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Este tipo de declaraciones siempre han sido papel mojado, aunque hasta ahora se hacía de tapadillo. Ahora ya no se cortan ni un pelo en saltarse las normas a la torera: el ejército y el espionaje canadienses han recibido nuevas instrucciones que limitan, pero no impiden por completo, el uso de información obtenida bajo tortura por gobiernos extranjeros.

La directiva, emitida por el ministro de Defensa, Harjit Sajjan, permite al ejército canadiense y al Centro de Seguridad de Telecomunicaciones, utilizar la información arrancada por tortura, aunque naturalmente todo esto se envuelve en papel de regalo: para ello es necesario que permita salvar vidas o prevenir lesiones graves.

Por ejemplo, se admite la tortura para obtener información sobre la amenaza de un ataque terrorista, pero el ejército admite que un posible ataque contra los soldados canadienses también puede ser favorable a tal recurso.

Hasta ahroa el ejército y el Centro de Seguridad de Comunicaciones no podían compartir información con otros gobiernos o instituciones extranjeras o solicitarla, si la petición podía conducir a la tortura o la violencia.

Estas nuevas directivas del Ministro de Defensa son comparables a las anunciadas en septiembre por su colega de Seguridad Pública, Ralph Goodale, dirigidas a la Real Policía Montada Canadiense, el Servicio canadiense de Inteligencia de Seguridad y a la Agencia servicios fronterizos.

Naturalmente, las organizaciones de derechos humanos y del partido NPD en Ottawa se han rasgado las vestiduras porque dicen -con razón- que equivalen a tolerar el uso de la tortura, en violación del derecho internacional.

Las potencias imperialistas van de cabeza hacia el fascismo y lo peor de todo es que nadie habla claro al respecto. Todos se evaden con eufemismos.

Manuel Fernández estaba cumpliendo condena, en primer grado de tratamiento y régimen de aislamiento, en la cárcel de Castellón II. El 22 de octubre, domingo, llamaron por teléfono a su madre, diciéndole que Manuel había fallecido a la una de la madrugada de ese mismo día, que había faltado al recuento de la mañana y que habían ido a la celda que ocupaba y lo habían encontrado muerto.

Según la Coordinadora Anti Represión Región de Murcia, no le dieron ninguna otra información, más que el teléfono de una funeraria. La madre habló con algún empleado de la misma que le preguntó si quería que trasladaran el cuerpo de Manuel a Murcia y ella le dijo que sí. Cuando llegó el cuerpo, los empleados de la funeraria no les querían dejar verlo. Después de insistir, consintieron en que lo vieran únicamente los padres. Estaba tapado hasta el cuello, de manera que sólo se le veía la cara.

Pero pudieron ver que tenía heridas en ella, la nariz deformada y marcas en la frente. Exigieron que lo destaparan y pudieron ver que tenía lesiones y cardenales por todo el cuerpo: unos extraños puntos negros en la barbilla; marcas en muñecas y brazos, y también en los tobillos; los dedos magullados y varias uñas rotas; cardenales en el pecho y marcas en el cuello, según la Coordinadora Anti Represión.

Hicieron fotos de todo y llamaron a la policía nacional para que vieran aquello. Según la familia, vinieron cuatro agentes, pero se negaron a mirar siquiera el cuerpo, diciendo que no era cosa suya, al haberse producido la muerte en Castellón.

“Los empleados de la funeraria no trajeron ningún papel, ni certificado de defunción, ni informe de la autopsia, ni nada. Les tuvieron que exigir algún documento que certificara la situación, a través de un abogado, ya que se negaban a entregarlo, y les dieron un acta de enterramiento. Fueron con una abogada al juzgado de guardia de Murcia, donde lo denunciaron todo y nombraron una procuradora para pedir los documentos en el juzgado de instrucción nº 4 de Castellón, que lleva el caso. Llegó un papel que solamente decía que autorizaban a enterrar el cuerpo y que había muerto en Albocàsser de muerte súbita a estudio”, según indica la Coordinadora Anti Represión.

