A Sánchez le acusan de infringir la Ley Mordaza para evitar que se celebrase la masacre taurina, un objetivo que no llegó a conseguir.
La delegación del gobierno justifica la aberrante sanción diciendo que Sánchez puso en peligro la vida de las personas concentradas en el recorrido y los agentes de seguridad que velaban por la protección de las mismas, ya que el toro pasó por esa rotonda mientras un agente de seguridad protegía tanto al encadenado como a los participantes que se encontraban en actitud pasiva.
Lejos de amedrentarse, Sánchez asegura que seguirá protestando contra el Toro de la Vega: «Es una forma de intentar reprimirnos pero no van a conseguir pararnos. Si el año que viene se celebra el torneo volveré y con muchísimas más ganas».
Lo que debería haber hecho la delegación del gobierno es sancionar a los organizadores, que soltaron al toro cuando los antitaurinos se encontraban aún en el trazado y antes de que Adrián fuese liberado.
En aquel momento, el resto de activistas formó una barrera humana para protegerle. «Se quedaron rodeándome y eso me tranquilizó un poco, porque si me hubieran dejado solo… Lo que hicieron tiene más valor que lo mío, porque ellos estaban sueltos y se podían ir. Yo no», afirma agradecido. El astado les pasó a escasos tres metros pero siguió su camino y «menos mal que no le dio por embestir».
«Nos llama la atención que el 12 de septiembre presentamos una denuncia pidiendo la suspensión cautelar del Toro de la Vega del día 15 porque se podía poner en peligro la seguridad ciudadana, y todavía ni siquiera se ha tramitado. Aquel día ya anunciamos lo que iba a pasar», agrega Sánchez.
Los organizaciones crearon un peligro que pudo acabar con la vida de alguna persona, pero el gobierno no se dirige contra ellos.
Las multas se han convertido un nuevo impuesto. Con este tipo de sanciones, los manifestantes van a tener que contratar un seguro de multas, o bien trabajar un año entero para poder pagarlas.