«Nuestros hijos van a estar ocho o 10 años en la cárcel por una pelea de bar, y eso es una barbaridad», «España no es una democracia» o «la ley se aplica de forma distinta dependiendo de lo que pienses». Estas son solo algunas de las muchas acusaciones de vulneración de derechos y falta de garantías democráticas en España que se han podido escuchar este martes en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, en un acto de europarlamentarios con familiares de presos políticos catalanes, de los jóvenes de Altsasu y de miembros del grupo de apoyo al rapero Valtonyc.
En el acto, bajo el título ‘Defender los derechos fundamentales en la UE: el caso español’, organizado por el grupo el grupo de Los Verdes–Alianza Libre Europea, se han vertido duras acusaciones que han puesto seriamente en duda –cuando no la han negado directamente– la calidad democrática del Estado español. Básicamente, por la falta de garantías procesales, de independencia judicial y de libertad de expresión, según han expresado los ponentes.
«Son presos políticos», ha recalcado el eurodiputado de ERC Jordi Solé, refiriéndose a los nueve dirigentes soberanistas procesados y encarcelados en la macrocausa contra el independentismo. «Nueve personas que están en la cárcel en un grave abuso de la figura de prisión preventiva, por haber organizado o apoyado un ejercicio democrático. Si esto no es ser un preso político, en el siglo XXI y en la UE, que nos lo expliquen», ha señalado Solé, que ha intervenido junto al eurodiputado del PDeCAT Ramon Tremosa.
Solé ha resaltado igualmente que, entre los presos políticos catalanes, hay «dos exeurodiputados, dos colegas de esta casa» –el conseller cesado Raül Romeva, que fue eurodiputado por ICV durante 10 años, y el vicepresidente cesado Oriol Junqueras, que empezó su carrera política en Europa–. Y que, justamente por este motivo, ha criticado el «silencio excesivo» de los europarlamentarios».
Aun más ha incidido en este hecho Diana Riba, esposa de Romeva, en un discurso en el que ha alternado reivindicación y emoción. «Yo me casé con un profesor de la Escola de Pau [Escuela de Paz], con un pacifista, que ahora está en la cárcel por un delito de rebelión que se tiene que justificar con violencia. Es algo difícil de explicar en esta casa», ha exclamado.
Riba, que se ha desplazado a Estrasburgo junto con media docena de familiares de presos catalanes, miembros de la Asociación Catalana de Derechos Civiles (ACDC), ha alertado de que «ahora somos nosotros», pero que «mañana puede ser cualquier otra región» de Europa la afectada por la «falta de garantías democráticas».
E incluso más dura ha sido Riba leyendo una carta de su esposo, que niega que España sea realmente un estado de derecho. En su misiva, Romeva recuerda que, para hablar de «Estado de derecho» no basta con «el imperio de la ley», ni con «un sistema de organización política de poderes separados», sino que se garanticen «los derechos civiles, políticos y sociales de sus ciudadanos, y que en caso necesario puedan recurrir a un juez independiente para hacer valer estos derechos, ante los abusos o excesos del poder».
«Hoy en España esta concepción del estado derecho no resiste ningún análisis objetivo, solo lo resiste la retórica», ha afirmado, a la vez que ha lamentado «la utilización de la justicia penal para reprimir ideologías».
Sobre las «vulneraciones de derechos» en el ámbito procesal se ha extendido el abogado Andreu Van den Eynde, que defiende a parte de los dirigentes independentistas procesados, y que ha acusado a la justicia española de practicar actuaciones ad hoc contra el independentismo. En este sentido, ha afirmado que «España ha cambiado la interpretación de la ley radicalmente, para adaptarla al procedimiento» contra los los dirigentes independentistas, desde el momento en que delitos como el de rebelión, que necesitaban de una «violencia evidente» en el momento en que se redactaron, ahora «no la necesitan».
Van den Eynde ha señalado igualmente que la parte fundamental de la investigación en la macrocausa contra el independentismo que instruye el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena se está realizando «de forma extraprocesal», ya sea por la Guardia Civil o por otros juzgados, sin que los abogados de los acusados puedan intervenir. «Llarena envió un escrito a Alemania en el que decía que tenía 100 testigos. Ninguno de ellos ha declarado en el Supremo, a ninguno lo han podido interrogar las defensas», ha lamentado.
Acusaciones parecidas se han vertido desde los familiares de los jóvenes de Alsasua. «Han creado un nuevo concepto, el terrorismo de baja intensidad, que es muy peligroso: hoy somos nosotros, mañana puede ser cualquiera», ha afirmado Isabel Pozueta, madre de uno de los acusados, que ha lamentado que una «pelea de bar con alcohol de por medio» pueda dar pie a una acusación de terrorismo por la que se piden hasta 50 años de cárcel. «Asesinar a alguien está menos penado», ha terciado el diputado de ERC Josep María Terricabras.
En el acto se ha proyectado igualmente el video de ETB que muestra a uno de los denunciantes de los hechos impoluto –y bebido, y agresivo– después de la supuesta agresión, y que fue rechazado hasta dos veces por el tribunal, hasta que lo admitió «por la presión de Amnistia Internacional», según ha señalado Edurne Goikoetxea, la madre de otra de las procesadas.
«En España ha habido un recorte de derechos políticos y civiles», ha advertido el abogado Juan Moreno, que ha datado el inicio de estos recortes en paralelo al de los recortes presupuestarios posteriores a la crisis, coincidiendo con el «aumento de la disidencia política», un momento a partir del cual «la crítica política es reprimida».
«España no es una democracia», ha afirmado Mulay Embarak, portavoz del grupo de apoyo a Valtonyc, y el más explícito con sus críticas de entre todos los ponentes. «Nos quieren empujar a la violencia», ha añadido, al señalar que, a alguien como el rapero, que «no reconoce a las instituciones» del poder, el sistema ya no «le permite» ni siquiera la válvula de escape «del arte». Embarak ha hecho estas afirmaciones respondiendo al eurodiputado de Podemos Miguel Urbán, que ha insistido en que este tipo de denuncias contra «la represión» deben hacerse «dialogando con el diferente», y no entre la propia «parroquia de convencidos».
«No vamos a cambiar Europa sin una sociedad civil movilizada, consciente de que la pelea va a ser muy dura y el enemigo es muy fuerte», ha concluido la diputada de Podemos Estefanía Torres. «Lo que nos estamos jugando es la democracia y los principios fundamentales básicos que tanto nos costó conseguir», ha afirmado, a modo de llamamiento.
El acto ha sido seguido in sito por algunos europarlamentarios extranjeros, como el francés José Bové, la sueca Bodil Valero, el letón Miroslavs Mitrofanovs, la galesa Jill Evans –también de Los Verdes-Ale– el portugués António Marinho –del grupo liberal demócrata ALDE– el flamenco del NVA Mark Demesmaeker o también liberal-demócrata esloveno Ivo Vajgl. También ha estado presente el diputado de ICV Ernest Urtasun –integrado igualmente en Los Verdes-Ale.
Abiertamente de «presos políticos» ha hablado Vajgl, que ha explicado que la situación de los presos independentistas catalanes le recuerda al estalinismo de su país en otras épocas. «Quieren hacerles sentir mal, quieren aislarlos», ha afirmado. «Esto no debería pasar en un país que quiera ser considerado democrático», ha añadido, a la vez que manifestaba sus «serias dudas» sobre el carácter democrático del Estado español.
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