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Día: 25 de agosto de 2025 (página 1 de 1)

Israel está arrasando la Ciudad de Gaza, en medio del silencio internacional

Israel ha comenzado a implementar su plan para destruir y ocupar la Ciudad de Gaza. El ejército lleva a cabo operaciones simultáneas de bombardeo y demolición en el sur, este y norte, avanzando desde tres ejes hacia el centro de la ciudad en una campaña de destrucción total. Esta escalada marca una nueva fase en el genocidio que dura 23 meses contra los palestinos en la Franja de Gaza.

El ataque se produce tras el anuncio oficial del ejército israelí de la Operación Carros de Gedeón II el 20 de agosto, cuando la fase preliminar ya estaba en marcha. Más de un millón de personas se encuentran atrapadas en menos del 30 por cien de la Ciudad de Gaza, todas ellas amenazadas de desplazamiento forzado hacia el sur como parte de un plan para arrasar la ciudad, infligir destrucción sistemática y establecer un control militar total.

Ayer las tropas israelíes detonaron un robot cargado de explosivos en el barrio de Al Saftawi, al norte de la ciudad. Se produjo tras la infiltración de vehículos militares y una excavadora en la zona vecina de Abu Sharj, tras lo cual el robot fue desplegado y detonado a distancia, causando una destrucción generalizada.

El ejército israelí también detonó robots en la zona de Al Wahidi, en Jabalia Al Balad, y en la zona de Zarqa, al sur, destruyendo otras viviendas y barrios residenciales. Esta mañana, aviones israelíes lanzaron intensos ataques aéreos sobre Jabalia Al Balad, dirigidos contra la rotonda de Abu Sharj y el cementerio de Jabalia Al Nazla.

Además de desplegar robots cargados de explosivos, el ejército israelí ha intensificado el uso de drones cuadricópteros cargados con cajas explosivas. Los drones dejan caer su carga dentro de edificios o sobre tejados, causando daños tan devastadores como los causados ​​por robots o ataques aéreos. En los últimos días numerosos edificios de varias plantas y barrios residenciales han sido destruidos en Al Saftawi y Jabalia Al Nazla. Estas zonas y sus alrededores aún albergan a un gran número de residentes y desplazados internos del norte de Gaza, obligados a huir debido a los incesantes bombardeos.

Las operaciones de destrucción en Al Saftawi, en el norte, forman parte de un plan militar israelí más amplio que abarca toda la ciudad de Gaza. Operaciones similares se están llevando a cabo en el este, especialmente en Tuffah y Shujaiyya, y en el sur, en Zeitoun, donde ya se han destruido más de 500 viviendas. En Al Sabra varios edificios residenciales también han sido arrasados ​​mediante robots cargados de explosivos y ataques aéreos, incluyendo viviendas ocupadas como el complejo de la familia Abu Sharia, que fue bombardeado el jueves 21 de agosto, matando a ocho miembros de la familia, entre ellos cuatro niños.

La continua destrucción masiva viene acompañada de un patrón recurrente de asesinatos deliberados, en los que el ejército israelí ataca directamente a cualquiera que se mueva en estas zonas, incluyendo a quienes huyen de la muerte. Este es el caso de dos hermanos, Awad Ihsan Saadallah y Nadine Ihsan Saadallah, quienes murieron el sábado en un ataque aéreo que alcanzó a un grupo de civiles cerca de la mezquita Hamza en Jabalia Al Nazla.

La intensidad de los ataques israelíes, sumada a la limitada capacidad y accesibilidad de los pocos hospitales que aún funcionan y a la falta de recursos y presencia de Protección Civil sobre el terreno, impide un recuento preciso de las víctimas. El número real de muertos es casi con toda seguridad mucho mayor que el anunciado o registrado hasta la fecha.

Estas prácticas tienen consecuencias catastróficas e irreversibles para cientos de miles de civiles que ya sufren hambre y desplazamiento. Son sometidos a bombardeos y masacres a diario mientras su ciudad es arrasada barrio por barrio ante sus ojos, mientras la comunidad internacional guarda silencio y no reacciona ante uno de los crímenes de genocidio más atroces de la historia moderna.

Los continuos ataques y la expansión de las operaciones israelíes, cuyo objetivo es ocupar totalmente la ciudad de Gaza, corren el riesgo de desencadenar masacres sin precedentes contra la población civil, destruyendo lo que queda de una respuesta humanitaria ya deficiente.

