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Las mujeres republicanas fueron específicamente humilladas por el franquismo durante la posguerra

Mujeres antifascistas rapadas
El 16 de marzo la organización Women’s Link Worldwide interpuso una querella para solicitar la investigación de los crímenes cometidos durante el franquismo contra las mujeres republicanas, como paso fundamental para exigir el fin de la impunidad de los asesinatos perpetrados durante la posguerra.

La acción se enmarca dentro de la querella iniciada en 2010 en Buenos Aires contra el franquismo, y que actualmente engloba más de 300 querellas. La organización pidió a la jueza María Servine que se amplíe la causa para incorporar los crímenes hacia las mujeres durante la Guerra Civil y a lo largo de los años de dictadura.

Women’s Link aplica una perspectiva que toma en cuenta que la violencia que se utilizó contra mujeres y hombres fue diferente, tuvo un impacto diferente, y un significado diferente.

La violencia ejecutada por el bando fascista contra las mujeres no sólo fue de una brutalidad diferente, sino que además tenía un objetivo claro, que era castigar a aquellas mujeres que el régimen consideraba que habían roto con su posición social y cuyo objetivo principal buscaba enviar un mensaje de presión a la sociedad completa de cuál debía ser el modelo de conducta femenino, y al mismo tiempo utilizó a las mujeres para castigar a los hombres del bando republicano, lo que es un tipo de violencia específica que tiene que ser analizada y castigada de forma específica.

La querella presentada por Women’s Link Worldwide relata las experiencias de seis mujeres que sufrieron abusos por el hecho de serlo durante el franquismo. Cinco de los testimonios los han obtenido gracias a sus familiares, mientras que el restante proviene directamente de una superviviente. Cuatro de las seis mujeres, denuncia la organización, continúan desaparecidas en la actualidad.

Margalida Jaume Vendrel era una relojera asentada en la localidad de Manacor (Mallorca). En 1936 su marido fue retenido sin motivo aparente durante una semana en la comisaría local, periodo tras el cual Margalida, embarazada de siete meses, fue llamada también. Ambos sufrieron todo tipo de humillaciones y torturas, y finalmente fueron ejecutados. Años después, un vecino del pueblo admitió haber sido testigo de las violaciones que la mujer sufrió durante su retención por parte de al menos uno de los falangistas.

Daria y Mercedes Buzadé Adroher eran dos hermanas que partieron a Mallorca en 1936, desde Barcelona, como personal sanitario en una expedición republicana. Semanas después de iniciar el viaje, las enfermeras fueron detenidas por tropas franquistas e interrogadas por las autoridades, que ordenaron, además, que todas ellas fuesen examinadas para comprobar su virginidad. Tras ello, fueron brutal y repetidamente violadas por un grupo de falangistas. Se cree que al día siguiente fueron asesinadas en el cementerio de Son Coletes, pero sus restos se encuentran en una fosa común de ese cementerio que a día de hoy no ha sido exhumado.

Pilar Sánchez Lladrés militaba en el Partido Socialista y habitaba en el barrio obrero de La Soledat, en Mallorca. En 1936, tropas franquistas detienen a su marido y a sus cuatro hijos, pero no a Pilar, que había conseguido esconderse. Días después, y debido a la incertidumbre sobre el estado de su familia, Pilar sale de su escondite y enseguida es denunciada y detenida por miembros de la Falange. Los cuatro hombres que la detuvieron fueron autores de las palizas y violaciones que sufrió Pilar, según el relato de un vecino que fue testigo de los hechos. Los mismos hombres que abusaron de ella repetidas veces la asesinaron en septiembre de 1936 y abandonaron su cuerpo, que se encuentra en una fosa común del cementerio de Sencelles.

Matilde Lanza Vaz militó en el Partido Comunista y fue parte activa del mismo desde la proclamación de la Segunda República. En 1939 fue detenida y juzgada en un consejo de guerra. Tras seis meses en los calabozos de la Puerta del Sol, fue trasladada a la prisión de Las Ventas, y posteriormente a la prisión de mujeres Can Sales, en Palma de Mallorca. Viendo que la mujer se había convertido en un referente para el resto de reclusas, las autoridades iniciaron una labor de adoctrinamiento para convertirla al catolicismo, como maniobra propagandística del régimen y como golpe de efecto para minar la moral del resto de mujeres presas.

En 1941 la aíslan y obligan a bautizarse. Antes de la celebración del bautizo, la joven acude a la enfermería, en el piso más alto de la prisión, y desde allí se arroja al patio. Tras 45 minutos de agonía, y todavía inconsciente, las autoridades carcelarias la bautizan. Su cuerpo fue inhumado en el cementerio municipal de la localidad.

Lidia Falcón O’Neil fue detenida siete veces entre los años 1960 y 1974 en base a los delitos de opinión y asociación ilícita, y procesada en varias ocasiones por la publicación de artículos de opinión. Fue encarcelada en repetidas ocasiones en las prisiones de Barcelona y Madrid. Falcón sufrió torturas, claramente dirigidas a su condición de mujer joven, que consistieron en golpes en el estómago y en el hígado bajo el grito de “ahora ya no parirás más, puta bruja”.

