Él es uno de los 12.404 reclusos de los 60.000 que hay en España que trabajaron para la Administración o para empresas privadas en 2015 y que apenas tienen derechos laborales.
De esas 12.000 personas reclusas trabajadoras, una media de 3.500 lo hacen para empresas. En total, unas 120 empresas de diferentes sectores y comunidades autónomas: desde lavanderías a pelado de ajos, montaje de piezas, iluminación, sistemas para trenes, fabricación de pelotas de frontón o bolsas de plástico.
La empresa Teknia cuenta con cuatro talleres en cuatro prisiones diferentes en las que se dedica a la automoción y los plásticos. Prendas Industriales Juanju elabora ropa de trabajo en dos cárceles. Top Candy envasa caramelos en la cárcel de Badajoz. Novadelta Comercio de Cafés España hace reparaciones en dos prisiones. Plásticos Erum y Plásticos Industriales Geca hacen perchas en cárceles de Alicante y Madrid. Lavandería Solidaria S.L encarga las labores previas a la lavandería a los reclusos de Madrid VI.
Valentin Aguilar, coordinador general de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, asegura que los presos que trabajan sufren una «carencia de acceso a los principales derechos de los trabajadores». «Formalmente no es un contrato, es una adjudicación de empleo. No te dicen las horas que trabajarás o el horario, ni hay un registro diario de lo que haces», apunta.
El trabajo de los presos es considerado una «relación especial de los internos en los centros penitenciarios»: no se les aplica el Estatuto de los Trabajadores, sino un Real Decreto lleno de lagunas. El único contrato posible es el de obra y servicio, y la inmensa mayoría son a tiempo parcial. La jornada, horario o salario no son negociables. Es el director de prisión el que fija el calendario laboral y el que puede modificar unilateralmente la jornada o el horario, según denuncia la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
En el caso del trabajo para empresas privadas, las cárceles ponen sus instalaciones a disposición de las compañías, asumen los gastos corrientes y facilitan la mano de obra «en condiciones casi esclavistas», según denuncia CCOO, que reclama una regulación más garantista.
Los presos tampoco tienen derecho al salario mínimo. «Se dice que se tomarán como referencia pero ya está, eso deja lugar a todo tipo de interpretaciones. A pesar de que hemos hecho preguntas parlamentarias con diferentes grupos nunca nos dan la información concreta de lo que cobran», denuncia Aguilar.
Los datos que maneja la Asociación muestran que los sueldos de estos empleos –que son parciales, al menos sobre el papel– están por debajo del salario mínimo (en 707 euros para 2017 para una jornada completa). El salario medio rondaría los 222 euros mensuales. Es decir, puede que haya presos que realicen un trabajo similar al de empleados externos, pero con un salario muy inferior.
Un informe de CCOO señala que, tal y como está regulado actualmente el empleo en las cárceles, corre el riesgo de convertirse en una «relación productiva donde el empresario intente obtener la máxima plusvalía posible». El sindicato defiende el pleno empleo en las cárceles pero denuncia que los cambios jurídicos refuerzan el «carácter mercantilista» que la Administración quiere dar al trabajo en las prisiones, «y convertir las mismas en un nicho de negocio para las diferentes empresas y la propia Entidad Estatal de Derecho Público».
«Estamos ante un caso claro de dumping social de competencia desleal, inasumible dentro del marco jurídico actual, que ha supuesto una precarización de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras que compiten con las empresas instaladas en los Centros Penitenciarios», asegura CCOO, que pone el caso de empresas que aplicaban expedientes de regulación de empleo mientras contrataban presos.