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Cuando Trump pedía la pena de muerte a cinco menores de edad por un delito que no habían cometido

La cineasta Ava Duvernay estrena en Netflix “Así nos ven”, una serie de cinco capítulos basada en un hecho real: la detención de cinco menores del Bronx que eran inocentes y para los que Trump pedía en 1989 la pena de muerte.

La noche del 19 de abril de 1989 cambió para siempre la vida de Raymond Santana, Kevin Richardson, Antron McCray, Yusef Salaam y Korey Wise, cinco chicos negros de Harlem que estaban en el momento erróneo en el lugar equivocado. Algo que la ficción americana ha retratado de distintas formas y en diferentes momentos. Por ejemplo, vimos la premura policial y judicial para cerrar casos, aunque no estuvieran del todo atados, para cubrir unas estadísticas, como muestra la serie The night of.

Trisha Meili, una empleada de un fondo de inversiones de Wall Street, blanca, de 28 años, fue brutalmente atacada y violada la noche del 19 de abril de 1989 en la zona norte de Central Park, en Nueva York. Justo en ese momento, un grupo de niños bajaba al enorme parque desde el Bronx. Unos cometían robos, otros molestaban a los turistas y otros solo iban a ver lo que hacían los demás. El caso es que les detuvieron. Todos eran menores de edad. Su ADN no coincidía con el de la víctima y sus testimonios no tenían ninguna relación con el suceso. La policía tenía prisa. Nueva York tenía una criminalidad muy alta y el suceso se convirtió en mediático enseguida.

El racismo, la brutalidad policial y un sistema xenófobo y clasista destrozaron la vida de estos cinco chavales solo por el color de su piel y por la necesidad de encontrar un culpable al brutal ataque a una joven. Linda Fairstein, fiscal de hierro y métodos dudosos, que en la serie de Netflix interpreta Felicity Hauffman, instó a los agentes para que consiguiera una confesión de todos ellos, aunque fuera con amenazas, violencia, tortura psicológica y mentiras. Daba igual encontrar al verdadero culpable, pero había que mostrar a los neoyorquinos que todo estaba controlado.

A todos les mintieron, les dijeron que alguien les había visto con la mujer, les daban el nombre de otra persona y les decían que alguien les había acusado del crimen. Lo único que tenía que hacer para salir de allí era confesar que sí que habían participado, pero que había sido la persona que les había acusado quien cometió la violación.

El clima fue tremendo. Poco antes una mujer negra fue violada a escasos metros del suceso, pero nadie puso el foco en esa violación; sino en la mujer blanca, que se convirtió en la víctima de toda la ciudad. El empresario por excelencia de aquel momento, Donald Trump, compraba páginas en la prensa pidiendo la pena de muerte para estos chicos inocentes. Por si fuera poco en una entrevista declaró que quería que “los delincuentes de todas las edades tuvieran miedo”. Nada dijo después, cuando en 2001 apareció el verdadero culpable de la violación, un violador en serie que confesó y cuyo ADN sí coincidía.

Los abogados de los “Cinco de Central Park” acusaron a Trump de inflamar la opinión pública, y tras la confesión del violador en 2001, uno de ellos pidió a Trump que “como mínimo” pidiera “disculpas a esta comunidad y a los jóvenes y sus familias”. Las protestas se sucedieron en las afueras de la Torre Trump. El actual presidente solo tuvo una respuesta: «No me importa si hacen piquetes. Me gustan los piquetes». Quien si pidió perdón, y hasta pagó por ello, fue el ayuntamiento de Nueva York, que les indemnizó 25 años después con 40 millones de dólares.

Trump sigue sin pedir perdón, es más en Twitter ha atacado a la directora de esta miniserie, Ava Duvernay. Es una realizadora comprometida con la lucha contra el racismo en Estados Unidos. Su película Selma estuvo nominada a los Oscar, sobre la marcha por los derechos civiles de Martin Luther King. Después indagó en los fallos del sistema judicial y penitenciario de su país en “La enmienda XIII”, que explica por qué la mayoría de presos son negros, debido al racismo estructural de un país que no pone soluciones. Ahora, en “Así nos ven”, vuelve a denunciar esto.

