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Día: 22 de mayo de 2015 (página 1 de 1)

Nuevas revelaciones sobre el asesinato del dirigente comunista belga Julien Lahaut

El secretario general del Partido Comunista de Bélgica, Julian Lahaut, fue asesinado en la puerta de su casa el 18 de agosto de 1950, en plena guerra fría. El crimen quedó impune. Nadie se preocupó jamás de investigar, ni de detener, ni de juzgar a los autores. A lo poco que el sumario judicial había indagado, le prendieron fuego. Entonces aquello no importaba nada porque el muerto era un conocido dirigente comunista, que entonces era tan insultante como decir hoy que era yihadista. Hay determinadas etiquetas de los medios de comunicación que son como una condena a muerte.

Afortunadamente la memoria histórica sigue viva y, aunque ya no pueda convertirse en denuncia política, por el paso del tiempo, sigue teniendo vigencia, por encima de las ocultaciones y las mentiras. En 1985 Rudi Van Doorslaer y Etienne Verhoeven escribieron el primer libro sobre el asesinato, apuntando a las cloacas del Estado modernos, que son siempre las mismas: OTAN, espías, capitalistas…

En 2008 el Senado encargó al Ceges (Centro Estudios Guerra y Sociedades Contemporáneas) una investigación que llevaron a cabo Emmanuel Gérard, Widukind de Ridder y Françoise Muller, quienes presentaron el martes sus conclusiones, en las que sitúan el crimen en las coordenadas de la Guerra Fría, es decir, la OTAN, Gladio, policías paralelas, redes anticomunistas y financieros agradecidos.

No ha sido una sorpresa para nadie que entre los asesinos aparezca cada vez con más insistencia el nombre de André Moyen, el subdirector del contraespionaje militar belga, un viejo pistolero de los años más oscuros de la Guerra Fría, que es tanto como decir un mercenario de la OTAN. Su carrera de asesino empezó en la Alemania nazi y terminó en los turbios manejos con los que Bélgica llevó a cabo la descolonización de sus posesiones en África y Asia.

Pero los mercenarios como Moyen son el último eslabón. Junto a ellos están siempre los cajeros, en este caso la patronal belga en pleno: la Société Générale, Brufina y la Unión Minera. Los asesinatos políticos, como el de Lahaut, no son jamás obra de unos u otros, y menos de unos pistoleros. Ni siquiera es suficiente afirmar que son crímenes “de Estado” si junto al Estado no se ponen a los grandes capitalistas y financieros.

En el amplio elenco de complicidades están, además, los partidos políticos. El crimen jamás se hubiera podido mantener oculto durante medio siglo sin la participación de todos los partidos políticos burgueses de la época y en particular de la social-democracia, que en aquel momento encabezaba el Ministerio del Interior.

Pero hablar de silencio es muy poco. No es que los representantes políticos no hablaran del asunto sino todo lo contrario: hablaron para justificarlo. A fin de cuentas, se decía en aquella época, Lahaut no era un patriota, no servía a Bélgica sino a intereses extranjeros: a Moscú. Su asesinato fue un alivio tan grande para la burguesía que al gobierno no le bastó con la sangre derramada sino que, además, emprendió una feroz campaña anticomunista. El Partido Comunista fue expulsado del Consejo de Estado y se desencadenó una caza de brujas, como en Estados Unidos y en Alemania, para depurar a fondo todas las instituciones públicas.

Naturalmente que en aquella época la etiqueta de “comunista” se la ponían como luego pusieron la de “terrorista” o la de “yihadista”. Se empleó para que en el aparato de Estado no quedara ni la más mínima sombra de progresismo. El Estado monopolista quedó reservado para la reacción pura y dura. De aquellos viejos polvos llegan ahora a Europa los nuevos lodos neonazis, xenófobos y racistas.

Desde 1950 no ha faltado ni un solo verano en el que los antifascistas belgas no se reúnan ante la puerta de la vivienda de Julien Lahaut, recordando su memoria y que en todo el mundo lo que sostiene a la burguesía en el poder no es otra cosa que el terror, el asesinato y la represión.

Más información:
—Juan Manuel Olarieta, El hombre que llevaba el Sol en su bolsillo y repartía un poco a cada uno

35.000 japonses exigen el cierre de la base imperialista de Okinawa

El domingo pasado 35.000 japoneses se manifestaron ante la base aérea del ejército de Estados Unidos en Futenma, cerca de Okinawa, en el exremo meridional de Japón, para exigir su cierre. De acuerdo con el Pentágono, el proyecto del gobierno japonés es abrir una nueva base en las proximidades de la antigua.

La concentración se prolongó durante dos días y los manifestantes han aprobado una resolución pidiendo el cierre de la antigua base y en contra del plan gubernamental de apertura de otra más grande y moderna.

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, dice la resolución, la población de Okinawa nunca ha aceptado la existencia de una base militar imperialista sobre su suelo. Incluso el gobernador regional Okinawa Takeshi Onaga se dirigió a los manifestantes para expresarles que estaba “encolerizado” por el proyecto anunciado por el primer ministro japonés Shinzo Abe tras una reciente entrevista con Obama en Washington.

