En todo el mundo la mayor parte de las muertes atribuidas al coronavirus han sido ancianos encerrados y abandonados en asilos o en sus propios domicilios.
En el marco de la comisión de investigación sobre la atención domiciliaria durante el confinamiento, el 1 de septiembre el Senado francés llamó a declarar a Joëlle Martinaux, presidenta de la Unión Nacional de Centros Comunitarios e Intercomunitarios de Acción Social (UNCCAS), antigua teniente de alcalde de Niza y médico de urgencias.
El propio Senado ha puesto la intervención de Martinaux a disposición de quien quiera escucharla en su propia web (1), por lo que vamos a compartir algunos extractos.
“Encontramos demasiados ancianos que murieron en casa porque habían dejado de comer y beber. O simplemente, con ese famoso síndrome de deslizamiento (2), porque pensaban que la vida se iba a detener para ellos”.
“No hay justificación para poner a personas muy ancianas o con problemas funcionales en un aislamiento total. Las personas que normalmente eran independientes se han encontrado de repente demasiado aisladas porque eran desconocidas para los diversos servicios”.
“Algunas personas que eran autónomas ya no caminan porque los fisioterapeutas, que no tenían equipo de protección, han dejado de visitarlas”.
Martinaux manifiesta su sorpresa por “la imposibilidad de visitar a los ancianos en el hospital, algo inhumano en nuestro tiempo”.
Luego se refiere al tratamiento de la crisis por parte de los medios de comunicación. “El martilleo mediático cada día de que los muy ancianos van a morir es absolutamente dramático, fue el fin del mundo para ellos… Fue muy provocador para todas estas personas, y sigue provocándoles ansiedad ahora, porque hay personas que todavía no salen”.
“Hoy en día, cuando ves la información con X casos, realmente deberías especificar de qué estamos hablando […] Cuando tienes el número de casos nuevos cada día, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Son pruebas positivas o son personas enfermas? Eso es importante. Por el momento, no está nada claro”.
Luego insiste en dar cuenta de las personas que murieron en casa. “Los informes de muertes en el hogar no se han tenido necesariamente en cuenta, y todavía no lo son”.
“Ha habido muertes relacionadas directamente con el covid, y ha habido, repito, demasiadas muertes debido al aislamiento. Se han abierto las puertas y ha habido demasiados ancianos en el suelo, algunos de ellos muertos”.
“El recuento de víctimas y muertes, creo que tiene que pasar por el registro civil, contar todas las muertes durante ese período… y luego investigar las causas de muerte y las condiciones”.
Según ella, es necesario “tener en cuenta cualquier muerte en el hogar o en la HPAE” (3), y conocer la causa. Además, “es importante señalar que las personas crónicas que no han sido hospitalizadas también son pasadas por alto. Y tenemos toneladas de ellos ahora mismo, personas con cáncer que han dejado de recibir quimioterapia durante 3 ó 4 meses. Eso es algo que no es posible”.
“No más aislamiento con el pretexto del contagio, estamos es el siglo XXI”, concluye la doctora.
¿En España? Aquí no se investiga nada porque está todo muy clarito.
(1) Resumen de la audiencia
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/covid-19-on-a-trouve-trop-de-personnes-agees-decedees-chez-elles-184347
Pista de audio completa de la audiencia:
https://videos.senat.fr/video.1736798_5f4c27755d58d.table-ronde-sur-les-prises-en-charge-a-domicile
(2) En medicina se denomina “síndrome de deslizamiento” o “efecto nocebo” al fenómeno que consiste en esperar la muerte de manera pasiva o simplemente dejarse morir de abatimiento.
(3) Acrónimo de Health Professionals & Allied Employees (Profesionales de sanidad y trabajadores asociados).
El miércoles se estrelló otra aeronave del ejército de Estados Unidos en una base aérea cercana a la frontera de México. Desde mayo se elevan a más de 20 el número de aparatos que han sido objeto de averías.
El nuevo MW-9 Reaper que acaba de estrellarse en la base aérea de Nuevo México es uno de los drones más sofisticados del arsenal de Estados Unidos y es necesario un ciberataque contra su sistema de control para derribarlo.
