el lado oscuro de la «guerra contra el terror» emprendida por Francia y sus aliados en la OTAN, al ser precisamente una de sus empresas líderes el sostén financiero de una milicia terrorista que efectuó atentados en aquel país y en toda Europa. ¿Acaso Olsen y los suyos actuaron así por una ambición industrial o fueron el medio utilizado por la coalición internacional para mantener a flote una fuerza beligerante afín a su anhelo por derrocar el régimen de al-Asad?

Sea como fuere, los acontecimientos para Olsen y sus dos jefes directos –el presidente corporativo Lafont y su vice, Herrault– se precipitaron el 6 de diciembre al quedar bajo arresto en París. Dos días después fueron procesados por «financiamiento de una entidad terrorista» y «poner en peligro la vida de terceros», antes de obtener la libertad bajo control judicial.Última escena de esta historia: Macri en un sillón de su despacho, junto al señor Aguirre, el CEO local de LafargeHolcim; también estaba la gerente de Relaciones Públicas, María Daghero; y el ministro Cabrera. Hablaban de inversiones. Hasta allí llegaba el sonido de los escopetazos policiales contra la multitud. Era la tarde del 18 de diciembre.

 
Tiempo Argentino

Rusia vuelve sus ojos hacia Stalin y el pasado soviético

La semana pasada Alexandre Bortnikov, el jefe del FSB, el servicio secreto ruso, concedió una entrevista al diario Rossiiskaya Gazeta en la que alude a las purgas internas emprendidas por el Partido bolchevique (o sea, por Stalin) en los años treinta.

El motivo de la entrevista es el 100 aniversario de la fundación de la Cheka, la policía soviética, antecedente del KGB y luego del FSB.

Pero para que el lector ubique política e ideológicamente a Bortnikov hay que aclarar que es miembro de lo que en Rusia llaman el “Clan de San Petersburgo”, un grupo cercano al Primer Ministro Medvedev, o sea, neoliberales y oligarcas, muy impopulares en la Rusia actual. Nada más opuesto al bolchevismo o a Stalin.

A diferencia de los charlatanes que soportamos por estos lares, Bortnikov ha consultado los archivos, en los que ha descubierto que, en efecto, como dijeron entonces los bolcheviques, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial los imperialistas trataron de dar un golpe de Estado en la URSS con el apoyo de ciertos sectores internos del propio Partido bolchevique que, además, mantenían relaciones con el espionaje exterior.

Como consecuencia de la entrevista, más de 30 miembros de la Academia de Ciencias han enviado una carta colectiva al sitio del Kommersant en internet porque temen que la revisión del papel del KGB en los años treinta sea “intencional” y concluya en una rehabilitación de Stalin.

Resultaría paradógico que un “comunista” como Jruschov condenara a Stalin y 60 años después un burgués como Putin lo rehabilitara.

El caso es que, al menos en Rusia, muchos se van dando cuenta de que la historia no ha sido como se la han contado. Incluso la rehabilitación llega a figuras denostadas hasta el ridículo durante la Guerra Fría, como el botánico Lysenko, y no sólo en Rusia sino también en occidente. Las máscaras van cayendo. Revistas científicas, como Current Biology o Evolutionary Biology, vuelven sobre sus pasos y le consideran como un precursor.

Si pudiéramos simplificar el arco ideológico de la oligarquía dominante en Rusia, a los neoliberales de Medvedev habría que sumar los nacionalistas de Putin, cuyo partido Rusia Unida está cada vez más desprestigiado (a diferencia del propio Putin).

No obstante, el nacionalismo ruso es un valor en alza a causa del asedio de las grandes potencias imperialistas. Los rusos ya no buscan referencias fuera de sí mismos, de su propia historia, de toda ella, incluida la historia soviética.

Estamos tentados de asegurar rotundamente que tras la “desestalinización”, Rusia se vuelve a “stalinizar”, pero sería un error. Ni la URSS ni Rusia se “desestalinizaron” nunca. Fue cosa de los papeles, de los “historiadores” de pacotilla, de los intelectuales burgueses, de los altavoces del imperialismo y de sus sicarios revisionistas que caló mucho menos de lo que cabría pensar, dado lo agobiante de la propaganda.

Dentro y fuera de la URSS, las masas siempre reservaron un lugar para Stalin, como máximo símbolo del poderío del movimiento obrero mundial, cuya cabeza visible fue la URSS.

