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Día: 17 de septiembre de 2020 (página 1 de 1)

La Comunidad de Madrid va a confinar a un millón de personas de tres municipios y tres barrios obreros

El gobierno autonómico de Madrid va a confinar selectivamente a la población de tres municipios (Leganés, Parla y Fuenlabrada) y en tres de los 21 barrios de la capital (Puente de Vallecas, Usera y Ciudad Lineal).

En total, en las seis zonas viven cerca de 1,1 millones de personas, en su mayor parte trabajadores. En un claro ensayo contrainsurgente, los movimientos serán restringidos, lo mismo que las reuniones sociales y la policía controlará las entradas y salidas a esas poblaciones.

De lo que no podrán liberarse los trabajadores será de ir todas las mañanas al tajo a cumplir con su jornada. En la nueva normalidad impera del principio “de casa al trabajo y del trabajo a casa”.

Los tres barrios de Madrid forman parte del cinturón sur-este de la capital, que se divide administrativamente en 21 distritos.

El gobierno autonómico anunciará oficialmente el confinamiento el viernes, aunque lo hará recurriendo a eufemismos típicos porque es una medida que sólo puede tomar el gobierno central con el estado de alarma.

Lo llamarán “limitaciones a la movilidad”, lo mismo que en Cataluña o en Castilla y León, aunque es una prohibición de las relaciones sociales con familiares, amigos y vecinos y los centros donde las personas se socializan.

Seguirá como hasta ahora la furia inquisidora contra cualquier clase de diversión, fiesta, botellones, bodas, cumpleaños y demás. Hasta la jornada de ayer se habían notificado 90 requerimientos por parte de policías municipales a personas que habían incumplido aislamientos o cuarentenas.

La calle es sólo para la policía o, como dijo Fraga, “la calle es mía”. El franquismo está cumpliendo uno de sus más preciados sueños.

13 manifestantes muertos en Colombia después de una semana de movilizaciones contra el terror policial

Bogotá, la capital colombiana, se ha visto sacudida por enfrentamientos diarios en la calle desde que la policía asesinara el pasado miércoles a Javier Ordóñez.

Trece manifestantes ya han perdido la vida y cientos han resultado heridos en los enfrentamientos con la policía. Algunas de las víctimas fueron asesinadas a tiros, lo que aumentó la furia de los manifestantes.

El viernes la policía colombiana asumió su responsabilidad en la represión a través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

El lunes una manifestación se volvió a transformar en una batalla campal entre manifestantes y antidisturbios, que dispersaron a la multitud con granadas de aturdimiento y gases lacrimógenos.

Los jueces investigan a 65 policías por abuso de autoridad y se han incautado alrededor de 40 armas para comprobar si fueron la causa de los disparos mortales contra los manifestantes.

Las principales movilizaciones se han producido en Bosa, Kennedy, Teusaquillo, Suba y Engativá, con incendios de vehículos y contenedores de basura a manos de los CAI (Comandos de Acción Inmediata).

Las protestas de Colombia, que se iniciaron en octubre del pasado, habían cesado por completo gracias a las órdenes de confinamiento y ahora se reanudan,

El detonante ha sido la detención la semana pasada de Javier Ordóñez, un padre de 46 años, que fue filmado por un testigo. Fue apaleado, recibió diez descargas eléctricas con pistolas táser y murió poco después.

Venezuela derriba un avión de Estados Unidos dedicado al tráfico de drogas

El ejército venezolano ha derribado un avión de narcotraficantes matriculado en Estados Unidos que había entrado ilegalmente en el espacio aéreo, según asegura Néstor Reverol, ministro de Interior del gobierno de Venezuela en un mensaje publicado en Twitter.

El avión matriculado en Estados Unidos se dedicaba al transporte de drogas y fue derribado por personal militar venezolano.

La información fue confirmada directamente por el ministro de Interior venezolano Néstor Reverol, quien explicó en un mensaje de Twitter que un avión matriculado en Estados Unidos había entrado ilegalmente en el espacio aéreo venezolano a través del Estado de Zulia.

Venezuela mantiene una alerta permanente con quienes trafican con drogas, especialmente por el espacio aéreo bajo su jurisdicción.

“Un avión de narcotráfico registrado en Estados Unidos que entró ilegalmente en el espacio aéreo venezolano a través del estado de Zulia ha sido neutralizado”, dijo el ministro Reverol en su perfil de Twitter, donde publicó imágenes del avión derribado.

“Estamos manteniendo un estado de alerta permanente. Estamos vigilando nuestro espacio aéreo para evitar que se utilice para el tráfico de drogas ilícitas desde Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo”, dijo el ministro.

No es la primera vez que Venezuela destruye una aeronave de este tipo. El gobierno de Caracas está intensificando la vigilancia sobre las fronteras del país para garantizar que no se organice ningún tráfico ilícito, en particular desde Colombia, el mayor productor mundial de cocaína del mundo.

En julio otro avión estadounidense ya fue blanco del ejército.

En 2013 Maduro ordenó que todos los aviones dedicados al narcotráfico que cruzaban el espacio aéreo venezolano fueran derribados. La iniciativa del proyecto de ley fue de Hugo Chávez.

