El gobierno francés quiere que la campaña para vacunar a 15 millones de personas se lleve a cabo a través de los médicos de atención primaria.
Aunque el ministro de Sanidad mencionó la creación de centros de vacunación, los médicos de cercanía desempeñarán un papel central en la campaña, en particular con una consulta previa para cada persona vacunada. Este papel será aún más importante en los asilos, donde los médicos que los atienden podrán tomar la decisión final sobre si vacunar o no a un internado, si no está en condiciones de elegir por sí mismo y si no tiene un tutor o un representante legal designado.
Esto significa ponerles en el centro de un experimento masivo y, naturalmente, responsabilizarles de las consecuencias, algo que no están dispuestos a asumir. Ni ellos ni nadie, pero especialmente ellos: los médicos.
A pesar de que las vacunas son totalmente seguras, nadie quiere coger la patata caliente. Las farmacéuticas están exentas de responsabilidad y los médicos también, al menos en Francia.
En una carta fechada el 23 de diciembre y dirigida a Patrick Bouet, Presidente de los Colegios de Médicos, el ministro del ramo, Olivier Véran les ha informado de que no se les considerará responsables “por haber proporcionado información insuficiente a los pacientes sobre las reacciones adversas desconocidas en la fecha de la vacunación” (1).
Concretamente, un paciente vacunado que desarrolle efectos secundarios unos meses más tarde no podrá volverse contra el médico que realizó la vacunación. Aunque esta exención de responsabilidad existe para las vacunas obligatorias, en el Código de Salud Pública, no está prevista para las vacunas no obligatorias.
Metidos en un akelarre de persecuciones contra los médicos disidentes, los Colegios de Médicos se han congratulado de ello en un comunicado público. Quieren participar en el experimento, pero tampoco asumen ninguna responsabilidad.
¿Quién pagará los platos rotos? Si las vacunas son tan seguras, ¿por qué todos quieren ser tan irresponsables como el rey emérito en España?
El ministro les responde: el Estado pagará lo que haya que pagar “en el marco de la solidaridad nacional” a través de su fondo de indemnización, la ONIAM (Oficina Nacional de Indemnización de Accidentes Médicos).
Excepcionalmente así lo hicieron en 2009, durante la campaña de vacunación contra la gripe H1N1, dice la Dirección General de Sanidad.
El asunto tiene truco porque hasta ahora el Estado pagaba los platos rotos sólo en los casos de vacunas obligatorias. “Los daños y perjuicios atribuibles a las vacunas no obligatorias son responsabilidad de los agentes de la salud […] La víctima puede emprender acciones legales contra el fabricante de la vacuna, el médico que la prescribe, el médico que la vacuna y, si es necesario, contra la ONIAM”, dice este organismo en su sitio web (2).
El coronavirus lo ha cambiado todo, incluido el régimen jurídico criminal porque, aunque el médico cometa un delito al vacunar, el ministro se ha sacado de la manga una atenuante parea rebajarle la pena. Hasta ahora la ley establecía que un médico puede ser considerado responsable penalmente si ha cometido una falta (homicidio, lesiones involuntarias o peligro de muerte, por ejemplo). Sin embargo, en su carta, el ministro afirma que “para calificar una posible falta grave, el juez tendría en cuenta la urgencia con la que preside el despliegue de las vacunas así como las circunstancias (complejidad, carga de trabajo)”. En otras palabras, la ola de histeria que ellos mismos han creado sería una atenuantes para rebajar la pena al médico.
El montaje que llevan orquestando desde hace un año empieza a volverse contra sus propios promotores. Si, hay mucho miedo al virus, pero empieza a aparecer el miedo a la vacuna, e incluso contra los médicos.
(1) https://www.lci.fr/sante/vaccination-cette-note-qui-decharge-les-medecins-de-toute-responsabilite-penale-au-nom-de-l-urgence-2174286.html
(2) https://www.oniam.fr/accidents-medicaux-vaccinations-obligatoires
