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Si los monopolios tecnológicos censuran a Rusia, Rusia censura a los monopolios tecnológicos

Si el capitalismo no es capaz de mantener un mercado “mundial” sujeto a las mismas reglas, tampoco es capaz de de mantener internet como red mundial interconectada.

Se acabó eso que la intelectualidad burguesa calificó como “globalización” hace pocos años. El capitalismo vuelve al siglo XXI, a la formación de bloques económicos desconectados porque así lo quieren las potencias hegemónicas y, en particular, Estados Unidos. Lo llaman “decoupling”.

En el lenguaje militar siempre se llamaron “represalias”. Si los monopolios tecnológicos censuran a Rusia, Rusia censura a los monopolios tecnológicos. Ayer Putin aprobó una ley que autoriza a bloquear sitios web como Twitter, Facebook y YouTube si son declarados culpables de censura o discriminación.

Las plataformas digitales extranjeras pueden ser castigadas por restringir el acceso a la información por motivos de nacionalidad, idioma y origen. La ley prevé la posibilidad de bloquear, ralentizar el tráfico e imponer multas administrativas.

Como han indicado los autores del texto, la ley se podrá utilizar contra empresas extranjeras, como Twitter, Facebook y YouTube porque discriminan a los medios de comunicación rusos.

Las políticas discriminatorias de algunos monopolios informáticos han sido denunciadas repetidamente por Rusia. El 27 de octubre, el Servicio de Supervisión de los Medios de Comunicación Rusos acusó a las empresas estadounidenses de internet de censura. Unos 20 medios de comunicación rusos están censurados por Google (YouTube), Facebook y Twitter.

Facebook anunció el 1 de septiembre que había eliminado un grupo de 13 cuentas y dos páginas vinculadas a Rusia por violar sus reglas de prevención de interferencia extranjera.

A finales de septiembre, Twitter excluyó la cuenta de RIA Novosti de los resultados de la búsqueda. Los no suscriptores ya no pueden encontrar la página de la agencia rusa de noticias ni en Rusia ni en otros lugares. Anteriormente, Twitter había bloqueado de forma similar las cuentas de Sputnik y RT.

El Foro Económico de Davos propone una aplicación para identificar a mil millones de personas del Tercer Mundo

Al Foro Económico Mundial, también llamado Foro de Davos, no le gustan las personas que no están debidamente identificadas y catalogadas por algún organismo especializado en la vigilancia y el control.

El panóptico sigue su curso. Para el 2030 identificar a la población de todo el mundo, incluyendo el certificado de nacimiento, es uno de los objetivos de “desarrollo sostenible” de la ONU, lo que en 2014 impulsó al Banco Mundial a lanzar su ID4D o Iniciativa de Identificación para el Desarrollo.

Una forma fácil de identificar a las personas de este mundo es conseguir que abran una cuenta bancaria, dice el Foro Económico Mundial en un documento publicado en su sitio oficial (*).

Gracias a los mecanismos internacionales de intercambio de información bancaria, se obtiene una gran cantidad de datos personales, especialmente cuando alguien necesita obtener un préstamo. Es un buen momento para entregarle un documento de identidad.

Todo aquel que se encuentre en una situación de escasez de efectivo y no tema caer en la servidumbre contractual con instituciones financieras heredadas, primero debe hacerse plenamente visible a sus futuros prestamistas.

Otro buen momento para tener un documento de identidad reconocido internacionalmente es convertirse en refugiado o asilado en otro país. El documento publicado por el Foro de Davos también habla de aprovechar esa oportunidad.

El documento lamenta que mil millones de personas en el mundo no hayan recibido todavía un documento de identidad que les permita hacer cualquiera de esas cosas, “e incluso votar o recibir tratamiento médico”.

Ahora una nueva aplicación informática, a la que el Foro llama “Thompson”, podría cambiar eso. Está basada en la tecnología “blockchain” o cadena de bloqueo y permitiría a las personas del Tercer Mundo utilizar sus teléfonos “para sus finanzas” (porque en el Foro se creen que los parias de la Tierra tienen finanzas, aunque sean escasas).

Con el avance de las fuerzas productivas, las cadenas cambian de significado. Antes ataban férreamente a los esclavos para que no se escaparan. Ahora los atan digitalmente.