El incidente aéreo ocurrió cuando el dron despegó del aeródromo de la Base Aérea Holloman, en Nuevo México. Un comunicado de prensa oficial informó de que el dron estaba asignado al Escuadrón 49, la unidad que entrena a los pilotos de caza F-16 y a los operadores del dron MQ-9 Reaper.
La base está a unos 127 kilómetros al norte de El Paso, Texas, y el dron es capaz de llevar misiles no tripulados.
Anteriormente, un caza Falcon F-16CM estacionado en la Base Aérea de Shaw, en Carolina del sur, se estrelló y en el piloto murió. La Fuerza Aérea anunció que el avión se estrelló durante una misión de entrenamiento con su piloto a bordo. Luego cayeron un F-35, un F-22 y más drones…
El 13 de julio se incendió el portaaviones USS Bonhomme Richard, amarrado en el puerto de San Diego y al menos 21 marines resultaron heridos.
Tantos incidentes no son normales y los servicios de inteligencia militar no parecen capaces de descubrir las causas. Las explosiones e incendios que han ocurrido en las últimas semanas en Estados Unidos y en Oriente Medio forman parte de una guerra electrónica e informática en marcha desde hace años.
La policía australiana ha detenido a una mujer embarazada en su casa, delante de sus hijos, por el “crimen” de convocar una protesta contra el confinamiento en su muro de Facebook.
La detención fue grabada en un vídeo que muestra a la policía entrando en la casa de la mujer, Zoe Buhler, y presentándole a ella y a su marido una orden de registro.
Le informan de que quedaba detenida por “provocación” y le esposan.
La mujer les explica que está embarazada y que debe hacerse una ecografía dentro de una hora, pero la policía mantiene la detención por publicar un mensaje en Facebook convocando a una manifestación contra el confinamiento.
La mujer explica que le encantaría borrar su publicación, pero uno de los policías le responde que “ya ha cometido el delito”. Luego le informa de que la orden de registro les autoriza a “incautar todos los ordenadores y todos los dispositivos móviles que tenga”.
La mujer se echa a llorar y afirma: “No me di cuenta de que estaba haciendo algo malo, es ridículo”.
No es la primera australiana a la que han registrado su vivienda y que ha sido detenida por organizar una manifestación. Dos días después, la policía detuvo también en su vivienda a James Bartolo, otro organizador de las protestas contra el confinamiento.
En Australia la ley marcial aprobada con el pretexto de la pandemia otorga a la policía la facultad de retirar a los niños de la custodia de sus padres para garantizar el cumplimiento de las normas sobre el coronavirus.
La policía de Melbourne ha anunciado que utilizará drones de vigilancia para capturar a las personas que no lleven mascarillas y para rastrear los coches y bicicletas que se desplacen a más de 5 kilómetros de sus domicilios.
También han concedido a la policía la facultad de entrar en los hogares de las personas sin una orden judicial, así como de realizar controles puntuales de cuarentena.
Mientras tanto, otro video de Australia muestra a un hombre detenido por estar en el jardín de su vecino y negarse a identificarse.
En Australia como en España, el terrorismo de Estado ya está en marcha y no sería posible sin el silencio y la complicidad de unos colectivos y medios absolutamente domesticados y serviles hasta la náusea que, para lavar sus responsabilidades, se dedican a denostar a los críticos.
Ghita Benjelloun, jefa del departamento de psiquiatría del Hospital Infantil Ibn Rochd de Casablanca, en Marruecos, ha presentado datos sobre el impacto del confinamiento en la salud mental de niños y adolescentes. “El cierre de escuelas asociado al confinamiento ha tenido realmente efectos extremadamente negativos. Es importante señalarlo porque si no se reanuda la escuela será aún más perjudicial para la salud física y psicológica de los niños”, explica.