El rearme militar mundial supera los niveles más altos de la Guerra Fría

En 2018 el despilfarro militar mundial superará los niveles más elevados registrados desde el final de la Guerra Fría, según un informe de IHS Jane.

El rearme militar es unilateral; concierne únicamente a la OTAN y las grandes potencias imperialistas porque los presupuestos militares de Rusia han seguido disminuyendo este año y ahora son un 10 por ciento más bajos que en 2015.

Los impulsores del despilfarro armamentista son Estados Unidos y Europa. El año que viene el gasto militar mundial será de 1,67 billones de dólares, excediendo el récord previo de la Guerra Fría de 1,63 billones, establecido en 2010. Los 1,67 billones suponen un aumento del 3,3 por ciento respecto al nivel de este año, el mayor crecimiento interanual en más de una década.

En Washington se espera que el año que viene Trump aumente el presupuesto militar de Estados Unidos en un 4,8 por ciento.

En Europa occidental el gasto de defensa aumentará un 1,6 por ciento, con ocho países de la OTAN (sin incluir a los Estados Unidos) que cumplan con las directrices de la alianza imperialista para que los miembros gasten el 2 por ciento de su PIB en el ejército. Esos ocho países son Grecia, Estonia, Turquía, Letonia, Inglaterra, Lituania, Polonia y Rumania.

Se espera que el gasto militar crezca especialmente rápido en Europa oriental, que tendrá la tasa de crecimiento más rápida del mundo. Se espera que muchos países aumenten el gasto de defensa en un 2 por ciento o más el año que viene.

Los Estados bálticos son especialmente beligerantes a causa de su incorporación a la OTAN. El próximo año duplicarán el gasto militar en relación con sus niveles de 2014.

Indulto a Fujimori: también Perú concede ‘licencia para matar’

Alberto Fujimori
Ayer el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, otorgó un “indulto humanitario” a su predecesor en el cargo Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por homicidio calificado con alevosía, por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

Preparando el terreno, Fujimori, de 79 años y que gobernó el país entre 1990 y el 2000, fue internado el día anterior en una clínica local por un cuadro de «hipotensión» y «arritmia». Una junta médica completó la farsa al recomendar su liberación por “una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable”.

El asunto es mucho más sencillo. Se trata de un intercambio. Unos días antes 10 congresistas de Fuerza Popular, el partido de Fuhimori, salvaron a Kuczynski de la destitución, y “de bien nacidos es ser agradecidos”.

Fujimori fue recluido en setiembre del 2007 en el penal de Barbadillo, tras llegar extraditado de Chile.

También fue condenado por el delito de secuestro agravado, por las detenciones del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.

Otra de sus condenas fue por usurpación de funciones, soborno y falsedad ideológica, al probarse el pago de 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos por compensación de tiempo de servicios.

En setiembre del 2009 fue sentenciado a 6 años de cárcel por los pagos ilegales a los congresistas tránsfugas, por el espionaje a políticos y periodistas y por la compra de Cable Canal de Noticias y de la línea editorial del diario “Expreso”.

En enero del 2015 había sido condenado a 8 años de cárcel por malversación de fondos públicos, al haber ordenado el desvío de fondos de las Fuerzas Armadas al Servicio de Inteligencia Nacional. Sin embargo, el Tribunal Supremo anuló esta condena.

En 2013 el gobierno de Ollanta Humala denegó otra petición de “indulto humanitario” solicitado por sus hijos un año antes.

https://elcomercio.pe/politica/alberto-fujimori-libertad-ppk-le-dio-indulto-humanitario-noticia-483996

La Navidad más sangrienta del franquismo: casi 200 asesinatos en Cárceres en 1937

Matías Escalera
Fue el día de Navidad más sangriento de la historia de Cáceres. El 25 de diciembre de 1937 un piquete compuesto por 60 guardias civiles fusiló a 34 hombres en el campo de tiro adyacente al cuartel del regimiento de Infantería Argel 27. Entre las víctimas se encontraban maestros, sindicalistas, militantes de partidos democráticos y hasta cargos públicos como el alcalde de la ciudad, el socialista Antonio Canales, y el presidente de la Diputación, Ramón González Cid, de Izquierda Republicana. La ejecución masiva conmocionó a la ya de por sí atemorizada población extremeña. Sin embargo, la orgía de sangre no había hecho más que empezar. En los días siguientes se multiplicaron los fusilamientos en la capital cacereña hasta completar la escalofriante cifra de 196 ejecutados.

