Esta mañana han sido detenidos los miembros de una delegación internacional compuesta por abogados, periodistas y defensores de los derechos humanos que viajaron a Turquía a inspeccionar in situ de los modelos de prisión tipo “Pozo” (tipos S, R, Y y de Alta Seguridad) recientemente implantados y de las graves condiciones de aislamiento.

Tras su reunión con abogados de la Oficina Jurídica del Pueblo (Halkın Hukuk Bürosu), fueron puestos bajo custodia en la calle donde se encuentra la oficina y trasladados a la Dirección de Gestión de la Migración para su deportación.

Los miembros de la delegación que se encuentran actualmente detenidos y bajo amenaza de deportación son:

— Alejandra Matamoros Alexandrova, del Colegio de la Abogacía de Barcelona (España) y de la Plataforma Antirrepresiva
— Andrea Lucidi, periodista de Visione TV (Italia)
— Tatyana Desyatova, de la Coordinadora de la Interbrigada en CRCF (Rusia)
— Nick Krekelbergh, doctor en Ciencias de la Bioingeniería y representante de Zannekinbond (Bélgica)
— Jean Pascal Graziani, representante de Supernova y AEC-France (Francia)
— Rossella Maraffino, periodista (Italia)
— Fernando García, del Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE)

Las prisiones tipo “Pozo” son estructuras donde los presos se ven completamente privados de la luz solar y de la interacción social, y son sometidos a un aislamiento severo. Este modelo es incompatible con las “Reglas Mandela” internacionales y constituye un régimen de cumplimiento de penas que viola la dignidad humana.

Las actividades de vigilancia de las condiciones penitenciarias y de denuncia de las violaciones de derechos son legales, democráticas y legítimas en virtud de las obligaciones internacionales de Turquía y de sus propias garantías constitucionales. La detención y la amenaza de deportación de los miembros de la delegación —que se encuentran en el país únicamente para recabar información y realizar observaciones sobre el terreno— constituye una clara violación de la ley y un delito. Es un flagrante incumplimiento de los artículos relativos a la libertad de expresión y al derecho a la tutela judicial recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), del que Turquía es parte.

Este ataque contra los miembros de la delegación es un intento de intimidar y evitar que se expongan ante la opinión pública mundial las violaciones de derechos y las condiciones de aislamiento inhumano en las prisiones tipo “Pozo”, así como de obstaculizar la solidaridad internacionalista.