“Cuando se enfrentan al estrés, los niños reaccionan de maneras muy diferentes”. “Durante el confinamiento tuvimos la impresión de que algunos niños se encontraban bastante bien y que estaban felices de estar fuera de la escuela. Este es el caso de los niños que se preocupan por la escuela, que no les gusta mucho la escuela… Pero nos sorprendió mucho durante el desconfinamiento y actualmente tener durante las consultas una bandada de niños extremadamente ansiosos, deprimidos y suicidas… que finalmente experimentaron el confinamiento con un retraso como en el estrés postraumático”, añade.
“Los niños reaccionan de manera diferente según su edad, su apego a sus padres, su capacidad de comprender y lo que se les dijo, su historial psicológico y psiquiátrico, y el lugar en el que fueron confinados”, dice Benjelloun.
La maestra explica que “el período sin escuela generó mucho miedo, ansiedad e inseguridad. El no ir a la escuela y las actividades extracurriculares causaron una pérdida de puntos de referencia, estructura y bienestar, lo que generó inseguridad. Entonces, los períodos sin escuela generalmente conducen a un aumento de peso, a horarios de sueño completamente interrumpidos y a un aumento del tiempo de pantalla frente a los videojuegos”.
¿Cómo se tradujo esto en el servicio de psiquiatría infantil en Casablanca? “En la atención ambulatoria, observamos más intentos de suicidio entre los pacientes (niños y adolescentes combinados) durante el período de confinamiento (del 21 de marzo al 10 de junio) en comparación con el período anterior al confinamiento (del 1 de enero al 20 de marzo)”, dice Benjelloun. “Y casi el mismo número de casos de violencia y trastornos del comportamiento entre los dos períodos”.
“Por otra parte, en los 20 días siguientes a la apertura, hubo tres veces más intentos de suicidio (18 casos en 20 días), tres veces más casos de violencia (13 casos) y tres veces más casos de problemas de conducta (7 casos)”, añade.
La tendencia es casi similar en lo que respecta a las hospitalizaciones. En cuanto a los adolescentes (de 12 a 18 años), la profesora Benjelloun sostiene que hubo “tantos intentos de suicidio durante el período de reclusión (del 21 de marzo al 10 de junio) como antes (del 1 de enero al 20 de marzo), el triple de casos de trastornos de conducta y el mismo número de casos de ideación suicida grave que requirieron hospitalización”.
Las cifras se dispararon tras la apertura. Los servicios del hospital de Harouchi observaron tres veces más intentos de suicidio (7 hospitalizaciones en 20 días, incluido un paciente hospitalizado dos veces), tres veces más casos de violencia (13 casos en 20 días), tres veces más trastornos de conducta (4 hospitalizaciones en 20 días) y casi el mismo número de casos de ideas suicidas graves.
“Hospitalizamos durante el confinamiento al doble de niños de 6 a 12 años que habían intentado suicidarse. Esto sigue siendo raro a esa edad. En el momento de la apertura, hubo siete veces más hospitalizaciones por intentos de suicidio entre esta categoría de niños”, añade.
Un departamento oficial del gobierno australiano, la Therapeutic Goods Administration, afirma que hay “pocas evidencias” para evaluar la “utilidad clínica” de la PCR o de los análisis serológicos.
Las medidas sanitarias contra la pandemia se basan en pruebas que, según el propio gobierno australiano, no son nada fiables. No es un conflicto de opiniones entre los “expertos”. Es el propio gobierno quien lo admite.
Si vas a un médico porque crees que tienes una enfermedad grave y te dicen que hay dos pruebas disponibles. Con la primera, un hisopo, no saben si tienes o no la enfermedad aunque registras un resultado positivo. Con la otra, un análisis de sangre, saben con certeza que la prueba no sirve para detectar la enfermedad.
¿Encontraría un paciente esa situación satisfactoria? Obviamente no. Pero eso es exactamente lo que el gobierno australiano admite con sus pruebas de coronavirus. La Therapeutic Goods Administration dice que “la medida en que un resultado positivo de PCR se correlaciona con el estado infeccioso de un individuo aún se está determinando” y que, además, “hay pocas pruebas disponibles para evaluar la exactitud y la utilidad clínica de las pruebas de Covid-19 disponibles”.
Las instituciones sanitarias australianas no saben si una persona está infectada o no, aunque de positivo. La Therapeutic Goods Administration también admite que la “fiabilidad de las pruebas” es incierta debido a la “limitada base de pruebas”.