El cerebro de esta operación represiva fue el gobernador militar Ricardo de Rada, un general africanista que se sumó desde el primer minuto al golpe de Estado contra la República liderado por Mola y por Franco. Prácticamente toda la provincia de Cáceres estaba bajo control de los golpistas desde el 22 de julio de 1936, pero los mandos militares franquistas siempre se sintieron amenazados. De Rada, que había sido destinado a Cáceres en julio de 1937, en contacto con sus superiores y especialmente con el general Saliquet, denunció en diciembre la existencia de un complot republicano para recuperar el control de la provincia. Como represalia por esa supuesta amenaza empezó todo. Los estudios históricos han demostrado que ese complot nunca existió.

Los propios franquistas también reconocieron, años más tarde, que se trató de un burdo montaje. El dirigente de la Falange cacereña José Montes fue uno de los que lo dijo con total claridad: “No hubo complot, entre otras cosas porque no había nada organizado, siendo una cosa inventada por los militares de mayor graduación, caso del gobernador militar Rada, para demostrar su autoridad”. La invención se llevó por delante a 182 hombres y 14 mujeres. Sus nombres aparecen en un macabro documento en el que los verdugos hicieron el recuento final de su operación. Por si alguien tenía dudas, en el encabezado del mismo puede leerse: “Relación nominal de personas fusiladas con motivo del abortado complot del 23 de diciembre en Cáceres dirigido por el cabecilla rojo Máximo Calvo”.

Máximo Calvo Cano fue un comunista cacereño y comandante de las milicias que se instaló clandestinamente en Cáceres, desencadenando una intensa actividad guerrillera en la retaguardia franquista.

“A mi abuelo Matías y a muchos otros los detuvieron durante la cena de Nochebuena. Sabían que estarían en sus casas con sus familias. Así era la cruel y endurecida pasta de los que ordenaron sus asesinatos”. Matías Escalera comparte nombre y apellido con su abuelo, uno de los primeros en ser fusilados: “Mi abuela envió a mi padre, que aunque era el mayor de cuatro hermanos solo tenía doce años ¡doce años!, a seguir de lejos al grupo que le llevaba detenido. Quería saber a dónde le trasladaban. Y mi padre les siguió hasta el mismo cuartel, en donde estuvo esperando, a la intemperie, hasta que le echaron de allí los centinelas. Mi abuela Lucía fue también una víctima más desde aquel día. Representa a miles de mujeres que se vistieron de negro siendo jóvenes y murieron de negro, ancianas, guardando una silenciosa memoria de sus maridos asesinados, con una dignidad imbatible”.

Buena parte de los que fueron fusilados el día de Navidad junto a Matías, como el alcalde de Cáceres, el presidente de la Diputación o un grupo de trabajadores ferroviarios de la UGT, llevaban meses en prisión y habían sido condenados a muerte en consejo de guerra. A partir de ahí, y hasta el 21 de enero, no pararon de fusilar. Entre las víctimas destacan algunos colectivos como los 40 militares del ejército franquista que fueron acusados de tener ideología republicana, los 16 mineros ejecutados la noche de Reyes o los 47 vecinos de Cáceres vinculados a organizaciones republicanas.

En Navas del Madroño, un pueblo de apenas 3.000 habitantes, fueron asesinadas 54 personas en un solo día. En Malpartida de Cáceres fusilaron a una decena, entre ellos al popular tabernero Juan Doncel que pudo despedirse de su familia en una emotiva carta: “Escribo a mi esposa e hijos para despedirme de ellos. No podréis dudar de la conducta de vuestro padre que siempre ha sido bueno, honrado y trabajador. Os lo juro por la ceniza de mi padre. Querida esposa, a ti te toca con la ayuda de nuestros hijos defender el pan del día. De lo que disponemos tú dispondrás. ¿Qué más os voy a poner? Tengo en la imaginación tanto que no puedo poner más. Un adiós para todos, para ti Josefa y María, Víctor, Dionisia, Rafael, Luisa, mi Alfonso y mi Antoñita, qué pequeñitos y sin padre. Recuerdos a mi hermana y a todos en general. Se despide tu esposo para siempre. Adiós a todos”. Pero Josefa no pudo “defender el pan del día”. Poco después de recibir la carta fue también detenida y, finalmente, fusilada el 2 de enero junto a otras 26 personas. Sus hijos fueron internados en orfanatos franquistas.

