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Día: 8 de noviembre de 2017 (página 1 de 1)

Muere un ‘boina verde’ estadounidense estrangulado por dos ‘navy seals’ en Bamako

Las tropas de Estados Unidos que operan en el Sahel africano acaban de padecer otra baja, esta vez en circunstancias extrañas. Se trata del sargento Logan J. Melgar, estrangulado por otros dos miembros de Navy Seals, las fuerzas especiales de la Marina de Guerra.

Su muerte se une a la de otros cuatro “boinas verdes” muertos durante una emboscada en Níger cuando se disponían a ejecutar a un miembro de las milicias africanas.

El estrangulamiento se produjo el 4 de junio en Bamako, la capital de Mali, pero acaba de conocerse ahora. Se sabe que uno de los asesinos es Anthony E. DeDolph, que antes de alistarse fue maestro de artes marciales.

El silencio se debe a la rivalidad existente desde hace años entre las fuerzas especiales del ejército de tierra, llamados “boinas verdes”, y las de la Armada, conocidos como “Navy Seals”.

Han comenzado las acusaciones contra estos últimos por su indisciplina. Al Equipo 6 de la Navy Seals le acusan de estar fuerza de control, aunque en el Sahel aún no han comenzado los motines, como en Abottabad, Pakistán, tras la operación Neptune Spear que condujo al asesinato de Osama Bin Landen.

El incidente condujo a al muerte de 30 miembros de los Navy Seals que el Pentágono maquilló como si hubiera sido consecuencia de la caída de un helicóptero de transporte tropas.

En 2012 cuatro miembros del Equipo 2 de los Navy Seal fueron acusados de golpear a detenidos afganos, de los que uno murió a causa de la paliza.

Informes de la OTAN y de países aliados de Estados Unidos denuncian que en sus operaciones los Navy Seals se desplazan en vehículos todo-terreno, en camiseta y ataviados con cascos de beisbol.

Los problemas no son menores cuando los miembros de estas unidades retornan a Estados Unidos, donde se incorporan tanto a la policía a organizaciones criminales, provocando numerosos tiroteos bajo los efectos de drogas psicotrópicas.

El bajo índice de reclutamiento de los tres ejércitos de Estados Unidos ha conducido a la reducción de los requisitos para ir a filas que, progresivamente, se han llenado con indeseables, perturbados mentales y delincuentes.

Las tropas de Estados Unidos permanecerán en Irak, le guste al gobierno irakí o no

El secretario de Estado Rex Tillerson
El lunes el secretario de Estado Rex Tillerson afirmó que -probablemente- las tropas de Estados Unidos permanecerán en Irak, tanto si le gusta al gobierno irakí como si no. La excusa es conocida: tienen que derrotar al Califato Islámico y la guerra va para largo (si es que algún día se acaba).

Aunque el gobierno de Bagdad exija la salida, Estados Unidos no se marchará de Irak, donde sus fuerzas permanecen desde 2003, cuando sospecharon que había armas de destrucción masiva.

Tillerson compareció en compañía del general Jim Mattis en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado y dijo que las tropas “tenían derecho” a permanecer en Irak en virtud de un cheque en blanco: las autorizaciones de 2001 y 2002 para recurrir al uso de la fuerza militar en cualquier parte del mundo, aunque al mundo no le guste.

El senador Tom Udall le planteó una pregunta y Tillerson le contestó que “permaneceremos hasta que el Califato Islámico sea vencido y estamos convencidos de que ha sido vencido”. Entonces el senador insistió sobre le legalidad de dicha permanencia, a lo que el secretario de Estado invocó las autorizaciones de 2001 y 2002.

Sus explicaciones suscitan una “pequeña” pega: en 2001 y 2002 el Califato Islámicio no existía, por lo que aquella atorización no es válida. Debió apercibirse de su tontería, por lo añadió inmediatamente que estaban en Irak “por invitación” del gobierno de Bagdad, que no les ha enviado ninguna indicación para que se larguen.