Como los australianos saben que las pruebas PCR son poco fiables y que las serológicas son inútiles, las esconden a la vista de todos con la esperanza de que nadie se de cuenta.
Dar positivo es lo que se llama un “caso”, una palabra que normalmente se aplica a las personas que están enfermas y en Melbourne el aumento de los llamados “casos” se está utilizando como justificación para los confinamientos.
Mientras tanto, el número de pacientes graves y críticos (que debería ser la definición real de un “caso”) no ha aumentado por encima de 70 en Australia desde que comenzó la pandemia, en una población de 24 millones. Las muertes per cápita son de alrededor de 26 por millón en un período de seis meses.
A pesar de ello, en Australia se han seguido las mismas prácticas dudosas sobre las causas de muerte que en otros lugares. El director de sanidad de Victoria admitió que no estaban haciendo pruebas para el virus, sino asumiendo que si había un síntoma similar a la gripe debía ser coronavirus. Las muertes por gripe en Australia, hay que añadir, se están reduciendo inusualmente.
Los análisis de sangre son aún peores. El Instituto Doherty ha analizado alrededor de media docena de análisis serológicos (de sangre) y ha concluido en cada caso: “En general, nuestros hallazgos siguen apoyando las recientes declaraciones de posición de la Red de Laboratorios de Salud Pública (PHLN) y el Colegio Real de Patólogos de Australasia (RCPA) de que los ensayos serológicos tienen un papel limitado, si es que lo tienen, en el diagnóstico de la infección aguda por Covid-19”.
Esta conclusión ha sido replicada en otros lugares. Beaumont Health en Michigan realizó un estudio longitudinal, a partir de mediados de abril, que se suponía que iba a examinar las tasas de infección en los trabajadores sanitarios expuestos al virus. Se basó en pruebas serológicas a gran escala.
La conclusión del estudio es que “se necesitan urgentemente estudios clínicos de mayor calidad que evalúen la exactitud del diagnóstico de las pruebas serológicas para el covid-19. Actualmente, las pruebas disponibles no apoyan el uso continuado de las pruebas serológicas existentes en los puntos de atención”.
Los análisis de sangre también son inútiles porque a fecha de hoy no se conoce la composición genómica del virus.
En Melbourne hay toque de queda entre las 8 pm y las 5 am y a la gente la envían a la cárcel por no usar mascarilla. La policía patrulla los lugares públicos para asegurarse de que se sigan los reglamentos sanitarios, aunque sea a la fuerza.
Los ciudadanos de Victoria que intentan organizar protestas pacíficas son detenidos en sus casas y acusados de “incitación”, lo que sea que eso signifique.
El primer ministro, Daniel Andrews, quiere extender el estado de emergencia por otros 12 meses para poder entregar todas las decisiones al Director de Salud y afirmar que lo está haciendo bien.
Cuando a finales de mayo las movilizaciones contra el terrorismo policial comenzaron por primera vez en Chicago, los teléfonos de AGB Investigative Services empezaron a sonar. Esta empresa de seguridad privada emplea a más de 750 matones y entre sus clientes se encuentran instituciones públicas, empresas y personas con dinero para contratar guardaespaldas y entrenamiento con armas.
AGB se ha inundado de peticiones de propietarios de negocios que temen que las manifestaciones puedan tener como objetivo sus tiendas y mercancías. Los residentes ricos del norte de la ciudad temen por sus urbanizaciones cerradas. La propia ciudad de Chicago quiere complementar sus propias fuerzas policiales con seguridad privada.
En un fin de semana de junio, Chicago entregó 1,2 millones de dólares a AGB y a otras dos empresas de seguridad privada para proporcionar más de 100 guardas desarmados “para proteger las tiendas minoristas, los supermercados y las farmacias locales” en el sur y oeste de la ciudad. El contrato era temporal, pero Tifair Hamed, vicepresidente de la empresa, dice que la ciudad puede utilizar los servicios de su empresa de forma permanente.
