Desde el territorio de Estados Unidos se desarrolla gradualmente un Golpe de Estado contra el presidente boliviano Evo Morales, que se llevará a cabo presumiblemente después de las elecciones, entre fines de 2019 y marzo de 2020.
Sus principales agentes son los políticos bolivianos, Gonzalo Sánchez de Lozada, Manfred Reyes Villa, Mario Cossio y Carlos Sánchez Berzain, todos residentes en Estados Unidos. Coordinan las acciones en Bolivia con los líderes de la asociación opositora Coordinadora Nacional Militar, compuesta por ex oficiales del ejército boliviano, entre ellos, el general Rumberto Siles, los coroneles Julius Maldonado, Oscar Pacello y Carlos Calderón.
Además se coordinan con altos líderes de la oposición boliviana, Waldo Albarracín, presidente de la Confederación Democrática Nacional (Conade), Jaime Antonio Alarcón Daza, presidente del Comité Cívico de La Paz, Jorge Quiroga, ex presidente. de Bolivia, Juan Carlos Rivero, Rolando Villena, ex defensor del pueblo y Samuel Doria Medina del Partido de Unidad Nacional, todos son responsables de suministrar los fondos que se envían desde Estados Unidos para esta operación, así como de garantizar las esperadas acciones para crear un estado de crisis social para convulsionar al país antes del 20 de octubre, fecha electoral.
Este plan ya está en curso, y tiene disposiciones para otros emisores, como la creación de la ruptura y la división del ejército boliviano y la policía nacional, logrando que estas fuerzas se rebelen contra el presidente Evo Morales. Además, prevé la manipulación de sectores estratégicos de la sociedad boliviana, como el sector universitario, el sector médico, las personas con discapacidad y los ambientalistas, en términos de desestabilización del país.
Gran parte de los fondos ya se encuentran en territorio boliviano, para lo cual han contado con el apoyo de las embajadas acreditadas en el país y la Iglesia Evangélica, que han sido utilizados por el gobierno de Estados Unidos como una cobertura ya que no debe verse directamente implicado en estas interferencias.
Funcionarios del Departamento de Estado acreditados en el país, como Mariane Scott y Rolf A. Olson, se han reunido con funcionarios diplomáticos de alto nivel de Brasil, Argentina y Paraguay, a fin de organizar y planificar acciones de desestabilización contra el gobierno boliviano, como además de entregar los fondos estadounidenses a la oposición boliviana.
El plan tiene en cuenta tres etapas:
1. Fase preparatoria (ya ejecutada): su propósito es preparar y organizar el campo para las etapas posteriores.
Se desarrolló entre abril y julio de 2019, donde establecieron alianzas políticas para conformar un solo frente de oposición, celebraron reuniones de coordinación y acciones que se llevarán a cabo en las etapas 2 y 3, acordaron comenzar a desacreditar campañas contra el Gobierno, utilizando la estructura de medios concebida que incluye prensa de medios opositores, medios ad hoc, activistas en redes sociales, así como el logro de quejas formales ante organismos internacionales.
La estrategia en las redes sociales y las noticias falsas está siendo dirigida por el ciudadano boliviano Raúl Reyes Rivero, uno de los principales activistas de movilización de la oposición. Está presentando acciones y planes de las plataformas democráticas y los comités cívicos contra el gobierno, para el derrocamiento del presidente Evo Morales.
El ex presidente y opositor Jorge Quiroga se encarga de buscar apoyo y una declaración de instituciones regionales e internacionales, como la OEA, la Unión Europea y algunas otras, para deslegitimar la victoria electoral de Evo, declararla inconstitucional y responder para una intervención internacional en Bolivia.
2. Etapa intensiva (en funcionamiento): su objetivo es generar convulsiones e inestabilidad social en el país
Comenzó a entrar en vigencia en julio y prevé llegar hasta octubre de 2019. Consiste en establecer un estado de crisis social en el país, a través de manifestaciones públicas violentas y pacíficas, barricadas y huelgas, utilizando para ello los comités cívicos y el movimiento 21F, estudiantes universitarios, el sector médico y otros de la sociedad civil.
