Belén Guevara tiene 27 años, es madre de cuatro hijos menores de edad y está detenida desde el 14 de enero, luego de haber sido brutalmente desalojada por parte de una patota policial del Gobierno de Buenos Aires. Estaba ocupando una vivienda del complejo habitacional de la Villa 31, solo por una noche debido al temporal, luego de haber sido desplazada de una pensión por no poder pagar el alquiler de la pieza. Al momento de ser apresada fue golpeada frente a su familia. Cuatro días más tarde sufrió traslados de comisaría en comisaría, sin que le dijeran los motivos ni el lugar hacia donde la llevaban, mientras sus hijos e hijas al cuidado de un familiar preguntaban con desesperación por su mamá. Según el co-presidente de la APDH CABA (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Ramiro Geber, es “un caso testigo de criminalización de la pobreza”.
Belén aparece imputada en una causa por un delito menor y por su situación de vulnerabilidad habitacional nunca habían podido notificarla. Por eso en septiembre la justicia la declaró “en rebeldía” y fue dictado un pedido de captura en su contra. “Dicen que como ella da domicilios donde luego no la encuentran eso significa una clara intención de eludir la actividad judicial, por eso tiene prisión preventiva”, explicó Geber. La mujer –que además es militante de la agrupación MTR 12 de Abril y trabaja en el comedor comunitario Santiago Maldonado en la Villa 31–, tiene un trámite iniciado en el IVC (Instituto de la Vivienda de la Ciudad) pero el Estado no le dio aún ninguna respuesta concreta. Sólo obtuvo un subsidio de 8.000 pesos que la dejó en situación de calle, durmiendo con sus hijos en plaza San Martín o en la peatonal Lavalle. “La situación de vulnerabilidad habitacional que el Estado no le resuelve ahora resulta que es culpa de ella, el Estado no le da un domicilio para estar a derecho”, opinó el letrado.
El jueves 14 de enero por la mañana una inspección de la Ciudad relevó todos los papeles de trámite –tiene el número de expediente 9762– para calificar para una de las viviendas de la villa 31, en un lugar de donde Guevara estaba parando. Alguien vinculado a la policía la denunció, por lo cual a las 23.30 entraron ocho efectivos con armas largas, la rodearon mientras dormía con sus cuatro hijos, la golpearon y se la llevaron detenida. “Durante cuatro días no pude asumir mi defensa y luego rechazaron mi solicitud para que salga en libertad”, indicó Geber. A su criterio, los argumentos del Tribunal Oral Criminal de feria 2 son “absolutamente arbitrarios, netamente patriarcales, la culpan a ella de una conducta que depende del Estado”.
En un segundo escrito para solicitar la excarcelación de su defendida, Geber sostuvo que “se le reprocha a mi defendida desde un poder del Estado la precariedad domiciliaria y el Estado que debe ser garante del derecho a la vivienda digna le demora la ayuda que peticiona y que le correspondería por ley, lo que resulta una verdadera vergüenza, que la única respuesta estatal a su problema sea criminalizar su estado de pobreza estructural insertando a una madre con cuatro hijos en el sistema penitenciario”. Sin embargo, los jueces volvieron a rechazar la excarcelación de Belén y la enviaron a la cárcel de mujeres de Ezeiza, donde ahora pasó del sector covid a un pabellón.