La historia la conoció a través de uno de los chicos, que escribió por Twitter a Duvernay contándole lo que había sufrido. En los cuatro capítulos, la directora mezcla la parte emotiva con el proceso judicial. Todo un ejercicio de memoria histórica que pone los pelos de punta.

https://cadenaser.com/programa/2019/06/10/el_cine_en_la_ser/1560150300_089518.html

Página del New York Times comprada por Trump para pedir el linchamiento de los menores

‘Txikito’ le ha ganado la batalla a la cárcel

Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión

El preso político de Lezama, Iñaki Bilbao “Txikito”, ha ganado la batalla a la cárcel de Puerto III. Hace pocos días que el Subdirector de Seguridad de la cárcel le hizo saber que para acudir a las visitas tendría que hacerlo esposado. Txikito anunció que no iba a aceptar semejante medida y que a partir de ese momento renunciaba a las visitas.

Sin embargo, el pasado jueves el Subdirector de Seguridad se presentó en el módulo de aislamiento para decirle a Txikito que suspendían dicha medida. Hay que tomar con prudencia las palabras del carcelero, a expensas de confirmarlas en la próxima visita de Txikito.

La postura de dignidad de Txikito ha hecho retroceder a la cárcel, pero no olvidemos en que circunstancias mantienen aún al preso político de Lezama. Txikito lleva más de 35 años en la cárcel, los últimos 12 en el módulo de aislamiento de la cárcel de Puerto III. Hay que aclarar que en el módulo de aislamiento de la cárcel de Puerto III hay 10 galerías, la mitad de ellas de cinco celdas y la otra mitad de diez, las cortas a un lado y las largas al otro. También la longitud de cada patio se corresponde con las celdas, es decir, con la de diez o cinco celdas.

Asimismo, hay que subrayar que los presos que permanecen en el módulo de aislamiento de esa cárcel solo lo abandonan en caso de tener que acudir a la enfermería, y que para acudir a las visitas ni siquiera eso, ya que las hacen en el mismo módulo, aunque si tienen que salir de su galería.

A la hora de tomar esta medida la cárcel puso excusas sobre seguridad, y decimos excusas porque las galerías son auténticos bunkers: en cada galería hay dos cámaras para filmar, también los pasillos que van de galería a galería son grabados durante las 24 horas del día.

Nunca hay contacto directo entre los carceleros y los presos porque siempre están separados por alguna puerta, valla, cristal blindado o rastrillo (puerta corrediza), salvo cuando van a las visitas, a las que acuden acompañados por varios carceleros. Por último, un preso que se encuentra en la quinta galería tiene que pasar ocho puertas y rastrillos para llegar desde su celda al locutorio de visitas, y el que tiene delante nunca se abre hasta que el que ha dejado atrás se cierra.

Hace ahora dos años le aplicaron a Iñaki la primera fase del primer grado, el más duro de los que se pueden aplicar en la cárcel (algunos meses más tarde le volvieron a pasar a la segunda fase del primer grado), y además le prohibieron comunicarse con tres de sus allegadxs con la intención de aislarlo aún más.

Por otro lado, debemos recordar que la de Puerto III ha sido una auténtica cárcel de exterminio desde el mismo momento de su apertura, y que desde el principio ha sido utilizada para experimentar con los presos políticos vascos. El régimen impuesto es de sobra conocido por su dureza, y los carceleros lo son por su actitud militante fascista. En mayo de 2010 le dieron una paliza al elorriarra Arkaitz Bellon, quien después aparecería muerto en Puerto I, y el año pasado murió en ella, asesinado por la política penitenciaria, Xabi Rey, además dos presos sociales.

El de Puerto III es uno de los ejemplos más claros de que la cárcel es una institución que pretende romper a la persona y que los presos políticos renuncien a su militancia, dejando al descubierto que los mayores delincuentes y asesinos son aquellos que sustentan las cárceles.

En el día de hoy queremos aplaudir el ejemplo de Txikito y queremos hacer un llamamiento a seguir luchando junto a él. ¡La lucha es el único camino!

En Euskal Herria, a 8 de junio de 2019.