El gabinete de Trump sigue dando muestras de que no sabe lo que se trae entre manos, porque la intención de permanecer en Irak contra la voluntad del gobierno no es más que otra invasión, como la de 2003, lo que abriría una nueva fase de escalada bélica. El Pentágono se tendría que enfrentar a los yihadistas, y, además, al ejército regular y a las milicias chiítas.

https://www.defensenews.com/pentagon/2017/10/30/tillerson-us-could-stay-in-iraq-to-fight-isis-wanted-or-not/

Otra de las artimañas típicas de la Audiencia Nacional para sus montajes políticos

La jueza Carmen Lamela
La jueza Lamela intentó engañar a Bélgica asegurando que el Govern catalán era corrupto para conseguir la extradición rápidamente. En la orden europea de detención la magistrada marcó la casilla de “corrupción” como único delito reconocido por Bélgica para entregar a Puigdemont.

En la Unión Europea las extradiciones se resuelven de manera inmediata si los delitos por los que se reclama una detención figuran en una lista con más de 30 categorías. En ninguna de ellas figuran la rebelión o la sedición. Así que Lamela no dudó en marcar con una equis la palabra mágica: “corrupción”.

Pero es como en la lotería: por si falla un número, compramos otro distinto. Entre la orden de prisión y la petición a Bruselas, los delitos de Puigdemont y su equipo han crecido de manera exponencial.

En sus autos de prisión, la jueza solo cita tres delitos (rebelión, sedición y malversación). Sin embargo, en el cuento enviado a Bruselas pidiendo las detenciones, habla de
cinco delitos de los que acusa al Govern cesado (prevaricación,
desobediencia, rebelión, sedición y malversación de caudales públicos).

El listado que la jueza ha remitido a Bélgica contrasta con lo escrito por ella misma en el auto en el que admitía la querella presentada por la Fiscalía General del Estado. En aquel auto, Lamela advertía de que el delito de rebelión absorbería los delitos de sedición, desobediencia y prevaricación.

Además de la profusión en el listado de delitos que Lamela presenta ante Bélgica es destacable el orden que la magistrada le da a los mismos. La prevaricación es el tipo delictivo elegido por la jueza de la Audiencia Nacional para encabezar la lista enviada en la orden de detención y entrega.

Según ese escrito «el Govern con sus proclamas y su conducta de sistemática desobediencia al Tribunal Constitucional fue alentando un movimiento de insurrección activa entre la población frente a la autoridad legítima de las instituciones del Estado con el fin de conseguir su objetivo secesionista, sabedor de que, por su ilegalidad, el referéndum solo podría celebrarse por la fuerza coactiva de la muchedumbre movilizada a estos efectos».

El formulario de una euroorden permite a quien la redacta explicar los hechos por los que pide la detención y traslado de un ciudadano. Se trata de un documento que incluye un importante apartado final: un listado que los países solicitantes deben cubrir simplemente marcando con una equis en las casillas adecuadas a los delitos por los que persigue a las personas reclamadas. Ese listado (pactado entre los miembros de la Unión Europea) no incluye ningún tipo delictivo relacionado con los hechos vinculados al proceso secesionista. Lejos de dejar en blanco esa lista de casillas, Lamela marcó con una equis el delito de corrupción.

Si Bélgica hubiera estimado la comisión de ese delito por parte de Puigdemont y sus consellers, la entrega hubiera sido inmediata. Muy al contrario, los tribunales belgas han decidido estudiar en profundidad las acusaciones de la jueza española, desechando la posibilidad de impulsar un trámite automático. Dicho de otro modo, las calificaciones del Govern de Puigdemont como un grupo de corruptos no han sido tomadas en consideración por los jueces belgas.

http://www.eldiario.es/politica/Lamela-convencer-Belgica-Govern-extradicion_0_705180359.html

Después de cinco ERE la multinacional Ericsson sigue teniendo el mismo número de trabajadores

El pasado mes de septiembre la multinacional sueca de las telecomunicaciones Ericsson volvió a presentar un Expediente de Regulación de Empleo en España que despedía a 450 trabajadores. Era el quinto ERE en diez años. Los sindicatos decidieron ir una vez más a la huelga este martes contra una medida que enmascara la precarización de sus condiciones laborales.