(*) https://www.weforum.org/agenda/2020/11/legal-identity-id-app-aid-tech

Los grandes monopolios tecnológicos están en la cuerda floja

En muy poco tiempo los gigantes digitales, como Facebook, Amazon o Microsoft, han acumulado tanta riqueza y poder que, en algunos casos, es mayor que el de muchos Estados, entre otros motivos porque su mercado es de alcance mundial.

No es sólo un problema económico. Los monopolios viruales son capaces de cambiar el comportamiento de millones de personas en todo el mundo y de influir sobre las elecciones y, desde luego, sobre las compras y el empleo.

En la medida en que con la “nueva normalidad” se imponga una sociedad sin contacto directo entre las personas, el poder monopolista de las grandes empresas tecnológicas se acrecentará, ganando terreno con la venta al por menor en línea, las redes sociales y el transporte.

El monopolismo se complementa con las bases de datos, la recopilación, el análisis y la compraventa de la información de las empresas y los usuarios.

Pero el monopolismo, como explicó Lenin, es la pescadilla que se muerde la cola. Acumula tanto poder que genera suspicacias, poniendo en marcha diversas cortinas de humo, como la “protección de los consumidores”.

El 9 de diciembre la Comisión Federal de Comercio y 48 estados de Estados Unidos demandaron a Facebook con el objetivo de desmantelar la empresa obligándola a vender dos de sus principales filiales: Instagram y WhatsApp. Lo mismo le ha ocurrido a Google.

El Estado no hizo nada para que Facebook comprara esas empresas y ahora quiere que las venda. Tras la colonización llega la descolonización. Es algo similar a lo que ya ocurrió con Standard Oil y la ATT, por lo que es posible que las consecuencias sean las mismas… o más irrelevantes, incluso.

El gobierno va a tener muchos problemas para fraccionar los monopolios tecnológicos recurriendo a argumentos viejos, como la manipulación de los precios porque la mayor parte de los servicios digitales son gratuitos.

Es posible que lo intenten por medio del control del mercado de la publicidad, una invocación muy endeble.

Desde luego que no van a recordar la manipulación de los algoritmos, la desinformación, las agresiones a la intimidad, la especulación bursátil, la gestión del capital riesgo, el manejo de información privilegiada, la imposición del trabajo precario o la persistente evasión fiscal.

Pero hay algo aún más importante que la teoría económica burguesa califica como “monopolio natural” y que en el mundo virtual es el “efecto de red”: cuantos más usuarios están enganchados a las plataformas digitales, más alta es la barrera de entrada a las nuevas empresas, incapaces de ofrecer niveles competitivos de utilidad a los usuarios. Una empresa que tiene a su página de Facebook como escaparate, no encuentra el mismo mercado en ninguna otra red social.

Los problemas que plantean los monopolios tecnológicos no tienen solución dentro del capitalismo. Para ello habría que nacionalizarlos y convertir a las empresas de telecomunicaciones en servicios públicos, una de cuyas obligaciones fundamentales es preservar la intimidad y la confidencialidad de los datos de sus usuarios.

El papel de Google dentro del complejo militar industrial de Estados Unidos

“No diseñaremos o distribuiremos inteligencia artificial en áreas como armas u otras tecnologías cuyo propósito principal pueda ser causar daño a personas”. “Creemos que Google no debería estar en el negocio de la guerra”.

Sundar Pichai, CEO de Google y de su matriz, Alphabet, hizo esta promesa en público en una entrada del blog de la multinacional. Fue en una publicación de hace dos años, en el que el ejecutivo del buscador más conocido de la red defendía los principios éticos que movían al gigante a la hora de profundizar en la inteligencia artificial.

Además, cientos de trabajadores enviaron una carta pidiéndole a los directivos que dejasen a la empresa al margen de ese “negocio de la guerra”. Dos años después, Forbes revela que este compromiso de Google no era tan férreo como cabía pensar.

A través de GV —antes Google Ventures—, el brazo inversor de la multinacional, la empresa participa en algunas empresas que están ganando muchísimo dinero con contratos con, entre otros, el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

En concreto, dos empresas, Orbital Insight y Planet, han ganado más de 30 millones de dólares en contratos con el Departamento de Defensa norteamericano en los últimos 3 años. Y ambas están participadas por GV, un fondo de 5.000 millones de dólares que se separó de Google en 2009 pero que sigue moviendo el dinero de Alphabet.

