En tiempos de Sarkozy el Ministerio de Interior legalizó a las bandas de “vecinos vigilantes” para controlar los barrios y municipios de Francia con una policía paralela. Incluso lo llamaron “participación ciudadana” (1).
En 2019 el Ministerio de Interior publicó una nueva circular, en la que se definía con mayor precisión el plan, que ya ha sido adoptado por 5.600 municipios (2).
Las pandillas de “vecinos vigilantes” las promueven el Estado y los ayuntamientos porque fortalecen los vínculos entre la policía y la población, aseguraba el Ministerio del Interior en 2015. Se trata de un “enfoque asociativo y solidario que implica a los cargos electos y a la población de un barrio o municipio en la protección de su entorno”, en colaboración con la policía local. “El dispositivo está estrictamente supervisado por la gendarmería, lo que garantiza que el compromiso de los ciudadanos no conduzca a la adquisición de prerrogativas que son responsabilidad exclusiva de la policía”, dice el folleto participación ciudadana (3).
Pero no es exactamente un proyecto exclusivamente público, ya que también participa una empresa de seguridad privada llamada VVS (Vecinos Vigilantes y Solidarios). La empresa VVS se inspiró en los “Neighbourhood Watch” anglosajones, que también son iniciativas púbicas y privadas a la vez. Ofrece a los ayuntamientos y vecinos la posibilidad de unirse a su red social para organizar la policia paralela.
Como en cualquier otra red social es posible crear un perfil personal, establecer una policía propia, publicar información o alertas en un diario, una especie de fuente de noticias, e intercambiar mensajes con otros miembros de la red. Cuando un ayuntamiento se adhiere, y se convierte en un “ayuntamiento vigilante”, puede informar a los vecinos de los posibles peligros. Para ello, contrata con la empresa un número predefinido de mensajes SMS que se envian a través de la red.
La empresa también ofrece a los particulares o a los ayuntamientos la posibilidad de comprar una señalización “disuasoria” con carteles o pegatinas que amenza a los transeúntes de que están caminando por una zona “vigilada”. Un documento indica que los “vecinos vigilantes” pretenden sensibilizar a los habitantes implicándolos en la protección de su propio entorno” (4).
En un informe VVS explica su objetivo: “Atentos a su barrio, los vecinos vigilantes y solidarios detectan acontecimientos inusuales […] Los comunican a todos sus vecinos mediante una alerta. La plataforma de comunicación “también permite a los vecinos intercambiar opiniones sobre temas distintos a la seguridad. Gracias a las herramientas puestas en marcha, pueden, por ejemplo, ocuparse de la vida del barrio” (5).
Cada red opera dentro una determinada zona geográfica y está dirigida por referente o persona de contacto. Son los vigilantes de los vigilantes. Puede ser nombrados por un ayuntamiento que sea un miembro de la red, aunque cualquiera puede convertirse automáticamente en referente al crear una red. Se encarga de transmitir la información al ayuntamiento o a la policía y de reclutar nuevos miembros para la banda.
Los miembros de “participación ciudadana” están bajo a supervisión de la policía o la gendarmería y el ayuntamiento.
Según la empresa, en 2017 la red cuenta ya con 500 municipios y 25.804 comunidades, que incluiyen a 250.000 viviendas, por lo que se trata de un fenómeno de masas, explica el sociólogo Matthjis Gardenier en un estudio (6).
El procedimiento de registro para convertirse en un vigilante solicita una gran cantidad de datos: nombre, número de teléfono, dirección postal y correo electrónico. Para certificar que la dirección es la correcta, lo cual imprescindible para integrar una “red” en un territorio determinado, el socio debe geolocalizarse o facilitar a la empresa un certificado de residencia.
La recopilación de datos sobre una población paranoica de la seguridad es una importante fuente de beneficios. Las empresas de seguridad privada comercializan sus mercancías, puertas blindadas, sistemas de alarma y videovigilancia.
Una empresa francesa, Mitrust, especializada en el intercambio de datos y alojada por Microsoft, certifica los datos, que la empresa VVS almacenan en los servidores de Scaleway, una filial del grupo Iliad. Al abandonar la red, los datos recogidos se conservan durante cinco años.
Las policías vecinales paralelas son otra muestra de un nuevo tipo de represión, típicamente fascista, caracterizada por el consenso. Es una represión participativa. Al Estado le interesa que los ciudadanos participen en la represión de sí mismos.
(1) https://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141013406.html
(2) https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=44631
(3) https://www.interieur.gouv.fr/content/download/84435/618923/file/brochure_particpation_citoyenne.pdf
(4) https://www.voisinsvigilants.org/download/index/doc/projet_de_protocole_voisins_vigilants
(5) https://www.voisinsvigilants.org/download/index/doc/dossier_presse
(6) Matthijs Gardenier, La communauté au service de la surveillance: capital social, lien social et figure de l’ennemi. Essai de typologie des ‘Voisins vigilants’, Revue Européenne des Sciences Sociales, 2020/2(58-2), pg. 189-216.