La multinacional despide periódicamente a cientos de trabajadores ─normalmente a personas de más de 45 años, con salario consolidado─ y vuelve a contratar a nuevo personal más joven y barato. ERE tras ERE la plantilla del monopolio no ha variado mucho del entorno de los 3.000 trabajadores. Tampoco es extraño que muchos de los despedidos terminen volviendo a trabajar para la multinacional a través de otras empresas subcontratadas.

Desde 1998 la empresa ha llevado a cabo siete procesos de despido colectivo. Los dos primeros acabaron con unos 1.200 puestos de trabajo, pero desde 2008 la estrategia de la empresa ha cambiado: menos despidos pero muchos más ERE. Así las cosas, los trabajadores han estado en la cuerda floja en 2008, 2010, 2013, 2015, 2016 y nuevamente ahora. “Siempre alegan causas organizativas, productivas y económicas, pero al menos en las económicas no nos salen las cuentas. La empresa siempre está dando beneficios”, explica un miembro del comité de empresa.

El argumento que utiliza la empresa para justificar las causas económicas es que tiene que inyectar millones de euros cada año para que otras empresas del grupo empresarial que va adquiriendo puedan desarrollarse y no estén en números rojos. El problema, abunda el sindicalista, es que ninguna de las empresas que Ericsson adquiere funcionan. En medio de ERE, el grupo compra empresas que o bien acaba matando o acaba vendiendo a precio de costo sin apenas invertir en ellas. Pone como ejemplo la adquisición de Abentel, filial de telecomunicaciones de Abengoa, una operación que cerró el año pasado, en plena crisis de Abengoa y que supuso la absorción de 500 trabajadores.

El año pasado el ERE en Ericsson se saldó con 280 despidos. En 2015 fueron 250 y en 2013 despidieron a 213. “Llevamos infinidad de despidos colectivos y eso genera un estrés y un terror inhumano en la platilla, además de malestar y desmotivación. A la gente se le quitan las ganas de ir cada día a la empresa con este clima”, añade el delegado sindical. La estrategia de la multinacional es purgar a la plantilla y modificarla según sus intereses de negocio. Los sindicatos exigen que, al menos, los despidos no sean forzosos y se propongan salidas incentivadas, además de medidas adicionales de reducción de costes y alternativas para la adaptación de competencias.

La empresa está utilizando mecanismos para “maquillar” sus cuentas, guiados por el bufete de abogados Sagardoy, que es el que diseñó la reforma laboral del PP en 2012 y sabe perfectamente cómo mover dinero entre empresas para poder alegar motivos económicos en el ERE. Los sindicatos critican que, mientras año tras año hay despidos, los accionistas de la empresa se reparten dividendos anuales y, además “no vemos que los costes laborales disminuyan. La brecha salarial entre la plantilla y los directivos es cada vez mayor. Por ejemplo, el año pasado repartieron bonos récord porque las ventas fueron satisfactorias. En resumen, lo que ahorramos despidiendo trabajadores se va a beneficios empresariales y a salarios de ejecutivos”.

Los sindicatos lamentan el escaso interés de la empresa por la formación de sus trabajadores, que permitiría la rotación en lugar de la sustitución en un sector que cada año avanza a pasos agigantados. Eso sin contar la cantidad de trabajo que se acaba subcontratando. Sólo con 20 por ciento del trabajo que Ericsson pide a empresas subcontratadas se podrían generar más de 300 empleos. Ni las horas extra que se hacen por sistema en una empresa donde no se ficha al llegar.

