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Día: 1 de noviembre de 2022 (página 1 de 1)

Una ONG estadounidense implicada en crímenes contra la humanidad en África

El lema “Las vidas de los negros importan” no se aplica a los negros africanos, según se desprende de un informe de Minority Rights Group (MRG) publicado en octubre de 2020 (1), que documenta tres años de violencia para desalojar a los batwa de sus tierras por parte de la administración del Parque Nacional Kahuzi Biega (KBNP), financiada por los gobiernos de Alemania y Estados Unidos y la organización mundial de conservación, Wildlife Conservation Society (WCS).

Los batwa son una minoría pigmea que vive desde hace miles de años en una de las reservas naturales más emblemáticas de la República Democrática del Congo (RDC), en la provincia de Kivu del Sur.

Los guardas del parque y los soldados del ejército congoleño mataron al menos a 20 batwas, violaron en grupo al menos a 15 mujeres y desplazaron por la fuerza a cientos más, después de que sus aldeas fueran incendiadas, asegura MRG en un comunicado.

La acusación relata escenas dantescas de crímenes contra la humanidad. El 23 de julio del año pasado, los guardabosques y los soldados destruyeron aldeas batwa dentro de la reserva natural. Los miembros de la comunidad describieron escenas de carnicería, con varios casos de violación en grupo, mutilación de las víctimas y toma de partes del cuerpo de los batwa como trofeos.

El objetivo último de la matanza es el desalojo de los batwa. Las administración del parque natural está llevando a cabo un programa de desalojo forzoso de los batwa que viven en el perímetro de su tierra ancestral.

La referencia a Alemania es a la Kreditantstalt für Wiederaufbau (KfW), una institución de crédito alemana muy implicada en la conservación en África. Dondequiera que esté el WCS estadounidense, el KfW nunca está lejos. Ambas instituciones comparten la idea de que el ser humano es una forma de contaminación ambiental y que una buena conservación requiere su eliminación.

Una tribu de ecodelincuentes

La campaña de violencia contra la población local se inició en 2015, cuando Warren Buffet y su hijo Howard G. Buffet declararon la “guerra total a la caza furtiva en África”. Howard empezó a comprar helicópteros y armamento pesado para acabar con los “eco-delincuentes” de África, aunque sean familias rurales que tradicionalmente sobreviven de la caza.

Después de trabajar en Tanzania, la atención del segundo hijo de Warren Buffet se dirigió rápidamente a la región de los Grandes Lagos, en particular a la República Democrática del Congo. A partir de 2014 los planes ambientalistas puramente científicos fueron sustituidos por la conservación militarizada.

En Epulu la WCS quería apoderarse de la mina de oro de Muchacha. El antiguo presidente congoleño Joseph Kabila se la prometió a una empresa estadounidense, pero finalmente fue adjudicada a una empresa china.

Mientras 300 miembros de la comunidad batwa se encontraban en Bugamanda, la operación comenzó como una emboscada con un gran contingente de guardabosques y soldados que abrieron fuego y sellaron la aldea con unas 20 bombas de mortero. Uno de los testigos recuerda a sus hijos “gritando mientras regresaban a nuestra casa devastada. Pero no era sólo nuestra casa. Quemaron todas las casas”.

Los guardabosques aprenden a disparar morteros

Los guardabosques fueron entrenados por mercenarios blancos en el manejo de armamento pesado, como morteros, semanas antes de atacar a los batwa en la reserva natural. A petición de Estados Unidos, la ONU mantiene un embargo sobre la venta de armas a la República Democrática del Congo.

Los instructores militares de la WCS no sólo se encargan de la formación militar, la elección y la importación de armas, sino también de la selección de los guardabosques, que proceden del Instituto Congolés para la Conservación de la Naturaleza (ICCN). Se trata de una fuerza especial dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, pero armada.