Así torturaba la Brigada Política Social en València: puñetazos, patadas, descargas eléctricas, garbanzos…

Rafa Rodríguez Gimeno

Puñetazos en la cara, en el pecho, en el vientre, patadas, palizas, corrientes eléctricas en los testículos, declaraciones de rodillas sobre garbanzos, personas atadas a un somier sobre las que se colocaba un colchón y se les pegaba, amenazas psicológicas,… son algunas de las torturas a las que sometía la Brigada Política Social de València, la policía política del franquismo, a sus detenidos.

A la militante del Partido Comunista Carmen Riera le desplazaron, a golpes, el tendón de la pierna. Al dirigente (también) comunista Antonio Palomares le redujeron la estatura cuatro centímetros (“salió sin cuello por las corrientes que le dieron”) y le deformaron el diafragma.

La llegada de la democracia se tradujo en ascensos y nuevas responsabilidades para la mayoría de los responsables de aquella brutal cacería. Lo cuenta Lucas Marco en el libro “Simplemente es profesionalidad. Historias de la Brigada Político Social de València”, editado por la Institució Alfons el Magnànim.

Un documentado volumen en el que se pone nombre y apellidos (e incluso cara en algunos casos) a los principales represores de la dictadura franquista en las comisarías valencianas. Una funesta página de la historia reciente (sí, reciente, por mucho que haya quien se empeñe en lo contrario) que contó con la inspiración y algo más de la Gestapo nazi. Antonio Cano, José de Oleza, Tomás Cossías, Manuel Ballesteros o Benjamín Solsona van apareciendo por el libro, al tiempo que se señalan algunas de sus salvajes actuaciones y se descubre sus acomodadas y premiadas trayectorias profesionales una vez abandonaron el cap i casal.

Lucas Marco, al que quizás el único pero que haya que ponerle sea haber antepuesto un relato más historicista que periodístico, traza una panorámica necesaria de los sucesos, apoyándose en una muy completa investigación y en entrevistas realizadas exprofeso. Una historia en la que conviven escalofriantes testimonios como el de Crescencia Uribe, afirmando que “estábamos en manos de un morfinómano y un loco” refiriendose a dos de los torturadores, o todo lo que tuvieron que vivir los pintores Joan Castejón y Monjalés, por agredir a un inspector (yerno de Cano, uno de los capos de la BPS) cuando les intentaba detener en una manifestación del 1 de mayo de 1976; con los perfiles de policías insólitos de esa Brigada como Pedro Caba, también escritor y asiduo de la tertulia El Gato Negro (en la que participaban María Beneyto, José Hierro o Vicente Gaos) o José Sánchez Peinado que falsificó documentos que permitieron la entrada y salida de España de perseguidos antifranquistas. En definitiva, un libro que lucha contra ese olvido que algunos quieren imponer.

http://verlanga.com/letras/punetazos-patadas-descargas-electricas-garbanzos-asi-torturaba-la-brigada-politica-social-en-valencia/

En estado crítico un preso político palestino en huelga de hambre en las cárceles israelíes desde hace 56 días

El preso político palestino Hasán Awawi, en huelga de hambre desde el pasado 2 de abril, se encuentra hospitalizado y su pronóstico es crítico, según ha alertado este lunes la Asociación de Presos Palestinos (APP).

Awawi y otros tres presos se encuentran en huelga de hambre para exigir a las autoridades israelíes mejoras en sus condiciones de internamiento y protestar por la detención administrativa.

Otros tres presos palestinos están en huelga de hambre indefinida por los mismos motivos.

Los presos exigen la retirada del sistema de interferencia para teléfonos por suponer un riesgo para su salud, la instalación de teléfonos públicos en las cárceles, el fin de la política de aislamiento como castigo y mejoras en la atención sanitaria, entre otras cuestiones.

Awawi, de 35 años, es residente en Hebrón y padre de tres hijos. Lleva preso desde el 15 de enero, pero ha cumplido otras penas de cárcel anteriores, según informa la agencia de noticias palestina WAFA.