ERE tras ERE la empresa acabará con el plan social, que protege a los trabajadores de más edad en caso de despido colectivo. “Queremos menos subcontratación, menos horas extra, más teletrabajo y, sobre todo, que se nos garantice que el año que viene no tengamos que enfrentarnos a otro ERE”, concluyen.

http://www.publico.es/economia/extrano-caso-ericsson-cinco-diez-anos-y-mismo-numero-trabajadores.html

¿El fondo buitre más carroñero? El Banco Central Europeo

Eric Toussaint

Mario Draghi acaba de reconocer que los bancos centrales de los países miembros de la zona euro obtuvieron 7.800 millones de euros de beneficios gracias a los títulos griegos. Títulos que el BCE compró durante los años 2010-2012 en el marco del programa SMP (Securities Markets Programme). A esas ganancias se agregan otras sumas, de las que el presidente del BCE no habla: los beneficios realizados por esos mismos bancos centrales en el marco de las compras denominadas ANFA (Agreement on Net Financial Assets). También hay que añadir lo conseguido por los 14 países de la zona euro que concedieron préstamos bilaterales a Grecia, en 2010, con unos tipos de interés abusivos de cerca del 5 por ciento. Por ejemplo, Alemania logró más de 1.300 millones de beneficios gracias a su préstamo bilateral a Grecia. Por su parte, Francia no se quedó atrás. Sería necesario contabilizar también las economías realizadas por los países dominantes de la zona euro en la refinanciación de sus deudas públicas: la crisis que golpeó a Grecia y a otros países de la periferia produjo una fuga de prestamistas, quienes privilegiaron a los países más ricos de la zona euro, que, por consiguiente, consiguieron una rebaja en el coste de sus deudas. En el caso de Alemania, entre 2010 y 2015, las economías llegarían a los 100.000 millones de euros. Finalmente, el BCE compró en el marco del Quantitative Easing (QE) títulos soberanos alemanes por 400.000 millones de euros, la mayoría de las veces con un rendimiento nulo o negativo. El BCE compró también títulos soberanos franceses por un monto un poco inferior. Estas adquisiciones de títulos alemanes y franceses no le reditúan nada, mientras que los títulos griegos que posee con un valor diez veces inferior le aportaron 7.800 millones de euros de beneficio. Cualquiera puede responder a la pregunta de a quién beneficia esa política del BCE.

La mecánica es implacable: todas las veces que una parte de los beneficios del BCE obtenidos de los títulos griegos se transfirió a Atenas, ese dinero fue inmediatamente repartido entre los acreedores para pagar la deuda. Hay que terminar con ese saqueo. Los beneficios del BCE obtenidos a costa del pueblo griego deben ser devueltos a Grecia y utilizados, íntegramente, en gastos sociales para remediar los dramáticos efectos de las políticas dictadas por la Troika y lograr el relanzamiento del empleo. La deuda reclamada a Grecia debe ser anulada ya que es ilegítima, odiosa, ilegal e insostenible. Es lo que demostró la Comisión para la verdad sobre la deuda griega instaurada por la presidenta del Parlamento griego en 2015. El memorando en curso debe ser derogado.

Volvamos sobre la política del BCE con respecto a Grecia.

1. El papel del BCE en el primer memorando de 2010

El BCE, bajo la dirección de Jean-Claude Trichet —muy ligado a la banca—. intervino con la principal preocupación de limitar al máximo las pérdidas de los bancos privados franceses, alemanes, italianos y del Benelux, muy expuestos tanto al sector privado como al sector público griego.

Contrariamente a lo que proclama hasta la saciedad el discurso dominante, el problema principal era el planteado por unos bancos griegos al borde de la insolvencia, cuya posible quiebra constituía una serie amenaza para los prestamistas y en ciertos casos, para sus propietarios que eran, precisamente, bancos franceses, alemanes, italianos o del Benelux.

