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Día: 14 de septiembre de 2017 (página 1 de 1)

Se inicia el juicio por la masacre de 133 presos políticos en la cárcel del Frontón, en Perú

La semana pasada se inició en Lima, la capital de Perú, el juicio contra 34 oficiales y suboficiales de la Marina de Guerra que participaron en la matanza de 133 presos durante un motín en la cárcel del Frontón en 1986 promovido por presos de la organización guerrillera Sendero Luminoso.

Hace 31 años, el 18 de junio de 1986, varios penales de Lima fueron sacudidos por un motín de presos de Sendero Luminoso y el entonces presidente Alan García no vaciló en aplastarlo a sangre y fuego, cuya tarea encomendó a la Marina de Guerra, pertrechada con armamento de guerra.

La cárcel, construida en una isla frente al Callao, la provincia vecina a Lima, quedó reducida a escombros tras una serie de explosiones provocadas por las fuerzas armadas.

Pero los presos no sólo murieron en el enfrentamiento con la Marina sino en cobardes ejecuciones extrajudiciales después de que los últimos supervivientes se hubieran rendido.

El crimen fue declarado como un delito contra la humanidad por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional, por lo que no prescribirá nunca. Uno de los abogados que representa a las víctimas, Hugo Noroña, declaró que “no queremos venganza de nada contra nadie, simplemente que se sepa la verdad”.


En octubre pasado, la fiscalía presentó formalmente la acusación contra 35 marinos por estos hechos, para los que pidió entre 30 y 25 años de cárcel, y en abril de este año el Poder Judicial reconoció que existen motivos para abrir el juicio oral.

Uno de los acusados reconoció ante los fiscales que existían órdenes de masacrar a los presos y fue retirado de la causa.

Desde el inicio del gobierno de Alan García en 1985, los presos de Sendero Luminoso habían realizado motines en varios penales con resultados diversos. En algunos la solución pasó por una firma de acuerdos y en otros hubo enfrentamiento.

El inclumplimiento de los acuerdos causó que los presos del penal El Frontón hablaran de un “plan genocida” que suponía el traslado a Canto Grande.

El 16 de junio, día en el que comenzaba el XVII Congreso de la Internacional Socialista en Lima, el sindicato nacional de carceleros anunció un paro indefinido, por lo que privaban a los presos de su derecho a recibir visitas. Eso caldea más los ánimos en el interior del penal y se amotinan el 18 de junio en el interior de una prisión que había sido modificada y preparada para un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas: túneles de resguardo, paredes reforzadas, etc.

Los presos capturaron rehenes y, aunque una comisión intentó negociar, el gobierno lo tenía todo preparado para la masacre.

Asesinado un confidente que informaba sobre los yihadistas presos en la cárcel

El 28 de agosto un hombre que paseaba junto a su hija de tan sólo 12 años de edad en el barrio San José (Las Palmas de Gran Canaria) recibió dos disparos que acabaron con su vida. El sujeto resultó ser Lionel Carrillo de 36 años, un preso del centro penitenciario de Salto del Negro, localizado en la capital grancanaria, y que disfrutaba de un permiso penitenciario hasta el 1 de septiembre.

El fallecido actuaba dentro de la prisión como un confidente que informaba sobre la actividad de los yihadistas encarcelados en el centro penitenciario.

Lionel Carrillo era un delincuente común que entraba y salía de la cárcel de manera habitual por asuntos relacionados con las drogas y con pequeños hurtos. El fallecido fue captado cuando se encontraba tutelado por gobierno de Canarias y actuaba como un confidente que mantenía al tanto a los carceleros de todo lo que sucedía en materia de yihadismo dentro de la cárcel. Los chivatazos consiguieron que pudiera disfrutar del permiso que a la postre ha resultado ser fatídico para él.

Las informaciones que Carrillo lograba escuchar o intervenir eran trasladadas a los funcionarios de Control y Seguimiento de la prisión Salto del Negro, centro donde cumplía condena. Estos carceleros están encuadrados en la categoría V-3, que no existen de manera oficial, pero sí tiene un carácter oficioso y surgieron a raíz del nacimiento del terrorismo yihadista.