La APP ha denunciado que Awawi se encuentra encarcelado sin cargos bajo la figura de la prisión administrativa, que permite a las autoridades encarcelar a sospechosos de “terrorismo” de forma indefinida. Awawi se encuentra hospitalizado en el Hospital Kaplan de Rejovot, en el centro de Israel.

https://www.europapress.es/internacional/noticia-preso-palestino-huelga-hambre-hace-56-dias-encuentra-estado-critico-20190527184026.html

Stroessner en Paraguay: la dictadura más larga de América del sur

Juan Pérez Ventura

Durante casi 35 años, Paraguay vivió bajo la dictadura del militar Alfredo Stroessner. Es el período de tiempo más largo en que una sola persona tuvo el poder en un país de América del Sur. La persecución política y las violaciones de derechos humanos dejaron una herida que el país aún no ha terminado de sanar.

Ni Argentina ni Chile ni Brasil: la dictadura más larga en América del Sur fue la de Alfredo Stroessner, quien gobernó Paraguay entre 1954 y 1989. Su mandato fue el segundo más largo de América Latina ostentado por una sola persona, después de Fidel Castro en Cuba. El militar Stroessner se mantuvo en el poder mediante un fuerte aparato represivo y un elaborado sistema de corrupción.

Stroessner llegó al poder después de unas décadas convulsas. La guerra del Chaco (1932-1935), que enfrentó a Paraguay y Bolivia por una región fronteriza que se pensaba que albergaba recursos naturales, se saldó con 30.000 bajas paraguayas y el doble en el bando boliviano. Doce años más tarde, estalló una guerra civil cuando los partidos de izquierdas se levantaron contra el Gobierno de derechas y con vestigios dictatoriales de Higinio Morínigo. Solo duró unos meses, pero dejó otros 30.000 muertos según algunas fuentes y afianzó en el poder al Partido Colorado, que apoyó a Morínigo y que poco después se convertiría en el hegemónico.

A pesar de la victoria de Morínigo, Paraguay no logró la estabilidad. Un año después de la guerra, el país vivió un golpe de Estado que desencadenó un carrusel de presidentes y levantamientos militares que no paró hasta el golpe de Estado de Alfredo Stroessner en 1954. Stroessner tuvo un ascenso meteórico en las Fuerzas Armadas a raíz de su participación tanto en la guerra del Chaco como en la guerra civil del 47. En 1951 se convirtió, con solo 39 años, en el comandante en jefe del Ejército. A partir de ahí, empezó a movilizar apoyos dentro de los colorados y las Fuerzas Armadas para dar el golpe de Estado que terminaría llevándolo al poder. Sin embargo, Stroessner no accedió directamente a la presidencia, sino que convocó unas elecciones para llegar al poder de una manera aparentemente democrática: colocó primero a un presidente provisional, Tomás Romero, y luego se presentó a los comicios como candidato único del Partido Colorado. Así es como en agosto de 1954 el militar llegó al Gobierno paraguayo y empezó lo que históricamente se llama el Stronato.

Stroessner basó su régimen en un discurso de exaltación de la identidad paraguaya reforzado con un duro discurso anticomunista. Empezó su Gobierno con unas medidas económicas, impulsadas mediante un plan de estabilización del Fondo Monetario Internacional, que profundizaron las diferencias entre las élites económicas y la población rural. Como consecuencia, enfrentó en los primeros años de su mandato varias huelgas de trabajadores, campesinos y estudiantes que sacaron a relucir la política represiva del dictador. Stroessner impuso un sindicato afín al Gobierno en las organizaciones laborales y fue especialmente violento contra las oposiciones populares. También castigó duramente a las voces críticas dentro del propio partido. En 1959 la Cámara de Diputados condenó la brutalidad policial en una moción apoyada por algunos políticos colorados. Stroessner respondió de manera contundente: disolvió el Congreso y envió la caballería a Asunción, la capital. Además, arrestó a unos 300 disidentes del Partido Colorado, que fueron deportados a Argentina.

Prisión, torturas y exilio

Stroessner puso en marcha un amplio aparato represivo para controlar a la disidencia política. Para empezar, limitó la libertad de prensa. A lo largo de la dictadura fue estrechando el cerco sobre los medios de comunicación hasta que cerró el principal diario, en 1984, y el semanario de la oposición, en 1987. Los dos principales canales privados de televisión pertenecían a parientes o políticos cercanos a Stroessner. El Partido Colorado también se extendió como aparato represivo: sus organizaciones territoriales contaban con redes de fieles -llamados- que se dedicaban a observar a sus vecinos y denunciarlos a las autoridades ante cualquier indicio de actividad opositora. Con estos mecanismos, la censura y la autocensura se acrecentaron.