El perito de la querella, Bartomeu Garí, destacó que “a las mujeres se les aplicó otra modalidad represiva mucho más brutal”. Este tipo de violencia no suele ser objeto de denuncia, por pudor o por vergüenza, de modo que romper esto es sumamente importante.

Aunque la represión franquista recayó sobre las espaldas de hombres y mujeres, la motivación, las causas y los efectos son necesariamente distintos. La organización relata que los crímenes contra las mujeres antifascistas incluyeron aspectos como la violencia sexual, habitualmente ejercida por los carceleros o por falangistas que entraban en las cárceles a visitar a las mujeres de manera recurrente. Las mujeres eran detenidas y violadas, no sólo por su lucha política, sino también por el delito consorte, es decir, por ser familiar de hombres antifascistas.

El franquismo siempre se caracterizó por negar la existencia de presas políticas, que fueron tratadas como delincuentes comunes. Las torturas a las que fueron sometidas las mujeres se ejercían con el mismo odio y fuerza que hacia los hombres, pero había un componente de género específico hacia ellas, tanto en los insultos como en el uso particular y sexuado de la violencia, las descargas genitales y golpes en el bajo vientre.

Fue común, asimismo, el robo de bebés, que ronda los 30.960 niños y niñas. Los hijos de las mujeres que eran asesinadas fueron entregados a familias de militares franquistas para eliminar la semilla marxista y darles una educación afín al régimen. Hasta los años 80, muchas mujeres sufrieron el robo de sus hijos en los hospitales bajo la excusa de enfermedad grave y posterior muerte del bebé.

Finalmente, las mujeres fueron sometidas a humillaciones relacionadas con cortes de pelo al cero y purgas con aceite de ricino. Las mujeres que no podían controlar sus esfínteres eran obligadas a pasear por las calles de su pueblo o ciudad, bajo las burlas y agresiones de sus vecinos.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/03/16/las_mujeres_victimas_del_franquismo_piden_justicia_argentina_46475_1012.html

Ha muerto la presa política Belén González Pañalva enferma en el hospital

Esta noche ha fallecido en el Hospital de Donostia la presa política vasca Belén González Peñalva. Llevaba 8 años en situación de “prisión atenuada”, desde que tras ser operada de un cáncer en la cárcel de A Lama (Pontevedra-Galiza), determinaran que su enfermedad era irreversible.

El Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión desea hacer llegar sus condolencias a la familia de Belén y expresar su tristeza por esta noticia.

Por otra parte, nuestro movimiento quiere ensalzar el recorrido militante de Belén. Desde muy joven ofreció su vida a la lucha por la libertad de Euskal Herria y, también estando en prisión, ha sido un ejemplo de dignidad. Finalmente, Belén ha muerto estando presa, ya que aunque le habían aplicado la prisión atenuada, esta medida la mantenía controlada durante 24 horas al día por medio de una pulsera telemática. Cuando ha fallecido, Belén aún llevaba la pulsera puesta.

En un día como el de hoy no podemos olvidarnos de la situación en la que se encuentran lxs presxs políticxs enfermxs, y muy especialmente de la de Ibon Iparragirre. Ibon se encuentra al borde de la muerte y, a pesar de todo, el juez fascista José Luis Castro Antonio está retrasando su vuelta a casa bajo la excusa de que necesita nuevos informes médicos, aún sabiendo que ese tiempo puede ser decisivo a la hora de salvar la vida de Ibon.

Más que venganza, lo que el estado español está haciendo con lxs presxs políticxs vascxs es un chantaje. En julio fue Aitzol Gogorza quien denunció que le habían ofrecido acogerse a la “Vía Nanclares”, dejando al descubierto que están llevando a cabo el perverso juego del “arrepiéntete o muere”.

El Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión quiere hacer un nuevo llamamiento a la lucha. Ante estos casos no es suficiente buscar la compresión humana de la sociedad, sino que debemos sacar de su comodidad burguesa al pueblo de Euskal Herria. Necesitamos convertir las calles en un hervidero si queremos que estxs militantes enfermxs vuelvan a casa vivxs. Lo conseguiremos mediante la organización y la lucha.

Agur eta ohore, Belen!

En Euskal Herria, a 16 de noviembre de 2017.

La hija de una víctima del terrorismo de Estado quiere que el PSOE asuma su repsonsabilidad

Maider García Martín, hija del objetor de conciencia Juan Carlos García Goena, asesinado por los GAL en 1987, ha reclamado en el Parlamento Vasco que el PSOE haga un “reconocimiento público” y “diga la verdad” sobre el terrorismo de Estado y la guerra sucia mientras estuvo al frente del gobierno en los años ochenta, cuando se cometieron 27 asesinatos al menos.

García Goena, de 28 años de edad, fue asesinado el 24 de julio de 1987 cuando tras salir de su casa en Hendaya, en Euskadi norte, subió al vehículo que tenía aparcado enfrente para dirigirse a trabajar. Al introducir la llave de contacto se produjo una tremenda explosión.