El negocio ha crecido alrededor de un 25 por ciento desde mayo, tanto en el sector de la vigilancia empresarial como en los servicios de formación en el porte de armas. Las horas de trabajo de los guardias apostados frente a las tiendas, subestaciones de servicio eléctrico y edificios comerciales han aumentado. La clientela de la empresa se ha ampliado para incluir hoteles. Busca contratar tantos guardianes como sea posible.
Sin embargo, la decisión de la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, de contratar guardias de seguridad privados para patrullar la ciudad suscita preocupación, en particular porque los guardias de seguridad privados no están sujetos a las mismas medidas de rendición de cuentas que la policía.
Chicago no es la única ciudad que depende cada vez más de las empresas de seguridad privada para complementar las patrullas policiales en el contexto de las movilizaciones en respuesta a la violencia racista perpetrada por la policía. Portland y Oregón, también han recurrido a empresas de seguridad privada contra las movilizaciones. El año pasado, la ciudad aprobó un contrato de 10 millones de dólares con G4S Security Solutions para la seguridad del ayuntamiento.
Al igual que Chicago, Portland tiene un impuesto especial para los propietarios de inmuebles en ciertos barrios comerciales que incluye la policía, el transporte, el borrrado de pintadas y la seguridad privada. Pero una auditoría publicada el mes pasado mostró que no controla la manera en que las empresas privadas se gastan el dinero que perciben.
Tres empresas de seguridad privada contratadas por los municipios tratan a los indigentes con más dureza que a los demás. Los inquilinos tienen poco que decir en sus barrios porque están controlados en gran medida por los dueños de los negocios y las empresas. La ciudad ni siquiera recogió las quejas contra los guardias de seguridad de los distintos barrios.
El DHS (Ministerio de Interior) también ha contratado empresas privadas para sofocar las protestas de Portland. Una unidad del DHS desplegada este verano por el gobierno de Trump, el FPS, Servicio de Protección Federal, una policía de seguridad uniformada, moviliza 13.000 efectivos en todo el país mediante contratos con empresas de seguridad privada.
El FPS gasta 1.500 millones de dólares en “respuestas a incidentes” para contratar guardias de seguridad para controlar multitudes en propiedades federales, como los sitios y edificios que el FPS protege en Portland. Muchos de los contratistas del FPS son de empresas de seguridad como Triple Canopy, que se fusionó en 2014 con Erik Prince’s Academi, antiguo Blackwater, el ejército privado más grande del mundo que ha actuado en Irak y Afganistán con estatus de inmunidad.
Los matones privados aumentan en otras ciudades importantes como Nueva York y Seattle a medida que los comerciantes contratan protección privada para sus negocios ante las movilizaciones contra el terror policial. La demanda de guardias de seguridad en todos los mercados es mayor que nunca a causa de las protestas populares. La policía privada ha llegado para quedarse.
El número de matones al servicio de las empresas de seguridad ha comenzado a superar al de policías del sector público después de que se recortaran muchos presupuestos como consecuencia de la crisis económica de 2008. Los recortes no dieron lugar a una disminución de las plantillas de policías, sino más bien hacia la privatización.
Hay más de 1,1 millones de guardias de seguridad privada en Estados Unidos, en comparación con 666.000 policías. El número de efectivos privados supera a los policías en más de 40 países.
Al menos 13 ciudades de Estados Unidos han recortado la financiación de los presupuestos policiales o reducido el número de sus efectivos desde que Minneapolis encabezó la movilización contra el racismo, que en junio condujo a la disolución del departamento de policía de la ciudad. Otras también han iniciado los recortes.
En los últimos meses las ciudades que han recortado los presupuestos policiales han visto una afluencia de guardias de seguridad privada. Los empresarios los sustituyen por matones a sueldo. El ayuntamiento de Minneapolis ha sido criticado por gastar 4.500 dólares diarios en contratar guardias privados para su propia protección después de votar para disolver la fuerza policial municipal de la ciudad.
El recurso a guardias de seguridad privados como alternativa ha aumentado en los distritos escolares locales, donde las juntas reemplazan a los trabajadores de los servicios escolares por guardias de seguridad.
