Ha pasado medio siglo desde que Israel ocupó Cisjordania y Gaza, y casi siete décadas desde la limpieza étnica de 1948, la Nakba para los palestinos, que constituyó el principio de la discriminación, el despojo, el desplazamiento y el sufrimiento persistentes de los palestinos. Desde entonces, los inalienables derechos de los palestinos han figurado en el orden del día de la ONU. No obstante, la opresión de los palestinos continúa.
En mayo de este año el Centro Internacional de Justicia de Ginebra ha encargado un informe que ha recibido el título de “Por encima de la ley: La no implementación de las resoluciones de la ONU por parte de Israel” (*). El informe evalúa la aplicación por parte del estado de Israel de las resoluciones de los diversos organismos de la ONU (el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos y el ECOSOC) que afectan a Palestina y a los derechos de los palestinos entre 1948 y 2017. El informe de 330 páginas se basa en estudios realizados sobre el terreno por expertos de la ONU, gobiernos y actores de la sociedad civil. En concreto, se centra en seis áreas temáticas que han sido abordadas periódicamente por las resoluciones de la ONU:
1. El derecho de los palestinos a la autodeterminación
2. El estatus legal, geográfico y demográfico de los “territorios palestinos ocupados”
3. Los palestinos refugiados y desplazados
4. Gobierno, recursos naturales y economía
5. Militarización y operaciones militares
6. Derechos humanos de los palestinos
La principal conclusión del estudio es que Israel ha hecho caso omiso descaradamente de todas las resoluciones de la ONU que critican sus actividades ilegales y sus consecuencias nefastas para los derechos inalienables del pueblo palestino desde 1948. El estudio también sostiene que la ocupación israelí de Palestina está íntimamente vinculada con su sistema de apartheid. La distinción legal israelí entre nacionalidad judía y los estatus de “ciudadanía” o “residencia” de los palestinos constituye la base de la discriminación de estos últimos. Este sistema está asimismo entrelazado con las políticas y las prácticas crecientemente antidemocráticas de Israel contra los disidentes políticos, incluyendo a los opositores judíos israelíes.
Las bases de las políticas y las prácticas israelíes características del colonialismo y el apartheid fueron establecidas hace casi siete décadas, con la Nakba de 1948. Ignorando la resolución sobre la partición de la ONU, Israel extendió sus fronteras más allá de las líneas establecidas por dicha resolución y se anexionó Jerusalén Occidental, que era contemplada en aquel plan bajo protección internacional.
Después de haber impuesto su ocupación militar sobre el restante territorio palestino en 1967, Israel puso en marcha medidas administrativas y legislativas con el objetivo de establecer un control permanente sobre toda Palestina, especialmente a través de su política de asentamientos. En los últimos años, Israel ha dado pasos para subvertir el derecho de autodeterminación de los palestinos en represalia por el reconocimiento explícito de dicho derecho por la comunidad internacional.
Tras su creación en 1948, el estado de Israel desarrolló rápidamente un marco legal para expropiar tierras y propiedades palestinas en beneficio de la colonización judía (primero dentro del territorio ocupado en 1948 y luego en el ocupado en 1967), en un intento de alterar ilegalmente el carácter, estatus colonización judía (primero dentro del territorio ocupado en 1948 y luego en el ocupado en 1967), en un intento de alterar ilegalmente el carácter, estatus y poblamiento de la Palestina histórica.
Basándose en leyes discriminatorias sobre la propiedad, órdenes militares y un régimen de planificación y zonificación propio del apartheid, Israel ha confiscado, expropiado o demolido de forma sistemática tierras y propiedades palestinas tanto en los territorios ocupados en 1948 como en los ocupados en 1967, construyendo y consolidando la ilegal colonización israelí. Estas medidas violan innumerables resoluciones de la ONU que establecen que la construcción de asentamientos israelíes no tiene validez legal y constituye una flagrante violación del derecho internacional, además de obstaculizar gravemente el logro de una paz justa, dura y comprehensiva. La reciente “legalización” retroactiva de asentamientos salvajes hasta ahora considerados ilegales por el estado de Israel, permitiendo así el robo de tierras palestinas privadas, representa la continuación de las violaciones a las que nos estamos refiriendo.
La política de asentamientos, en combinación con la creación de obstáculos físicos, socava la contigüidad del territorio palestino y fragmenta sus comunidades en pequeños enclaves aislados entre sí y controlados por la potencia ocupante, que están siendo rodeados, además, por masivos bloques de asentamientos, muros, puestos de control y vastas zonas de seguridad y carreteras de uso exclusivo para los colonos israelíes.
Los llamamientos de la comunidad internacional, incluido el Tribunal Internacional de Justicia, se los han llevado el viento ante la continuación de la expansión de los asentamientos y de la construcción del muro, que fragmentan el territorio palestino y separan a familias enteras.