Los autores materiales del atentado fueron “Jean Louis”, un policía francés, y el apoyo de “Carlos”, un guardia civil miembro del Cesid (actual CNI). El pistolero José Amedo, uno de los matarifes de los GAL, indicó que quien ordenó el crimen fue la cúpula del Ministerio del Interior, dirigido por el PSOE, señalando con el dedo al secretario de Estado Rafael Vera.

30 años después la hija de García Goena compareció el miércoles ante la Ponencia de Memoria y Convivencia del Parlamento Vasco. En declaraciones a los medios de comunicación, explicó que había acudido a la Cámara autonómica para reclamar que el resto de partidos políticos exijan al PSOE que “haga un reconocimiento público” de lo que realmente ocurrió con el terrorismo de Estado.

Según dijo, el PSOE debe “contar la verdad” sobre los GAL, su brazo armado, cuyas acciones fueron imputadas a varios altos dirigentes socialistas de los sucesivos gobiernos de Felipe González.

La hija de García Goena ha afirmado que sin este reconocimiento por parte del PSOE, el Plan de Paz y Convivencia del Ejecutivo vasco, en el que los socialistas gobiernan junto al PNV, “no tiene una base sólida”.

El asesinato quedó impune. Está archivado desde 2001. La familia pidió la reapertura a la Audiencia Nacional, lo que consiguió en 2012. Entonces el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el antiguo Cesid, intentó captar como informante a una de las secretarias del abogado que defendía a la familia.

El abogado denunció el asunto a la Audiencia Nacional, que le dió el carpetazo acostumbrado. Luego la misma Audiencia cerró la investigación del crimen y aquí no ha pasado nada.

El tal “Carlos”, el miembro de la guardia civil y del CESID/CNI que cometió el asesinato, era un hombre de confianza de Rafael Vera con buenos enchufes tanto entre la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo (*). La impunidad no puede, pues, extrañar a nadie. Sólo queda la denuncia y la lucha permanente contra el olvido. En internet hay un página dedicada al asesinato de García Goena.

(*) http://www.elmundo.es/espana/2016/07/24/5793c972268e3ea62c8b45f4.html

La UE encuentra un látigo, palos y bates en la sala de interrogatorios de una comisaría

En su último informe dirigido a las autoridades españolas, el Comité Europeo de Prevención de la Tortura (CPT) hace hincapié en la necesidad de mejorar las condiciones de las comisarías y los centros de detención, y garantizar los derechos de las personas detenidas. El trabajo de este organismo europeo centra su atención en la necesidad de eliminar la detención incomunicada y la inmovilización mecánica, incluso durante días, de los internos.

Durante 13 días, entre el 27 de septiembre y el 10 de octubre de 2016, una delegación del comité recorrió diferentes comisarías y centros de detención españoles. Según afirman, las múltiples entrevistas realizadas no permiten afirmar que los malos tratos “estén generalizados”, pero sí existen numerosos casos de una utilización excesiva de fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.

Entre las acusaciones que el comité considera «creíbles» figuran los malos tratos en el momento de la detención, una vez que la persona en cuestión ya ha sido reducida. El CPT menciona «bofetadas, puñetazos y patadas en la cara y tobillos, al igual que golpes con la porra». Las denuncias recogidas se extienden también a los casos en que los agentes de policía «habían propinado bofetadas, puñetazos, patadas y golpes con la porra tras llegar a la comisaría».

En el informe destaca el caso de la comisaría de Leganitos, en el centro de Madrid. En las oficinas de los inspectores utilizadas para el interrogatorio de sospechosos, la delegación del CPT encontró palos, bates de béisbol, un látigo y una cuerda/soga. «Aparte de que este tipo de objetos invita a especular sobre un comportamiento impropio por parte de los agentes, son también un peligro potencial tanto para el personal como para las personas sospechosas de haber delinquido», reza el informe del CPT.

La comisaría de Leganitos, que ya se había ganado numerosas denuncias por torturas y malos tratos, también ha recibido la condena del CPT por la condición insalubre de sus celdas –«una limpieza bastante descuidada», dice el informe– y por el hacinamiento de los detenidos. Cuando visitaron las instalaciones de esta comisaría, encontraron a cuatro personas que habían pasado la noche en una celda de 8m2, el doble de la recomendación del CPT, cuando otras celdas se encontraban vacías.

Los investigadores del CPT insisten en que las autoridades españolas deben tomar medidas efectivas para poner fin a la sujeción de personas detenidas a objetos fijos en las dependencias policiales. «La delegación del CPT vio que se recurría a la inmovilización de los presos durante largos períodos (días y horas, y no minutos) sin ningún tipo de supervisión ni registro adecuado», indica el informe.

Uno de los puntos clave del informe es la situación de las personas que se encuentran detenidas en instalaciones policiales o en prisión preventiva a las que se aplica el régimen de detención incomunicada. A pesar de que reconocen que la situación ha mejorado con la reforma de 2015, el CPT considera injustificada la existencia de esta figura que limita los derechos del detenido.

https://elsaltodiario.com/tortura/delegacion-de-la-ue-encuentra-un-latigo-palos-y-bates-de-beisbol-en-la-comisaria-de-leganitos

En la Unión Europea ya se pueden cerrar páginas web sin que un juez lo autorice

Una ley aprobada en Bruselas el 14 de noviembre permite a la UE bloquear sitios web, sin orden judicial, por los encargados de protección de consumidores.

