La Drug Enforcement Administration (DEA, policía antidrogas), tiene un particular interés en la llamada “guerra contra las Drogas”, la campaña del gobierno federal que lleva décadas intentando erradicar el uso de drogas en Estados Unidos. No solamente apoya la meta central de la agencia federal (“reforzar las leyes y regulaciones que controlan las sustancias en Estados Unidos”), sino que también sirve al sistema de justicia penal en el aspecto financiero, permitiendo a la agencia beneficiarse de asignaciones presupuestarias y del programa de confiscación de bienes.
Las duras leyes antidroga exigen grandes recursos financieros, una gran parte del presupuesto federal del gobierno. Es una de las explicaciones de por qué la DEA continúa aplicando leyes federales contra la marihuana en Estados en los que es legal, pese al rechazo público. Es rentable criminalizar la hierba.
La DEA tiene todo un departamento, el Domestic Cannabis Eradication/Supression Program, dedicado a las leyes que prohíben la marihuana, amparadas por la Controlled Substances Act, que prohíbe estrictamente el uso, cultivo y venta de cannabis en Estados Unidos. La ley federal contempla a la marihuana como una droga “Schedule I”, tan adictiva y peligrosa como la heroína. Las drogas de ese tipo están consideradas las más peligrosas y no tienen “un uso médico aceptado y si un alto potencial de abuso”, según la DEA.
Pero existe otra controversia tras la marihuana que posiblemente sea desconocida.
Que la DEA se resista a cambios en la opinión pública y a las leyes estatales sobre la marihuana, tiene sus motivos. Sin hierba, la agencia tendría que recurrir a la prohibición de otras drogas para evitar los cortes en su presupuesto. Y, como se indica en su página web, la marihuana es la “única droga adictiva que crece en el interior de las fronteras norteamericanas”. También es la droga ilegal más consumida en el país, según los Institutos Nacionales de Salud.
Pero la campaña de “Guerra contra las Drogas” no solo ayuda a la agencia a reforzar el presupuesto. Otro discutido programa permite apoderarse de dinero y confiscar los bienes de aquellos negocios o personas sospechosos de violar las leyes federales sobre drogas. En 2014 el Departamento de Justicia recaudó 3.900 millones de dólares mediante estas confiscaciones, más del doble de los embargados en 2005, según informa el Wall Street Journal. La DEA contribuye a estos fondos con las requisas de bienes en los casos relacionados con drogas. Estadísticas del año fiscal 2014 de la DEA muestran que embargó más de 27 millones de dólares, solamente mediante el programa de lucha contra el cannabis.
Bajo el programa de embargo de bienes, la DEA puede apropiarse del dinero incluso si no se ha sido acusado o convicto de un delito relacionado con las drogas. Naturalmente, se puede litigar si se considera que ha sido un error; pero eso es una costosa batalla legal.
Los fondos requisados a través de ese programa son utilizados, en parte, para financiar la lucha contra la droga. Y como la agencia argumenta, sus esfuerzos están principalmente dirigidos contra las redes de tráfico ilegal que operan en el país. A pesar de ello, surgen problemas en el programa. Los críticos apuntan a un determinado número de casos en los que alegan que los embargos fueron erróneamente aplicados por agencias federales como la DEA.
En abril, por ejemplo, un ciudadano de Nuevo México llamado Joseph Rivers perdió los ahorros de toda una vida, cuando la DEA abordó un tren en el que viajaba y encontró un sobre que contenía 16.000 dólares en efectivo. Rivers viajaba hacia Los Ángeles para iniciar una compañía de producción de vídeos musicales, según dijo al agente, quien aparentemente estaba preguntando a todo el mundo que estaba en el tren a dónde se dirigía y para qué. El agente solicitó buscar en la bolsa de Rivers. Cuando el agente encontró el sobre, Rivers se hizo sospechoso de estar involucrado con actividades relacionadas con la droga, y aunque no fue acusado ni convicto de ningún delito (el agente no encontró ninguna prueba, ni drogas, ni armas; nada, excepto el dinero), la DEA requisó hasta el último centavo, aplicando el programa.
“Los ahorros de toda la vida de Rivers representan una gota en el fondo de embargos multimillonarios del Departamento de Justicia”, informa el Washington Post. “No existe la presunción de inocencia bajo las leyes de embargo. Por el contrario, los agentes solo necesitan una sospecha (en la práctica, a menudo muy vaga) para que una persona se vea enredada en actividades ilegales y vea sus posesiones requisadas”.
Mientras un número de organizaciones de defensa han hecho un llamamiento por acabar o revisar ese programa, el tema no ha recibido atención en los debates sobre la reforma de la justicia penal. El Departamento de Justicia recientemente anunció el final de un componente del programa, conocido como el programa “equitable-sharing” (distribución equitativa). Este programa permitía a las leyes antidroga locales y estatales el empleo de programa de embargos, aunque se opusiera a la propia ley del estado, a fin de recaudar el 80 por ciento de los bienes. Bajo la mayoría de las leyes estatales, el porcentaje permitido es notablemente mas bajo. En California, por ejemplo, la policía puede apoderarse solamente del 66,25 por ciento.
La decisión para poner fin al programa ha sido recibido con una amplia condena por parte de los agentes de lucha antidroga, incluido la fiscal general Loretta Lynch. En una carta dirigida al presidente Barack Obama y a miembros del Congreso, Lynch expresó “profunda preocupación” por el tema, escribiendo que “tendrá un impacto significante e inmediato en la eficacia de las agencia antidroga de toda la nación para proteger sus comunidades, y proporcionar a sus ciudadanos los servicios que esperan y merecen”.
Pero muchos partidarios de la reforma de la justicia penal rechazan los argumentos de Lynch, afirmando que la parte de fondos que las agencia obtienen mediante los embargos y requisas no debieran influir en su capacidad para servir y proteger.
En respuesta a reacciones como la de Lynch, Lee McGrath, Consejero Legislativo del Instituto por la Justicia, hizo la siguiente declaración:
“Las leyes antidroga revelaron que su auténtico interés es el lucro, no la seguridad pública. La reciente Consolidated Appropiations Act no impide a la policía y a los fiscales perseguir criminales. Estos se sienten frustrados porque el Congreso ha suspendido su persecución del dinero. Muchos policías, sheriffs y fiscales quieren dejar al margen las leyes estatales, porque los recursos que obtienen de los programas federales son lucrativos”.
Kyle Jaeger http://www.attn.com/stories/4898/how-dea-profits-from-war-on-drugs