“Este tipo de personal de vigilancia están destinados al control y a la observación de una serie de internos con unos perfiles muy determinados. Normalmente suelen ser reclusos que pertenecen a bandas organizadas o que tienen una carrera delictiva peligrosa. Dentro de este perfil de presos controlados también se enmarcan funcionarios de prisiones y guardias civiles que han cometido algún delito. En la actualidad, son los yihadistas los que más preocupan”, afirma una funcionaria de un centro penitenciario de la capital grancanaria.

Los chivatazos en las cárceles son algo que ocurre de manera muy habitual: “Que los internos [presos] nos faciliten información es algo que se da en muchas ocasiones. En los módulos suelen haber cerca de 144 internos [presos] y lo normal es que sólo haya uno o dos vigilantes. Es muy difícil observar y escuchar a tantos presos con un personal tan escaso. Por este motivo hay reos que facilitan información y a partir de ahí se inician las investigaciones”. De todos modos, los soplos son contrastados porque en muchas ocasiones son interesados o están contaminados. “Lo cierto es que muchas veces ayudan a encontrar móviles y entradas de drogas”, afirma la funcionaria.

En la actualidad, el personal encuadrado en la sección V-3 está centrado sobre todo en asuntos relacionados con el yihadismo. Las actuaciones más repetidas por estos trabajadores son registros en módulos o en celdas de presos árabes radicalizados. “Los vigilantes, es decir el grupo V-1, no tenemos formación específica en estas situaciones y no sabríamos diferenciar entre los objetos que sí tienen relevancia en este tipo de registros y los que no la tienen. Se supone que los funcionarios de V-3 sí la tienen, aunque no en todos los casos”, explica la carcelera.

http://www.estrelladigital.es/articulo/confidencial/asesinado-confidente-informaba-yihadistas-presos-palmas/20170830172721328750.html

Miles de policías invaden Catalunya buscando papeletas y urnas por los rincones

El Ministerio del Interior ha dado un nuevo salto en su dispositivo para frenar el referéndum independentista del 1-O. La Dirección General de la Policía Nacional ha movilizado a agentes de Policía Judicial e Información de todas las jefaturas de España para enviarlos a Cataluña a investigar la consulta e incluso retirar las urnas si el Gobierno de la Generalitat sigue adelante. Los efectivos permanecerán por ahora en sus plantillas, pero deben estar preparados para salir en comisión de servicio hacia territorio catalán en cuanto reciban la orden de sus superiores.

La medida se ha tomado en previsión de que los Mossos d’Esquadra no dispongan de capacidad suficiente para afrontar en solitario la investigación sobre los preparativos de la consulta que les encargó la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el martes. El despliegue también tiene como objetivo garantizar que la Policía Nacional pueda asumir las pesquisas en el caso de que el cuerpo autonómico termine plegándose a las presiones del Ejecutivo de Carles Puigdemont, que ha reclamado públicamente que sus agentes no se dediquen a esa labor.

Por ahora, los Mossos solo han dado muestras de acatar las resoluciones judiciales, aunque la investigación sobre el 1-O más avanzada es la que está efectuando la Guardia Civil bajo la tutela del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Este miércoles, el Instituto Armado clausuró la web oficial del referéndum y sigue rastreando imprentas que pudieran ser utilizadas por la Administración catalana para fabricar las papeletas de votación. También hay pesquisas sobre las urnas que se emplearían en la consulta.

La activación de agentes de Policía Judicial e Información de la Policía Nacional se suma al envío de más de un millar de agentes de las unidades antidisturbios de la propia Policía y la Guardia Civil. Los refuerzos comenzaron a llegar la semana pasada para proteger los edificios oficiales del Estado en la comunidad, como la Delegación del Gobierno, los cuarteles del Instituto Armado, las dependencias de la Policía Nacional y la delegación del Banco de España en Barcelona, ante el riesgo de que sufrieran ataques u ocupaciones con motivo de la Diada. Pero Interior contuvo el despliegue para evitar que los grupos radicales interpretaran los movimientos como una agresión y caldearan el ambiente aprovechando los actos convocados para esa jornada.