A quienes se opusieron a la dictadura los esperaron detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y el exilio. La Comisión de Verdad y Justicia calcula que hubo un total de 20.090 víctimas directas de violaciones de derechos humanos y 107.987 víctimas indirectas. Entre las primeras, la mayoría fueron víctimas de detenciones arbitrarias, de las cuales el 94,5% sufrieron torturas durante su detención; también se cuentan exiliados, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. El número total de personas que vieron violados sus derechos, según la comisión, es de 128.077 en un país con 6,8 millones de habitantes, es decir, una de cada 53 personas. Los sectores más perseguidos fueron los movimientos campesinos, que sufrieron el 24% de las violaciones de derechos; el Partido Liberal -19,29%- y el propio Partido Colorado -14,21%-. El Partido Comunista sufrió el 10% de las agresiones; teniendo en cuenta que era el más pequeño, fue el que se vio proporcionalmente más afectado.

Para hacer posible esta violación continuada de los derechos humanos, el Ejecutivo tuvo al país bajo permanente estado de excepción, una medida que suprimió las garantías recogidas en el habeas corpus y limitó la capacidad de control de la rama legislativa del poder. Bajo este estado, se aprobaron leyes que contemplaban el «delito ideológico» y que ampararon la arbitrariedad del poder ejecutivo. Este también controlaba el poder judicial, ya que sus miembros eran designados por el Gobierno. El aparato represivo, con el Ejecutivo en la cúspide, coordinó tanto a los cuerpos de policía como de militares, que fueron el brazo ejecutor de la represión. Es especialmente espeluznante corroborar que las detenciones, desapariciones y torturas las llevaron a cabo las estructuras oficiales del Estado y no grupos militares o policiales clandestinos, como sí sucedió en otros regímenes dictatoriales de la región. Tampoco hubo centros de detención y tortura clandestinas: los delitos se perpetraron «de manera visible y publicitada» en dependencias policiales, militares y gubernamentales, según la Comisión de Verdad.

La base de operaciones de la derecha internacional

Uno de los factores que estabilizó el país tras el golpe de Estado de Stroessner fue la ayuda que brindó Estados Unidos a Paraguay de manera sostenida durante gran parte de la dictadura. A través del programa Alianza para el Progreso, un proyecto para impulsar el desarrollo en América Latina, el país norteamericano inyectó dinero al Gobierno de Stroessner hasta el punto de que Paraguay se convirtió en el tercer destinatario de esta ayuda. La relación entre los dos países tomó un cariz cada vez más político: Paraguay abrazó la Doctrina de Seguridad Nacional, la doctrina militar que Estados Unidos exportó a muchos países de América Latina en un contexto de Guerra Fría para reforzar la lucha anticomunista tanto a nivel internacional como interno. De hecho, la Comisión de Verdad constata que el aparato represivo paraguayo «recibió un permanente asesoramiento norteamericano» desde 1956, especialmente para armar la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, un organismo dependiente del Ministerio de Interior que era «un siniestro centro de tortura».

Sin embargo, el entramado represivo internacional primordial en el que participó Paraguay fue la Operación Cóndor, el acuerdo de colaboración entre varias dictaduras del Cono Sur latinoamericano para luchar contra cualquier disidencia política bajo la premisa de la lucha anticomunista. Fue en Asunción donde se encontraron los documentos bautizados como «Archivos del Terror», una abrumadora cantidad de información sobre este plan de coordinación. A pesar de que el papel de Estados Unidos en la Operación Cóndor siempre ha sido controvertido, los documentos confirmaron que, como mínimo, el Gobierno estadounidense financió y apoyó el entramado dictatorial .

Paraguay se convirtió en una base de operaciones óptima por su localización geográfica, ubicado en medio del continente, y por los altos niveles de impunidad de los que gozaban los cuerpos de seguridad. Los Archivos del Terror revelan, entre otras cosas, que el Gobierno de Stroessner jugó un papel especialmente determinante a la hora de proporcionar documentación a agentes de las dictaduras vecinas para facilitar su tránsito entre países.