El gobernador regional dijo que se había dirigido oficialmente al gobierno para exigir el cierre de la antigua base y oponerse a la construcción de la nueva, manifestando la oposición total de los habitantes de Okinawa a dichos planes.

En la concentración del domingo también participaron el antiguo primer ministro de Japón Yukio Hatoyama y el dirigiente del partido ssocial-demócrata Tadatomo Yoshida.

El cine al servicio de las torturas de la CIA

El documental “Secrets, Politics and Torture” destapa que la CIA patrocinó la película “La noche más oscura” (Zero Dark Thirty), dirigida por Kathryn Bigelow que relata la busca y captura de Osama bin Laden, para justificar su programa de torturas.

Dentro de su serie documental Frontine, la cadena PBS ha emitido el documental, que muestra cómo, para justificar su programa de torturas, la CIA hizo prevalecer su falsificación de la historia en lugar de lo que realmente ocurrió a través de la película protagonizada por Jessica Chastain, una de las películas más aclamadas de 2012 que consiguió cinco nominaciones a los Óscar.

Meses antes del estreno de la película ya hubo una gran controversia acerca de la manipulación de “La noche más oscura” con fines propagandísticos y sobre la precisión de la película y su representación de las torturas como herramienta fundamental para conseguir la información que ayudó a dar con el paradero de Osama bin Laden.

Muchos políticos estadounidenses, entre ellos John McCain, pusieron en duda la veracidad de la película e incluso se abrió una comisión de investigación en el Senado para determinar qué grado de acceso habían tenido Bigelow y su guionista Mark Boal a documentos clasificados de la CIA para realizar la película. Todo quedó en nada.

Ahora el documental “Secrets, Politics and Torture” revela que Hollywood se ha vuelto a convertir en un instrumento de la CIA, que utiliza a la industria del espectáculo para ofrecer al mundo sus mentiras. En el documental se incluyen testimonios muy significativos, como el de la senadora Dianne Feinstein, presidenta del Comité del Senado sobre Inteligencia, que evidencia la discordancia entre lo que se muestra en pantalla y lo que realmente ocurrió. “Vimos la película días antes del estreno y en 20 minutos nos fuimos. No pude soportarlo, era demasiado falsa”.

Feinstein se refería a la representación del programa de torturas de la CIA como herramienta indispensable para lograr la localización y posterior captura del dirigente de Al Qaeda, asesinado el 2 de mayo de 2011, según la versión oficial. Así, el documental retrata la película de Bigelow, que pretende ser el relato definitivo de la historia, como una visión falsa, fuertemente influenciada por la CIA y su oficina de prensa.

La agencia de espionaje dio a los cineastas acceso extraordinario a detalles de la operación a los que la prensa jamás tuvo acceso. “Una gran cantidad de personas que cubría el día a día de la búsqueda de Bin Laden como yo lo hice, no nos acercamos a ese tipo de cooperación por parte de la agencia para la historia desde dentro”, afirma el periodista del “Washington Post” Greg Miller.

Si bien es cierto que el documental es escaso en noticias y revelaciones inéditas, logra establecer con claridad las dos líneas enfrentadas entre la versión de la CIA sobre su programa de «detención, interrogatorio y torturas» y los años que duró la investigación del Senado del Comité de Inteligencia sobre dicho programa.

Las conclusiones de dicho comité concluyen que a pesar de las torturas a los detenidos, la CIA no pudo conseguir ninguna información útil sobre los ataques de Al-Qaeda. “Secrets, Politics and Torture” también aborda otros aspectos de dicho programa, como la destrucción de las cintas en las que se grababan las torturas, extremo confirmado por el antiguo consejero general de la CIA John Rizzo y que ya salió a la luz hace varios años.

La guardia civil tortura a la guardia civil

Aunque en su momento la prensa la llamó “mafia china de blanqueo de capitales” para despistar, algunos miembros de la misma no sólo eran españoles sino guardias civiles destinados en el Servicio de Aduanas del Aeropuerto de Manises (Valencia).

Tres de ellos fueron detenidos por sus propios colegas y dos acaban de asegurar ante la Audiencia Provincial de Valencia que les juzga que recibieron «presiones y amenazas» para confesar los delitos que se les imputa.

Hasta ahora nosotros creíamos que la Guardia Civil no torturaba y que los que denunciaban ese tipo de prácticas eran sólo los terroristas…

Los tres guardias civiles acusados se enfrentan a una petición de 16 años y medio de prisión. El juicio empezó el lunes y los abogados defensores de los guardias civiles solicitaron la nulidad tanto de las intervenciones telefónicas como la cadena de custodia de las pruebas, entre otros asuntos.

Dos de ellos afirmaron que sufrieron «presiones» y «amenazas» para confesar los hechos cuando fueron detenidos. Uno de ellos no se ha ratificado en la declaración que prestó ante sus colegas y aseguró ante los jueces: «Yo estaba bajo presión. Me presionaron y me dijeron que mis compañeros estaban declarando contra mí».

