Día: 30 de marzo de 2018 (página 1 de 1)

Así lo desvelan unos informes de la policía franquista referentes a la investigación de una supuesta trama para liberarlos a todos. Es decir, más de un tercio de los habitantes de la capital leonesa estaban presos por la represión franquista.

Un informe, firmado por el jefe de la Comisaría de Investigación y Vigilancia y fechado en 1941, se refiere a las sospechosas actividades durante la guerra del sombrerero Fausto Ríus García que vivía en la calle Ancha (ya llamada Generalísimo) del que se indica: “Ha sido dos veces detenido, la ultima por sus actividades sospechosas en unión de otros muchos de probada desafección al Régimen, con sospechas de que intentaban un levantamiento en León a base de los 12.000 prisioneros que había en las prisiones que se proponían libertar”.

Una cifra altísima para una ciudad con unos 20.000 civiles durante la guerra, de la que se sabe a ciencia cierta que tenía unos 30.000 habitantes en 1936, pero que tras dos años de guerra había perdido unos 10.000 habitantes: los jóvenes estaban fuera de ella movilizados en los distintos frentes o en ocupaciones de logística para los franquistas. Sólo habría que sumar a la cantidad de civiles (en su mayoría mujeres, mayores y niños de corta edad) un par de miles de militares entre los de los cuarteles, los guardias civiles y los mandos (oficiales y suboficiales) de la Legión Condor. Así, en aquella época León albergaba 34.000 almas, 12.000 de las cuales no eran libres (el 35 por ciento).

Lo sorprendente, y desconocido hoy en día por el tupido velo que se echó sobre aquellos acontecimientos, es comprobar dónde se situaban los centros de detención, clasificación e internamiento en la capital leonesa. Muchísima gente aún cree que sólo fue San Marcos, pero eso no era así, ya que había al menos tres o cuatro localizaciones más con miles de presos en las calles leonesas, y otros lugares en los que se procedía a retenciones más cortas e interrogatorios, o de los que aún se carecen de noticias fiables. Son datos extraídos de retazos de los archivos y de pocos conocidas declaraciones escasamente publicadas, ya que la investigación es extremadamente compleja al estar en paradero desconocido las versiones de los propios responsables carceleros y la forma tan vaga de definir lo que ocurría por parte de los franquistas.

La estructura de los centros de detención, clasificación e internamiento (también conocidos como campos de concentración) en León tenía entre tres y cuatro tipos distintos. Los más pequeños eran los propios calabozos de la comisaría en el edificio Zarauza donde estaba el Gobierno Civil (en las actuales calles de Padre Isla, Héroes Leoneses y mirando a lo que hoy sería Gran Vía de San Marcos) y del Cuartel de la Guardia Civil en la calle del Cid mirando a la plaza de San Isidoro; también habría que indicar el cuartel del Cid para los primeros días de cautiverio de mandos importantes del Ejército que quedaron en el bando republicano.

A estos se podrían añadir el Gobierno Militar (situado en lo que hoy es el Mercadona de Padre Isla), el propio Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación Provincial (a cuya primera planta se trasladó en abril de 1937 la Comisaría de Investigación y Vigilancia), y varios colegios de la ciudad que se usaron de forma provisional y durante muy poco tiempo como campos de clasificación; ya que algunos documentos se refieren a detenidos en ellos. Más de una decena de centros de internamiento en la ciudad, según ha podido descubrir en los archivos Francisco Javier Fernández-Llamazares.

Después estarían los campos de concentración con miles de presos preventivos sin sentencia y a la espera de liberación o juicio, como era el caso del Hospicio, Santa Ana o Ponce. “El hacinamiento insufrible, primero tras la caída del Frente Norte en octubre de 1937, y mucho peor tras la derrota republicana en la Batalla del Ebro entre agosto y noviembre de 1938, donde hubo que acondicionar o recurrir (independientemente de las instalaciones penitenciarias existentes) a instalaciones de la Diputación (entre ellas el Hospicio), a colegios como el actual Ponce (que era inmenso), fábricas abandonadas como la antigua de curtidos de Julio Eguiagaray, no la de Lescún como equivocadamente está publicado, y todo tipo de instalaciones militares”, explica el autor de “Crónicas de la burguesía leonesa, un episodio de la Guerra Civil en León” y “Los leoneses que financiaron a Franco”. De esos 12.000 presos muchísimos eran aragoneses y catalanes, tras la caída del Frente del Ebro, y asturianos de la del Frente Norte (y, por supuesto, leoneses, y de cualquier parte de España).