La orden de cierre la pueden enviar a cualquier proveedor de internet, que deberá contar con los medios necesarios para cumplirla. Es como una ley Sinde en España, pero a lo bestia.

La norma se añade a las aprobadas por los gobiernos nacionales, que han creado sus propias leyes para bloquear webs de manera arbitraria, por ejemplo, para cerrar las calificadas como “piratas”.

Oficialmente el bloqueo está pensado para acabar con tiendas web que estafen a sus usuarios pero, poco a poco, se va gestando la “manga ancha” y si una web no se puede cerrar por “terrorismo” (yihadismo), se cierra por “piratería”, en donde todos suponen que los “terroristas” y “piratas” son los demás, hasta que le toca a él y entonces se da cuenta de que se puede cerrar cualquier medio de comunicación.

El mejor ejemplo es el reciente caso del bloqueo masivo de 140 sitios web en España relacionados con el referéndum catalán (*), otra gran vergüenza internacional que no ha suscitado ninguna queja por parte de todos esos “defensores” de los derechos humanos que comen la sopa boba, empezando por los jueces, que no hicieron más que firmar a ciegas lo que el Ministerio del Interior les puso delante de las narices (sin leerlo).

El proyecto de ley incluía la posibilidad de borrar contenido que vulnerase las leyes de protección de los usuarios, pero no de bloquear el acceso a las webs. Además, incluía el requisito de la autorización judicial para proteger los derechos fundamentales de los usuarios. Ahora van a entrar “a saco” en internet gracias a una regulación de ámbito europeo, así que los países miembros no tienen que crear nuevas leyes nacionales para adoptarla.

La Unión Europea imita a España, a la vieja España franquista y carcomida de los peores tiempos. En España no ha habido ninguna transición hacia la democracia; es Europa la que inicia la transición al fascismo puro y duro.

No sabemos qué pensarán todos aquellos que hace sólo 15 años hablaban de la emergencia de una nueva “sociedad de la información”. ¿No será más bien la “sociedad de la censura”?

(*) http://cadenaser.com/emisora/2017/09/26/sercat/1506404792_673304.html

Aplazado el juicio contra dos policías acusados de agredir a un recluso en un CIE

El juicio contra Antonio José P. G. y Clemente F. A., policías acusados de agredir a un recluso del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche ha sido aplazado hasta el próximo 12 de enero porque la víctima no ha acudido y un CD en el que se recogía el vídeo de la agresión ha aparecido roto.

Así lo ha confirmado el abogado de la Fundación Acción Pro Derechos Humanos, Javier García, quien ha detallado que la víctima se encontraba en Colombia.

Por otra parte, García ha explicado que ya han entregado dos CD a la causa donde se mostraba el vídeo de la agresión a este interno. El primero, pese a que funcionaba perfectamente en el momento de entregarlo, apareció rayado y por ello inservible. El segundo, ha resultado ahora partido.

En este sentido, ha señalado que hay alguien que quiere que se invalide la prueba. Si no es el CD original quizás no la den como una prueba válida, ha apuntado el abogado.

La Fiscalía solicita una pena de un año de prisión para cada uno de los policías al considerarlos culpables de un delito contra la integridad moral, con la accesoria de inhabilitación especial para el desempeño del cargo en la policía por tiempo de tres años, además de las costas derivadas del proceso judicial.

El fiscal explica que sobre las 12 horas del 2 de mayo de 2011 los dos policías se encontraban en la lavandería del CIE de Aluche con un recluso que estaba bajo su disposición y custodia, ya que ambos eran los encargados de trasladarle al aeropuerto de Madrid-Barajas para la ejecución de su Decreto de Expulsión a su país de origen.

Para ello, los dos policías le estaban inmovilizando con unas cintas alrededor de las muñecas, cuando, en el transcurso de dicha acción, Antonio José, con la pasividad de Clemente, agarró al interno con las dos manos del cuello, arrojándole contra la pared, sin que dicha acción fuera precedida de una actitud violenta u hostil por parte del agredido. El otro no sólo no impidió la agresión, sino que la presenció con pasividad y complacencia, añade el fiscal.

Operación Cota de Malla: el plan del ejército para ocupar Catalunya con las tropas

Catalunya aparta de mí este cáliz (4)

El gobierno sigue manteniendo en la reserva la Operación Cota de Malla, el siguiente paso a la imposición del artículo 155 que sacaría al ejército a la calle con la excusa de proteger los objetivos asignados, tales como puertos, aeropuertos, depósitos de combustible, emisoras de radio y televisión e, incluso, centrales nucleares.

El plan fue diseñado hace años para situaciones de gravedad extrema o acontecimientos de gran magnitud, tales como elecciones o conferencias internacionales. Ya se ha aplicado dos veces, la primera tras los atentados del 11-M y la segunda en 2004 durante la boda de los actuales Reyes.

Las principales funciones del ejército en Catalunya serían de apoyo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, en caso de necesidad para contener a la población en las calles e imponer el toque de queda. Una de las preocupaciones fundamentales sería mantener abiertas las carreteras que se cierren por la acción de los piquetes o las barricadas.