En el curso de la preparación del memorando de mayo de 2010, el BCE se negó a reducir la deuda pública mientras que, generalmente, el lanzamiento de un plan llamado de “rescate” va acompañado de una reestructuración de deuda. El BCE rechazaba esa perspectiva ya que quería dar tiempo a los banqueros extranjeros de los países dominantes de la zona euro a reducir su exposición a la deuda pública griega.

El FMI dirigido por Dominique Strauss-Kahn, persona también próxima al lobby bancario, adoptó la misma posición que el BCE. E incluso. el propio gobierno del socialista griego Yorgos Papandreu se preocupaba de defender los intereses de los banqueros griegos, siendo favorable a un plan de “rescate” que habría aportada algunas decenas de miles de millones de euros para su recapitalización. De ese modo se evitaba una reducción de la deuda pública griega que habría afectado a los banqueros, porque ellos mismos eran poseedores de títulos griegos.

El segundo aspecto fundamental en la línea de los principales protagonistas que establecieron el memorando, es la voluntad de aplicar una terapia de choque en Grecia: disminución brutal de los salarios y las pensiones, ataques radicales a los derechos sociales, aceleración enorme de las privatizaciones, etc. Y al mismo tiempo, el abandono del ejercicio de la soberanía por parte de Grecia como país y la transformación del Parlamento en una cámara de registro de las decisiones tomadas por los acreedores. A pesar de que esos objetivos no figuran en absoluto en el mandato del BCE, éste siguió interviniendo, en varios países, en la misma dirección (algunos meses más tarde en Irlanda, también en Italia, sin olvidar Portugal y Chipre).

Resumen: El BCE interviene, en primer lugar, rechazando una reducción de la deuda griega con el fin de proteger los intereses de los banqueros privados extranjeros y griegos; y en segundo lugar, formando parte de una Troika que organiza el reemplazo de los acreedores privados por acreedores públicos —en un primer momento, 14 Estados de la zona euro por un monto de 53.000 millones de euros y el FMI por un monto de 30.000 millones de euros—.

2. El BCE permite librarse ventajosamente de Grecia a los grandes bancos privados

Con el fin de ayudar a los bancos extranjeros a reducir sustancialmente su exposición a la deuda griega, el BCE lanza el programa SMP por el que compra masivamente en el mercado secundario títulos griegos. El BCE adquiere esos títulos a las grandes instituciones bancarias europeas que quiere proteger — prioritariamente se los compra a BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, BPCE, Hypo Real, Commerzbank, Dexia, ING, Deutsche Bank…—.

¿Qué habría pasado si el BCE no hubiera lanzado el programa SMP? Los precios de los títulos griegos habrían alcanzado un precio límite del orden del 20 por ciento de su valor nominal. Pero las compras masivas del BCE lo mantuvieron a un nivel anormalmente elevado, del orden del 70 por ciento del valor nominal. Por consiguiente, gracias al BCE, los bancos privados limitaron sus pérdidas en el momento de la reventa de los títulos. Mientras que el BCE se supone que no debe impedir el libre juego de las fuerzas del mercado, su intervención implicó una distorsión de los precios de reventa de esos títulos, al mantenerlos artificialmente altos.

¿Esa intervención favoreció al Estado griego? El hecho de que el precio en el mercado secundario de un título se mantenga al 70 por ciento de su valor nominal, en vez de caer a un 20 por ciento de dicho valor, no mejora la situación del deudor ya que debe pagar exactamente el mismo monto en términos de interés, puesto que éstos están calculados de acuerdo al valor nominal. Al vencimiento del título, debe reembolsar el 100 por ciento de ese valor. Podemos ir más lejos en el razonamiento: si los títulos de un Estado alcanzaran un precio tope, este podría proponer una recompra de títulos con un descuento que terminaría con el pago de sus intereses. Ese fue el caso de Ecuador, en 2009, que logró imponer un descuento del 70 por ciento (7).