Otro guardia civil ha declarado que cuando le detuvieron le indicaron que o confesaba o acabaría en prisión.

A uno de los guardias civiles le detuvieron en los aseos del aeropuerto cuando le entregaba a un “correo” una mochila con 520.000 euros y el salvoconducto para pasar los controles sin problemas. En su declaración afirmó que ignoraba que estuvieran sacando dinero de España para blanquearlo y ha negado que confeccionara ningún documento para respaldar estas operaciones.

En la instrucción, declaró ante el juez que conocía al jefe de la banda, quien le ayudaba y le prestaba dinero porque atravesaba «momentos difíciles». También ha afirmado que nunca pensó que estuviese cometiendo algún delito, puesto que lo que hacía era «algún favor» a éste. «Solo pensaba que era un favor, para ayudar a las personas», dijo al tribunal.

El otro acusado, agente de Aduanas, que también ha alegado «presiones», ha indicado que conocía al cabecilla de la banda desde hacía muchos años y ha aclarado que dejó de ser Guardia Civil en junio de 2013, antes de cometerse algunos hechos de los que se le acusa.

El tercer guardia civil declaró que en dos ocasiones el cabecilla le pidió favores para que no contase el dinero que iba a sacar del país porque «los billetes eran muy pequeños y había muchos». Pero ha negado haber cobrado dinero por ayudar a blanquear dinero.

Desde julio de 2013 hasta septiembre del mismo año los guardias civiles ayudaban a sacar elevadas sumas de dinero en metálico de España a través del Aeropuerto de Manises, «de manera oculta y sin realizar los trámites legales para la declaración de los importes en los Servicios de Aduanas».

El cabecilla daba instrucciones a los “correos” que se encargaban de viajar al extranjero, recoger y facilitar el dinero para su envío fuera de España, así como gestionar los billetes de vuelo con ayuda de uno de los guardias civiles.

En su condición de sargento de la Guardia Civil destinado en la sección fiscal y desarrollando su trabajo en funciones de Resguardo Aduanero, aprovechando su facilidad de acceso y movilidad en las instalaciones aeroportuarias, se dedicaba a pasar el dinero al interior del aeropuerto eludiendo los controles de embarque, así como a confeccionar y sellar documentos de declaración de movimiento de medio pago, que posteriormente se entregaban a los “correos”.

Los otros dos guardias civiles acusados introdujeron el dinero en el aeropuerto sin pasar los controles de embarque. En compensación por todo ello, recibían una mordida en efectivo.

Caciques, enchufes, amiguetes y favoritismo

La corrupción no está sólo en la alta política sino que ha impregnado todas las oficinas públicas. Hoy se celebra en Oviedo un juicio contra el Comisario Jefe Principal de la Policía Local, acusado de eliminar un atestado de tráfico para favorecer al culpable de un atropello.

Los hechos ocurrieron en 2012. El jefe de la Policía Local recibió en su comisaría al propietario de una furgoneta que estaba en el depósito municipal inmovilizada por decisión de los policías que extendieron el atestado en el que se había intervenido el vehículo como instrumento de sendos delitos contra la seguridad vial: uno por conducir bajo la influencia de las bebidas alcohólicas y otro por negarse a someterse a las pruebas de alcoholemia, además de haber atropellado a un peatón.

Para favorecer al acusado, el jefe de policía dio la orden de que el atestado no se enviara al Juzgado, eliminando de este modo cualquier posibilidad de investigación de los hechos.

Al mismo tiempo, ordenó a un policía que borrara de los registros las huellas de lo que había ocurrido, haciendo para ello el apaño que fuese preciso. El subordinado ocultó con cinta correctora los datos que se querían eliminar de los libros y escribió sobre el nuevo espacio en blanco en el tipo de delito «Atropello» y, en observaciones, “Peatón renuncia a curarse”.

Cuando la Fiscalía preguntó a la Policía Local en qué Juzgado de Instrucción habían presentado el atestado y que le enviaran una copia certificada del acuse de recibo del mismo, la policía local volvió a falsificar los papeles, enviando copia de una supuesta diligencia de archivo del atestado, sin fecha, confeccionada con la exclusiva finalidad de dar aparente cobertura al apaño y en la que se decía que se archivaba por considerar insalvables las irregularidades cometidas, «continuándose por la vía administrativa la tramitación de las infracciones a la normativa de tráfico que pudiera haber cometido el conductor implicado».

Es decir, por arte de magia la policía reconvertía un delito en una multa de tráfico. Pero el expediente sancionador era otra comedia policial. Constaba únicamente de cuatro folios: el primero, el boletín de denuncia extendido el día 13 de enero de 2012; el segundo, la copia de la diligencia de archivo del atestado, sin fecha; el tercero: la liquidación de tasas de fecha 19 de enero de 2012, junto con un parte de régimen interior de la misma fecha firmado por el agente, dejando constancia de haberse recibido la orden del Comisario Jefe de la Policía Local de devolución de la furgoneta; y el cuarto, la liquidación de la sanción con fecha 4 de junio de 2012.

Son las cosas que tiene el Estado de Desecho.

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