En 2016 GV entró en Orbital Insight y un año después lo hizo en Planet. La primera, con base en Palo Alto. La segunda, en San Francisco. 

Orbital es una empresa de software que fue fundada por el exdirector de Google Books, James Crawford. Su inteligencia artificial trabaja masivamente con imágenes satelitales, grabaciones de drones y datos de geolocalización de 800 millones de dispositivos móviles para indicarle aparentemente a sus clientes qué cosas han cambiado en la Tierra y por qué importa. Ha sido útil para rastrear la deforestación de la Amazonia, pero también para detectar cabezas nucleares en Corea del Norte o encontrar campos de talibanes en Afganistán.

Planet, por su parte, fue fundada por ingenieros de la NASA y tiene 150 satélites en órbita. Su propósito es crear la mayor constelación de satélites artificiales. Su principal capacidad es la de poder poner en órbita de forma muy barata satélites pequeños. Estuvo valorada en 1.800 millones de dólares en 2018, tras una ronda de financiación. Google se hizo con el 16 por ciento de la empresa, después de entregarle su filial dedicada a lo mismo, Terra Bella, a la propia Planet. Su participación se ha diluido a un 13 por ciento.

Inteligencia artificial para rastrear al enemigo

Orbital, por ejemplo, ha levantado entre febrero del 2017 y julio de este año 10 millones de dólares para desarrollar una inteligencia artificial para el Departamento de Defensa de Estados Unidos en el marco de un programa llamado Datahub, que serviría para, mediante imágenes satelitales, “rastrear patrones de vida del enemigo 24 horas 7 días a la semana, bajo cualquier clima y tanto de día como de noche en grandes áreas”, según unos documentos presupuestarios del Pentágono.

GV ha estado en todas las rondas que ha protagonizado Orbital, tanto en la Series A de 9 millones de 2015. Lideró la del año siguiente, de 15 millones. La última ronda en la que GV participó de Orbital fue en una Series D, en noviembre del año pasado, que levantó 50 millones de dólares. La empresa, por lo menos, también participa en proyectos humanitarios. Pero la mayor parte de sus ingresos dependen de sus lazos con agencias de inteligencia y militares norteamericana.

Esto es algo que no tiene muy contentos incluso a gente dentro de la propia empresa. Según un antiguo responsable de equipos, Orbital entiende que su tecnología nunca se podrá utilizar para identificar objetivos de un bombardeo. “Pero una vez identificas un edificio para el gobierno, este hará lo que quiera con él”, reconoce.

Orbital perdió el contrato del programa Datahub, pero eso no quiere decir que la empresa no quiera nuevas adjudicaciones de la defensa estadounidense: según los registros, la empresa ha gastado 300.000 dólares en hacer lobby en el Congreso estadounidense.

Solo los gobiernos son buenos clientes

Planet, por su parte, ha levantado incluso más capital que Orbital: alrededor de 400 millones de dólares desde que fue fundada en 2010. El negocio de Planet es similar al de Orbital Insight en tanto que es una mezcla de cuestiones humanitarias, clientes privados y contratación gubernamental. Y de hecho espera aumentar su colaboración con la administración estadounidense en los próximos años.

Lo intentará gracias a un contrato llamado EnhancedView de la Oficina de Reconocimiento Nacional de Estados Unidos, que provee a la administración norteamericana de imágenes de satélite, y quiere ser la principal proveedora de este tipo de recursos a las instituciones de la potencia.

Una aplicación que permite comunicarse a través de la mirada

Sin embargo, tres extrabajadores de la empresa aclaran que ha habido malestar en la plantilla por los contratos de defensa, lo que ha desembocado en que varios de ellos abandonasen la empresa. «Inicialmente, la empresa era muy altruista. Querían lanzar satélites en beneficio de todo el mundo (…) Después descubrieron que en realidad los que pueden pagar grandes cantidades por esta tecnología solo son los gobiernos».

Uno de los antiguos trabajadores de la empresa incide incluso en que Planet oscila en una fina línea entre lo que dicen sus directrices éticas y lo que el gobierno estadounidense les exige.