En junio, por ejemplo, la Junta de Educación de Minneapolis canceló sus contratos de seguridad escolar con el Departamento de Policía de Minneapolis. Al mes siguiente, publicó 11 ofertas de trabajo para “especialistas en apoyo a la seguridad pública”, cuyas responsabilidades llegan hasta la intervención en las peleas.
Las fuerzas de policía privadas ya patrullan los campus universitarios. La Universidad de Chicago tiene su propio departamento de policía, con jurisdicción sobre más de 65.000 vecinos de Chicago. Puede registrar, multar y detener a los ciudadanos lo mismo que cualquier otra policía.
Los disparos realizados por los matones de seguridad privada rara vez se investigan o incluso se denuncian. La mayoría de los organismos públicos no exigen que los guardias de seguridad privados les informen de los disparos con armas de fuego y en los enfrentamientos con los matones privados, los ciudadanos llevan las de perder, exactamente igual que con la policía.
Los matones tienen exactamente los mismos pleitos ante los tribunales que la policía pública, por violación de los derechos civiles, uso excesivo de la fuerza o tiroteos. Los que disparan a quienes huyen de los centros comerciales, urbanizaciones y aparcamientos rara vez son sancionados, incluso en los Estados en que las empresas de seguridad están obligadas a presentar informes relacionados con las armas de fuego.
Los organismos públicos encargados de supervisar a las empresas de seguridad privada sólo intervienen cuando un guardia armado ha sido condenado por los tribunales. A los matones no les revocan el permiso de armas.
Las obligaciones legales destinadas a la policía policía no se aplican a los matones. No se puede obligar a una empresa privada a que abran sus archivos al público, aunque desempeñen funciones públicas.
Las empresas privadas recopilan información sobre la vida particular de las personas, e incluso información que un autoridad pública no puede obtener. Luego la información la venden a la policía, cuyos miembros suelen trabajar en la clandestinidad y a tiempo parcial como matones.
Varios cientos de soldados estadounidenses comenzaron a llegar ayer a Lituania, un país miembro de la OTAN, para realizar ejercicios militares cerca de la frontera con Bielorrusia, donde la desestabilización sigue en aumento.
Ayer por la tarde más de una docena de tanques Abrams cruzaron la frontera lituana desde Polonia.
Lukashenko ha acusado a la OTAN de desplegar fuerzas en Polonia y Lituania a lo largo de la frontera, aunque Varsovia, Vilnius y la OTAN califican sus declaraciones como “infundadas”.
El despliegue, que durará hasta noviembre, fue “planificado de antemano y no está asociado a ningún acontecimiento en la región”, dijo el Ministerio de Defensa de Lituania en una declaración oficial.
Junto con Polonia, Lituania es uno de los peones más activos de la OTAN en la desestabilización de Bielorrusia y es especialmente beligerante desde la reelección de Lukashenko en las elecciones de 9 de agosto.
Vilnius ha acogido como refugiada a Svetlana Tijanovskaya, la cabecilla visible de la desestabilización y, junto con sus vecinos bálticos Estonia y Letonia, ha puesto a Lukashenko en su singular lista negra de personas “indeseables”.
No es el primer despliegue de tropas estadounidenses en la frontera de Bielorrusia. Durante una visita a Vilnius en julio, el Secretario del ejército de Estados Unidos, Ryan McCarthy, amenazó con que su país continuaría desplegando cientos de tropas para ejercicios militares.
Desde hace tres años la OTAN mantiene un despliegue rotatorio pero permanente de tropas en Polonia y los Estados bálticos.
Un producto tan tóxico como la gasolina con plomo fue inventado por la multinacional química Du Pont de Nemours, que tuvo que rodearse de una legión de “científicos” a sueldo para ocultar los graves perjuicios de dicha sustancia para la salud pública.
Aquellos “científicos” formaron uno de los más poderosos grupos de presión, que luego sirvió de modelo para otras empresas “científicas” de parecida factura que han causado estragos en la salud de los trabajadores: tabaco, amianto, pesticidas…
Tras la Primera Guerra Mundial, Du Pont había saltado de la química al automóvil, convirtiéndose en accionista de la General Motors y, como es natural, quiso rentabilizar su inversión.
