Autor: Redacción (página 1093 de 1360)

En 2014 el ministro se reunió con el exdirector de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, para conspirar contra Xavier Trías, Francesc Homs, Oriol Junqueras y Artur Mas. En una terraza de Barcelona, sentados a la misma mesa, están los detectives Antonio Giménez Raso –además policía en segunda actividad a pesar de ser una profesión incompatible, según la Ley de Funcionarios de la Administración Pública– y los exempleados de la agencia Método 3, Julián Peribáñez y Antonio Tamarit.

Son ex compañeros de trabajo. Cuando Giménez Raso pidió el pase en segunda actividad de la policía, a mediados de la década del 2000, creó una sociedad de investigación privada con María Férnández Lado, conocida como Marita y madre del exdirector de la agencia de detectives Método 3, Francisco Marco. Allí conoció a Peribáñez y Tamarit, de quienes se serviría años después, cuando abandonó Consultoría de Seguridad Avanzada S.L para ser socio –a partir de 2008– del comisario José Manuel Villarejo en Servicios de Investigación y Detección S.L.

Entre medias, El Bigotes –como se conoce a Giménez Raso en el mundo de la investigación privada– estuvo en prisión preventiva por estar relacionado con una red de narcotráfico, aunque fue absuelto tanto por la Audiencia Provincial de Barcelona como por el Tribunal Supremo.

Sorprendentemente, la Policía nunca le abrió un expediente a su todavía agente por esos hechos. Además, hasta al menos la jubilación del ex Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino, siguió trabajando para la cúpula policial de manera privada, a través del entramado empresarial del funcionario Villarejo, y cobrando por sus servicios.

Pagos pendientes de Interior por ‘trabajos’ externos

La brigada política del Ministerio del Interior que dirigía el número dos de la Policía, el ya jubilado Eugenio Pino, estaba en plena actividad, aunque ya habían comenzado las tensiones entre dos personas de la confianza del DAO: el comisario Marcelino Martín Blas, jefe de Asuntos Internos, y Villarejo, único miembro conocido de una supuesta unidad de inteligencia policial.

En las notas informativas que el agente encubierto ha entregado a los dueños de la Banca Privada d’Andorra, los hermanos Higini y Ramón Cierco –para que los presenten en su defensa y en una querella contra Martín Blas–, y que están fechadas entre julio de 2014 y enero de 2015, el propio Villarejo reconoce que ha puesto sus empresas al servicio de la Operación Cataluña y que aún no le han pagado los servicios.

En concreto, escribe (en tercera persona) en una nota informativa con fecha de 4 de julio de 2014 cuál es su situación como adscrito a la DAO: «No usa despacho en ninguna sede policial, menos aún en la DAO, empleando por medida de seguridad para el contacto con sus colaboradores, una minúscula oficina alquilada con documentación operativa, cuyos gastos por cierto, aún no se le han abonado, a pesar de que se articuló la misma por orden de la superioridad».

Asegura también Villarejo que al no estar cumpliendo «la superioridad» como «única ayuda» cuenta con la que «a nivel privado recibe de empleados de la estructura empresarial familiar, firmas a las que en la mayoría de las ocasiones utiliza como cobertura para sus actividades de interés policial, todo ello además, sin coste alguno para el erario público».

Sin embargo, diferentes fuentes tanto de la Policía como del mundo judicial y empresarial aseguran que «son muchos los trabajos paralelos que esas empresas y Antonio Giménez Raso, socio de Villarejo, han hecho para la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal [UDEF], por ejemplo en el caso Gürtel, lo que motivó que en 2014 la Unidad de Asuntos Internos que dirigía el comisario Marcelino Martín Blas realizara una investigación que remitió a la Fiscalía Anticorrupción en la denominada Operación Colombo, en la que se relacionaban borradores de la UDEF con documentación hallada en el registro de la agencia de detectives Método 3 llevada a cabo en 2013″.  

El contenido de los whatsapps incriminatorios

Una de las pruebas clave de que los detectives recibieron dinero de los fondos reservados está contenida en el listado de más de 800 mensajes de WhatsApp cruzados entre Peribáñez y su compañera sentimental en aquellas fechas, una mujer que reside en Miami y acaba de denunciar ante los Mossos d’Esquadra que está siendo amenazada –incluso con el secuestro de su hija– por haber facilitado ese material al exdirector de Método 3, Francisco Marco.