Estas dos, además, no son las únicas empresas implicadas en el negocio de la guerra en las que Google participa de un modo u otro. GV también está invirtiendo en rondas de SpinLaunch, una empresa que quiere poner satélites en órbita utilizando una suerte de brazo-catapulta todavía en desarrollo. Aunque la idea en un principio no tiene por qué ser militarista, la empresa consiguió en 2019 un contrato de 2,5 millones de dólares con la Unidad de Innovación en Defensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

En otras palabras: SpinLaunch, en la que participa GV, el brazo inversor de Google, pronto podría estar colaborando en el despliegue de más satélites espías del ejército estadounidense.

https://www.businessinsider.es/invierte-google-industria-guerra-forbes-779475

Ucrania autoriza a grabar y almacenar las conversaciones telefónicas y los viajes de los usuarios de móviles

De Ucrania ya nada sorprende. La semana pasada el Parlamento aprobó una ley que obliga a los operadores de telecomunicaciones a grabar y almacenar las conversaciones telefónicas de los abonados y los datos de sus viajes.

Los proveedores de servicios de internet están obligados a almacenar datos sobre las visitas de los usuarios a los sitios web y sus compras en línea.

La decisión ya fue tomada por la mayoría parlamentaria en tiempos de Viktor Yanukovych, durante el Golpe de Estado fascista de 2014, y calificada de “dictatorial” por los golpistas.

Lo que antes era negro, ahora se ha convertido en blanco y, naturalmente, se dirige contra los “prorrusos”, que hasta ahora “sólo” podían ser encerrados en campos de concentración. Ahora se trata de vigilar a los que hablan en ruso, sean “prorrusos” o no.

La Constitución de Ucrania es como todas las demás: prohíbe las intrusiones en la vida privada de los ciudadanos, pero la letra pequeña dice otra cosa y para ello no hace falta recurrir a tonterías, como la autorización judicial.

La nueva norma se ha aprobado por iniciativa del Presidente Volodymyr Zelensky, cada vez más parecido a sus antecesores.

El gobierno de Kiev podía olvidarse de los campos de concentración. No necesita alambres de púas para vigilar el idioma en el que hablan sus ciudadanos.

En Ucrania tienen el pretexto de los “prorrusos”. En otros recurren a los islamistas. A veces se inventan terroristas donde no los hay y a partir de ahora los negacionistas también van a dar mucho juego.

https://www.politnavigator.net/zelenskijj-propikhnul-diktatorskijj-zakon-budut-zapisyvat-vse-razgovory-pokupki-i-peremeshheniya.html

Teletrabajo: al servicio de la acumulación, la explotación y la exclusión

Resulta complejo hablar del teletrabajo si primero no hacemos un recorrido por lo que pasa en el mundo en materia de fuerzas productivas y laborales. El acelerado desarrollo de las fuerzas productivas al que asistimos, marcado por un proceso de concentración y acumulación de la riqueza socialmente producida en magnitudes nunca antes observadas, marcan la significación histórica del momento que vivimos.

Estos cambios radicales en los modos de producción social, son un indicador de la puesta en marcha de una nueva fase del capitalismo: la fase de digitalización de la economía. Dicha fase, está modificando el conjunto total de los procesos de producción que parecen haber quedado obsoletos, para imponer los nuevos tiempos de producción y controlar la fuerza de trabajo.

Además, se observa en el mundo, una intensa lucha entre distintos proyectos estratégicos transnacionales por el control de la tecnología, que podríamos sintetizar solo de forma ilustrativa y esquemática- en la guerra entre dos de las potencias económicas principales: Estados Unidos y China. Esta disputa -que aclaramos que no se trata de países sino de proyectos capitalistas trasnacionales estratégicos- apunta a profundizar el proceso de digitalización de la economía y controlar el 5G a nivel global. Esto permitiría también, controlar el avance y desarrollo de la robotización, nano y biotecnología, computación cuántica e inteligencia artificial basada en el Big Data.

Como correlato de los cambios antes descritos, se observa como tendencia general en la realidad concreta de los trabajadores, un aumento mundial y sistemático de la explotación laboral y la expulsión de grandes masas de trabajadores del proceso productivo.

Según el informe “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias 2019” de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT); en el mundo existen 3.300 millones de personas empleadas. De los cuales, 1.300 millones son trabajadores formales; y 2.000 millones son trabajadores informales, lo que equivale al 61 por ciento de la población activa mundial.

