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La Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadedh) es una entidad con sede
en España que promueve una «intervención internacional» contra el «régimen polisario», que desde 2009 y con el puntapié de Baltasar Garzón, ha interpuesto varias querellas en la Audiencia Nacional contra varios dirigentes de la República Árabe Saharui Democrática (RASD). Leer más
El enorme crecimiento del trabajo telemático a causa del confinamiento no es ninguna “revolución” sino todo lo contrario, dice la historiadora Raquel Varela, especialista en el cambio de las condiciones laborales, el movimiento obrero y la historia europea del siglo XX.
No es un motivo de celebración. “Yo no lo llamaría una revolución laboral, sino una contrarrevolución, porque es dramática la gestión que se está haciendo del teletrabajo. Cuando más necesitábamos del trabajo colectivo, en equipo, creativo… Estamos devolviendo a la gente a su casa, transformando no el trabajo en una casa acogedora, sino nuestra casa acogedora en una tortura de trabajo”.
“Desaparece la frontera público y privado y se intensifica mucho la demanda de trabajo. Lo que pasa con el teletrabajo es una intensificación de la ganancia de las empresas, porque disminuyen los costes inmediatos e invaden la casa de la gente”, lamenta Varela.
Con la pandemia los servicios de salud han sido desmontados de su excedente “Si miras una autopista, tiene dos o tres vías y una cuarta de parada (la banquina o arcén). Esta vía cuesta mucho construirla, pero casi nadie la utiliza, solo cuando hay un accidente. En los servicios de salud necesitamos también de una vía extra para situaciones de excepción. Lo que pasa es que los países del proceso neoliberal han desmontado esta vía de seguridad y han reducido los centros sanitarios al mínimo para funcionar.
El confinamiento es una práctica medieval que se aplicaba cuando no había ciencia, no existían servicios públicos de salud… Los gobiernos capitalistas del mundo tuvieron que admitir que no tienen medios para combatir una pandemia de baja letalidad. Imagínese si hay una pandemia de alta letalidad. La única solución es una idea completamente enloquecedora desde el punto de vista de la salud mental y física de la gente que es el confinamiento, y que tiene un impacto destructivo en la economía. Se habla ya de que hay 30 millones de personas que pueden morir de hambre, se habla ya de una pandemia mental tremenda”.
“Los trabajadores están pagando la factura de la crisis y no quienes tienen grandes ganancias. Y el dinero no produce dinero”.
Varela entiende que es necesario “situar a los servicios públicos fuera de la ganancia. Tenemos que considerarlos esenciales y pagar muy bien a los funcionarios públicos, porque son los garantes de la civilización. Y eso implica una inversión en trabajadores, no en tecnología y máquinas. Nosotros necesitamos gente que trabaje. No podemos seguir premiando a los empresarios del mundo que ganan millones y consentir que los servicios públicos funcionen con salarios que no permitan soñar. Hay que devolver la esperanza a los centros de trabajo, hay que devolver la autonomía, la creatividad, la reducción del horario del trabajo, la progresión en la carrera: la gente tiene que trabajar feliz; el trabajo no puede ser una tortura”.
Interrogada acerca de si esta coyuntura puede servir de “escarmiento” o aprendizaje, la historiadora se muestra más bien escéptica. “Yo no creo que las sociedades funcionen por causa de la racionalidad científica, sino por la fuerza política. No he visto nada en los gobiernos europeos que muestre un cambio en las políticas. La gran política ahora es la reconversión industrial a la tecnología 4.0 de industria verde, cuando lo que necesitamos más que nunca son educadores, médicos, enfermeros, transportistas… Necesitamos cuidar a quien trabaja, no necesitamos una supuesta inversión de capitales en maquinaria”.
La pandemia está sirviendo a las grandes farmacéuticas mundiales como una oportunidad de redimirse como las salvadoras ante unos consumidores que tradicionalmente las han mirado con recelo.
Las empresas farmacéuticas acumulan en los últimos años un buen número de actividades criminales por las que han sido sancionadas con miles de millones. Sin embargo, la dispersión y poca publicidad que se da a las sentencias hacen difícil evaluar el alcance de las ilegalidades cometidas a costa de la salud de millones de personas.