En realidad, el apoyo de las Fuerzas Armadas a los antidisturbios ya se ha llevado a cabo en el terreno logístico, en forma de alojamiento en las bases militares de Girona y Barcelona.

No obstante, las tropas únicamente parecen capacitadas, de momento, para patrullar las calles y reforzar la protección en la vigilancia estática, pues no tienen la condición de agentes de autoridad.

El gobierno podría militarizar determinados servicios públicos, lo que ampliaría el delito de sedición a los trabajadores de infraestruras clave, que quedarían sometidos a los jurisdicción militar.

En medio de la crisis, las declaraciones del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Fernando Alejandre, no dejaron lugar a dudas sobre el papel del ejército y su función intimidatoria.

Aunque no hay datos de que se enviaran tropas, el ejército ha posicionado material militar en sus almacenes, que es el paso previo de cualquier invasión. Los primeros 50 tanques llegaron a Catalunya al inicio mismo del “procès”, en el mes de marzo. Hacía 15 años que en Catalunya no había tanques del ejército (1).

El dispositivo militar el Catalunya nunca se replegará, ya que su papel es disuasorio. Más bien se reforzará porque el CNI considera que entre las filas del movimiento independentista van a surgir grupos armados. “Si se produjera una escalada de violencia que desbordara a las Fuerzas de Seguridad del Estado, el Ejército tendría que hacer valer su superioridad”, comentó un mando militar (2).

En el supuesto más extremo, la Policía y Guardia Civil no solo tendrían que enfrentarse a disturbios o algaradas, sino a grupos armados.

(1) http://www.elnacional.cat/es/politica/el-ejercito-envia-tanques-a-catalunya-en-pleno-proces_145362_102.html
(2) https://www.diarioprogresista.es/ejercito-pendiente-ejecutar-plan-cota-malla/

Más información:
– El ejército advierte que está dispuesto a atacar Catalunya
 

Crimenes del franquismo: el asesinato de las 9 aceituneras sevillanas

María Arriaza, sindicalista aceitunera
Iban nueve mujeres. Todas ellas de profesión humilde, aceituneras, afiliadas al sindicato de la UGT y detenidas por falangistas en la mañana del 10 agosto de 1936. Las mandaron en pocas horas al Puerto de Sevilla, dirección al buque prisión Cabo Carvoeiro. La fecha sería muy recordada en la ciudad. Cada día se mataba a sangre fría y en aplicación del bando de guerra a gran parte de la élite izquierdista. Precisamente, ese diez de agosto fue el día que aniquilaron a un importante grupo de la corporación municipal republicana. Blas Infante, padre de la patria andaluza, era una de aquellas víctimas.

Las jornaleras asesinadas eran María, Rosario, Leonisa, Josefa, Francisca, Gabina, Victoria, Josefa y Guadalupe. Eran mujeres del mundo agrícola de entre 19 y 43 años de edad. Todas vivían en el municipio de San Juan de Aznalfarache y fueron fusiladas en la saca del 24 de octubre de 1936. A Josefa la violaron antes de su muerte. Eso cuenta la bisnieta de su hermana Caridad, Esmeralda. También le cortaron los pechos. De María Díaz Arriaza se ha logrado rescatar parte de su biografía. El asesinato de sus hermanos menores. De Guadalupe solo se conoce el testimonio de su hijo huérfano a los 10 años, Manuel Anillo.

La Corporación de San Juan decidió el pasado 24 de octubre inaugurar un paseo en el pueblo donde darles homenaje público a estas mujeres aceituneras aunque “eso le costará quitarle la calle al cardenal Segura” afirma Raúl. La dura incomprensión de algunos vecinos hizo que escasos días después de su inauguración el paseo amaneciera con los azulejos y nombres arrancados. “¿Cómo se puede cometer esta barbarie?”, aclara Raúl. A la espera de su reposición, el grupo memorialista de San Juan espera el apoyo del municipio para que esta historia sea parte de la memoria pública de San Juan.

El temido capitán Manuel Díaz Criado, mano derecha de Queipo de Llano sería el firmante de la saca de las nueve aceituneras la mañana del 24 de octubre. Sánchez señala cómo aquella mañana “ordena que le entreguen a cuarenta y seis personas presas en el barco prisión Carvoeiro, proporcionado a los golpistas por la compañía naviera Ibarra”. Tres de aquellos hombres y tres mujeres no llegaron a perder la vida. No ocurrió lo mismo con las cuarenta personas restantes que son vilmente asesinados. Veintiún hombres y trece mujeres, una de El Garrobo, Sevilla, y las doce restantes vecinas de San Juan de Aznalfarache, entre las que se encuentran a las nueve aceituneras.

El perfil de estas nueve mujeres es bastante común en la Andalucía rural de los años 30 con fuertes cambios sociales en pleno auge de la II República. “Eran trabajadoras humildes y pobres, algunas vivían en el Barrio del Manchón, un barrio de chabolas en zona inundable, sin agua corriente ni alcantarillado. La última inundación del Guadalquivir de enero de 1936, hizo estragos en San Juan Bajo y especialmente en el Barrio del Manchón, uno de los más humildes de San Juan, barrio que visitaron muchas veces los falangistas para llevarse y asesinar a sus vecinos y vecinas”.