La familia se encuentra consternada e indignada por todo lo sucedido. “No sólo les han entregado muerto a un muchacho de 28 años recién cumplidos que unos días antes rebosaba salud; les han comunicado la muerte con verdadera brutalidad; se han resistido en todo momento a facilitarles la menor información sobre lo sucedido: llamaran a quien llamaran, todos les daban largas, sin ningún respeto por su dolor y ansiedad; cuando ven el cuerpo, lo encuentran lleno de huellas que podrían ser de malos tratos…Creen que Manuel ha podido morir violentamente”, señala la Coordinadora Anti Represión.

La familia de Manuel piensa ir hasta el fondo del asunto. Junto a la denuncia, aportaron las fotos de las lesiones que presentaba el cuerpo y solicitaron una segunda autopsia.

“Esa petición fue denegada, en espera de que se conocieran los resultados de la primera autopsia realizada. Finalmente, el cadáver ha sido enterrado sin que se practique la segunda. Se sienten en situación de indefensión, pues hasta ahora no han conseguido de ninguna autoridad acción alguna que pudiera disipar sus dudas”, añade la Coordinadora Anti Represión.

Más información: 

El día en que lo mataron Manuel José llevaba una cazadora marrón y 9.000 pesetas en el bolsillo, quizá su último sueldo por llenar botellas en la fábrica Cervezas Victoria. Hacía poco que se había afiliado a CCOO, faltaban tres semanas para que cumpliera 19 años. Por última vez le oyeron gritar: “¡Asesinos, me han dado!”

Fueron varios días de represión y de guerrilla urbana. La respuesta a la manifestación fue el despliegue de un sinfín de policías pegando tiros: 23 contó el juez, pero hubo muchos más. Entre los disparos que realizó la policía para contener a los manifestantes, una le atravesó la axila izquierda a Manuel José García Caparrós y se le incrustó en el costado derecho, cerca de la cadera. Al poeta Laurentino Heras, que entonces era cura, le zurraron por llevar un crespón negro en su memoria. En el cuartel, la policía le arrancó la barba a piel viva.

Cuarenta años después el asesinato, cometido en medio de disparos, botes de humo y piedras volando, es un caso abierto y una herida aún sangrante para sus tres hermanas. Aunque nuevas investigaciones están arrojando luz sobre el crimen. Las averiguaciones de una secretaria judicial empeñada en esclarecer el caso y de los artífices de un documental que este lunes estrena Canal Sur son el hilo conductor de esta historia. La historia de la muerte del chico que se convirtió en mártir y mito del autonomismo andaluz; de una bala que fue lavada con acetona y nunca permitió procesar a ningún sospechoso, y del hombre, entonces cabo primero de la Policía Armada, al que varios indicios apuntaron como culpable pero que, sobreseído el caso, siguió su vida como agente a 37 kilómetros de allí.

Aquel día, después de resultar herido, Manuel José ingresó ya muerto en la residencia hospitalaria Carlos Haya. En su cuerpo tenía alojada una bala del calibre 9 milímetros corto, fabricada en Toledo. Propia de las armas que utiliza la Policía Armada. Sin embargo, cuando el cadáver llegó a la sala de autopsias, la bala ya no le acompañaba.

El documental 23 disparos -por los 23 tiros que impactaron contra algo aquel día: fachadas, farolas… y el cuerpo de Manuel José-, en el que el policía jubilado Juan Antonio O’Donnell entrevista a varios agentes y civiles que presenciaron los hechos, se revela que “en la sala de autopsia nunca estuvo el proyectil”, según el ayudante de forense que analizó el cuerpo del joven, Antonio García de Gálvez. Alguien, probablemente un médico de urgencias, se la había extraído del cuerpo y la había adherido a la sábana de su cama con un esparadrapo. Así fue como el juez ordenó levantar el cadáver.

A partir de ahí se inicia una investigación judicial de ocho años que acaba en sobreseimiento provisional por falta de pruebas y en la que el proyectil es sometido a 12 traslados de ida y vuelta entre juzgados y hasta a cinco exámenes balísticos. En uno de ellos (el cuarto) se asegura que la bala blindada que mató a García Caparrós pudo ser disparada por el arma reglamentaria de un cabo primero de la Policía Armada de iniciales M. P. R, pero nunca se fue más allá, según ha podido concluir Rosa Burgos, la secretaria judicial que ha escudriñado el sumario que ella misma localizó entre montones de papeles en los sótanos del Palacio de Justicia de Málaga.