Tres investigadores estadounidenses, Denis Arnold, Oscar Jerome Stewart y Tammy Beck, han recopilado en la revista científica Jama (*) las multas impuestas a las grandes empresas farmacéuticas por las actividades ilegales cometidas entre 2003 y 2016.
La lista de multas está encabezada por GSK (GlaxoSmithKline), condenada en 27 ocasiones por más de 9.700 millones de dólares, con precios ajustados a la inflación de 2016.
Buena parte del total corresponde a la sanción de 3.000 millones de dólares que le impusieron en Estados Unidos en 2012, y que se convirtió en la mayor de la historia jamás pagada por un gigante farmacéutico. Los delitos cometidos por GSK fueron la promoción ilegal de ciertos medicamentos recetados, su falta de informes de seguridad y su responsabilidad civil por supuestas prácticas de precios falsos.
La farmacéutica está actualmente implicada en el desarrollo de varias vacunas contra el coronavirus con otras empresas, principalmente la canadiense Medicago y la francesa Sanofi. De esta última ha logrado vender a la Comisión Europea 300 millones de dosis de su potencial vacuna, que estaría disponible en la segunda mitad de 2021. Sanofi aparece también en la lista de Jama tras haber sido sancionada diez veces por valor de 536 millones de dólares en la última década.
Tras GSK ocupan las primeras posiciones en la carrera de fraudes otros nombres conocidos. Pfizer (18 multas y 2.910 millones) y Johnson & Johnson (15 multas y 2.668 millones) comparten el podio de delitos.
Tras ellas está Abbott, propietaria de la patente de un test de antígenos, con 11 multas y 2.581 millones en sanciones entre 2003 y 2016.
AstraZeneca, desarrolladora de la vacuna ideada inicialmente en la Universidad de Oxford, acumula 10 multas y 1.172 millones en los últimos años. La mayor parte de sus manipulaciones han consistido en alteraciones en los precios y reparto de mordidas ilegales para conseguir contratos. El director mundial de innovación de la farmacéutica, el oncólogo catalán Josep Baselga, tuvo que salir por patas del hospital Memorial Sloan Kettering tras desvelarse sus conflictos de interés con varias empresas del sector, que él nunca reveló en sus artículos seudocientíficos.
Eli Lilly está desarrollando en estos momentos el el bamlanivimab, uno de los anticuerpos monoclonales contra el coronavirus, aprobado hace unos días para su uso de emergencia en Estados Unidos. Aparece entre los cinco primeros defraudadores, con siete sanciones que le han supuesto 1.775 millones de dólares. La mayor parte, en este caso, se debió a promocionar productos para propósitos médicos más allá de los que estaban aprobados por la FDA.
Los autores del artículo se centran en empresas grandes. De las 26 farmacéuticas seleccionadas, un 85 por ciento han sido sancionadas por actividades ilícitas. Solo se libran cuatro: Biogen, Celgene, Gilead y Hospira. Hay que agregar, no obstante, que Celgene y Hospira fueron absorbidas por Brystol-Myers y Pfizer respectivamente, dos grandes empresas que sí aparecen en la lista.
Gilead, por su parte, ha recibido muchas críticas por los precios a los que pone sus tratamientos (Sovaldi, un remedio contra la hepatitis C o el remdesivir, que es una estafa típica del coronavirus, tasado en unos 2.300 dólares por tratamiento). Pero nunca ha sido multada.
Una de las categorías criminales habituales es el etiquetado engañoso, los sobornos o comisiones ilegales una vez logrado un contrato determinado, los daños medioambientales y la vulneración de los principios de competencia. Las categorías sancionadas con más frecuencia son las relacionadas con los precios, con la publicidad para usos clínicos no aprobados, con las comisiones ilegales tras conseguir un contrato o con el etiquetado engañoso.
Los investigadores estudiaron durante cuántos años habían continuado las empresas la actividad ilegal asociada a las multas. En esta categoría aparecen empresas menos conocidas como Actavis, más conocida por la compra en 2014 de Allergan, fabricantes del botox, por 66.000 millones de dólares. Actavis mantuvo de media durante 11 años las actividades por las que posteriormente fue sancionada, seguida de Amgen (9,78 años), Wyeth (8,71) o las ya mencionadas AstraZeneca (8,30) y GSK (7,22).