Contrató a un químico e ingeniero mecánico, Thomas Midgley, y le puso al frente de uno de sus laboratorios de investigación.
En aquellos tiempos no todos los vehículos circulaban con gasolina. En el campo se utilizaba etanol, un alcohol industrial fabricado con residuos agrícolas. Algunas empresas querían mezclar la gasolina con el etanol para mejorar el rendimiento del combustible, pero tenía un problema insalvable en una sociedad capitalista: no es patentable, cualquiera puede fabricarlo.
Midgley patentó una solución innovadora como aditivo para la gasolina: el PTE o plomo tetraetílico. Fue una de sus más cien patentes que le convirtieron en un científico muy famoso. General Motors y Du Pont incluso crearon una empresa filial con el nombre del nuevo compuesto químico: Ethyl Corp.
La producción de gasolina con plomo fue un problema desde el principio. En la primera fábrica creada por General Motors para producir el aditivo, la refinería Bayway de Nueva Jersey se produjo un “accidente” que mató a varios trabajadores de la fábrica intoxicados por el plomo. Otros quedaron con gravísimas lesiones de por vida.
El escándalo fue enorme y se nombró una comisión parlamentaria para evaluar el peligro inherente a la producción de gasolina con plomo. Entonces el grupo de presión seudocientífico al servicio de Du Pont se puso en marcha con las típicas triquiñuelas, en especial el soborno de los políticos y funcionarios. “Lo que es bueno para General Motors es bueno para América”, dijo el Presidente Roosevelt.
El ayuntamiento de Nueva York, que había prohibido la gasolina con plomo, se rindió ante la avalancha de presiones monopolistas. Lo mismo le ocurrió al Departamento de Salud después de agotadoras batallas con los expertos.
La estrategia de General Motors para eludir responsabilidades se enseña hoy en las escuelas de periodismo, comunicación y relaciones públicas como modelo de lavado de cara: buscaron a un científico, un mercenario que ejerciera de toxicólogo, para que el producto estrella de General Motors y Du Pont no quedara menoscabado.
Robert Kehoe
Aquel pelele fue Robert Kehoe, que llegó a General Motors de la mano de Charles Franklin Kettering, el inventor del arranque eléctrico de la marca “Delco”, que en ese momento era otra de tantas filiales del dúo General Motors y Du Pont. Dentro de la Universidad de Cincinnati ambas multinacionales crearon para Kehoe un laboratorio, que llevaba el nombre de Kettering. Se trataba de revestir la patraña con el aura del mundo académico y seudocientífico.
La Universidad de Cincinnati le nombró profesor de “medicina industrial” y parecía que Kehoe era uno de los mayores expertos del mundo en “salud laboral”. Como buen mercenario, trabajaba por encargo de las multinacionales. La Universidad se limitaba a poner el membrete en los papeles. Era una fábrica de mentiras, como la de que el compuesto 2-Naftilamina, entonces ampliamente utilizado por Du Pont, no era el carcinógeno que decían los negacionistas.
“Usted dice que nuestro producto es peligroso. Estamos diciendo que no lo es. Demuestre que estamos equivocados”, decía Kehoe. Eran los negacionistas quienes debían demostrar que tal o cual compuesto químico es tóxico y perjudicial para la salud pública. No había evidencias científicas y no se pueden tomar decisiones únicamente sobre la base de especulaciones.
Con el plomo Kehoe pasó a la ofensiva y comenzó a escribir artículos de propaganda vestidos de “ciencia”. Su laboratorio, financiado por General Motors, DuPont y Ethyl, realizó experimentos sobre los beneficios de la gasolina con plomo para la salud pública. El plomo existe de forma natural en el cuerpo humano, decía Kehoe. Los altos niveles detectados en enfermos contaminados con plomo son, por lo tanto, inocuos.
El derroche de dinero de General Motors y Du Pont transformó a Kehoe en un científico de esos que llaman “de referencia” en el asunto del plomo. El resto de la tarea consistía en vilipendiar e insultar a los negacionistas, que eran todos aquellos que se oponían a los manejos de las multinacionales y denunciaban los riesgos del plomo para la salud pública.