El ICCN mantiene una estrecha relación con las principales ONG ambientalistas, incluida la WCS, principal gestora de los parques y reservas congoleños. El ICCN es el principal, si no uno de los pocos gastos de la WCS. El verdadero jefe de la ICCN es la WCS.

El comandante Mburanumwe, encargado de controlar las Unidades de Intervención Rápida, la unidad de élite del ICCN, durante la masacre de los batwa, era Innocent. Llegó a la reserva desde el Parque Nacional de Virunga (la reserva de grandes simios más famosa del mundo, cerca de la ciudad de Goma, también bajo la gestión de la WCS), donde trabajaba como subdirector.

En 2019 Mburanumwe fue acusado de violar y dejar embarazada a una niña de 15 años, y de intentar asesinarla con una pistola. Se presentó una denuncia ante el Tribunal Militar de Kivu del Norte. Al año siguiente consideraron que era más útil trasladarlo a la reserva natural. Al mismo tiempo que su llegada, la violación se convirtió en un arma de terror recurrente en el parque.

Desde ese año Innocent dirige el ICCN en la Reserva de Fauna de Okapis, en la provincia de Ituri. Su despacho se encuentra junto al jefe de la WCS, el antiguo teniente coronel Mike Nicholls, que fue destituido de su cargo el 25 de octubre. La WCS conoce bien el pasado de Innocent, pero sostiene que “podemos trabajar con él porque no es demasiado corrupto”.

El ICCN publicó un informe rechazando las acusaciones (2). La WCS también niega en rotundo los crímenes, aunque defiende la militarización de las políticas ambientalistas.

(1) https://minorityrights.org/programmes/library/pnkb/
(2) https://www.iccnrdc.org/docs/RAPPORT-DE-LA-COMMISSION-D-ENQUETE-PNKB.pdf

Países Bajos quiere controlar todas las transacciones económicas

El gobierno holandés quiere obligar a los bancos a registrar todas las transacciones de más de 100 euros en una gran base de datos. Es el paso previo a la implantación de una moneda digital del banco central.

Con esta medida el gobierno de Rutte abre la puerta a violaciones masivas de la intimidad y a una vigilancia masiva sin precedentes por parte de los bancos. Sólo los pagos más insignificantes serían anónimos.

No obstante, el pretexto invocado es impedir el blanqueo de dinero y la “financiación del terrorismo”. Sólo el gobierno holandés puede financiar al terrorismo.

La reina Máxima asistió este mes a la reunión anual del FMI y el Banco Mundial, donde pronunció un discurso en el que defendió las monedas digitales de los bancos centrales.

A diferencia de las demás criptomonedas, las que se disponen a emitir los bancos centrales tienen por objeto el control de la población, no sólo económico sino también social.

En contra de lo que se dice habitualmente, no es el Estado el que emite moneda, sino los bancos centrales, a la mayor parte de los cuales se los ha declarado “independientes”. A diferencia de cualquier otra institución pública, no responden ante nada ni ante nadie.

A causa de la crisis, los bancos centrales necesitan un nuevo sistema del control de cada céntimo, desde su creación hasta su circulación. Quieren tener la capacidad de hacer aparecer o desaparecer el dinero en tiempo real. Además, quieren poder controlar cada euro, incluyendo a quién pertenece y a qué se destina.

El plan de control tropezó con un importante obstáculo, las criptomonedas privadas, a las que acusan de evasión fiscal y blanqueo de dinero. Los bancos centrales se sumaron a la crítica mientras desarrollaban sus propias criptomonedas.

El objetivo final es la desaparición de dinero fiduciario.

El Banco de Pagos Internacionales, el “banco central de los bancos centrales”, ha publicado un estudio en el que indica que al menos 81 bancos centrales de todo el mundo han acelerado sus planes para lanzar sus propias criptomonedas, e incluso ha admitido que está desarrollando su propia tecnología digital.