Ahora todas estas empresas compiten por ofrecer al mundo una pócima mágica contra la pandemia que las redima sus pecados y, naturalmente, infle sus bolsillos para que pueda seguir delinquiendo a costa de la salud de millones de personas.
(*) https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/10.1001/jama.2020.18740
El Ministerio de Salud de Perú ha paralizado de manera temporal los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus que la farmacéutica china Sinopharm lleva a cabo en el país andino por un “evento adverso serio”, según un comunicado publicado el sábado en su página web (*).
“La decisión de suspender temporalmente los ensayos clínicos es una medida de seguridad“, reza el texto, que especifica que “se produce ante la identificación de un evento adverso serio en uno de los sujetos de investigación”.
Se ha tomado esta medida de acuerdo con el Reglamento de Ensayos Clínicos y los protocolos establecidos para proteger la salud de los voluntarios durante la tercera fase de prueba de las vacunas candidatas contra la nueva enfermedad.
Desde el ministerio del país latinoamericano afirmaron que están realizando una investigación para determinar si el contratiempo se debe a la vacuna en cuestión o si existe otra explicación.
“Hace algunos días reportamos como corresponde ante las autoridades regulatorias que uno de nuestros participantes tenía algunos síntomas neurológicos que podrían corresponder a una complicación que se llama Guillain-Barré“, explicó el doctor Germán Málaga, investigador jefe de la Universidad Cayetano Heredia, que alberga los ensayos de dicha vacuna.
El experto indicó que el sujeto en cuestión presentó una disminución de fuerza en los movimientos de sus piernas, síntoma que corresponde al síndrome de Guillain-Barré. Málaga dijo que, si bien les parece poco probable que ese sea el diagnóstico por las características clínicas del paciente, el Instituto Nacional de Salud (INS) decidió interrumpir el estudio de manera temporal como medida preventiva.
Asimismo, detalló que el INS decidió crear una comisión de neurólogos para evaluar a la persona afectada. “Estamos preocupados por la situación y hemos dado todo nuestro apoyo y soporte para que este caso se aclare”, agregó.
Sinopharm estaba a pocos días de concluir la primera etapa de sus pruebas en Perú, donde 12.000 personas participan como voluntarios. Su idea era inocular la segunda dosis de la vacuna a lo largo de las próximas semanas.
(*) https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/320285-ministerio-de-salud-respalda-proteccion-de-la-salud-de-los-voluntarios-para-los-ensayos-clinicos-de-vacunas-comunicado-n-352
Algunos países cerraron todo, otros casi no aplicaron medidas y muchos impusieron restricciones intermedias. La pandemia del Covid–19, que fue presentada como la nueva Peste Negra por los medios, no tuvo ni siquiera una respuesta unívoca de parte de las autoridades sanitarias en diversos países, e incluso la OMS declaró eventualmente que las cuarentenas debían evitarse todo lo posible.
Mientras buena parte del planeta actuaba como enfrentando un apocalipsis, los indicadores de exceso de mortalidad parecen indicar que el coronavirus no produjo el desastre que se anunciaba. Suecia es el mejor ejemplo. Demonizada en la prensa internacional por no instaurar cuarentenas, las cifras muestran que, comparando con los últimos diez años, en 2020 no presenta exceso de muertes. Hasta fines de noviembre de este año, la cantidad de muertos por cada 100.000 habitantes ha sido de 820 personas. En 2010 la cifra fue de 873, en 2012 de 877, en 2015 de 841, y en 2018 de 820 por cada 100.000 habitantes respectivamente.
¿Tiene sentido la histeria respecto a la forma en que Suecia ha manejado la pandemia a la luz de estos datos? Se podrá hacer críticas a aspectos del manejo de los suecos en este asunto, y tal vez eran necesarias algunas restricciones que no se implementaron. Pero en términos generales, cuando se observa que la mortalidad total es la misma, e incluso menor que la de años anteriores, es simplemente un absurdo suponer que el camino correcto era el encierro de toda su población.
Alemania, que ahora ha endurecido sus políticas –jamás llegando al extremo delirante de Chile–, muestra datos similares. Las cifras de muertos mayores de 80 años por cada 100.000 habitantes por semana del año muestran que en 2018, por ejemplo, hubo más muertes que en 2020, especialmente en las primeras 30 semanas del año. Es más, al menos desde 2016 la tendencia muestra ser muy similar a la del presente año. A la luz de esos datos, la declaración de Angela Merkel de que Alemania enfrentaba el desafío más grande desde la Segunda Guerra Mundial solamente puede juzgarse como exagerada.