Una dictadura impune

El stronato empezó a debilitarse en la década de los ochenta. Una crisis económica alcanzó Paraguay y el descontento no solo creció entre la población, sino en el seno del Partido Colorado y las Fuerzas Armadas, cuyos miembros empezaron a ver disminuir los ingresos que les llegaban gracias a la corrupción. En 1984 se hizo visible la primera fisura dentro del engranaje de poder de Stroessner: propuso como vicepresidente del partido a uno de sus seguidores más fieles, Mario Abdo Benítez, secretario privado del dictador. El nombramiento levantó ampollas y por primera vez se hizo público el descontento del Partido Colorado. Dos años después, una facción de la organización pidió un candidato civil para las elecciones presidenciales.

El general Andrés Rodríguez fue quien se encargó finalmente de poner fin al Stronato. Rechazaba que el poder estuviese reservado a los pocos fieles que le quedaban a Stroessner, cada vez más apartado de las otras facciones del Partido Colorado. Ante un Gobierno y un presidente debilitados, el general decidió atrincherarse en sus oficinas con una considerable representación del Ejército. La noche entre el 2 y el 3 de febrero de 1989 se alzó en armas y depuso a Stroessner con enfrentamientos que dejaron al menos 200 muertos .

A pesar de que en 1992 se aprobó una nueva Constitución que recuperaba derechos civiles y políticos y que volvía a limitar el poder del Ejecutivo, muchos problemas quedaron sin resolver. La Comisión de Verdad concluye así su informe:

«A pesar de los cambios realizados y los esfuerzos desplegados por constituir un Estado social de Derecho […] Paraguay dista mucho aún de serlo. Muchas instituciones, y principalmente las que tienen que ver con la justicia, el derecho, la seguridad y las garantías ciudadanas, han sido maquilladas democráticamente pero siguen manteniendo muchas de las características de un sistema totalitario».

La hegemonía del Partido Colorado ha sido prácticamente inquebrantable, incluso en el periodo democrático. Solo entre 2008 y 2013 hubo un partido distinto en la presidencia: Fernando Lugo ganó las elecciones por la Alianza Patriótica por el Cambio. Lugo fue destituido en 2012 por un juicio político que muchos tacharon de poco garantista y que llevó a la suspensión de Paraguay del Mercosur. Con esa pequeña excepción, el Partido Colorado ha gobernado Paraguay desde 1948. El actual presidente, el conservador Mario Abdo Benítez , quien ganó las elecciones en agosto de 2018, no es otro que el hijo del secretario privado de Stroessner cuya designación como vicepresidente del partido desencadenó el golpe de Estado contra Stroessner.

https://es.paperblog.com/stroessner-en-paraguay-la-dictadura-mas-larga-de-america-del-sur-5409033/

Informe final de la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, 2008
http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/paraguay/Informe_Comision_Verdad_y_Justicia_Paraguay_Conclusiones_y_Recomendaciones.pdf

Frank O. Mora y Jerry W. Cooney, Paraguay and The United States: distant allies, University of Georgia Press, 2007

Pistolas táser para la policía: la legalización de la tortura en Argentina

El gobierno argentino capitaneado por Macri ha autorizado a la policía el uso de pistolas táser, un elemento de tortura prohibida en la mayoría de los países. Estás armas estarán en manos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires (como el resto de las fuerzas), con el único propósito de avanzar contra la protesta social y la clase trabajadora, afirmó a AIM el referente de Vendedores Libres, Omar Guaraz.

Según el Protocolo que “regula” el uso de las táser, estas armas serán usadas (entre otros ámbitos) en los delitos de Acción Pública, atentados y resistencias a la autoridad. En ese sentido, “se dará vía libre a la figura más usada por las fuerzas policiales para justificar la represión y centenares de detenciones ilegales en los últimos años en nuestro país”, remarcó Guaraz.

En ese sentido, “el colectivo más afectado por esta fuerza policial, acusados de vandalismo y reprimidos, fueron los vendedores ambulantes y manteros, quienes serán las primeras víctimas de esta medida”, agregó.

“Nadie conoce más que este colectivo en la práctica el terrorismo estatal del alcalde Rodríguez Larreta”, aseveró y añadió: “Aparte de los tonfasos [porrazos], los fusilamientos con balas de gomas, los gaseamientos sistemáticos con gas pimienta, hoy será utilizado este elemento de tortura de nuestro tiempo contra vendedores y las reivindicaciones del pueblo trabajador”.