El documento en el que el ejército hizo balance de su acción terminaba con una “suma total” de 196 asesinatos. En el frío listado aparecen apellidos repetidos que indican la ejecución de padres e hijos o de hermanos. Entre los fusilados el 4 de enero pueden leerse los nombres de Ángeles, Antonio y Asunción Brú Casanova, cuyo hermana Rafaela ya había “desaparecido” a manos de los franquistas en agosto de 1936.

Tras más de 40 años de olvido, en 1979 fueron exhumados los primeros cuerpos de las víctimas. El ayuntamiento cacereño levantó un monumento que recoge los nombres de 675 hombres y mujeres asesinados por el franquismo, entre ellos las 196 personas que perecieron mientras sus verdugos celebraban la Navidad de su “segundo año triunfal”.

http://www.eldiario.es/sociedad/anos-masacre-franquista-Navidad_0_721977932.html

42 policías juzgados por torturar a los detenidos en una cárcel de Ecuador

Un total de 42 policías serán juzgados por un delito de torturas a detenidos en la cárcel en Cuenca, informó la fiscalía el viernes.

Los hechos ocurrieron el 31 de mayo del año pasado, “cuando la policía solicitó permiso para realizar un operativo y buscar objetos prohibidos dentro de las celdas” de un pabellón del Centro de Rehabilitación Social Regional Turi.

“Las personas privadas de libertad fueron sacadas de sus celdas y sin motivo alguno los policías les habrían agredido”, señala la fiscalía.

Entre los detenidos, que podrían ser condenados a penas de hasta 13 años de cárcel, figuran un mayor, tres subtenientes y agentes de las llamadas Unidades de Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional.

La fiscalía sustenta su acusación con varias pruebas, entre ellas videos de las cámaras de seguridad del penal, versiones de las víctimas e informes médicos.

El juez ordenó que se mantengan las medidas cautelares de presentación periódica ante la justicia y la prohibición de salida del país en contra de los policías acusados.

http://www.elcomercio.com/actualidad/policias-acusados-tortura-carcel-juicio.html

La Audiencia Nacional deniega la libertad a Ibon Iparragirre gravemente enfermo

Ibón Iparraguire, condenado a muerte
Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión

El Juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional española ha denegado la libertad al preso político vasco gravemente enfermo Ibon Iparragirre, a pesar de que sus condiciones de salud son extremas. En lugar de enviar a Ibon a su casa junto a su familia, le ha enviado al hospital para dolencias cerebrales Aita Menni de Arrasate.

El Movimiento Pro Amnistía quiere recordar que el titular de este Juzgado de Vigilancia Penitenciaria es el juez José Luis Castro Antonio. Él fue, precisamente, el que en el año 2005 concedió el tercer grado al que fuera uno de los responsables del GAL, Enrique Rodríguez Galindo (desde el 2004 estaba preso en casa). Según el auto escrito entonces por Castro, “el estado de salud del interno permite tener esta circunstancia en cuenta para la progresión de grado pretendida”. Castro también aprobó la libertad condicional para Galindo en 2013, que finalmente solo cumplió 4 años de cárcel por el secuestro, tortura y asesinato de Lasa y Zabala.

José Luis Castro Antonio es, igualmente, uno de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria que durante la década de los 90 miró hacia otro lado ante las graves torturas y asesinatos sufridos por los presos sociales clasificados como FIES, ofreciendo así un espacio de opacidad a los abusos de los carceleros. José Luis Castro es, por tanto, un mayordomo imprescindible para sacar brillo a las cloacas del Estado.

El caso de Ibon Iparragirre es ahora mismo el más grave de entre los presos políticos enfermos, pero no el único. Aitzol Gogorza, Txus Martín y varios más se encuentran en una situación extrema como consecuencia de su estado de salud. Nuestro movimiento quiere subrayar, una vez más, que esta tortura crónica que se aplica a los presos políticos no tiene un simple toque de venganza, sino que es el resultado de una violencia estructural que persigue objetivos políticos.

Aitzol Gogorza ya denunció en julio de este año que un carcelero le aconsejó firmar una declaración de arrepentimiento si quería salir de la cárcel. Con los presos políticos utilizan la lógica del “arrepiéntete o muere”, convencidos de que sus arrepentimientos pueden ayudar a perpetuar la actual situación de opresión.

El Movimiento Pro Amnistía no tiene duda de que, si no se encienden las calles, los presos políticos seguirán muriendo en las cárceles. Es por ello que, una vez más, quiere hacer un llamamiento a la lucha a Euskal Herria, porque solo agitando las calles conseguiremos sacar de la cárcel a los presos enfermos.

En Euskal Herria, a 22 de diciembre de 2017.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies