El Tribunal de Primera Instancia de Bruselas se ha sumado a la campaña BDS y en respuesta a una petición de cuatro colectivos, ordenó el jueves el bloqueo inmediato de un contenedor con equipo militar en el puerto de Amberes con destino a Israel.
Además, ha ordenado al gobierno flamenco suspender todo tránsito de equipo militar hacia Israel. La orden judicial podría sentar un precedente en Bélgica y otros países.
El cargamento contenía rodamientos de rodillos cónicos destinado a la empresa de defensa israelí Ashot. Se trata de piezas necesarias para la fabricación de tanques y vehículos blindados. Iban a ser enviadas a la empresa de defensa israelí Ashot Ashkelon Industries. El cargamento en cuestión fue interceptado.
La organización Vredesactie emitió una alerta sobre la presencia de un contenedor con equipo militar con destino a Israel, incluyendo rodamientos de rodillos cónicos, en el puerto de Amberes.
Cuatro colectivos, entre ellos la Liga de Derechos Humanos e Intal, decidieron llevar el caso ante los tribunales. Los demandantes denunciaron la falta de rigor en el control de los cargamentos que transita por el puerto de Amberes.
El jueves de la semana pasada el tribunal falló a favor de los cuatro colectivos. En primer lugar, decretó que la carga no debe salir del puerto bajo ninguna circunstancia. El tribunal también ordenó al gobierno flamenco detener todo tránsito a Israel de mercancías “relacionadas con la defensa y otros equipos de uso militar para los que no existe certeza material de que estén destinados exclusivamente a uso civil”.
Según el diario flamenco De Morgen, no se solicitó ninguna autorización para el envío de este equipo a Israel. Si Flandes autoriza el tránsito de estos materiales, constituye una violación de la legislación flamenca contra el tráfico de armas. También constituye una violación del derecho internacional humanitario.
Según los tribunales, el incumplimiento de la orden judicial conllevará una sanción severa. El tribunal anunció una multa de 50.000 euros por cada infracción.
La resolución pone en aprietos al gobierno flamenco, que hasta ahora se ha mostrado negligente, incluso complaciente, con sus exportaciones de productos de doble uso. Plantea dudas sobre la transparencia del flujo de armas y la responsabilidad de los Estados europeos en guerras de exterminio, como la de Gaza.
La orden podría sentar un precedente en Bélgica y otros países. Los tribunales belgas podrían obligar a los gobiernos a revisar sus procedimientos de control de las exportaciones. Queda por ver si esta decisión belga se implementará a largo plazo y, aún más importante, si inspirará a otros países europeos.
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