3. El BCE se aprovecha de la reestructuración de la deuda griega de marzo de 2012

En 2011, el BCE prepara activamente una reestructuración pero indica que no participará porque el BCE es un acreedor privilegiado (acreedor senior). Esa reestructuración está preparada en estrecha colaboración con los bancos privados de los Estados del centro de la zona euro (y especialmente con Jean Lemierre del BNP. En noviembre de 2011, la Troika se saca de encima a Papandreu, después de que el primer ministro griego tuviera veleidades de convocar un referéndum sobre la futura reestructuración. El gobierno de Papandreu se sustituye por un gobierno técnico dirigido por Lucas Papademos, que había sido vicepresidente del BCE de 2002 a 2010.

En marzo de 2012, la reestructuración que el BCE orquesta implica un recorte (haircut) del 53 por ciento del valor de los titulo, a cargo de los acreedores privados.

¿Quiénes son, en ese momento, los acreedores privados? Por una parte, los bancos griegos que, a pesar de haber reducido su exposición,(9). conservan una cantidad significativa de títulos griegos en sus activos. Ya que esos títulos fueron sometidos a un recorte, los bancos reciben una compensación de varios miles de millones llamada edulcorante (sweetener) y también se les garantiza una nueva inyección financiera para recapitalizarlos. Las principales víctimas son los fondos de pensión públicos griegos que fueron obligados por las autoridades del país y por la Troika a convertir sus activos en títulos griegos algún tiempo antes de la reestructuración —perfectamente planificada pero mantenida en secreto—.

Los bancos franceses, alemanes, italianos y del Benelux se habían liberado al revender los títulos griegos al BCE, a bancos chipriotas y a fondos buitre. Para simplificar, los bancos chipriotas sufrieron directamente el recorte del valor de los títulos y eso contribuyó a la crisis de Chipre, que sobrevino algunos meses más tarde y que finalmente tuvo su desenlace en marzo de 2013. En cuanto a los fondos buitre, que habían comprado con un descuento, se negaron a participar en la reestructuración y obtuvieron un reembolso del 100 por ciento. El BCE se comportó como un auténtico fondo buitre y también obtuvo su reembolso del 100 por ciento.

4. El BCE mantiene un chantaje permanente

Después de la reestructuración, el BCE puso fin a su programa de compras SMP y lanza su programa OMT (Outright Monetary Transactions).

El BCE logró que le reembolsasen los títulos griegos al 100 por ciento de su valor nominal y a un tipo de interés que podía alcanzar el 6,5 por ciento. Visto el carácter claramente abusivo de su posición, denunciada incluso por el gobierno griego, el BCE se compromete a abonar a Grecia los intereses percibidos. Efectivamente, el BCE efectúa en beneficio del gobierno de Samaras un reembolso de 3.300 millones de euros en 2013 y 2014 para sostener su política neoliberal. Por el contrario, durante los seis primeros meses del gobierno de Tsipras, se negó a efectuar cualquier retrocesión. Desde entonces, el BCE y los bancos nacionales de la zona euro no abonaron nada a Grecia. La suma no devuelta a Grecia en este momento se eleva a varios miles de millones de euros. Supuestamente, el reembolso de los títulos griegos que posee el BCE proseguirá hasta 2037.

Agreguemos que el BCE presionó al máximo al pueblo griego durante los seis primeros meses del año 2015, para que se rindiera. El 4 de febrero de 2015, el BCE puso fin a la normal concesión de liquidez a los bancos griegos con el objetivo de someter al gobierno griego a un chantaje permanente y de aumentar el coste de la financiación de los bancos griegos limitando, al mismo tiempo, los recursos del gobierno. Como eso no fue suficiente, el BCE los obligó a un cierre de seis días, antes del referéndum del 5 de julio de 2015. A pesar del chantaje ejercido por el BCE, el 62 por ciento de los griegos rechazaron las exigencias de los acreedores.