Juan Flores, presidente del comité cívico de Cochabamba, es el asesor político de Carlos Sánchez Berzain y Manfred Reyes Villa en Bolivia y tiene la responsabilidad de generar un encuentro social a escala nacional, para lo cual vincula los comités cívicos y afilia a los primeros oficiales del ejército y policías. Junto con el coronel retirado Óscar Pacello, manipulan sutilmente la intención de generar un punto de inflexión que genere violencia y convulsión social.
La idea es paralizar el país el 10 de octubre de 2019, arruinando las elecciones nacionales. De tal manera, que a partir de esa fecha puede reunir a la población boliviana para enfrentar al Gobierno y de esta manera desestabilizar el proceso electoral.
Antes de esta fecha, tienen la intención de seguir implicando a diferentes sectores de la sociedad en estas movilizaciones. Se prevé que las protestas y manifestaciones tengan un éxito total durante el 20 de septiembre (a nivel nacional), el 26 de septiembre (en La Paz) y el 4 de octubre (en Santa Cruz y La Paz).
Otro de los objetivos en esta etapa es fragmentar las instituciones estatales armadas, principalmente la Policía Nacional y el Ejército.
Con este objetivo a la vista, espera el reclutamiento de altos mandos en servicios activos dentro del Ejército, aquellos que respaldarían el Golpe de Estado y asumirían la presidencia del país en una coalición cívico militar, ya conformada, en el período de transición.
Es un hecho conocido que ya hay un grupo de oficiales del ejército reclutados, personas muy cercanas al presidente Evo, que desde sus posiciones permitirían el logro de las acciones examinadas en el plan, utilizando la desinformación para el presidente.
3. Fase final (no ejecutada): proclamación de fraude electoral e imposición de un gobierno paralelo. Se percibe que se lleva a cabo una vez que finalizan las elecciones presidenciales
Las evaluaciones y predicciones hechas por el Departamento de Estado de Estados Unidos y otras agencias sobre los resultados probables de las elecciones presidenciales del próximo 20 de octubre, es que el presidente Evo Morales ganará las elecciones.
En vista de este escenario, la embajada de Estados Unidos ha estado creando en secreto las condiciones objetivas y subjetivas para la proclamación de un fraude electoral.
Incluso Mariane Scott se ha estado reuniendo, fuera de registro, con el sector diplomático en el país, alentando el mensaje de ilegitimidad y fraude en las elecciones, en el que ha logrado convencer a un grupo de países acreditados.
En sus reuniones con funcionarios de alto nivel de las embajadas de Brasil, Argentina, Paraguay, Colombia, España, Ecuador, Reino Unido y Chile, ha seguido solicitándoles que sean ellos quienes lideren las quejas formales de fraude en las elecciones, lo cual será más creíble y genuino que si Estados Unidos lo hace solo.
Además, la embajada de Estados Unidos Se ha centrado en un seguimiento orientado a los detalles del Tribunal Supremo Electoral (TSE), buscando documentar supuestas irregularidades de esta agencia del gobierno electoral, que sirven para denunciar el fraude.
Quién vota no es importante, sino quién cuenta los votos
Paralelamente, en el mes de julio se llevó a cabo una reunión privada entre los opositores Jaime Antonio Alarcón Daza, Iván Arias y otros miembros de los comités cívicos, en la que se acordó adquirir máquinas para el conteo rápido de votos para las próximas elecciones presidenciales, en aras de manipular la opinión pública sobre los resultados electorales.
Estas máquinas tendrían un costo total de 300.000 dólares. La embajada de Estados Unidos y la representación de la Unión Europea en el país contribuirían a financiar la compra, que proporcionarían a través de la Fundación Jubileo y la Iglesia Evangélica. Con ese objetivo específico, ya han logrado reunir más de 800.000 dólares, de los cuales también saldría el pago a las personas que participan en el conteo rápido de votos.
La intención es ubicar las máquinas en cada junta electoral establecida y organizar a través de los comités cívicos su cobertura (personas capacitadas de antemano para esta maniobra) durante todo el día de trabajo electoral, esto estaría acompañado de una cobertura mediática para invitar a la población a venir junto con este sistema de conteo de votos como una forma de supervisar los resultados, sin la mediación del Tribunal Supremo Electoral.
En esta etapa, la Unión Juvenil Cruceñista desempeñará un papel fundamental, que se sugiere para imponer acciones violentas una vez que se publiquen los resultados electorales finales, para lo cual han estado reclutando criminales, que serán utilizados como punta de lanza en estos enfrentamientos. y acciones violentas contra las instituciones estatales.
Juan Martín Delgado, miembro de esta organización juvenil, se encarga de organizar estas actividades violentas. También cuenta con el apoyo del boliviano Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, quien a su vez recibe indicaciones y consejos del empleado del gobierno estadounidense Rolf A. Olson.
Después del [posible] acceso al poder de Evo en enero de 2020 y prestando atención a que han sido capaces de lograr la desestabilización social, se autoproclamará un gobierno paralelo, alentado por una fracción del Ejército, que supervisará un gobierno militar cívico, dirigido por Waldo Albarracín, quien tendrá que convocar nuevas elecciones en 90 días sin examinar la participación del partido Movimiento al Socialismo (MAS, por sus siglas en español).
Para esta etapa, el gobierno de Estados Unidos ya ha estado entrenando al político y candidato presidencial Óscar Ortiz en secreto.
Esta estrategia, dirigida y financiada por la embajada de Estados Unidos en Bolivia, también contempla el llamado a una huelga general indefinida antes del día electoral, operaciones encubiertas, campañas de descrédito y desinformación y otros tipos de sabotaje para crear violencia y deslegitimar el proceso electoral.
La embajada de Estados Unidos en La Paz continúa llevando a cabo acciones encubiertas en Bolivia para apoyar el Golpe de Estado contra el presidente boliviano Evo Morales.
19 de octubre de 2019
Lo que adelanté en el artículo anterior ya es casi un hecho: si Evo Morales gana las elecciones, el próximo 20 de octubre, se colocará en su lugar un gobierno de transición cívico-militar. Este nuevo gobierno no reconocería la victoria electoral de Evo y alegaría fraude durante las elecciones.
Lo nuevo aquí es que, para justificar la puesta en el poder de un gobierno paralelo, es necesario crear un clima de inestabilidad en las principales ciudades.
Con este fin, la oposición boliviana, a través de los comités cívicos y el grupo opositor Coordinadora Nacional Militar, ha estado preparando un grupo de jóvenes para llevar a cabo acciones violentas, principalmente en las ciudades de Santa Cruz y La Paz.
Estos jóvenes serían insertados en la protesta convocada para esos días y tendrán orden de entablar enfrentamientos violentos con la policía. Estas acciones irían acompañadas de un levantamiento formado por ex oficiales militares. La Coordinadora Nacional Militar con el apoyo de la Unión de Militares Retirados de Santa Cruz organizaría estas acciones.
La sede de los gobiernos de transición se establecerá en Santa Cruz para consolidar los planes de dividir el país en dos frentes (este y oeste), lo que podría generar el caos suficiente para que estalle la guerra civil.
Pero, ¿cómo se llevarían a cabo estas acciones violentas? Los barcos llenos de armas han estado haciendo viajes en secreto desde Estados Unidos, Específicamente de Miami, al Puerto de Iquique (Chile), que está cerca de la frontera con Bolivia.