El gobierno actual que “en tiempos electorales sin nada que ofrecer ante el fracaso económico que ha llevado a la desocupación deliberada, a los salarios a niveles de miseria y a la pobreza extrema a gran parte de nuestro pueblo, hoy instala su agenda de seguridad que no es otra cosa que una campaña permanente de estigmatización y falsedades para avanzar contra su único propósito: la clase trabajadora y un pueblo que resiste al ajuste”, manifestó Guaraz.

“Hoy el gobierno insiste en la represión poniendo en manos de las fuerzas de seguridad adoctrinadas en el odio al pueblo una herramienta [las táser], en muchos casos letales, para ser utilizada contra nuestra sociedad”, dijo el referente del sector de Vendedores Ambulantes, y  repudió el avance de una gestión que “nos retrocedió a los tiempos más oscuros de nuestro país, cuyos responsables hoy han vuelto a gestionar mediante el fraude electoral y la mentira los mismos intereses que en el pasado”.

http://www.aimdigital.com.ar/la-legalizacion-de-la-tortura/

Nota: en Argentina llaman “tonfas” a las porras que  portan los policías

El Caso Palfreeman demuestra que en Europa el fascismo y el racismo campan a sus anchas

Jock Palfreeman
En 2009 los tribunales de Bulgaria condenaron a 20 años de prisión a Jock Palfreeman, un joven australiano por el asesinato de un fascista. Es un caso emblemático de lo que en la Unión Europea llaman “justicia”.

Su caso ha vuelto a salir a la luz al ponerse en huelga de hambre en la cárcel.

Palfreeman es un héroe: salió en defensa de dos gitanos que estaban siendo agredidos en pleno centro de Sofia por un grupo de matones descerebrados, hinchas del Levski, uno de los equipos de fútol de la capital búlgara.

Los hechos ocurrieron el 28 de diciembre de 2007. Palfreeman, que entonces tenía 23 años, vivía en Bulgaria y aquella noche fue testigo del asalto a dos gitanos por unos 15 fascistas cerca de la estación de Serdika.

Mientras apaleaban a los gitanos, los fascistas gritaban las conocidas consignas racistas de los seguidores del club de fútbol del Levski.

Con un cuchillo en la mano, Palfreeman corrió a interponerse entre los matones y uno de los dos gitanos que yacía inconsciente en el suelo. Asustados por una reacción a la que no estaban acostumbrados, los fascistas se retiraron unos metros y luego contraatacaron con piedras y adoquines de hormigón.

Cuando llegó la policía, Palfreeman estaba semi-inconsciente por la paliza recibida. Uno de los atacantes, Anton Zahariev, de 19 años, había quedado herido y había un cuerpo sin vida tendido sobre el asfalto: el de Andrei Monov, un estudiante de 20 años.

Mientras tanto, los gitanos habían desaparecido porque no querían escapar de las garras de los fascistas para caer en las de la policía, cuyo racismo no tiene nada que envidiar al de los otros.

La postura de los medios de comunicación búlgaros fue la conocida: iniciaron un linchamiento del joven “de origen extranjero” que había “asesinado” a un joven búlgaro, hijo de un psicólogo Hristo Monov, Viceministro de Salud.

Es el mismo tríptico de siempre: fascistas, policías y medios, a cada cual más racista, porque lo importante del asunto era que los búlgaros eran las víctimas (tanto de los gitanos como del australiano).

Tras los fascistas, los policías y los medios llegaron los tribunales. Durante el juicio, el ataque a los dos gitanos lo sacaron del escenario. La mayoría de los testigos ni siquiera fueron llamados a declarar, ni durante la investigación ni durante el juicio.

El aparato policial-judicial le dio una vuelta de 180 grados a la cuestión. Los agresores eran las víctimas y las víctimas agresores. La típica magia que sólo aparece en una farsa. Por ejemplo, el fascista herido pasó de ser testigo a ser denunciante, pero nunca agresor.