El arresto por parte de un grupo de falangistas en la mañana del diez de agosto de 1936 acabó para siempre con la vida de estas mujeres. Setenta y seis días después de su reclusión en la prisión flotante del barco Carvoeiro pasaron a la peor “muerte” posible por el mero hecho de ser militantes del sindicato de la UGT en su pueblo.

Pero ¿dónde se encuentran los restos? El historiador José Díaz Arriaza, profundo investigador de las fosas de Sevilla declara en su libro “Ni localizados, ni olvidados”, cómo sus cuerpos deben encontrarse en la fosa común del Monumento, una de las siete fosas comunes del cementerio de San Fernando de Sevilla donde podrían albergarse hasta 4.500 personas asesinadas por el régimen franquista. “Es la segunda fosa que se abre tras colmatar la primera gran fosa en el verano del 36 conocida como Pico Reja. Las nueve aceituneras estarían dentro de este cómputo de víctimas que se ubica en las desconocidas fosas de San Fernando”.

Josefa Romero, sindicalista aceitunera
La familia de María Arriaza Calero es una de las pocas que conoce parte de su biografía. Sánchez recuerda cómo sus hermanos fueron duramente reprimidos por los franquistas de San Juan. “Los que los señalaron no eran de fuera, eran fascistas rabiosos del pueblo”, aclara Raúl. Los militares señalaron con nombre y apellidos a María Arriaza Calero con 21 años, y a dos de sus hermanos, a Diego con 18 años lo asesinaron el 4 de enero de 1937, y a José con 25 años el 26 de octubre de 1936. El otro de los hermanos también murió asesinado. María Díaz, sobrina de esta aceitunera narra como a “sus padres les faltó poco para volverse locos”.

El caso de Guadalupe Sánchez resulta verdaderamente triste. Su nieta Guadalupe Anillo narra a Público la infancia de su padre Manuel. Con tan solo diez años quedó traumatizado con la trágica noticia de la muerte de sus padres. Guadalupe Sánchez López tenía solo 32 años y Antonio Anillo Marín, 35. “Mi padre iba a llevarles comida cada mañana al buque cárcel del Puerto y aquella mañana le dijeron a un niño de diez años que a sus padres se los habían llevado para fusilarlos al cementerio”. Guadalupe no contiene la tristeza al pensar la rabia con la que vivió su padre Manuel. “Cuando era pequeña y volvimos a Morón de la Frontera para que mi padre trabajara como chófer en la base estadounidense, uno de los americanos supo de su pasado familiar y nos tuvimos que ir corriendo. Lo hemos pasado realmente mal”. Guadalupe conoce poco de su abuela. “Era aceitunera y tenía las ideas muy claras pero mi padre no quería que supiéramos todo este drama”, añade.

A pesar de los pocos testimonios orales recopilados de las aceituneras, uno de los últimos resulta tremendamente sobrecogedor. Lo cuenta Esmeralda Delgado, bisnieta de Caridad, hermana de Josefa Romero Barberán, una de las aceituneras. Lo que ha oído repetidamente en su casa desde pequeña: “Yo se que dicen que la violaron y le cortaron los pechos antes de fusilarla, siempre llevaba un pañuelo rojo al cuello y le llamaban la rojilla”.

Raúl Sánchez nunca se quedaría ajeno a la triste historia de las aceituneras. Y es que tal y como afirma, “la incitación a la humillación y violación de las mujeres partía de los rebuznos de Queipo de Llano desde los micrófonos de Radio Sevilla, dándoles carta blanca a los bandidos que estaban a sus órdenes”. Las prácticas sexuales a mujeres se mantuvieron de forma habitual al inicio de la guerra en Andalucía con 11.200 asesinatos en la provincia.

El pasado 24 de octubre, en San Juan de Aznalfarache quedaría inaugurada el “Paseo de las Nueve Aceituneras”. La misma avenida llevaba incorporada un monolito con los nombres de los vecinos y vecinas que fueron asesinados el 24 de octubre de 1936. En pocas horas, las inscripciones de las nueve aceituneras y el resto de los fusilados fueron destruidos.

Mientras tanto, el trabajo de Raúl Sánchez y la asociación memorialista de San Juan va sumando frutos. En su mismo pueblo vivió el conocido cónsul alemán Otto Engelhardt y su legado, la vieja casa en la que vivió hasta su muerte se encuentra en uno de los cerros de San Juan. “Buscamos perpetuar la historia y hacer memoria, de nuestros vecinos, del cónsul alemán y de todas las víctimas que tuvo San Juan de aquel régimen sanguinario”, concluye.

http://www.publico.es/politica/nueve-aceituneras-asesinadas-sevilla-queipo-llano.html

Guadalupe Sánchez López y Antonio Anillo Marín

Una transición fraguada por las detenciones, las torturas y la cárcel

Dejarlo apartado en un rincón de la memoria ha servido a Rosa María García de artimaña contra los vaivenes del pasado. Recuerda con absoluta claridad lo que ocurrió la noche del 24 de agosto de 1975, cuando, con 19 años y un futuro como médica por delante, le empezó a cambiar la vida. “Creo que es lo que solemos hacer todos, dejarlo aparcado. Contarlo es duro, pero también es como un peso que te quitas de encima y alguien tiene que hacerlo. Supongo que pasará el tiempo y volverá al lugar de la memoria en el que tiene que estar”, cuenta su voz serena al otro lado del teléfono.