Tras la Diada, el operativo ha vuelto a retomarse y continuarán llegando agentes de forma progresiva hasta el 1-O. Están desplazándose tantos efectivos que hay problemas para poder alojarlos. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado la falta de previsión de la Dirección General. Y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) critica que los funcionarios del Instituto Armado estén siendo alojados en lugares que no reúnen las condiciones que merecen y, además, se hayan cancelado permisos y vacaciones hasta después del referéndum.

En el caso de la Guardia Civil, sus Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), los agentes especializados en el mantenimiento del orden público, se están quedando incluso en cuarteles militares y pabellones deportivos. Han ido agentes de los grupos de Sevilla, Madrid y Valencia, y en los próximos días irán los de Tenerife y otros puntos de España. La Dirección General del cuerpo también ha movilizado a los Grupos de Acción Rápida (GAR), la unidad de élite especializada en la lucha antiterrorista. Han llegado esta semana a Barcelona.

En el caso de la Policía Nacional, ya hay sobre el terreno agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de Madrid, Valladolid, Sevilla, Bilbao, Valencia y Zaragoza, y seguirán llegando efectivos. Aunque se ha reforzado la protección de los edificios del Estado, parte de los agentes solo están en la zona en previsión de tener que actuar. Las competencias de seguridad ciudadana están transferidas a los Mossos d’Esquadra, pero Interior ha movilizado a los antidisturbios de las Fuerzas de Seguridad del Estado ante el riesgo de que se produzcan conatos violentos y movilizaciones sostenidas en el tiempo, por puntos dispersos de la geografía catalana, que obliguen a facilitar apoyo a la policía autonómica o incluso a ejercer sus funciones. La cartera que dirige Juan Ignacio Zoido contempla el envío de hasta 4.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Su presencia se irá graduando en función de cómo evolucionen los acontecimientos.

https://www.elconfidencial.com/espana/2017-09-14/interior-activa-agentes-informacion-policia-judicial-investigar-urnas_1443164/

Sigue el hostigamiento contra los diplomáticos rusos en Estados Unidos

Trump ha dado un giro completo a sus promesas electorales de mejorar las relaciones diplomáticas con Rusia; ya no pueden ser peores porque Estados Unidos tensa la cuerda cada día un poco y ya ha llegado a un punto que roza lo grotesco.

Como ya informamos, el Departamento de Estado dio un plazo de tres días para cerrar varios edificios diplomáticos rusos en Estados Unidos. Al vencer el plazo, el FBI los registró aduciendo la posibilidad de que albergaran material explosivo.

Desde entonces el personal diplomático y consular sigue ocupando las mismas, aunque el FBI les ha ordenado desalojar porque quieren recomprar dichos edificios. Desde el cierre se vive así una extraña “convivencia” de los funcionarios rusos con sus familiares e hijos rodeados de policías por todas partes husmeando por los rincones y compartiendo las zonas comunes.

La última provocación es la siguiente: el servicio de control de la calidad del aire de San Francisco acusa a los diplomáticos rusos de haber incinerado residuos ilegalmente dentro del edificio consular.

Los expertos municipales dijeron el martes a la cadena de televisión CBS que la espesa humareda negra que salía de la chimenea del edificio viola las normas de incineración de residuos, por lo que han abierto un expediente sancionador contra los rusos, que pueden ser multados en una cuantía que no han precisado.

Traducido al lenguaje coloquial este esperpento quiere decir lo siguiente: es verdad que no hemos encontrado explosivos en las oficinas rusas, pero algo oscuro debía haber en su interior porque empezaron a quemar “residuos” precipitadamente para que no los encontráramos.

Desde hace siglos y hasta estos últimos tiempos, en el derecho internacional la inmunidad alcanza tanto a los diplomáticos, como a los edificios y a los objetos para evitar atropellos como los que ha cometido en este caso Estados Unidos, que han hecho como con todo lo demás: lo que les viene en gana.

La inmunidad comprende el secreto, por lo que los diplomáticos rusos estaban en su obligación de quemar cualquier material confidencial, y si a causa de ello montaron una hoguera dentro del edificio y si eso vulnera las leyes de Estados Unidos, es irrelevante: su actuación es inmune a la ley.

Naturalmente en la Casa Blanca hasta el más tonto sabe estas cosas, por lo que esta caza de brujas es otro “show” orquestado para consumo de las cadenas de televisión, la prensa, la radio y las tertulias.

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