No hubo manera de destapar el fraude científico orquestado por Kehoe y sus padrinos en General Motors y Du Pont hasta los años setenta del siglo pasado. Mientras, la población del mundo entero se intoxicaba con el plomo y surgían enfermedades, auténticas plagas, como el cáncer, cuyo verdadero origen había que tapar.
Un ejemplo: el mayor hospital del mundo especializado en cáncer lleva el nombre de Kettering, el mismo del laboratorio de Kehoe. No le pusieron el de General Motors por una pizca de vergüenza.
Un geoquímico que intentaba establecer la edad de la Tierra, Clair Patterson, descubrió que el hombre moderno había aumentado su carga corporal de plomo cien veces y que los niveles de plomo de la atmósfera se habían multiplicado por mil.
Aquello no era ciencia; Patterson era un negacionista y la Inquisición seudocientífica le saltó a la yugular implacablemente. El Servicio Federal de Salud Pública no le renovó su contrato de investigación y el Instituto del Petróleo de Estados Unidos hizo lo mismo. El dúo General Motors y Du Pont también presionaron a la universidad para que le despidieran.
Al profesor Hebert Nedlemann, pediátra neurólogo que se había destacado en la lucha contra el envenenamiento por plomo, le ocurrió lo mismo. Nedlemann acusaba a las empresas petrolíferas de ser responsables de cientos de miles de muertes en Estados Unidos. La respuesta de los grandes monopolios se la pueden imaginar. Le llegaron a expulsar de la universidad y le recortaron los fondos para la investigación. Si no investigas no puedes demostrar nada. En las seudociencias los únicos que pueden demostrar son General Motors, Du Pont y empresas similares.
La gasolina con plomo no se prohibió en Estados Unidos hasta 1975 y en España hasta 2001. También se prohibió la pintura con plomo, las tuberías de plomo y todo lo que contuviera plomo. Kehoe quedó en evidencia silenciosamente, sin estridencias, como si detrás no quedaran los restos de una batalla, porque ya se lo han contado muchos patanes: sobre ciencia no se discute.
El plomo está prohibido, pero nadie lo ha eliminado de las superficies pintadas. Los edificios ya no llevan cañerías de plomo, pero nadie ha eliminado las existentes, que siguen intoxicando a los vecinos. La gasolina con plomo se sigue comercializando en el Tercer Mundo porque allí viven miles de millones de personas cuya suerte nos importa una mierda. Es posible que padezcan muchas enfermedades que, en lugar de prescindir del plomo, necesiten un tratamiento médico a base de fármacos, antivirales o vacunas.
Pero insistimos en lo que no deben perder de vista: el caso de la gasolina con plomo es un modelo de negocio que se ha aplicado con éxito en otras industrias sometidas a debates seudocientíficos similares con terraplanistas, magufos y demás. La verdad siempre está del lado de las empresas capitalistas y sus científicos de prestigio, como Kehoe.
Si quieren saber más sobre el asunto pueden recurrir al artículo publicado por Jamie Lincoln Kitman en la revista The Nation en 2000, o al libro que publicó cinco años después, titulado “The Secret History of Lead”, porque es una historia “secreta”, propia sólo de conspiranoicos y amantes de las revistas de automóviles.
Un marranada parecida de la multinacional Du Pont relata la película “Aguas oscuras”, estrenada el año pasado, también para amantes de los negocios “oscuros”, como el del petróleo.
¿Alguna vez ha habido un momento en su vida en el que no haya tenido suficiente comida para pasar la semana?. Según la agencia Bloomberg, 50 millones de personas en los Estados Unidos se incorporarán a esta estadística a fin de año.
Son palabras simuladas de uno de los agentes del SECED, predecesor del CNI, que se entrevistó con el principal rival de Adolfo Suárez para comandar la transición. La víctima fue Jose María de Areilza, pero prácticamente todos los procuradores en Cortes del franquismo tuvieron trapos sucios que ocultar para votar por la Reforma.
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