Rosa María García es una de las tantas víctimas del franquismo que todavía esperan justicia. Fue detenida y torturada por militar en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y pasó una semana en la Dirección General de Seguridad (DGS), el principal centro de detención de la policía franquista situado en la Puerta del Sol de Madrid. Nada más entrar a las dependencias de la DGS, Rosa María se dio de bruces con uno de los torturadores más conocidos, Antonio González Pacheco, apodado Billy el Niño.

Su historia forma parte de la campaña puesta en marcha por Amnistía Internacional #EstaNavidadToca, con la que la organización pide al Estado español que investigue y reconozca “las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo”. Rosa María no solo fue objeto de palizas, también tiene clavados en la memoria los insultos y las amenazas machistas que recibió durante los siete días de detención y que demuestran la doble represión de Franco sobre las mujeres: ideológica y de género.

“Los insultos sexistas, como guarra y otros de ese estilo, eran constantes. La amenaza común entre golpe y golpe era que me iban a violar y a matar, que me iban a llevar a la Casa de Campo y nadie iba a saber dónde estaba… Ese día llevaba un vestido y, cuando me tiraban al suelo, gritaban burlándose ‘mira qué guarra, que se le ven las bragas’”, relata.

“Era muy común entre las mujeres. Todas las que nos juntamos después en la cárcel de Yeserías lo hablábamos y a todas nos había pasado. A mi me invalidaron más estas cosas que los golpes porque los insultos me afectaron de una forma especial. Sentías la humillación, la humillación como mujer”, prosigue.

Para buscar justicia sobre la represión específica de las mujeres durante la dictadura la organización Women’s Link ha pedido a la jueza Servini que amplíe la querella argentina, la única causa que investiga los crímenes franquistas en el mundo, para que incluya estos delitos. “Se persiguió y castigó a las mujeres que se hubieran atrevido a salir del ámbito doméstico y especialmente a las que participaron en actividades políticas contrarias al régimen. Al no encajar en los valores e imagen de la mujer construida por el franquismo no había problema en detenerlas, encarcelarlas y violarlas”, explica Teresa Fernández, abogada de la organización.

Eran aproximadamente las once de la noche y Rosa María volvía de estar con el que después se convertiría en su marido. En medio de la calle, varios agentes de la policía franquista vestidos de paisano le pidieron la identificación y la detuvieron. Poco después supo que casi al mismo tiempo detenían también a su novio y a otros tantos militantes del Frente. “A nuestros compañeros también les amenazaban con que nos iban a violar a nosotras”, relata.

Recuerda que Billy el Niño la recibió con golpes e insultos y que en aquella época era muy conocido “por su sadismo” porque “disfrutaba torturando y eso te lo puede decir cualquiera que haya pasado por sus manos”. Rosa María estuvo una semana en la DGS, un tiempo en el que la pasearon por Madrid en busca de lo que ellos llamaban pisos francos: “Nada más llegar me hicieron poner de rodillas y empezaron a darme golpes en las plantas de los pies con la porra. Luego me pasaban a otro y me pegaba, era muy caótico, pasando de agente en agente. Me amenazaban con matarme… y yo pensaba que casi lo de morir era un alivio”.

Tras su estancia en el centro de detención la encarcelaron en la prisión madrileña de mujeres de Yeserías, donde después de estar cuatro días incomunicada en los calabozos, la pasaron a las celdas. “Allí era diferente, había una cama, un vaso de agua.. Además eramos muchas y nos apoyábamos unas otras. Los días que había comunicación nuestras madres –¡Qué hubiera sido de nosotras sin las madres!, exclama– nos traían comida y la compartíamos”, esgrime.

Rosa María estuvo encerrada en el módulo de presas políticas, mujeres que para el régimen eran traidoras de su género. Una visión sostenida en las “investigaciones científicas” del psiquiatra y militar Antonio Vallejo-Nájera, que dirigió los Servicios Psiquiátricos del bando nacional y que ha pasado a la historia por sus “estudios” misóginos sobre la mujer republicana. Dijo cosas como que “el psiquismo femenino tiene muchos puntos con el infantil y el animal” y fue un no de los impulsores de la segregación entre hijos y madres “rojas”.

Tres meses después Rosa María salió de la cárcel tras morir Franco y pagar sus padres una fianza de 30.000 pesetas que consiguieron gracias a la ayuda de familiares, amigos y vecinos. Pero tanto ella como su marido seguían teniendo juicio pendiente por asociación ilícita y propaganda ilegal. Por eso, se fueron a vivir a Valencia, donde estuvieron dos años antes de regresar a Madrid de nuevo. “Tuve que irme de casa de mis padres porque no podía dormir por miedo a que volvieran”, explica.