En los resultados del Informe Mundial sobre Salarios 2018-19 de la OIT, se constata que en términos reales (ajustados a la inflación) el crecimiento mundial del salario se desaceleró: pasó de 2,4 por ciento en 2016 a 1,8 por ciento en 2017. El informe observa que en los países avanzados del G20 el crecimiento real del salario disminuyó, de 0,9 por ciento en 2016 a 0,4 por ciento en 2017. Esta disminución, no respeta ya, los límites entre “países centrales y periféricos” sino que es mundial.

La explotación de los trabajadores se acentúa si tomamos en cuenta el informe “Impacto de la Inteligencia Artificial en el Mercado Laboral” de Adecco Global Institute, que nos dice que lo que en 1970 se producía en ocho horas, hoy tan solo requiere de una hora y media de trabajo, sin embargo, la jornada laboral sigue siendo de 8 horas.

La explotación no es el único factor que afecta a la clase trabajadora mundial. La desocupación también aumenta y amenaza ya con crear el ejército de desocupados más grande en la historia de la humanidad. El informe de Adecco antes citado, refleja que los procesos de tecnologización de las cadenas globales de valor, han llevado a una suplantación continua de la fuerza de trabajo. Se prevé que “para 2030, el 14 por ciento de la fuerza laboral mundial habrá tenido que evolucionar, adaptarse y transformar sus capacidades”.

Además del número mundial de desempleados, que alcanza a 188 millones de personas, otros 165 millones no tienen suficiente trabajo remunerado y 120 millones o bien han abandonado la búsqueda activa de trabajo o no tienen acceso al mercado laboral. De esta forma, la OIT calcula que en total, más de 470 millones de personas en el mundo se ven afectadas por problemas laborales y que la desocupación aumentará en los próximos dos años.

Esta enorme masa de desocupados o ejército de reserva, tensionará sobre las condiciones laborales de ocupados y subocupados, aumentando la lucha entre trabajadores por los puestos existentes. De esta forma, a mayor número de trabajadores excluidos, menos condiciones materiales tendrán los trabajadores incluidos.

La pandemia ha acelerado los tiempos sociales de producción, y muchos países y empresas cambiaron radicalmente la forma de trabajar. La OIT estima que el 27 por ciento de los trabajadores en los países de altos ingresos podrían teletrabajar desde su casa. Entre estos países, la UE viene generando condiciones para el teletrabajo desde 2002, con la firma del “Acuerdo Marco Europeo sobre teletrabajo”.

A través de la un ley de 1991, Estados Unidos permitió a las agencias que participan en el Proyecto Federal “Flexiplace” usar los fondos apropiados para instalar las líneas telefónicas, el equipo necesario y pagar los cargos mensuales en una residencia privada. Fue la primera vez que el Congreso proporcionó fondos para los acuerdos de “Flexiplace”. En 2010 Obama firmó el “Telework Enhancement Act” para una mejora del teletrabajo, en la que dispone que cada agencia ejecutiva establezca e implemente una política para que los trabajadores estén autorizados a teletrabajar.

En América Latina, Colombia cuenta desde el año 2008 con la Ley 1.221 para promover y regular el teletrabajo como un instrumento de generación de empleo y autoempleo mediante el uso de las TIC. Brasil, a partir de la Reforma Laboral de 2017, reconoció y reguló el teletrabajo en el país.

En Argentina, existen iniciativas y proyectos de ley desde el año 2004 que lograron plasmarse en agosto de este año en la Ley 27.555 “Régimen legal del contrato de teletrabajo”.

Según un informe del CIPPEC 2020, actualmente en Argentina, el 8 por ciento de los trabajadores realizan teletrabajo y con la capacidad tecnológica instalada que tenemos, se podría realizar teletrabajo en el 18 por ciento de los trabajos en total. Si se produjera una alta inversión en TIC, podría teletrabajar hasta el 29 por ciento de los trabajos totales. Y si tenemos en cuenta que en el país, según el Ministerio de Trabajo, hay 11.763 millones de trabajadores registrados, el número de teletrabajadores sería realmente significativo.

Las nuevas tecnologías están al servicio de un minúsculo grupo de especuladores financieros, generando mayor acumulación, explotación y exclusión.