Estas armas y municiones se enviaron dentro de contenedores de barcos que, para la mayoría de los puertos, están repletos de artículos diversos. Los contenedores fueron recibidos por personas no vinculadas a las actividades de las oposiciones. Estas personas fueron reclutadas con el único propósito de poner sus nombres y sacar los contenedores del puerto.
Juan Carlos Rivero, ciudadano boliviano, fue el encargado de comprar las armas en Estados Unidos y hacer que llegaran a la Coordinadora Nacional Militar. Esta persona tiene vínculos con Manfred Reyes, un opositor político que vive en Estados Unidos, y con la embajada de Estados Unidos en Bolivia.
La embajada de Estados Unidos ha realizado un seguimiento permanente de la entrega de armas y municiones a través de colaboradores secretos. En este sentido, se han reunido en privado con los principales líderes de la oposición para hablar sobre la financiación del golpe y ofrecer consejos al respecto. Entre estos líderes está Jaime Antonio Alarcón Daza, presidente del Comité Cívico de la Paz.
Las armas que se han enviado a Bolivia incluyen municiones de diferentes calibres, pólvora, máquinas para fabricar y calibrar proyectiles, estuches de rifles y armas.
Paralelamente, el Comité Cívico ya está reclutando ciudadanos bolivianos para comprar votos a favor del candidato a la oposición Carlos Mesa, por un valor de 50 dólares por votante. El pago se llevaría a cabo después de la votación y los votantes tendrían una foto de una boleta marcada.
En el artículo anterior alerté sobre la estrategia que el Departamento de Estado había diseñado para consolidar al candidato para las elecciones presidenciales bolivianas, Óscar Ortiz.
Ahora quiero informarles quién ha estado llevando a cabo esta estrategia política diseñada por Estados Unidos. Su nombre es Erick Foronda Prieto y actualmente está encubierto en La Paz llevando a cabo acciones encubiertas a favor de Óscar Ortiz, al mismo tiempo que la embajada de Estados Unidos le dice qué hacer.
Su trabajo principal es asesorar la campaña política de Ortiz. También trabaja con la prensa en la filtración de información sensible relacionada con los opositores electorales de Ortiz. El presidente Evo Morales ha sido el objetivo principal en este sentido.
Pero, ¿quién es Erick Foronda? Erick es un periodista boliviano que terminó siendo jefe de redacción de Última Hora y La Razón, dos periódicos bolivianos. Tiene fuertes lazos con la embajada de Estados Unidos en La Paz, ya que trabajó en la oficina de prensa allí durante 20 años. Jugó un papel importante en la obtención de información de políticos y periodistas en el país, con el objetivo de satisfacer el interés de Estados Unidos.
Dada la importancia de las actividades abiertas y encubiertas que realizó para la embajada de Estados Unidos, Se convirtió en una persona de confianza y estableció estrechos vínculos con el antiguo embajador de Estados Unidos, Phillip Goldberg.
Erick Foronda fue una de las piezas clave en la organización de la campaña de oposición por el “No”, durante el referéndum constitucional para la reelección de Evo Morales. Siguiendo la orden de la embajada de Estados Unidos, con frecuencia se comunicó con los medios de comunicación bolivianos favorables a Estados Unidos para obtener cualquier información necesaria que pudiera conducir a la victoria de la campaña “No”. Un ejemplo de esto fueron los artículos publicados en la prensa sobre un supuesto asunto entre Gabriela Zapata y Evo Morales.
Asimismo, la embajada de Estados Unidos Ha utilizado a Ortiz para influir en los principales líderes de la oposición. Si bien, por un lado, la embajada de Estados Unidos ha estado trabajando para consolidar Óscar Ortiz por encima de Carlos Mesa, su objetivo principal es eliminar a Evo Morales de la Presidencia.
https://bbackdoors.wordpress.com/2019/10/19/the-us-embassy-in-la-paz-continues-carrying-out-covert-actions-in-bolivia-to-support-the-coup-detat-against-the-bolivian-president-evo-morales/
