Las hemerotecas de los medios españoles han ido repletas, estos dos últimos años, de informaciones sobre detenciones de usuarios de redes sociales en la llamada Operación Araña, por una supuesta comisión de delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.
La suma de todas y cada una de las cuatro fases de este operativo, la primera de las cuales fue en abril de 2014, se ha saldado con más de medio centenar de arrestos, los últimos este pasado abril. El grueso de la información difundida hacía referencia a los operativos policiales, pero se ha hablado poco, muy poco, de cómo se ha desarrollado el proceso judicial.
Y una fotografía general de todo ello señala serias dudas sobre la proporcionalidad y el rigor de las actuaciones policiales y judiciales.
Para empezar, no se puede dar una cifra exacta de procesados ya que a cada uno de los detenidos se los juzga de forma individual, según fuentes de la Audiencia Nacional, el órgano judicial competente para juzgar este tipo de delitos.
La práctica totalidad de los arrestados no se conocen entre ellos, ni existe una organización detrás que justifique enmarcar las detenciones en un operativo conjunto, como ya señalaron en 2014 académicos del ámbito del Derecho. Al rapero Pablo Hasel, por ejemplo, lo detuvieron solo, en 2011, bajo cargos parecidos.
“Lo venden como si se desarticulara una red organizada de gente que crea tendencias de opinión, pero no, esto es una cuestión individual en la que ninguno tiene que ver con el otro”, afirma César Strawberry, cantante de la banda de rap-metal Def Con Dos y uno de los detenidos en la tercera fase de Araña, a pocos días de las elecciones municipales de mayo de 2015.
El paripé de la Guardia Civil
Strawberry, cuyo caso fue archivado en primera instancia el pasado junio, pero que está a la espera de juicio después de que el fiscal recurriera la resolución, recuerda que cuando su abogada pidió el atestado, la Guardia Civil, el cuerpo que practicó la detención, afirmó que este no existía. Esto se debería al hecho de que no hay una organización que ampare su actividad en redes sociales ya que se trata de casos particulares. El instituto armado confirma este extremo.
“Lo que intentamos es llevarnos por delante al mayor número de gente”, explican fuentes de este cuerpo policial en relación a esta operación coordinada contra personas que, en cualquier caso, de haberlos cometido habrían incurrido en delitos independientes entre sí. Es una forma, según ellos, de evitar que alguien borre los mensajes que le incriminan. Algo que no cuadra con el hecho de que la operación se haya desarrollado por fases.
Rubén González salía de su casa en la ciudad gallega de Vigo el pasado 13 de abril y, transcurridos 100 metros, un agente de la benemérita lo paraba. Dos más se abalanzaron sobre él por detrás y se identificaban como policías. Los tres iban encapuchados. Mantuvieron el rostro cubierto desde que le detuvieron hasta que lo soltaron a los dos de la tarde, de acuerdo con el testimonio del joven.
“Quiere acusarme de terrorismo alguien que viene a detenerme a mi barrio encapuchado por ejercer la libertad de expresión”, comenta.
Como a Arkaitz Terrón, a Rubén le requisaron el móvil, aunque asegura que él no utilizaba Twitter desde ese dispositivo. No sabe de qué se le acusa ni qué juzgado lleva su caso. El abogado de Terrón, Carlos Hurtado, lleva junto a un compañero tres casos en tres juzgados diferentes de la Audiencia Nacional, y sólo en Cataluña.
“No me enviaron los tuits todavía ni nada. Yo no tengo información ninguna de la causa. Tampoco me han llamado a declarar”, sostiene González, y añade que un Guardia Civil llegó a decirle que esta detención era un “paripé”.
‘Un tribunal fascista heredero directo del Tribunal de Orden Público’
Rubén lo tiene claro: “La operación es una treta del Estado para intentar criminalizar a los chavales que son solidarios con los presos y amedrentar a la población. Nos hablan de democracia y nos juzga el mismo tribunal de excepción fascista heredero directo del Tribunal de Orden Público”.
La Audiencia Nacional es un órgano judicial especial único en la Unión Europea focalizado en delitos de terrorismo que da continuidad a una institución del franquismo. Arkaitz sí declaró, y él y su abogado percibieron irregularidades en el proceso.
El joven afincado en Barcelona tenía hora para declarar vía videoconferencia a las 9:30 de la mañana del pasado viernes. Empezó con unos 10 minutos de retraso, y tras casi 25 minutos de charla, ante una estupefacción que él vio también en las funcionarias, recibieron la interlocutoria a las 10 y 7 minutos.
En menos de 5 minutos la jueza tuvo tiempo de analizar y estudiar su declaración para afirmar que su testimonio no cuestionaba lo esencial de la causa, y de redactar tres páginas y media de texto y enviarlas vía fax a Barcelona. Carlos Hurtado, el abogado de Arkaitz, cree que del contenido de la resolución emitida por la magistrada se desprende que no dedicó “ni un solo minuto” a valorarla.
“Si lees atentamente la declaración todo lo que dice es que cayó en contradicciones, pero no habla en detalle de ninguna cosa que se haya dicho en la declaración de Arkaitz. Y con el tiempo que tardan en tomarle declaración ya queda claro que ya la tenían hecha de antemano”, opina Hurtado.