El Fondo Monetario Internacional lleva años desarrollando un sistema mundial de criptomonedas vinculado a los derechos especiales de giro. Muchas instituciones se han interesado por esta tecnología. No es nada nuevo.

Pero el problema no es que el capital financiero vaya de cabeza hacia las emisiones de moneda digital, sino que la población las acepte. Eso nunca ocurrirá, a menos que el dinero fiduciario pierda su poder adquisitivo, que es el camino que se sigue actualmente.

En tal caso el sistema monetario actual entrará en crisis y los bancos centrales podrán imponer un control absoluto de las transacciones económicas y de las personas que las realizan.

Las criptomonedas oficiales impondrán un sistema en el que los dueños del dinero no tienen nada. Todo el dinero estará en poder de los bancos centrales.

Irán entrega drones al Frente Polisario para combatir al ejército marroquí

A principios del mes pasado el Frente Polisario anunció que pronto se equiparía con drones iraníes para luchar contra el ejército marroquí. “El ejército saharaui pronto utilizará drones armados en la guerra de desgaste en el Sáhara Occidental”, dijo el delegado saharaui, Omar Mansour, al presidente mauritano Mohamed Cheikh Ould El Ghazouani.

Tres semanas después, el eurodiputado Antonio López-Istúriz White, envió una pregunta escrita a Borrell, sobre “el uso de este equipo militar [drones iraníes] en el Sáhara Occidental y el grave riesgo que supone para la ya frágil seguridad y estabilidad de la región y del Sahel”.

La Unión Europea tiene motivos sobrados para preocuparse porque en el norte de África la guerra es cada vez más evidente y los alineamientos estratégicos también: mientras Marruecos se subordina a Israel, con Estados Unidos y España, los saharauis han recurrido a Irán, respaldados por Argelia y Rusia.

El equipamiento marroquí con drones israelíes es antiguo. En 2014 Marruecos adquirió tres drones Heron fabricados por Israel Aerospace Industries por 50 millones de dólares. En noviembre del año pasado, Haaretz informó de que Israel Aerospace Industries había vendido a Marruecos los drones kamikaze Harop.

Estados Unidos está considerando la posibilidad de ayudar militarmente a Marruecos que, por su parte, ha planteado ante la ONU la presencia militar de Irán en el Sahel: la rebelión huthí, que Irán apoya en Yemen con instructores militares y armas, podría repetirse en el Sahara.

El 4 de octubre Marruecos acusó formalmente a Irán de armar al Frente Polisario. Con motivo de una conferencia de prensa, el ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Nassir Bourita, y su homólogo yemení, Ahmed Awad Bin Mubarak, denunciaron las acciones del régimen iraní contra la integridad territorial de Marruecos y Yemen. Nassir Bourita acusó a Irán, Argelia y Venezuela de haber firmado un acuerdo para financiar la compra de armas iraníes (radares y otras armas convencionales) destinadas al Frente Polisario.

En 2020 la firma de los Acuerdos de Abraham entre Israel y algunos países del Golfo cambió el equilibrio de fuerzas en el norte de África. El 14 de noviembre del año pasado un comandante del Frente Polisario fue asesinado por un dron marroquí al este del muro alzado por Marruecos.

El Frente Polisario acudió a Irán para defenderse de Marruecos. En julio Argelia solicitó a Irán el envío de equipos e instructores militares para contrarrestar la cooperación entre Israel y Marruecos. Teherán envió equipos militares y tres drones a una base militar situada a unos 30 kilómetros de Tinduf. Según algunas fuentes, el envío del equipo militar y los drones estuvo dirigido por Hezbolah.

Si los drones iraníes son una pesadilla en la Guerra de Ucrania, Marruecos y sus padrinos deberían medir mjeor cada uno de sus pasos.

Por lo demás, 22 países han presentado ofertas oficiales para la compra de drones iraníes, incluidos Armenia, Tayikistán, Serbia y Venezuela.

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