En Chile, en tanto, decidimos introducir una humillante y devastadora cuarentena sin tener ninguna evidencia de que los costos de su implementación superarán sus beneficios. Hoy, diversos estudios para otros países –y datos para Chile– señalan que, en términos de salud pública, las enfermedades y muertes por otras causas se van a disparar producto de las cuarentenas. Esto es sin considerar el auge de la depresión, los suicidios, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual infantil, la criminalidad, la pobreza, la destrucción familiar, el hambre, el desempleo, y todo el desastre social y económico derivado de las políticas represivas.
Nada de eso parece importar lo suficiente a nuestras autoridades. Ni siquiera se considera la crisis de salud mental y física que se produce en niños debido a la clausura de colegios, a pesar de que hace rato es claro que estos no son transmisores relevantes de Covid-19. Tampoco sabemos si las cuarentenas realmente han disminuido la tasa de contagios en Chile, ni la tasa de mortalidad, pero de todos modos el Estado, bajo el pretexto de cuidar a otros, trata nuestros derechos fundamentales como si fueran una concesión estatal que puede ser revocada cuando la autoridad lo estime pertinente.
A los que sostenemos que este Estado es fascista donde brilla la democracia por su ausencia, hechos como la decisión del Tribunal Supremo español de mandar repetir el juicio en la Audiencia Nazional a Otegi, que ya cumplió condena, y que fuera declarado nulo o improcedente por el Tribunal de Estrasburgo, parece darnos, una vez más, la razón en vez de quitárnosla.
O la penúltima diciendo que la libertad de expresión no ampara el ultraje a la bandera (española).
Pero tanta aberración antijurídica y burricie antipolítica nos mosquea. Nos pone alerta, en estado de alerta, haciendo un chiste malo. Aparte de la naturaleza vengativa del fascismo, o de unos magistrados podridos de furores antigubernamentales, ¿cabría pensar en alguna segunda, o tercera, intención en estas maniobras que atentan contra los más elementales derechos políticos burgueses donde nadie puede ser condenado dos veces por un mismo delito? ¿O que no pueda haber otro juicio si no es a instancia del interesado, Otegi en este caso ?
Tal vez veamos tres pies al gato, pero afirmaríamos que esa decisión está dirigida, no tanto a la parroquia españolaza y patriotera dándola algo de carnaza, como a la élite -hay que hablar en estos términos- de EHBildu. Pero no para atacar un proyecto independentista , que ya se ha visto domado y domesticado, sino por algo más hondo. Y es hacer ver a la dirigencia de Bildu, a la intelligentsia abertzale, que con Arnaldo Otegi de líder les va a ir mal pues arrastra represión y reproduce el discurso oficial de una Bildu «filoterrorista» y «proetarra».
Sin él, sin Otegi, que recuerda demasiado el pasado de los años del «terrorismo», todo sería más sencillo y expedito. No bastarían las innumerables muestras de arrepentimiento y genuflexión ante el poder, pues éste siempre les exigiría un gesto más, sino que tendrían que pensar en deshacerse del máximo jefe, de «jubilarlo», como hicieron ellos con el rey emérito. Ni le recordarían a Otegi su pasado como militante de ETA ni a Felipe VI un pasado franquista inexistente, como sí pasaba con su padre.
Tal vez los tiros vayan por senderos más llanos, como podría ser el ADN fascista del Régimen del 39, y no haya que enredarse tanto. Es posible. Pero, si algo hubiera de lo que atisbamos, compadecemos a Otegi que, de haberse comido una condena (seis años) por decirle a ETA que abandone las armas, que eso fue el juicio «Bateragune», como ya se reconoce abiertamente ahora, de «hacer política» en el sentido que entiende el fascismo, esto es, la apariencia, y participar en sus instituciones inoperantes, o sea, rellenar un vacío democrático secular, se vea en un futuro inmediato, Otegi decimos, descabalgado por su gente del machito abertzale y dando conferencias. Cosas más raras se han visto.
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