En estos dos documentos se aprecia el lapso de tiempo transcurrido entre el inicio de la declaración (9:30) y la emisión de la interlocutoria (10:07). Teniendo en cuenta el retraso y que la declaración duró unos 24 minutos, los documentos avalan la tesis de Terrón y Hurtado.
Y lo que para él es más grave: el edicto judicial no se refiere a los tuits, sino a los comentarios que los acompañan escritos por la benemérita.
“Una cosa es lo que se dice en un tuit y otra la valoración que alguien puede hacer libremente. En este caso, han cogido las valoraciones que están al pie de cada causa”, añade el letrado, quien cree también que la jueza no puede dar por buenas las valoraciones de los agentes, pues no son instructores, sino denunciantes de un hecho.
La Guardia Civil corrobora que los agentes son conscientes del rol que les es asignado en un proceso: “Nosotros no acusamos”, aseguran.
Se han destinado muchos efectivos policiales a todo ello. A Iván, un vecino de 40 años de la localidad catalana de Montblanc que cayó en la cuarta fase de Araña del pasado 13 de abril, por lo menos hacía un mes que le seguían. Los agentes que le interrogaron estaban al caso de un accidente que había tenido semanas atrás. Todos ellos eran o de Madrid o de Galicia.
Denuncia la situación de indefensión que está padeciendo. Su mujer sufre cáncer, y no puede dedicar todo el tiempo que le gustaría a enfrentar este caso. Para más inri, el abogado de oficio que se le asignó no le dejó ningún contacto. Como buena parte de los encausados, Iván se organizó en Facebook para dar una respuesta colectiva a lo que ellos entienden como un atropello.
‘Para el PP o eres del Opus Dei o eres de ETA’
César Strawberry ve esta operación como un instrumento propagandístico. Tras su detención, un telediario español encadenaba imágenes de arrestos en el País Vasco, un territorio golpeado por un conflicto armado que lleva más de medio siglo activo.
Andeka Jurado, otro de los procesados por “Araña”, ya había sido arrestado y encarcelado en 2008 acusado de practicar violencia callejera.
Asegura que su paso por un presidio ya le hacía ser cauto en las redes sociales y que hay muchas cosas que no le cuadran. ¿Por qué él, con 100 seguidores, estaba en el punto de mira de la Guardia Civil? Tenía muy pocos tuits, y en su sumario aparecen dos retuits en apoyo a presos vascos vinculados a ETA y el enlace a un vídeo en el que aparecen pegatinas con su logotipo.
“Justo a mi me detienen cuando detuvieron al de Def Con Dos [César Strawberry, en mayo de 2015], y salgo yo como que ya he estado en la cárcel. Esa presunción de inocencia, que normalmente no la hay, pues conmigo la hay menos”, explica Jurado.
“Este es un terrorista, que ha estado en la cárcel dos veces, por kale borroka [‘lucha callejera’ en euskera, nombre al que los medios daban a la confrontación en la calle en el País Vasco y Navarra] o por no sé qué. Entonces te hacen ya la película que queda más guay. Y claro, mira como se ríen de las víctimas y tal. No hay un solo tuit en el que yo haga ninguna gracia ni ninguna broma”, precisa él, quién recuerda que durante la detención su mujer estaba en el octavo mes de gestación.
El vocalista de Def Con Dos percibió que se informó de su detención con imágenes que remitían a la iconografía de ETA. “Para el PP o eres del Opus Dei o eres de ETA”, dijo en una entrevista (*).
“Mi cara, mi tuit, todo mi rollo y luego una ristra de imágenes de supuestos detenidos que no tienen nada que ver conmigo, gente a la que no conozco y con la que no tengo ningún vínculo. Pero sin embargo sí se establece ese vínculo a través de imágenes, se va lanzando esa pista, y así fue como lo reprodujeron todos los telediarios”, lamenta Strawberry.
Este tuit que también aparece en la Operación Araña hace referencia a la muerte Carrero Blanco en Madrid por una bomba en diciembre de 1973.
Operación Patraña
Un caso bastante ilustrativo de los resortes que han intervenido en la Operación Araña es el caso de Boro, periodista de La Haine detenido en Pamplona, ciudad de la que él es oriundo, en la segunda fase de la operación. Un artículo del periódico conservador ABC ya le había puesto en la diana por sus opiniones vertidas en Facebook. La cabecera sugería que no le habían podido arrestar por las medidas de seguridad que adoptó, un supuesto que él niega.
En marzo de 2014 le detuvieron en una manifestación en base a unos supuestos hechos por los que le piden seis años de cárcel. Unas semanas después se da la primera fase de la Operación Araña, a los pocos días aparece la noticia en ABC, y en la segunda tanda le toca a él recibir. “A mi me resulta bastante curioso”, afirma el periodista.
“Es una caza de brujas. La Guardia Civil se dedica a hacer este tipo de operaciones siempre contra un target muy concreto de personas que tuitean. Personas de izquierdas y que tuitean sobre temas relacionados con el proceso catalán o el proceso vasco”, señala el letrado Carlos Hurtado. El abogado hace notar que no ha trascendido ninguna detención de personas vinculadas a la extrema derecha.
“A todo esto se le podría denominar Operación Patraña”, concluye César Strawberry.