Un tercer tipo era la cárcel de Puerta Castillo. “Esa era la más seria, penitenciariamente hablando, no por dureza. Si te trasladaban allí sabías que lo más probable es que no fueras a morir paseado”, comenta Javier Fernández-Llamazares. “Los que estaban allí eran condenados con sentencia firme, y sabían lo que les podía esperar; en realidad tal y como andaba la cosa era, paradójicamente, un alivio para sus familias”. Allí había un alto porcentaje de presos leoneses porque eran de su propia jurisdicción.

Y luego está el ya demolido en los 60 Cuartel de la Fábrica, situado donde el Hotel Conde Luna y la actual Subdelegación de Defensa lo que fue el Gobierno Militar en la calle del General Lafuente, precisamente el comandante del Regimiento del Cid que se sublevó el 20 de julio de 1936. De éste edificio ha salido a la luz poca documentación que demuestre haber sido presidio de muchos reclusos, aunque queda mucho aún que investigar sobre él.

Lo que sí es también destacable era una de las mejores salidas para los reos de aquellos campos de internamiento y concentración: “Hubo un montón de batallones de trabajo, presos con condena firme que trabajaban realizando carreteras y todo tipo de obra civil para redimir condena y en condiciones más favorables que las del resto de presidiarios”, según el historiador y conservador del Archivo de la Banca Fernández-Llamazares.

Lo que se puede decir de lo descubierto por los investigadores, como Francisco Javier González Fernández-Llamazares es que San Marcos no era ni mucho menos el único centro de retención de la capital, por lo menos en capacidad. Sí que es cierto que pasaron muchos presos por allí (las cifras no oficiales ni demostradas hablan de entre 6.000 y 15.000 personas), pero porque este campo de concentración “servía principalmente, tras los primeros y terroríficos meses de la guerra entre paseos y fusilamientos, para clasificar a los detenidos y enviarlos a otros lugares”.

“En realidad San Marcos en 1937 tenía una capacidad de 600 presos, ya habían empezado a disponerse otros lugares como el Hospicio, el Colegio Ponce o la fábrica de Curtidos en Santa Ana —de la familia Eguiagaray; no hay que equivocarla con la de los Lescún, aunque es un error que se ha repetido demasiadas veces—, como campos de concentración de personas sin juicio”, apunta Fernández Llamazares. Para afirmar esto, se basa en el fragmento de una declaración de la causa 493/37 que encontró en el Archivo Intermedio de la Región Militar Noroeste mientras investigaba los encarcelamientos de los hijos de los propietarios de Almacenes Pallarés por parte de los militares sublevados:

San Marcos tenía seiscientos presos en el primer trimestre de 1937. ¿Qué había ocurrido si lo que se conoce según los estudios tradicionales allí estuvieron entre seis y quince mil presos? Para Javier Fernández-Llamazares la cosa está bien clara: “San Marcos era campo de concentración pero sobre todo de clasificación. Un lugar donde los presos esperaban a ser juzgados, y de ahí se les trasladaba tras la sentencia militar firme a otros penales: cárcel provincial en Puerta Castillo, Astorga, Valencia de Don Juan, San Simón en Vigo, el Monasterio de Celanova en Orense (donde hubo multitud de presos leoneses), o la espeluznante San Cristóbal de Pamplona entre otras. Por eso pasó tanta gente, pero en períodos relativamente muy cortos de tiempo, hasta que les llegara el juicio; o por desgracia el ‘paseo’ o el fusilamiento en los primeros meses”.

Además, Fernández-Llamazares calcula que ya en abril de 1938 podía tener más de dos mil: “Las instalaciones las iban ampliando y el hacinamiento, por otro lado y a pesar de que ampliaban instalaciones, crecía por momentos”. Lo que también es más que probable “a  falta de investigaciones más concretas”, es que el antiguo Colegio Ponce (que había sido la Escuela Normal de Maestras y en aquella época aún se conocía con ese nombre), el Hospicio y la Fábrica de Curtidos también tuvieron ampliaciones y un número bastante importante de reclusos que podrían superar el millar o millares dados los datos ofrecidos por las autoridades. “En realidad el número concreto en cada uno aún no lo sabemos. Lo sabremos el día que consultemos documentaciones en archivos militares, donde pueden aparecer listas y planos con el número de presos y metros cuadrados de las instalaciones”, reconoce.