Más de 40 años después ha decidido denunciar y ser rostro público de la campaña de Amnistía Internacional, que ha enviado al Congreso diez recomendaciones en aplicación de las indicaciones que varios organismos internacionales, como la ONU, han dado a España para lograr los derechos de verdad, justicia y reparación en relación con el franquismo y la Guerra Civil. Pero además, Rosa María está preparando una denuncia conjunta con otras víctimas contra “Billy el Niño”.

Su objetivo es “que se abra camino” y se reconozca a las personas que se vieron obligadas a enfrentarse a la represión. Habla de su origen, de su familia de republicanos y “rojos”“como nos llamaban en aquella época”–, de su barrio, Vallecas, y del miedo y la represión, pero también de la ilusión por el cambio. Recuerda a Concepción Tristán y María Jesús Dasca Penelas, dos mujeres con las que compartió cárcel y que fueron condenadas a muerte, aunque finalmente no fueron ejecutadas.

Ellas formaron parte del juicio en el que fueron condenados los últimos fusilados del franquismo, tres de ellos militantes del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. Rosa María asistió al homenaje por el 40 aniversario de las ejecuciones y se enteró de que las dos mujeres estaban ya fallecidas. “Me impresionó saber que las había conocido. Eran de mi edad, habían sufrido muchas torturas y pensé que ellas ya no podían hacer nada, así que casi por ellas decidí denunciar”, cuenta.

Sobre si cree que ganarán con la denuncia, responde con un rotundo “no”. Pero añade que eso no le echa para atrás: “A veces luchar no consiste en saber qué vas a conseguir. A veces consiste simplemente en plantar cara, aunque no vayas a ganar. En poner un granito de arena, en dar un pequeño paso. Aunque no vayas a conseguir nada, te queda la dignidad de no haberte agachado”.

http://www.eldiario.es/sociedad/Torturada-franquismo-amenaza-golpes-violar_0_706229877.html

Otra de las artimañas típicas de la Audiencia Nacional para sus montajes políticos

La jueza Carmen Lamela
La jueza Lamela intentó engañar a Bélgica asegurando que el Govern catalán era corrupto para conseguir la extradición rápidamente. En la orden europea de detención la magistrada marcó la casilla de “corrupción” como único delito reconocido por Bélgica para entregar a Puigdemont.

En la Unión Europea las extradiciones se resuelven de manera inmediata si los delitos por los que se reclama una detención figuran en una lista con más de 30 categorías. En ninguna de ellas figuran la rebelión o la sedición. Así que Lamela no dudó en marcar con una equis la palabra mágica: “corrupción”.

Pero es como en la lotería: por si falla un número, compramos otro distinto. Entre la orden de prisión y la petición a Bruselas, los delitos de Puigdemont y su equipo han crecido de manera exponencial.

En sus autos de prisión, la jueza solo cita tres delitos (rebelión, sedición y malversación). Sin embargo, en el cuento enviado a Bruselas pidiendo las detenciones, habla de
cinco delitos de los que acusa al Govern cesado (prevaricación,
desobediencia, rebelión, sedición y malversación de caudales públicos).

El listado que la jueza ha remitido a Bélgica contrasta con lo escrito por ella misma en el auto en el que admitía la querella presentada por la Fiscalía General del Estado. En aquel auto, Lamela advertía de que el delito de rebelión absorbería los delitos de sedición, desobediencia y prevaricación.

Además de la profusión en el listado de delitos que Lamela presenta ante Bélgica es destacable el orden que la magistrada le da a los mismos. La prevaricación es el tipo delictivo elegido por la jueza de la Audiencia Nacional para encabezar la lista enviada en la orden de detención y entrega.

Según ese escrito «el Govern con sus proclamas y su conducta de sistemática desobediencia al Tribunal Constitucional fue alentando un movimiento de insurrección activa entre la población frente a la autoridad legítima de las instituciones del Estado con el fin de conseguir su objetivo secesionista, sabedor de que, por su ilegalidad, el referéndum solo podría celebrarse por la fuerza coactiva de la muchedumbre movilizada a estos efectos».

El formulario de una euroorden permite a quien la redacta explicar los hechos por los que pide la detención y traslado de un ciudadano. Se trata de un documento que incluye un importante apartado final: un listado que los países solicitantes deben cubrir simplemente marcando con una equis en las casillas adecuadas a los delitos por los que persigue a las personas reclamadas. Ese listado (pactado entre los miembros de la Unión Europea) no incluye ningún tipo delictivo relacionado con los hechos vinculados al proceso secesionista. Lejos de dejar en blanco esa lista de casillas, Lamela marcó con una equis el delito de corrupción.

Si Bélgica hubiera estimado la comisión de ese delito por parte de Puigdemont y sus consellers, la entrega hubiera sido inmediata. Muy al contrario, los tribunales belgas han decidido estudiar en profundidad las acusaciones de la jueza española, desechando la posibilidad de impulsar un trámite automático. Dicho de otro modo, las calificaciones del Govern de Puigdemont como un grupo de corruptos no han sido tomadas en consideración por los jueces belgas.

http://www.eldiario.es/politica/Lamela-convencer-Belgica-Govern-extradicion_0_705180359.html

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