Después del surgimiento del movimiento 15-M
«Indignados» en 2011, las calles de España estallaban con el poder del pueblo. En Madrid, por ejemplo, donde se inició el movimiento, cientos de miles inundaron la Puerta del Sol, en huelgas generales masivas y mareas de colores coordinadas (mareas de calle) para demostrar su indignación contra los recortes de austeridad del gobierno de derecha. Mientras serpentea su camino a través de las calles de la ciudad, usted será recibido por brillantes pegatinas verdes y rojas del movimiento anti-desalojo, que cubrió con plástico las ventanas de cristal y los cajeros automáticos de los bancos más importantes de España, con las frases
«Sí se puede» y
«Pero no Quieren». Para mí, que vengo de los Estados Unidos, donde tal acción podría llevarte a serios problemas, la medida era impresionante.
Pero cuando visité España a principios de 2015, las cosas habían cambiado, sin duda. Habían desaparecido las mareas constantes y pegatinas en las ventanas de los bancos. Era extraño. Mientras que los grupos anti-desalojo como PAH (Plataforma de Afectados por Hipotecas) o STOP DESHAUCIOS (Basta de Desalojos) continúan con éxito en aplazar los desahucios de las familias de la clase trabajadora a través de España, me dijeron que el número de seguidores había reducido. Pero este cambio no fue simplemente por la época de frío o por el malestar que afecta a casi todos los movimientos sociales en el Oeste; era el producto de otras circunstancias preocupantes, a saber, la aplicación de la Ley Mordaza que desde diciembre del 2014 criminaliza la protesta pública y las movilizaciones, que recientemente han convertido a España en uno de los centros más vibrantes de los movimientos sociales en el mundo.
La represión y la desmovilización Al pasar por la Puerta del Sol un domingo por la tarde, a finales de enero, me di cuenta de cómo dos policías se acercaron a un grupo de unos siete u ocho manifestantes ancianos que sostenían una pancarta en protesta por los recortes a los servicios sociales. Tras lo que pareció un momento de tensión, uno de los organizadores sacó una hoja en blanco de su mochila y lo agitó en el rostro de los oficiales, que finalmente se alejaron. Para mí, este parecía un lugar extraño para ese espectáculo, especialmente después de haber asistido a muchas reuniones no autorizadas y marchas que comenzaron en esta plaza. Pero todo eso ha cambiado desde que se aprobó una de las legislaciones más polémicas, la ley mordaza, que prohíbe la protesta en la vía pública sin permiso. Dependiendo del contexto, uno puede ser multado en cualquier lugar entre 30.001-600.000 euros por no tener la debida autorización.
Mientras que en los EE.UU., lugar de nacimiento del complejo industrial de prisiones, encierra manifestantes en la cárcel por la más pequeña de las infracciones, esta Ley Mordaza pretende criminalizar y apagar los movimientos sociales de España por medio de quebrarlos económicamente. Aprobada por el Congreso el 11 de diciembre de 2014, la Ley Mordaza, conocida formalmente como la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, fue aprobada con el apoyo de la derecha, el Partido Popular (PP) pro-austeridad, el Partido Aragonés, y la Unión del Pueblo Navarro. El total de las 45 infracciones se clasifican en tres categorías: infracciones muy graves (con multa entre 30.001-60.000 euros), infracciones graves (601 a 30.000 euros) y las infracciones leves (100-600 euros). «Las infracciones menores» incluyen insultar a la policía, y la ocupación y presencia en casas ocupadas (que busca destruir el movimiento anti-desalojo y de ocupantes ilegales), o las reuniones o manifestaciones en espacios de tránsito público, mientras que las «infracciones graves» prohíben las protestas masivas en frente del Senado y el Congreso (una respuesta directa a las movilizaciones como «Rodea el Congreso» del 25 de septiembre de 2012), los intentos de bloquear los desalojos (señalización de un golpe represivo de las acciones directas valientes del movimiento de vivienda español), o la grabación y fotografiar a la policía (criminalizar efectivamente cualquier referencia grabada de la policía en España). En su defensa de la ley ante el Congreso, el portavoz del Partido Popular, Conrado Escobar, afirmó que las protestas «serán más libres porque estarán protegidas de los más violentos». A través de España, muchos han argumentado, con razón, que esta ley señala un regreso peligroso a la legislación fascista, especialmente preocupante dado el legado del dictador Francisco Franco, que gobernó España durante décadas.
En este clima de represión, la policía española detuvo a once anarquistas –de nacionalidades española, uruguaya, italiana y austriaca- en una iniciativa “anti-terrorista”, llamada «Operación Pandora», en Barcelona y Madrid, el 16 de diciembre, sólo algunos días después de la aprobación de la Ley Mordaza. De estos once, siete fueron puestos en la cárcel. El gobierno les ha acusado de lanzar ataques contra bancos e iglesias. Y las llamadas «pruebas» de su culpabilidad, consisten en haber publicado un libro titulado, Contra la Democracia, que el Estado español ha clasificado como un «libro terrorista”, bajo el nombre de «Grupos Anarquistas Coordinados», el tener cuentas de correo electrónico, correspondencia con presos políticos y el haberles encontrado gas propano, utilizado para acampar. De hecho, sus partidarios crearon un video llamado «Operación Pandora: Yo también tengo gas propano», que cuenta con activistas españoles y catalanes mostrando sus tanques de gas propano para acampar, mostrando lo absurdo de la operación represiva. Los activistas españoles también están cada vez más preocupados de que sus acciones puedan ser falsamente catalogadas bajo, actos de «terrorismo radical», dadas las recientes revisiones al Código Penal por parte del gobierno, a raíz de los acontecimientos en París por Charlie Hebdo y las iniciativas «anti-jihadistas».
Una nube oscura ha caído sobre España en los últimos meses, y la Ley Mordaza es, sin duda, una grave amenaza para los movimientos sociales de todo el país. Además, mientras que algunos han hablado con entusiasmo de la subida de Podemos, un partido político español de izquierdas, formado en las secuelas del 15-M, por su potencial salvador, muchos activistas que trabajan sobre el terreno han hablado de cómo Podemos ha contribuido significativamente a la desmovilización de una organización genuinamente horizontal y de resistencia popular en las calles. En Santiago de Compostela, por ejemplo, hablé con una mujer llamada María, que es líder del movimiento anti-desalojo, quien me dijo que el número de seguidores que salen a las acciones anti-desalojo, se ha reducido considerablemente con el aumento de Podemos en la Izquierda. «No te preocupes por eso», muchos le han dicho, «Podemos solucionará el problema». En esta incertidumbre, donde por un lado las leyes represivas están asustando a la gente a salir a las calles, y por otro lado, donde los partidos como Podemos no sólo están tratando de sacar provecho de la fatiga generalizada de que varios años de marchas y manifestaciones constantes han producido, sino también la promoción activa de la idea que los problemas sociales se pueden resolver a través de la votación, es imperativo reconocer las muchas formas que la represión y la desmovilización pueden tomar.