Por fin la policía podrá detener a los apestados, los herejes, los negacionistas y a los que se relacionen con ellos

Esta semana el gobierno de Victoria, en Australia, debate en el Parlamento del Estado un nuevo proyecto de ley que concede a la policía la facultad de detener por la fuerza a los “teóricos de la conspiración”, a los sospechosos de propagar el coronavirus, así como los manifestantes contra el confinamiento y a quienes se relacionen con ellos.

Los manifestantes quedan equiparados a los enfermos. Si se aprueba, el proyecto de ley de medidas de emergencia permitirá a la policía detener a cualquier persona sospechosa de ser de “alto riesgo” o susceptible de propagar negligentemente el coronavirus, ya sea porque esté apestado con el virus o en contacto con una persona apestada.

Un portavoz del gobierno del Estado dijo que la norma también podría aplicarse a “los teóricos de la conspiración que se niegan a aislarse, o a las personas con una grave adicción a las drogas o con enfermedades mentales que carecen de capacidad para ponerse en cuarentena”.

Los detenidos podrían entonces ser colocados en una especie de nuevos campos de concentración que llaman “instalaciones de cuarentena”, naturalmente bajo la estrecha vigilancia de la policía.

En Australia el estado de terror no detiene su maquinaria ni un instante. El domingo la policía detuvo a 74 manifestantes y multó a otras 200 durante una protesta contra el confinamiento en Melbourne.

En cuanto se apruebe la nueva ley ya no habrá sólo detenciones ni multas, sino encarcelamientos apenas disimulados con los ropajes de la cuarentena.

Es algo parecido a la Ley de Peligrosidad Social del franquismo. Los manifestantes se consideran como personas “de alto riesgo” porque propagan el virus.

Junto a los manifestantes encerrarán a los familiares, los compañeros de trabajo, los vecinos, los amigos… y todo el que se ponga por delante.

Los antisistema y seudorrevolucionarios aplaudirán la represión policial añadiéndole el imprescindible toque folklórico de la ecuación “negacionista = ultraderecha”. Se pondrán del lado del terrorismo de Estado, como ya vienen haciendo.

https://www.theage.com.au/national/victoria/people-who-refuse-to-self-isolate-could-be-detained-under-proposed-victorian-law-20200914-p55vm0.html

https://caldronpool.com/victorian-government-pushes-new-bill-to-detain-conspiracy-theorists-anti-lockdown-protesters-and-families/amp/

Un juez federal declara ‘inconstitucional’ el confinamiento en Pennsylvania

Una sentencia de un Tribunal de Distrito de Estados Unidos ha resuelto que la orden del Gobernador Tom Wolf, que obligaba a la población a confinarse en su casa, limitaba el cupo de las reuniones sociales y ordenaba el cierre de todos los negocios “no esenciales”, es inconstitucional (1).

Es un pequeño triunfo en la siniestra era de la “nueva normalidad”. Un grupo de propietarios de pequeños negocios interpuso una demanda contra el Estado porque las medidas adoptadas con el pretexto de la pandemia eran excesivas y arbitrarias y, además, violaban los derechos constitucionales de los ciudadanos.

El juez William S. Stickman ha resuelto a favor de los demandantes (2). El Estado apelará, pero se espera que el fallo pueda sentar un precedente que limite el abuso de poder del gobierno, la “carta blanca” y la imposición de medidas draconianas e indiscriminadas contra la población.

Por grave que sea una emergencia, incluso una emergencia sanitaria, la autoridad del gobierno no es ilimitada, afirma la sentencia. Las libertades protegidas por la Constitución no son libertades condicionales, que se aplican cuando los tiempos son buenos pero que pueden dejarse de lado cuando los tiempos son malos.

La resolución de una crisis no puede reemplazar el compromiso con los derechos fundamentales, añade. La Constitución no puede aceptar una “nueva normalidad” en la que las libertades fundamentales del pueblo se subordinan a unas medidas políticas de emergencia sin límite de tiempo.

La Constitución establece ciertos límites que no se pueden cruzar, ni siquiera en una situación de emergencia, concluye la sentencia.

La decisión de este juez contrasta poderosamente con la ley recién aprobada por el gobierno del PSOE y Podemos que ha eliminado a los jueces ordinarios de las medidas de confinamiento para trasladarlas a los Tribunales Superiores de Justicia de la comunidades autónomas (3).

El PP ha apoyado en este punto a un gobierno “de izquierda” porque, de manera sistemática, a lo largo de la ley marcial, los Tribunales Superiores de Justicia han venido tumbando las decisiones de los jueces ordinarios contra las medidas de los gobiernos autonómicos.

Este verano, un juzgado de lo contencioso-administrativo de Lleida frenó la decisión de la Generalitat de confinar la ciudad y varias comarcas y, tras recurrir la decisión, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dio luz verde.

En Madrid ocurrió lo mismo ante la decisión de prohibir fumar en las terrazas. Un juez ordinario lo frenó hasta que el Tribunal Superior de Justicia terminó dando la razón al gobierno autónomo.

(1) https://edition.cnn.com/2020/09/14/politics/pennsylvania-coronavirus-large-gatherings-court-ruling/index.html
(2) https://drive.google.com/file/d/1FL3Y1kDPricSINHlym0lVIw9hdsvmZmx/view
(3) https://www.20minutos.es/noticia/4382212/0/juzgados-ordinarios-no-podran-frenar-confinamientos-medidas-anticovid/

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