Hace cuatro años, el 26 de septiembre de 2016, se firmó un acuerdo llamado “de paz” entre el gobierno de Colombia y las FARC que es “letra muerta” porque el terrorismo de Estado ni ha acabado, ni acabará.
Según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, a finales del año pasado en Siria había poco más de seis millones de personas desplazadas a causa de la guerra que asola al país desde 2011. En Colombia la cifra es de ocho millones de refugiados internos. El país sudamericano sigue teniendo el mayor número de desplazados internos del mundo.
Desde principios de 2020, más de 16.000 personas han sido desplazadas. Pero si ahora hay “paz”, ¿cuáles son las causas de que continúen los desplazamientos? Porque no hay campesinos desplazadas a causa de una guerra, hay una guerra para desplazar a los campesinos de las tierras que cultivan.
La cuestión, pues, es y siempre ha sido la propiedad de la tierra, no la lucha armada. Una parte del acuerdo “de paz” habla de otro brindis al sol: la reforma agraria integral que, tras cuatro años después de la firma de los acuerdos es letra muerta: de los 6,5 millones de hectáreas despojadas en las décadas anteriores, han sido devueltas a los campesinos menos del 6 por ciento.
En Colombia hay un problema de clase camuflado bajo las vestimentas de los derechos humanos. Por ejemplo, desde 2017 el número de asesinatos de sindicalistas ha vuelto a aumentar.
En casi la mitad de los casos los autores de los asesinatos de sindicalistas no han sido identificados. De los que han sido identificados, la mayoría son paramilitares.
En 2019 fueron asesinados 66 miembros del pueblo nasa, una minoría étnica colombiana.
En 2019 la Fundación para la Libertad de Prensa registró 113 amenazas y 360 agresiones contra periodistas. En 2018 fueron asesinados 34 sindicalistas. Otros 14 murieron entre 2019 y principios de este año.
Colombia es el país donde la vida de un ecologista no vale nada. 212 personas fueron asesinadas en todo el mundo por defender su tierra o por oponerse a la destrucción de la naturaleza en 2019. De ellos, 64 eran colombianos.
El 26 de febrero de 2020 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó su Informe Anual sobre la situación en Colombia el año anterior, que describe un panorama sombrío. 36 ataques, que resultaron en la muerte de 133 personas – el número más alto desde 2014 – se registraron ese año. Además, 108 defensores de los derechos humanos fueron asesinados. La organización colombiana Indepaz, el 21 de agosto de 2020, contabilizó el milésimo dirigente social o defensor de los derechos humanos asesinado desde la firma del acuerdo “de paz” en 2016.
La “paz” ya ha llevado al cementerio a mil personas. A ese precio es preferible la guerra.
