Dos organizaciones, Transparency International y Global Witness, publicaron ayer un informe titulado “En el mundo turbio de las visas de oro”, en el que denuncian la compraventa de la ciudadanía europea o el derecho a residir en la Unión Europea a cambio de dinero, sin mirar su procedencia.
Los mayores escándalos sobre esta venta de derechos ciudadanos se han producido en los países que comercian con la nacionalidad, Austria, Bulgaria, Chipre y Malta, habiéndose producido en estos tres últimos casos de delincuencia de alto nivel. Malta, tan católica ella, es una cloaca de la delincuencia financiera de las mafias internacionales y el año pasado por estas fechas fue asesinada la periodista Dafne Caruana, explosionando una bomba en su coche, porque había publicado e investigaba la criminalidad en torno a la venta de la nacionalidad.
España encabeza la concesión de permisos de residencia a millonarios a cambio de dinero, una actividad que se realiza sin listas públicas. Desde que el gobierno de Mariano Rajoy lo instauró en 2013, se ha vendido la nacionalidad a 24.800 personas (inversores y familias de éstos) la residencia, ingresando anualmente por este negocio de dudosa moralidad anualmente alrededor de 980 millones de euros. España es el país que ha concedido más permisos de residencia mediante este tráfico de visados y el que más dinero ha conseguido, por delante de Chipre y Portugal.
Las condiciones que requiere España para conceder los visados de oro son la inversión de 2 millones de euros en bonos del Tesoro o 1 millón en un depósito en un banco nacional, fondo de inversión o un negocio, y la cifra baja hasta medio millón de euros si se trata de la compra de un bien inmueble. También se le concede a alguien que crea un negocio considerado de interés general. La agencia estatal que gestiona estos asuntos es la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos, dependiente del ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
De primeras se concede un visado de un año, prorrogable por otros tres si se mantiene la inversión y se visita España al menos una vez al año, más que nada para disimular. En el visado se incluye a la familia directa, mujer o marido e hijos.
El trabajo realizado por las dos ONG describe la nacionalidad de quienes han obtenido esta bicoca, y en el caso de España figuran en primer lugar los chinos, con 7.118 permisos, seguidos de rusos (4.715), estadounidenses (4.327), indios (3.233) y venezolanos (3.116). Los latinoamericanos pueden conseguir además la nacionalidad dos años después. Estas cifras incluyen también a los familiares, siendo 4.592 las concesiones a los titulares de la inversión.
Desde que se han implantado estos programas en bastantes países de la Unión Europea, al menos se han vendido 6.000 pasaportes y cerca de 100.000 permisos de residencia, con unos ingresos superiores a los 25.000 millones de euros. La Comisión Europea es consciente de que no se vigila adecuadamente la concesión de estas prebendas, cuya vigilancia es responsabilidad de los Estados miembros que las conceden, al igual que los requisitos de la concesión. El Ejecutivo de Bruselas prometió en su informe de ciudadanía de 2017 que este año publicaría un informe sobre los diferentes planes de visados de oro y las acciones que ha tomado, y la publicación de una guía de buenas prácticas, pero todavía no ha publicado nada.
La OCDE también abrió este año un período de consulta pública sobre la verdadera posibilidad de utilizar estos programas como elusión fiscal, y se está a la espera de que publique el resultado de esta consulta y las medidas que deben tomar los países miembros para evitar que las dobles nacionalidades y permisos de residencia se utilicen para la evasión fiscal.
http://www.lacelosia.com/espana-es-el-pais-que-vende-mas-permisos-de-residencia-actividad-aprovechada-por-delincuentes-millonarios-y-denunciada-por-organiza