Otro policia de gatillo fácil

Su nombre era Miguel Pastor. Nacido en Málaga, tenía 36 años en diciembre de 1977 y poco después se trasladó a la localidad de Vélez-Málaga, en la misma provincia. Dejó su ciudad, pero no su profesión. Ya reconvertido en policía nacional, fue destinado a varios puntos de España, como Lleida y Fuengirola, apunta un conocido. “Ascendió a sargento”, añade esta fuente, “y en Vélez-Málaga se jubiló como subinspector”. Un infarto cerebral lo dejó muy tocado y murió hace unos años, superados los 70.

¿Fue él quien causó la muerte a García Caparrós? No puede decirse con certeza. En opinión de Rosa Burgos, es muy posible, pero “una serie de favores envenenados” dejaron el caso en suspenso. Su tesis es que en plena Transición… hubo un “pacto de silencio”.

Los indicios que se extraen del sumario y que apuntan al cabo Pastor son varios. La secretaria judicial los recoge con detalle en su libro Las muertes de García Caparrós, publicado esta semana y editado por la revista malagueña El Observador.

El primero resulta quizá insignificante. Cuando arranca la investigación, aquel mes de diciembre, el juzgado cita a varios policías. Entre ellos, al cabo Pastor. Pero no acude a la cita. “El cabo primero de estas Fuerzas don M. P. R. se encuentra enfermo en su domicilio y bajo tratamiento por padecer cistopielitis”, alegó un teniente médico.

El 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, acaba declarando, por primera y última vez. Explica que él estuvo allí, cerca de donde dispararon a Manuel José, pero que no utilizó su arma. Sin embargo, otro testigo le contradice: el cabo Pastor, hombre “de complexión fuerte, atlética, con nariz aguileña”, no sólo efectuó un disparo, sino varios…

El entonces diputado de UCD y actual alcalde popular de Málaga, Francisco de la Torre, recuerda aún hoy una escena que el propio cabo Pastor relata en su declaración. De la Torre se cruzó con el cabo, que “llevaba el arma en la mano”, y le conminó a que “la enfundara”, que allí había mujeres y niños.

Pasaron cuatro años hasta que el abogado de la familia de García Caparrós solicitó una prueba balística con la pistola del cabo y la de otro agente. La Policía respondió entonces al juzgado que su arma había sido dada de baja el 31 de enero de 1979, a pesar de que funcionaba correctamente.

Siete años después de la muerte de Manuel José, otro informe cuestiona que la bala tantas veces analizada sea la que mató al chico porque no tiene restos orgánicos: según consta en el sumario, había sido “limpiada” con acetona. Así que el 24 de junio de 1985 el juez acuerda el sobreseimiento del caso.

El crimen se investigó judicialmente, sí, y también hubo una comisión de investigación secreta en el Congreso de los Diputados (cuyas actas íntegras aún reclaman las hermanas de Manuel José). Pero no se concluyó nada. Caso prescrito. Así hasta hoy.

En estos 40 años han muerto los padres del chico y son sus tres hermanas quienes lo recuerdan. Para ellas era “Manolito”, tan guapo y tan alto (1,90 de altura), “siempre un buen hijo y un buen hermano”, cuenta a Crónica Loli García Caparrós, la hermana menor. “Era el más besucón de todos: 20 veces llegaba a casa y las 20 les daba un beso en la frente a mi madre y a mi padre. Era tan cariñoso…”

La familia solicitó en su día que Manuel José fuera considerado víctima del terrorismo, cosa que no han conseguido. Sí han visto cómo colocaban una placa en su memoria (con el nombre mal puesto, “José Manuel”, y no en el lugar exacto donde le dispararon) y Raza Mora le dedicó un pasodoble:

Un cuatro de diciembre muere un malagueño
una bala traidora le quitó la vía
tan sólo porque estaba queriendo a su pueblo
y alzando la bandera de su Andalucía

Para las García Caparrós la herida sigue abierta. “¿Por qué nadie nos ha dicho el nombre de ese policía en 40 años?”, se pregunta Loli. “Quien mató a mi hermano fue un cobarde: los cobardes matan y se esconden. Se llevó a una familia entera y eso no se puede olvidar. Sólo queremos saber la verdad”. El cabo Pastor ya no les podrá responder.

http://www.elmundo.es/cronica/2017/12/04/5a219a1a268e3ed1638b4684.html