El guardia civil, del que las crónicas no dicen el nombre, como es habitual sólo con ellos, se aprovechó de su condición de agente de la autoridad para amedrentar a la víctima con una inspección y cerrar su empresa si se negaba a contratar los servicios de un determinado estudio de ingenieros.
Junto con el otro acusado, el guardia civil se personó a finales de 2011 en los locales de la víctima, a la que hicieron creer que eran intermediarios de un estudio de ingeniería al que debía contratar sus servicios para adecuar su empresa a la nueva normativa ambiental que, desde ese año, afectaba a las empresas de la chatarra.
Le dijo a su víctima que por los contactos y amistades que tenía en la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, agilizaría los trámites para conseguir la adaptación del negocio. En caso contrario le amargaría la vida con inspecciones y lograría su clausura.
Ante la amenaza, la víctima anuló el contrato que ya tenía concertado con otra entidad para tal fin y entregó seis cheques al portador para iniciar los trámites y también realizó dos pagos en efectivo por otras tantas denuncias que recibió del Seprona.
Además, el guardia civil le pidió otros 11.997 euros para avalar a su compinche en la compra de unos plásticos destinados a la agricultura.
El propio estudio de ingeniería fue el que puso en conocimiento de la víctima el impago de las facturas, siendo entonces amenazado por el guardia civil.
En abril de 2013 al empresario le clausuraron una de las tres chatarrerías por no haberse llevado a cabo los trámites para adaptarse a la normativa ambiental.