La mujer, que ruega enfáticamente no ser identificada, ha denunciado que Peribáñez trabajaba para la policía y que ella lo vio reunirse, junto a su compañero Tamarit, con El Bigotes, un hombre al que identificó mucho después (al ver su foto) como Antonio Giménez Raso, quien presuntamente era el que les facilitaba el dinero de los fondos de Interior. Que este último era el enlace policial de los detectives queda bastante claro en el whatsapp que envía Peribáñez el 17 de enero de 2014: ‘Reunión con ag, el bigotes’

A lo largo del largo historial de mensajes quedará bien claro que “ag” es Antonio Giménez, quien actúa con el sobrenombre de “Andrés” durante toda la Operación Cataluña. Casi un año después de ese mensaje, Peribáñez dejará constancia por escrito, en conversación con su pareja, que está recibiendo dinero de Interior por sus labores de espionaje de políticos catalanes. Estos son los cuatro whatsapps:

1/12/14
P.– ‘He ido a buscar un regalito para mí’

El diálogo no deja lugar a dudas, Peribáñez está cobrando en secreto por hacer informes sobre políticos catalanes para la cúpula de Interior con el fin de descarrilar el proceso soberanista. Otros de esos mensajes de WhatsApp muestran claramente que es Antonio Giménez Raso, alias Andrés o El Bigotes, quien está repartiendo esos fondos, que no sólo los entrega a esos detectives sino también a otros colaboradores y testigos que participan en la llamada Operación Cataluña, según diversas fuentes coincidentes, policiales y judiciales, consultadas por este diario.

Del informe Pujol a las notas informativas a favor de los Cierco

Peribáñez y Tamarit llevaban tiempo colaborando con los Giménez Raso. Fuentes policiales y del sector de la investigación privada sitúan esta cooperación mucho antes, cuando en 2012 el agente Villarejo se hizo pasar por el periodista Javier Hidalgo y comunicó a la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, que había sido grabada en el restaurante La Camarga en una trampa tendida por los líderes del Partido Popular, Alicia Sánchez Camacho y Jorge Moragas.

Según estas fuentes, a finales de verano de 2012 la UDEF que dirigía el comisario José Luis Olivera –hombre cercano al ministro Fernández Díaz, a la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y a su esposo Ignacio López del Hierro– ya elabora una nota con parte de la información que aparece en la conversación de La Camarga, encargada a la agencia de detectives Método 3.

Sin embargo, no es hasta finales de 2012 cuando José Villarejo, haciéndose pasar por el periodista Javier Hidalgo, informa de esta grabación a Victoria Álvarez y consigue reunirse con ella gracias a que Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta le dijeron a la ex de Pujol Jr que confiara en el colaborador de sus informaciones.

Una vez convencida Vicky, Villarejo le presenta a Antonio Giménez Raso, a quien le hace pasar por el inspector jefe de la UDEF de Catalunya, Andrés García. No es a la única testigo de un caso de corrupción en la que el comisario en activo y el policía en segunda actividad les van con la misma coartada.

El propio Villarejo delata otro dato importante de esta participación en los informes tóxicos de la Operación Cataluña de su socio Giménez Raso y de Tamarit y Peribañez en sus notas informativas entregadas a los dueños del BPA para su defensa –aunque están imputados no sólo en Andorra sino también en Madrid por blanqueo de capitales–.

En esta ocasión, fechada el 21 de diciembre de 2014 –cuando ya sabe que está siendo investigado por Asuntos Internos por la grabación de una reunión con el CNI en el caso del pequeño Nicolás– intenta acusar al comisario Martín Blas y al inspector Rubén López de actividades ilegales en la investigación de los Pujol y afirma que éstos se autoenviaron «el 13-4-2014 una carta certificada urgente desde la oficina 0827694 de Barcelona con el nombre de Andrés García como remitente, para así justificar una supuesta denuncia anónima».

Resulta curioso, “porque acreditar una denuncia anónima cuando hay un remitente, Andrés García que se llama igual que el alias que emplea Giménez Raso, y hasta se sabe la oficina de correos y el día, teniendo en cuenta que hay cámaras de seguridad en las oficinas de correos, parece que es algo sencillo”, subrayan fuentes cercanas a la Dirección Adjunta Operativa, que además niegan que ningún anónimo llegase a Asuntos Internos en esas fechas.

Demasiados indicios de una conspiración que ya es evidencia.