¿Cuántas personas puede torturar, violar y asesinar un régimen cívico-militar en aproximadamente siete años? La dictadura argentina demostró que podía hacerlo con 30.000 almas. Lo consiguió a fuerza de tirar gente viva al mar, humillar sexualmente a mujeres y hombres o fusilar a jóvenes indefensos con un disparo en la nuca. Eso sí, después de obligarles a cavar su propia tumba. A comienzos de 1983, los gobiernos europeos eran plenamente conscientes de esas atrocidades. Pese a ello, hubo un presidente que permitió que se llegaran a acuerdos diplomáticos con los golpistas de Buenos Aires. Su nombre: Felipe González.
El gobierno que encabezó el socialista sevillano intercambió apoyos con la dictadura argentina en distintos organismos internacionales. Siguiendo la misma lógica que había aplicado su antecesor Adolfo Suárez, González no tuvo ningún reparo a la hora de recurrir al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país para conseguir sillones en diferentes entidades. Las continuas denuncias que llegaban desde la embajada española en Buenos Aires no afectaron a este capítulo de las relaciones entre La Moncloa y la Casa Rosada, ocupada desde el 24 de marzo de 1976 por uno de los regímenes más sanguinarios que la historia de América Latina recuerde.
“Bien se puede hablar de denegación de justicia en Argentina y de demolición de los derechos humanos básicos de los detenidos y desaparecidos”, escribió el cónsul español en Buenos Aires, Mariano Vidal Tornes, en un informe catalogado como “secreto” que fue redactado el 28 de enero de 1983, casi dos meses después de que González asumiera como presidente en Madrid. “La justicia argentina, como en todos los regímenes dictatoriales, no es independiente: el nombramiento, promoción, fijación de haberes y hasta la misma seguridad física de los jueces, depende del Poder Ejecutivo que condiciona evidentemente la actuación de los mismos, que llegan por esta vía a altas cuotas de corrupción”, destacaba el funcionario.
En realidad, el entonces presidente González no necesitaba leer esos informes para confirmar lo que ya era una dramática evidencia: la dictadura había cometido atroces crímenes contra la población civil. Antes de acceder a La Moncloa, el líder del PSOE había apoyado distintos manifiestos en defensa de las libertades en Argentina. Cuando llegó a la Presidencia, prometió a las víctimas de origen español que seguiría dándoles su total apoyo, ahora desde el ámbito institucional.
“Ustedes saben que el Gobierno se ha solidarizado en todo momento con las familias de las víctimas de estos secuestros y estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para llegar al total esclarecimiento de los hechos. Tengan la seguridad de que seguiremos luchando en el mismo sentido, porque para los socialistas la defensa de los derechos humanos, ya sean individuales o colectivos, supone un objetivo universal”, respondió González a la presidenta de la Comisión de Españoles con Hijos Secuestrados en Argentina, Carmen Vidal de Fernández, en una carta fechada el 27 de abril de 1983.
Un día antes, el Ministerio de Exteriores español había hecho llegar una carta a la embajada argentina en Madrid, aunque no precisamente para reclamar por los desaparecidos. Según consta en un documento obtenido por este periódico, el gobierno solicitó a la dictadura de ese país que respaldase la nominación española a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). La respuesta del régimen argentino llegaría tres meses después: el 22 de julio de 1983, la embajada del país sudamericano informó que sus diplomáticos apoyarían la postulación española, aunque no le resultaría gratuito: a cambio, Madrid tendría que apoyar “la candidatura argentina para el mismo cargo”.
El gobierno del PSOE volvería a pactar respaldos diplomáticos con la dictadura argentina en al menos otras cinco ocasiones. De nada valieron los continuos informes que llegaban desde la embajada en Buenos Aires, advirtiendo sobre la decisión del moribundo régimen -el 10 de diciembre de 1983 entregaría el poder al presidente Raúl Alfonsín, elegido en las urnas- de ocultar la información relativa a los cerca de 30.000 desaparecidos, incluyendo los alrededor de 700 de origen español.
Mientras la Junta Militar daba los últimos pasos para garantizar la impunidad de los asesinos y torturadores, el Ejecutivo liderado por González alcanzaba nuevos pactos en organismos internacionales. El 23 de abril de 1983 –cuatro días antes de que González le escribiese a la presidenta de la Comisión de Españoles con Hijos Secuestrados en Argentina- el ministerio de Exteriores había solicitado el voto favorable de la dictadura para acceder “a uno de los puestos del Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de Meteorología” (OMM) de cara a las elecciones que se iban a realizar en ese organismo al mes siguiente en Ginebra.
Según consta en el correspondiente documento, el candidato era Pedro González-Haba González, quien por entonces se desempeñaba como director del Instituto Español de Meteorología. “El gobierno español apreciará en alto grado el apoyo que ese gobierno conceda a dicha candidatura”, subrayaba la nota de Exteriores. Algunas semanas después, González-Haba conseguía acceder a ese cargo con el apoyo de 90 de los 146 países integrantes de la OMM.
España también recurrió a la dictadura argentina para postularse como sede del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología, auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Sin embargo, la puesta en marcha de ese centro estaría repleta de dificultades y no se concretaría hasta 1987. Finalmente, la ciudad elegida para albergar sus instalaciones fue Trieste (Italia).
Del mismo modo, la diplomacia argentina también recurrió al gobierno de González para tratar de conquistar asientos en entidades internacionales. Para entonces, la Junta Militar sufría un amplio descrédito a nivel mundial, por lo que carecía de los suficientes aliados para lavar su imagen. Así y todo, las autoridades españolas –tal como ya había ocurrido durante el periodo de Suárez en La Moncloa- se mostraron extremadamente receptivas ante cada pedido de respaldo que se formulaba desde Buenos Aires.
Siguiendo la lógica del apoyo mutuo, el 23 de agosto de 1983 la dictadura se dirigió al ministerio de Exteriores español para hacerle saber que estaba dispuesta a canjear votos. En una nota identificada con el número 422, la embajada argentina ofrecía “el apoyo solicitado para la candidatura española en Unidroit (Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado) en el entendimiento de que el Gobierno español apoye la candidatura argentina para ocupar la vacante en la Junta de Desarrollo Industrial durante la XXXVIII Asamblea de la ONU”.
Una semana después, el ministro de Exteriores en el gobierno del PSOE, Fernando Morán, recibía una nota de su embajador en Argentina, Manuel Alabart. En ese cable cifrado, el diplomático daba detalles sobre la reunión que había mantenido ese mismo día con el presidente del Tribunal de las Fuerzas Armadas de ese país, el brigadier Augusto Jorge Hughes. “Ha señalado que la Ley de Pacificación es imprescindible y que la totalidad de las Fuerzas Armadas, monolíticamente, se sienten solidarias con lo actuado en la guerra antisubversión”, relataba el embajador. La impunidad ya estaba consagrada.