Esta escalada continua constituye un nuevo capítulo en el genocidio israelí, perpetrado a plena vista de la comunidad internacional, que continúa brindando apoyo político, financiero y militar a sus perpetradores. Estas masacres no son incidentes aislados ni pasajeros, sino el resultado deliberado de una política israelí oficial y públicamente declarada. El mundo tiene la responsabilidad de facilitarlas mediante su silencio e inacción, lo que, en muchos casos, equivale a complicidad directa.

Todos los Estados, individual y colectivamente, deberían cumplir con sus obligaciones y actuar con urgencia para poner fin al genocidio en Gaza, tomando todas las medidas necesarias para proteger a la población civil palestina en el territorio.

Los países occidentales también deben imponer sanciones económicas, diplomáticas y militares a Israel en respuesta a sus sistemáticas y graves violaciones del derecho internacional. Estas sanciones deben incluir la prohibición de la exportación de armas a Israel y el cese de la compra de armas a ese país; medidas para suspender toda forma de apoyo y cooperación política, financiera y militar; la congelación de activos de los funcionarios involucrados en crímenes contra los palestinos o que los inciten a cometerlos; y la imposición de prohibiciones de viaje a estos funcionarios. Además, deben suspenderse los privilegios comerciales y los acuerdos bilaterales que otorgan a Israel beneficios económicos que le permiten cometer sus crímenes.

El mundo debe cumplir urgentemente con sus obligaciones legales y morales abordando las causas profundas del sufrimiento y la opresión del pueblo palestino, que persisten desde hace 77 años. Debe garantizar su derecho a vivir en libertad, con dignidad y a ejercer la autodeterminación, de conformidad con el derecho internacional; poner fin al régimen de apartheid impuesto por la colonización israelí; asegurar la retirada completa del ejército israelí; levantar el bloqueo ilegal de la Franja de Gaza; llevar a los perpetradores israelíes ante el cadalso; y garantizar a las víctimas palestinas su derecho a reparación e indemnización.

Las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en Washington portan armas de fuego

En junio miles de miembros de la Guardia Nacional e Infantes de Marina fueron desplegados en Los Ángeles, California, y desde el 12 de agosto en la capital federal, Washington, donde se encuentran vehículos blindados estacionados frente a la estación de tren y a lo largo de la explanada que flanquean las instituciones y monumentos del país.

Washington alberga a más de 1.900 reservistas de la Guardia Nacional, así como a policías de agencias federales como el FBI, la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la DEA (Agencia Antidrogas).

Ayer Trump amenazó con enviar tropas del Cuerpo de Reserva del Ejército a otra importante ciudad, Baltimore. También amenaza con enviar tropas a Nueva York. En cuanto a Chicago, el Washington Post informa que el Pentágono lleva semanas preparándose para desplegar la Guardia Nacional, con el pretexto oficial de “combatir la delincuencia y la inmigración”.

Anoche los reservistas de la Guardia Nacional comenzaron a portar sus armas de fuego, anunció el ejército en un comunicado, añadiendo que están autorizados a usar la fuerza solo “como último recurso y únicamente en respuesta a una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves”.

Los reservistas de la Guardia Nacional están asignados a cada estado y solo pueden ser desplegados en caso de emergencia nacional, como un desastre natural, a petición del gobierno federal y con la aprobación del gobernador local. No están autorizados a intervenir contra la delincuencia, disturbios ni protestas.

Trump no tiene competencia para enviar tropas federales a ninguna ciudad y ha inventado una crisis para justificar la militarización del país.

El mayor exportador mundial de mercenarios: Colombia

Últimamente, en los medios de comunicación aparece cada vez más información sobre la participación de mercenarios colombianos en diversas guerras esparcidas por todo el mundo: en Yemen, Sudán, Ucrania, Libia, Somalia…

Los mecanismos de reclutamiento de mercenarios colombianos están bien establecido desde hace tiempo. A partir de 2011 los militares retirados de Colombia comenzaron a aparecer en el norte de África y Oriente Medio. También se sabe de colombianos que combatieron en Irak en 2006 junto al ejército de Estados Unidos.

El éxito del mercenariado entre los militares colombianos es el dinero: se gana mucho dinero, cinco veces más que en Colombia. Por 4.300 dólares mensuales es posible enviar a un pistolero para disparar en cualquier parte del mundo. Pero no siempre se cobra, o no se cobra lo prometido. El gobierno de Kiev es uno de los que peor cumple.