Oitraf (Observatorio Internacional de Trabajo del Futuro), https://al.internetsocialforum.net/2020/12/18/teletrabajo-oportunidad-o-amenaza/

Nigeria vincula todos los números de teléfono móvil a los números del documento de identidad

El organismo regulador de las telecomunicaciones de Nigeria ha ordenado que todos los números de teléfono móvil activos estén vinculados a los números del documento de identidad personal.

El miércoles de la semana pasada la Comisión de Comunicaciones de Nigeria (NCC) dio a los usuarios de teléfonos móviles hasta el 31 de diciembre para registrar sus números de teléfono con sus números del documento de identidad. En una declaración en su sitio web, el NCC advirtió que el incumplimiento de esa obligación supondrá el cierre de la línea telefónica del usuario.

MTN es el mayor operador de telecomunicaciones de Nigeria, seguido de cerca por Airtel Africa y Globacom. Estos operadores son miembros de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de Nigeria (ATCN), que apoya el plan del gobierno.

“Creemos que es lo correcto, pero debe hacerse de la manera correcta para no perturbar el modo de vida de los ciudadanos”, dijo el presidente de la patronal, Ike Nnamani.

El Parlamento de Nigeria ha recomendado que el NCC amplíe el plazo en 10 semanas.

Nigeria tiene casi 200 millones de líneas de teléfono móvil activas. Sin embargo, según la Comisión Nacional de Gestión de la Identidad, sólo 41,5 millones de personas tienen documento de identidad, que es necesario para completar el registro de su línea de teléfono.

El objetivo es que el control sobre la población se lleve a cabo a través del número de teléfono, en lugar de la documentación personal y Nigeria no es más que un campo de pruebas que posteriormente se extenderá a otros países del mundo.

En 2015 la NCC multó a MTN con 859 millones de dólares por negarse a desconectar las tarjetas SIM no registradas.

El teletrabajo es una contrarrevolución que convierte el hogar en una tortura

El enorme crecimiento del trabajo telemático a causa del confinamiento no es ninguna “revolución” sino todo lo contrario, dice la historiadora Raquel Varela, especialista en el cambio de las condiciones laborales, el movimiento obrero y la historia europea del siglo XX.

No es un motivo de celebración. “Yo no lo llamaría una revolución laboral, sino una contrarrevolución, porque es dramática la gestión que se está haciendo del teletrabajo. Cuando más necesitábamos del trabajo colectivo, en equipo, creativo… Estamos devolviendo a la gente a su casa, transformando no el trabajo en una casa acogedora, sino nuestra casa acogedora en una tortura de trabajo”.

“Desaparece la frontera público y privado y se intensifica mucho la demanda de trabajo. Lo que pasa con el teletrabajo es una intensificación de la ganancia de las empresas, porque disminuyen los costes inmediatos e invaden la casa de la gente”, lamenta Varela.

Con la pandemia los servicios de salud han sido desmontados de su excedente “Si miras una autopista, tiene dos o tres vías y una cuarta de parada (la banquina o arcén). Esta vía cuesta mucho construirla, pero casi nadie la utiliza, solo cuando hay un accidente. En los servicios de salud necesitamos también de una vía extra para situaciones de excepción. Lo que pasa es que los países del proceso neoliberal han desmontado esta vía de seguridad y han reducido los centros sanitarios al mínimo para funcionar.

El confinamiento es una práctica medieval que se aplicaba cuando no había ciencia, no existían servicios públicos de salud… Los gobiernos capitalistas del mundo tuvieron que admitir que no tienen medios para combatir una pandemia de baja letalidad. Imagínese si hay una pandemia de alta letalidad. La única solución es una idea completamente enloquecedora desde el punto de vista de la salud mental y física de la gente que es el confinamiento, y que tiene un impacto destructivo en la economía. Se habla ya de que hay 30 millones de personas que pueden morir de hambre, se habla ya de una pandemia mental tremenda”.

“Los trabajadores están pagando la factura de la crisis y no quienes tienen grandes ganancias. Y el dinero no produce dinero”.

