[…] Hoy, los servicios de información españoles cuentan con mecanismos de vigilancia, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, que les garantizan que ninguno de sus objetivos pueda detectarlos.
Hay tres pilares básicos: el sistema de interceptación telefónica, conocido como SITEL; los satélites espías (Helios 2A y Helios 2B) y los satélites militares de telecomunicaciones (Spainsat y Xtar-eur); y el Centro de Estudios de Propagación Radioeléctrica, nombre tras el que se escuda un sistema de interceptación de las comunicaciones que estaba dirigido durante la Guerra Fría hacia el Pacto de Varsovia y que hoy sigue activo en una finca aislada de la localidad de Manzanares el Real (Madrid). SITEL es un avanzado sistema informático que permite la interceptación ágil, sin límite, indetectable y con la máxima calidad de todas las comunicaciones que tengan lugar en España.
Hasta su entrada en funcionamiento en 2005, las escuchas telefónicas las autorizaba un juez, quien exigía la grabación íntegra de las conversaciones en cintas magnetofónicas, el envío de la transcripción de las partes más relevantes y la obligación de guardar la totalidad de las cintas, que debían estar siempre a su disposición hasta que ordenara su destrucción.
Tras esa orden judicial, la compañía telefónica derivaba una línea para que las fuerzas de seguridad escucharan las conversaciones del sospechoso, con frecuencia con una pésima calidad de recepción, que en muchas ocasiones exigía a la Policía acudir discretamente a la proximidad del domicilio a pinchar la línea del teléfono. Otro problema añadido, lento y complicado de resolver, era conocer la identidad de las personas que charlaban con el sospechoso.
Pero llegó SITEL, y se acabaron las interferencias y demás dificultades. Su funcionamiento es bien sencillo: consta de tres servidores centrales (Policía, Guardia Civil y CNI) conectados al ordenador central de la Dirección General de Telecomunicaciones, en Las Rozas (Madrid), que almacenan la información que facilitan las compañías telefónicas y que al mismo tiempo la distribuyen a los ordenadores, fijos o portátiles, de las unidades que investigan a los sospechosos. Obviamente, ya no graban en analógico en una cinta, sino en digital en la memoria de un disco duro, con la misma calidad con la que la han escuchado los participantes de la charla.
Según las Normas de Actuación para la Utilización de SITEL, distribuidas por el director adjunto operativo de la Policía el 30 de septiembre de 2009, el funcionario (policía o guardia civil) que necesite llevar a cabo una interceptación de las comunicaciones, antes de comenzarla: “Podrá obtener el nombre, apellidos, DNI y dirección correspondiente al titular de la línea”. Eso, a pesar de que El Tribunal Europeo de Derechos Humanos los considera datos personales y, por lo tanto, exige su máxima protección.
Después, con el mandamiento judicial pertinente, obtendrá con suma facilidad de cualquier compañía telefónica los datos ocultos que permitirán a SITEL acceder a la línea del sospechoso desde uno de sus servidores centrales. Por supuesto, no solo a sus llamadas, sino también a los mensajes de correo y SMS que toda compañía telefónica está obligada a guardar durante 10 años.
El policía, o espía, sentado delante de un ordenador instalado en su puesto de trabajo, o ante un portátil que se ha llevado al lugar del seguimiento, escucha todas las conversaciones en el momento en que se están celebrando. Con una ventaja increíble para su labor: en el mismo instante, en un rincón de la pantalla le aparece una serie de datos personales tanto del dueño del número interceptado como de cualquier persona con la que esté hablando. Lo que antes eran voces desconocidas que conspiraban con el sospechoso ahora son personas identificadas instantáneamente, con nombre y dos apellidos, dirección postal, número de identificación del terminal y… calle exacta de cualquier ciudad o pueblo desde la que esté hablando.
Esta es una virtud del sistema, desde el punto de vista policial, que mejora todo lo conocido hasta el momento: la ubicación geográfica, que facilita el lugar en el que están situadas las personas que intervienen en la conversación. Porque todo aquel que lleve en uno de sus bolsillos un teléfono móvil, aunque lo tenga apagado, puede ser localizado inmediatamente.
El control de los servicios de información no acaba ahí. El ciudadano investigado también ha perdido cualquier atisbo de privacidad en lo que hace referencia a la informática vinculada a la telefonía. Todas sus comunicaciones por internet (los mensajes que envía, sus compras, las páginas en las que entra…) son automáticamente grabadas y almacenadas por SITEL.
Esta capacidad sin límite de espiarnos de la Policía, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha desatado las críticas debido a la insuficiente regulación con que cuentan, que incluso ha llevado a intervenir al Defensor del Pueblo y a la Agencia de Protección de Datos.
Ignacio López, secretario general de la Confederación Española de Policía, reconoció en su momento que SITEL interviene en derechos fundamentales, como el de la intimidad, por lo que defiende que: “Debe tener una regulación legal clara”, aunque critica: “Determinadas manifestaciones que generan alarma social, pues a algunos comentarios de la oposición les ha faltado mesura”.
Miguel Ángel Gallardo, el perito informático que más ha investigado SITEL (www.cita.es/sitel/), advierte del riesgo que suponen las nuevas tecnologías, que graban con alta calidad la voz y en las que es muy complicado distinguir los cortes que se pueden hacer en el montaje. “A los jueces”, dice, “les llega la transcripción en papel y un CD. Yo defiendo que se debería permitir al acusado el derecho de habeas audio, es decir, poder escuchar todas las grabaciones que se le han hecho, para evitar manipulaciones”.
Por último, decir que el gobierno español dispone también de dos satélites con visión infrarroja: el Helios 2A, que ya lleva varios años en actividad, y el Helios 2B. Ambos tienen la capacidad de grabar cualquier rincón de España o de otro país. Con ellos se pueden vigilar los movimientos de un comando de ETA, o las acciones de los piratas somalíes en caso de que secuestren algún pesquero. Nuestro país cuenta, además, con otros dos satélites militares, el Spainsat y el Xtar-eur, capaces de detectar y desencriptar conversaciones telefónicas.
