La plataforma de mensajería ha multiplicado por nueve su cooperación con las autoridades españolas en apenas un año, en un giro que se inicia con el arresto de su fundador en Francia, y una conveniente «ex pareja» que denunciaba abusos sexuales y que, tras el cambio en la política de privacidad, ha desaparecido.
Habiéndose extendido su uso, precisamente, por su férrea defensa de la privacidad y su histórica resistencia a colaborar con gobiernos, la aplicación ha transformado su política de conservación de datos y su colaboración con las autoridades españolas. Los datos de su propio informe de transparencia revelan un cambio de época sin precedentes.
Así como en el año 2023 los intercambios de información de usuarios de la aplicación con el Estado eran inexistentes, en el 2024 se comenzó a notar el cambio, ya que se pasó de 0 a 518 los usuarios afectados. Solamente en el primer trimestre de 2025 -el último informe que se ha publicado- se alcanzaron intercambios que afectaban ya a 595 personas, superando a todas las solicitudes del año anterior.
El punto de inflexión: agosto de 2024
El 24 de agosto de 2024, el fundador de Telegram Pavel Durov, era arrestado en el aeropuerto de Le Bourget, en París. Las autoridades francesas le imputaban cargos relacionados con la falta de moderación de contenido ilegal en su plataforma y la negativa sistemática a colaborar con investigaciones judiciales.
Su puesta en libertad bajo fianza, con la prohibición expresa de abandonar territorio francés, coincidió con un giro radical de la compañía. Exactamente un mes después, Durov anunciaba desde sus canales oficiales lo que muchos consideraron una rendición: Telegram comenzaría a proporcionar direcciones IP y números de teléfono de usuarios que violaran las normas de la plataforma en respuesta a solicitudes legales válidas.
El caso español: del bloqueo judicial a la cooperación activa
España había sido, precisamente, uno de los países donde la falta de colaboración de Telegram había generado mayor tensión. En marzo de 2024, apenas cinco meses antes del arresto de Durov, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz llegó a ordenar el bloqueo temporal de Telegram en todo el territorio español ante la negativa de la plataforma a facilitar datos en una investigación sobre piratería.
La medida, finalmente suspendida por la complejidad técnica y el impacto a millones de usuarios, evidenció la frustración del sistema judicial español con la postura de la compañía, y también el desconocimiento que existía de su funcionamiento. Pero el arresto de Durov en Francia fue el punto final a la política de la aplicación.
Una tendencia al alza
Los datos del primer trimestre de 2025 confirman que no se trata de un espejismo. Con 595 usuarios afectados en apenas tres meses, la plataforma ha consolidado su nueva política de cooperación.
Este cambio no responde únicamente a la presión judicial sobre Durov. También busca alinear a Telegram con la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea, que exige a las grandes plataformas tecnológicas establecer mecanismos de colaboración con las autoridades de los Estados miembros para combatir la difusión de contenido considerado ilegal en España.