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| Abu Turab |
Durante la ocupación yihadista de 2012, Turab dirigió la “policía islámica” en Tomboctú, al norte de Mali. Era una especie de brigada que vigilaba para que los habitantes de la ciudad guardaran las “buenas costumbres”.
De unos 40 años de edad, Turab formaba parte de la organización yihadista Ansar Eddine, afiliada a Al-Qaeda del Magreb Islámico (AQMI) que en 2012 se apoderó el norte de Mali, hasta que llegó la invasión francesa.
El Tribunal Penal Internacional asegura que el crimen de Turab consistió en tratar de “borrar la memoria y el pasado de un pueblo”. Más en concreto, la acusación dice que destruyó nueve mausoleos y una mezquita, es decir, que no causó ninguna muerte, a pesar de lo cual el delito es de “crímenes de guerra”.
A Turab le detuvieron en 2012 en Níger y ahora le envían al Tribunal Penal Internacional por presiones descaradas de la Unesco, que ha puesto el listón muy bajo: si la destrucción de edificios se considera como un “crimen de guerra”, el Tribunal de La Haya se llenará de trabajo cuando empiece con la destrucción de personas, en mayor o menor cantidad.
Como viven en La Haya, por no decir en La Higuera, los leguleyos del Tribunal Penal Internacional no han tenido en cuenta un detalle: el 8 de enero fue secuestrada en Tomboctú la ciudadana suiza Beatrice Stockly y a cambio de su vida los secuestradores exigen la liberación de Turab.
La decisión del Tribunal Penal Internacional parece, pues, una provocación abierta dirigida hacia los secuestradores.
La agencia mauritana de noticias Al-Akhbar recibió un vídeo grabado por la organización llamada “Califato del Sáhara”, una rama de AQMI, en la que reivindica el secuestro y pide la liberación de varios de sus presos, entre ellos Turab.
La suiza Stockly ya estuvo secuestrada anteriormente en 2012 por la misma organización, siendo liberada poco después. Ahora parece que el Tribunal Penal Internacional quiere que la maten. Así se justificaría “ex post facto” el absurdo juicio contra Turab.