Desde hace 60 años el ejército colombiano ha sido entrenado intensivamente por Estados Unidos para luchar contra la guerrilla (FARC, ELN). El mercenariado se convirtió en una industria paralela, con numerosas empresas privadas de seguridad y una bolsa de “trabajo” para 250.000 pistoleros.

El incidente más notorio en el que participaron mercenarios colombianos fue el asesinato del presidente haitiano Jovenel Mose en 2021. Diecisiete colombianos permanecen detenidos por el ataque en Puerto Príncipe. Varios de ellos sostienen que fueron contratados para secuestrar al presidente, no para matarlo. Dos de los dirigentes de la operación, planeada en Estados Unidos, han sido condenados a cadena perpetua en Florida.

El reclutamiento principal de mercenarios se realiza a través de empresas privadas, como Global Security Service Group de Emiratos Árabes Unidos y la agencia nacional International Services Agency A4SI, dirigida por el coronel retirado Álvarez Quijano.

Las primeras exportaciones se realizaron ya en 2014, cuando llegaron a Emiratos Árabes Unidos unos 2.000 mercenarios de Colombia; muchos de ellos terminaron en Yemen y Sudán, así como en Libia.

Por ejemplo, el colombiano Jaime Henao, de 40 años, ha tenido una larga carrera como mercenario. Fue entrenado por BlackWater/Academi en Estados Unidos y luego sirvió en Afganistán, donde trabajó como guardia en el consulado de Estados Unidos en la ciudad de Herat, escenario de un ataque suicida de los talibanes en septiembre de 2013. Ahora es instructor militar en Libia contratado por Emiratos Árabes Unidos.

En Sudán los mercenarios colombianos forman parte de las Fuerzas de Reacción Rápida (1), donde, como se sabe, participan en operaciones de asalto a la ciudad de El Fasher. Algunos mercenarios se dedican a labores de instrucción: hay información de acceso público sobre su entrenamiento a niños sudaneses.

Al territorio ucraniano los mercenarios suelen llegar a través de Segurcol, que también suministra combatientes para el Cártel de Jalisco Nueva Generación, como denunció recientemente Dmitri Mededev (2). El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia calcula que en la Guerra de Ucrania han muerto unos 300 colombianos, aunque no dice nada de los presos ni de los deparecidos (3).

Además de recurrir al GUR (Dirección Principal de Inteligencia) y a la Legión Extranjera, el gobierno ucraniano sigue reclutando mercenarios a través de sus consulados y embajadas, como ya ocurría al principio de la guerra. A través de este canal, ingresan en el ejército ucraniano principalmente personas sin experiencia combativa, pero deseosas de adquirirla para algún fin posterior, como ingresar en el mundo del narcotráfico.

En Yemen los colombianos participaron en combate contratados por Emiratos Árabes Unidos contra los hutíes. Muchos de los veteranos terminaron luego en Sudán, coordinando fuerzas locales o manejando drones, lo que aprendieron en Emiratos Árabes Unidos.

Colombia es el mayor exportador mundial de mercenarios, a pesar de que el gobierno de Bogotá lleva ya dos años intentando luchar contra el reclutamiento. Recientemente, tras la muerte de 40 mercenarios colombianos en Sudán, Petro presentó de urgencia en el parlamento un proyecto de ley para prohibir el mercenariado, pero hasta ahora no ha logrado avances significativos.

Cada año aumenta el número de militares colombianos retirados y la profesión de mercenario es una de las mejor pagadas. Al igual que su reclutamiento. Es un negocio que ningún gobierno puede impedir porque la seguridad privada es un sector económico en auge. Tan pronto hay que proteger a los barcos europeos que circulan por el Mar Rojo, como hacer de guardaespaldas de algún magnate.

(1) https://english.elpais.com/international/2024-12-09/colombian-mercenaries-recruited-to-fight-alongside-paramilitaries-in-sudans-civil-war.html
(2) https://www.parriva.com/news-digest/russian-security-council-member-accuses-ukraine-of-recruiting-members-of-the-cjng-and-the-sinaloa-cartel-for-the-war/
(3) https://english.elpais.com/international/2024-12-23/colombia-the-worlds-largest-exporter-of-mercenaries-were-like-soccer-players-headhunters-look-at-your-work-and-make-you-an-offer.html

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