Varela entiende que es necesario “situar a los servicios públicos fuera de la ganancia. Tenemos que considerarlos esenciales y pagar muy bien a los funcionarios públicos, porque son los garantes de la civilización. Y eso implica una inversión en trabajadores, no en tecnología y máquinas. Nosotros necesitamos gente que trabaje. No podemos seguir premiando a los empresarios del mundo que ganan millones y consentir que los servicios públicos funcionen con salarios que no permitan soñar. Hay que devolver la esperanza a los centros de trabajo, hay que devolver la autonomía, la creatividad, la reducción del horario del trabajo, la progresión en la carrera: la gente tiene que trabajar feliz; el trabajo no puede ser una tortura”.

Interrogada acerca de si esta coyuntura puede servir de “escarmiento” o aprendizaje, la historiadora se muestra más bien escéptica. “Yo no creo que las sociedades funcionen por causa de la racionalidad científica, sino por la fuerza política. No he visto nada en los gobiernos europeos que muestre un cambio en las políticas. La gran política ahora es la reconversión industrial a la tecnología 4.0 de industria verde, cuando lo que necesitamos más que nunca son educadores, médicos, enfermeros, transportistas… Necesitamos cuidar a quien trabaja, no necesitamos una supuesta inversión de capitales en maquinaria”.

https://www.montevideo.com.uy/Ciencia-y-Tecnologia/Teletrabajo-una-contrarrevolucion-que-convierte-el-hogar-en-tortura–afirma-historiadora-uc767430

Iberdrola refuerza la vigilancia las redes sociales con viejos y nuevos espías

Iberdrola quiere monitorizar con toda la información que surge sobre su actividad en la docena de países en los que está presente. Para ello, la empresa eléctrica está ultimando la creación de lo que se ha bautizado como unidad de inteligencia, cuyo fin esencial es rastrear toda la información que sale del grupo en cualquier plataforma, especialmente las redes sociales, donde la eléctrica está expuesta a sufrir ataques no identificados que pueden poner en riesgo su seguridad.

Este proyecto está siendo liderado precisamente por el área de Seguridad de Iberdrola, que desde hace un año está descabezada tras la destitución de Antonio Asenjo como responsable por los pagos al comisario José Manuel Villarejo. Su rol lo está ocupando de forma provisional Patxi Blázquez, número dos de Asenjo y la persona que está liderando este proyecto, similar al de empresas del Ibex como Telefónica y Repsol.

La Unidad de Inteligencia tiene como objetivo monitorizar todos los riesgos que pudieran afectar a Iberdrola y que, dado el desarrollo de las redes sociales, suelen manifestarse de forma telemática en plataformas como Twitter o Facebook. Webs donde las empresas descubren potenciales amenazas de grupos de presión identificados o de anónimos que usan “bots” para difundir cierta información dañina para la sociedad o promover ataques físicos o digitales a instalaciones de la empresa.

El grupo energético dirigido por Ignacio Sánchez Galán no cuenta hasta la fecha con una división dedicada en exclusiva a cubrir este flanco, que se ha convertido en clave en los últimos años por la proliferación de ciberataques. Iberdrola quiere extender esta nueva red a todos los países donde está presente, por lo que ha creado un comité de inteligencia para monitorizar toda la información sensible que pudiera afectar a las operaciones, a las instalaciones o a la reputación de la sociedad.

La empresa quiere conocer al detalle y con antelación si, como le está ocurriendo en Estados Unidos con uno de sus proyectos verdes más relevantes, tiene grupos de oposición, ya sean de organizaciones medioambientales, como Greenpeace, o de partidos políticos, como Unidas Podemos, que planifican o anuncian movilizaciones contra sus plantas eléctricas. Al mismo tiempo, quiere saber quién o quiénes encabezan la protesta y a qué intereses pudieran responder, y si está en peligro la integridad de sus empleados o directivos. Tanto Greenpeace como Podemos se han personado en la causa de Iberdrola y Villarejo que se investiga en la Audiencia Nacional.

El comité de inteligencia está coordinado por Blázquez y en él participan, entre otros, Enrique Victorero, responsable de Seguridad Internacional, hombre enfrentado a Asenjo y a Juan Ramón Canovas Ras, jefe de Seguridad de México, uno de los países más conflictivos para Iberdrola, donde son públicas las profundas diferencias entre Galán y el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, que ha acusado a la eléctrica española de fichar a funcionarios públicos, —incluido el anterior presidente de México, Felipe Calderón, como consejero— después de haber obtenido suculentos contratos.