Sobre el otro error de ubicar el campo de concentración de Santa Ana en la fábrica de los Lescún, Javier Fernández-Llamazares asegura: “Los Lescún y los Eguagaray estaban emparentados y tenían dos fábricas de curtidos seguidas en la calle Santa Ana: la primera era la de Lescún y la segunda de los Eguiagaray, que eran primos carnales. Pero la que utilizaron para campo de concentración fue la de los Eguiagaray, y ampliaron el campo con terrenos aledaños que también eran de los Eguiagaray y los rodearon con alambre de espinos, no sólo los presos estaban dentro de lo que era la fábrica de curtidos”.

“Se publicó que era la de los Lescún, pero es falso por la sencilla razón de que la fábrica de los Lescún estuvo operativa durante la guerra fabricando suelas y botas para el ejército como demostré en mis libros, aportando facturas de la requisa. Está claro que no se puede fabricar y tener presos al mismo tiempo y en el mismo recinto”.

Las cifras de víctimas relacionadas con esta represión que se estiman en San Marcos son enormes, aunque quizás necesiten una revisión con más documentación al salir a la luz la existencia de estos otros centros de internamiento. Según algunos historiadores, 791 de los detenidos que pasaron por allí fueron puestos ante pelotones de ejecución, 1.563 desaparecieron paseados y otros 598 murieron por diferentes razones, fueran enfermedades o torturas. Casi unas 3.000 personas en la ciudad de León. De ser precisas estas cifras, más de la mitad de todos los que se estimaron en 2008 que fueron represaliados en la provincia por las Asociaciones de Memoria Histórica: 5.800.

“De lo que no me cabe la menor duda es de que las muertes reales son superiores a las publicadas y de que los leoneses presos en San Marcos fueron muchos más que los que aparecen en las listas. Sencillamente, hubo cientos de leoneses de la capital que fueron retenidos en San Marcos, pero al no habérseles abierto proceso, no figuran en lista alguna”, explica el historiador especializado en la Guerra Civil en la ciudad. “Además hay que tener en cuenta que los estudios que se han hecho sobre San Marcos han fallado también en el listado de las personas que estaban presas, porque incluyen hasta los visitantes que iban a llevar comida y ropa y a hablar con los que sí estaban allí recluidos”.

“Es evidente cuando en el listado de entradas se ve a una señora que, días después, firma algunas órdenes en el Banco de Bilbao explicando que lo ha de hacer porque un familiar suyo está preso allí: si estuviera encerrada sería imposible que pudiera comunicarse con el banco. Y no es el único ejemplo, queda mucho que precisar y corregir sobre la cantidad de gente que estuvo en San Marcos. Pero es que no es fácil unir todas las piezas. Eso sí, allí pasaron cosas terribles, y lo que es verdad es que el Hospicio, el viejo Ponce y la fábrica de Curtidos de Santa Ana fueron bastante más grandes en número de presos de lo que se cree y peores respecto a las condiciones de hacinamiento durante más tiempo, cosa que se agravó al final de la Guerra porque ya no cabían más soldados capturados de la República. Y cada vez llegaban más según se iba hundiendo el frente republicano”.

León, al haber estado desde el principio en el bando franquista, y ser el nudo de comunicaciones del noroeste, se convirtió en uno de los nodos de clasificación y encarcelamiento de los republicanos capturados durante la Guerra una vez pasados los primeros meses de represión mortal. Y las cifras que se van descubriendo en los archivos oficiales y privados lo demuestran.

El número de personas despojadas de libertad por causa de la guerra en la provincia es seguramente aún mayor si se suman los campos y cárceles de Astorga, Valencia de Don Juan y Ponferrada y los batallones de trabajos forzados; y más aún las personas que pasaron por el territorio provincial para terminar en otros presidios. Conocer esos datos, que pueden ser de decenas de miles de presidiarios, queda por certificar en los archivos. Aunque es posible que no se conozca nunca con precisión.

Lo más curioso de toda esta historia, es que la investigación en la que se descubre la cifra oficial de 12.000 presos, la que acusaba a varios leoneses de conspirar para “intentar un levantamiento en León para libertar a los prisioneros” se saldó con el cierre del rollo judicial sin acusados en firme. Ni los jueces se lo creyeron, pero la cifra de los falsos acusadores sobre los presos en la ciudad más real no podía ser si querían convencer a los magistrados de meterlos a buen recaudo. Mentiras que escondían una terrible verdad, que evidencia la absoluta arbitrariedad de los franquistas a la hora de enviar a miles y miles de personas a un infame cautiverio.

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