Tampoco el FMI se quedó atrás en materia de beneficios mal habidos a costa de Grecia. Entre 2010 y 2015, se embolsó 3.500 millones de dólares de beneficios con los créditos griegos.

Conclusiones:

1. El BCE y los gobiernos de la zona euro se niegan a concretar el compromiso de devolver el importe completo de los intereses percibidos por los títulos griegos.
2. Al vencimiento de cada título, el BCE percibe el 100 por ciento de su valor nominal mientras que los adquirió con un importante descuento del orden del 30 por ciento. Los tipos de interés real exigidos a Grecia son totalmente abusivos.
3. El BCE y los otros acreedores amenazan con liberar el saldo de los intereses como un medio de chantaje permanente para obligar al gobierno griego a profundizar las reformas neoliberales que provocan efectos dramáticos sobre la población de Grecia.
4. Los beneficios acumulados por el BCE, por Estados de la zona euro y por el FMI gracias a los créditos otorgados a Grecia, deben ser devueltos al pueblo griego y ser íntegramente utilizados en gastos sociales con el fin de luchar contra los dramáticos efectos de las políticas dictadas por la Troika a Grecia.
5. La deuda griega debe ser anulada y el memorando en curso derogado.


http://www.aporrea.org/internacionales/a254799.html

Paradise Papers: el capitalismo lava más blanco

El informe divulgado el domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación se basa en el acceso a 13,4 millones de documentos de empresas que operan en paraísos fiscales de todo el mundo.

Así como el informe similar Panamá Papers, revelado en abril del año pasado, estuvo basado en documentos pertenecientes al estudio de abogados Mossack Fonseca, Paradise Papers utilizó datos de Appleby, una firma radicada en Bermudas y dedicada a prestar servicios legales y administrativos para la creación de empresas “off shore”.

En todo el mundo el dinero negro pasa malos momentos. Para maquillar los balances contables, el capital financiero necesita más dinero, dinero fresco, que tiene que ser de color blanco porque el otro ya no le sirve.

Todo forma parte de lo mismo: Papeles de Panamá, legalización de la cocaína y la marihuana, de la prostitución… Los gigantescos capitales acumulados en el paraíso tienen que descender otra vez al lugar del que han surgido: la tierra.

Son como los niños antaño: cuando necesitan unas monedas para comprar caramelos, rompen la hucha de barro y se dan un festín. También sirve de catarsis “democrática” porque el color negro tiene mala prensa. Es sinónimo de corrupción. En las próximas elecciones algun partido blandirá una consigna novedosa, “Estamos contra la corrupción”, en la que se presentarán como tipos infatigables y, además, enemigos jurados de “los ricos”.

En la historia nunca ha habido ningún partido político que en su programa electoral se haya propuesto fomentar la corrupción y desviar el destino de ciertos dineros, a pesar de lo cual la corrupción es una constante en todos los países capitalistas. Hay corrupción porque hay “libertad”: cada cual es libre de hacer lo que quiera, incluso robar, blanquear y malversar.

Es la concepción cristiana de la culpa: repartida entre muchos, la nuestra se hace más pequeña.

En las cortísimas entendederas de la burguesía, que transmiten las cadenas de televisión, parece que la corrupción afecta a “todos”. Hacienda somos “todos” no sólo porque “todos” somos víctimas de los paraísos fiscales sino porque “todos” somos corruptos y si nos dan la más mínima oportunidad nos marchamos sin pagar, tanto de los restaurantes como de la hacienda pública.

Pero los más cortos se indignan, además, porque los corruptos no devuelven el dinero, a pesar de ser condenados en juicio a una pena de cárcel. Uno se puede indignar durante una semana o un mes. Lo que no tiene sentido es que lleve indignado desde hace un siglo y medio, cuando Sartorius, el Conde de San Luis, era Presidente del Gobierno y las carreteras se pagaban dos veces.

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