“A mí me pagaba el pueblo de México, no Iberdrola. Pero estaban muy mal acostumbrados. Iberdrola se llevó como directiva a la señora Kessel, que era secretaria de Energía, y también contrató como miembro de su consejo de administración a Calderón. Entonces, se quedaron mal acostumbrados”, dijo el presidente de México. Tras estas palabras, pronunciadas el pasado mes de septiembre, Iberdrola destituyó como consejera a Georgina Kessel el pasado 20 de octubre, puesto que pasó a ser ocupado por el exministro Ángel Acebes.

Cánovas Ras se incorporó a Iberdrola procedente de FCC, para la que trabajó en Oriente Medio. Fuentes del sector señalan que se trata de un militar, con rango de teniente coronel, que estuvo durante 18 años al servicio del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Cánovas Ras es ahora uno de los hombres fuertes de Seguridad de Iberdrola tras sustituir a Antonio García Villacañas, que ha abandonado recientemente la empresa y que es hijo de un alto mando también de los servicios secretos del Gobierno de España.

Iberdrola fichó el pasado verano al general Félix Sanz Roldán, director del CNI durante los últimos 10 años, como miembro del consejo asesor del presidente de la empresa. Galán ha asegurado un sueldo de 240.000 euros al año al militar, que comparte asiento en este “advisory board” con Ernesto Zedillo, expresidente de México; Joschka Fisher, exministro de Exteriores alemán; Jonathan Hill, antiguo comisario europeo de Mercados de Capitales; Laurence Tubiana, ex directora general de la European Climate Foundation, representante especial del Gobierno francés para la COP21 de París; Ken Salazar, antiguo secretario del Interior de Estados Unidos, y Ramón de Miguel, exembajador de España en París y ante la UE, hombre vinculado a José María Aznar y a Mariano Rajoy.

https://www.elconfidencial.com/empresas/2020-12-14/iberdrola-unidad-inteligencia-cni-vigilar-redes-sociales_2868992/

YouTube censura los vídeos sobre el fraude en las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos

YouTube ha censurado los vídeos de los usuarios que afirman que las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos fueron fraudulentas (*).

A medida que la censura arrecia, los pretextos se van ampliando. Los vídeos que comentan las elecciones no ponen en peligro la salud, ni incitan a la violencia, ni al odio. Tampoco engañan a los votantes porque ya han votado.

La filial de Google borra los vídeo porque son falsos. Las elecciones han sido limpias y hay que pasar página. La red social no puede dejar que la espada de Damocles penda sobre el nuevo gobierno de Biden de forma permanente. Nadie va a poder afirmar que las decisiones del nuevo gobierno se fundan en unas elecciones ilegítimas.

Es una toma de partido de la filial de Google: lo que valió para Trump es intolerable para Biden.

La noticia no tiene que ver con uno (Trump) o con otro (Biden). Tampoco tiene que ver con las elecciones estadounidenses. Ni siquiera interesa confirmar que han sido fraudulentas. Lo realmente importante es que los poros de la libertad de expresión se cierran cada vez más estrechamente.

Durante cuatro años las grandes cadenas de intoxicación han asediado al mundo con informaciones sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016 que auparon a Trump al gobierno, lo que abrió cuatro años de investigaciones de la fiscalía y del FBI.

Todo quedó en agua de borrajas, pero si no pudieron destituir a Trump, acabaron con quienes estaban destinados a implementar su política exterior, como el general Flynn.

La censura de YouTube sanciona el fracaso de esa política y el amplio sostén que los monopolios digitales prestan a la política demócrata, que es la punta del iceberg del apoyo del grueso de las grandes cadenas informativas, el Pentágono, la industria armamentista y las centrales de espionaje, como la CIA, es decir, el aparato del Estado.

“El 88 por ciento de los vídeos de los diez principales resultados de las investigaciones relacionadas con las elecciones proceden de fuentes de información autorizadas”, asegura YouTube para justificarse. Hay fuentes de información que están autorizadas y otras no lo están. Los usuarios sólo podrán ver las primeras, pero no las segundas.

Si esto ha podido ocurrir en relación a unas elecciones, debemos estar preparados para una avalancha de intoxicación en cuanto estalle una guerra, como la que actualmente acosa a China en cada uno de los mercados del mundo.

(*) https://blog.youtube/news-and-events/supporting-the-2020-us-election

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