Los testigos fueron los propios fascistas, colegas del fallecido, el portero de un hotel cercano y los policías que llegaron al lugar y realizaron las primeras entrevistas. Las versiones cambiaron radicalmente entre la investigación y el juicio, dando finalmente un testimonio confuso, truncado e inutilizable para la defensa, incluso negando la presencia de los gitanos.

Una cámara de videovigilancia había grabado la escena en su totallidad, tanto la agresión a los gitanos como el contraataque de Palfreeman. Pero, ¡qué casualidad! La mala suerte se cebó con Palfreeman: cuando un policía fue a ver la cinta al día siguiente, un cortocircuito destruyó la grabación.

¿Quién fue dicho policía? No se sabe… “No importa”, dijo la fiscal Parvoleta Nikova. De todos modos “no habríamos visto nada en la película”.

En la Unión Europea los antifascistas son los malos de la película. Durante el juicio, la fiscal describió a Palfreeman como un “vándalo peligroso” que había provocado una pelea con quienes no comparten su punto de vista.

Los gitanos y los extranjeros van a Bulgaria a moletar, a robar y a matar. “Bulgaria para los búlgaros” y nada de gitanos ni judíos ni emigrantes.

En una Europa racista no hay que defender a los gitanos porque, de lo contrario, te metes en problemas. Hay que dejarlos que los maltraten, los insulten y los escupan. Eso es lo que Europa promueve ahora lo mismo que antes de 1945.

Podemos seguir hablando de Bulgaria o de cualquier otro país de la Unión Europea. Es lo mismo. A los lectores, el Caso Palfreeman les sonará muy conocido. Su huelga de hambre también resulta familiar. Casi parece España. Otros empezarán a hablar de fascismo, un término que cada vez se escucha más asiduamente (por fortuna).

Hasta ya sólo queda que se enteren de una vez de que en Europa hay presos políticos, como Palfreeman, de lo que es el fascismo y de que con este tipo de batallas no se juega. Para eso ya está la Play Station.

Escribe a los presos políticos:
Jock Palfreeman
Sofia Central Prison – 21 Gen. N. Stoletov Bul.
Sofia 1309 – Bulgaria
http://jockpalfreemancase.com

Cientos de medios denuncian la represión policial en Francia durante las manifestaciones

Amenazas, insultos, intentos de destrucción de equipos, golpes con porras, lanzamiento de gass voluntarios y selectivos, disparos LBD… En los últimos tres años, las condiciones de trabajo de los periodistas se han deteriorado en Francia. Según Reporteros sin Fronteras, cerca de 90 periodistas han sido víctimas de la violencia policial desde el inicio del movimiento de los “chalecos amarillos”. Un nuevo hito se alcanzó con la detención de periodistas por “participar en un grupo con el fin de cometer actos de violencia o degradación”. Más de 350 periodistas, fotógrafos y editores, entre ellos ¡Basta!, quisieron reaccionar publicando el siguiente documento conjunto:
Nosotros, periodistas sobre el terreno, periodistas independientes, que trabajamos como editores, con o sin carnet de prensa, decidimos hablar colectivamente para denunciar la múltiple violencia estatal a la que estamos sometidos.
Desde hace varios años y más particularmente desde el movimiento de los “chalecos amarillos”, cada uno a su manera, pero siempre en un proceso de información, hemos estado en el campo diariamente para documentar los acontecimientos actuales. Como periodistas, a menudo estamos en primera línea, en el centro de las luchas sociales y a veces de los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas policiales. Estamos expuestos, lo sabemos y lo aceptamos.
Pero vemos que a medida que el movimiento social y su violencia se intensifican, nuestro trabajo se ha vuelto cada vez más arriesgado, difícil e incluso imposible. Nuestras condiciones de trabajo se están deteriorando. Observamos que esto no se debe principalmente a los manifestantes, sino en gran medida al comportamiento de la propia policía.
Desde hace tres años, somos testigos de un deseo deliberado de impedirnos trabajar, documentar y ser testigos de lo que está sucediendo durante las manifestaciones. Muchos periodistas nos quejamos de ello.
Por violencia entendemos: desprecio, uso casi sistemático del tuteo, intimidación, amenazas e insultos. Pero también: intentos de destrucción o incautación de equipos, borrado de tarjetas de memoria, golpes de porra, gaseado deliberado y selectivo, fuego intenso de gas lacrimógeno, fuego LBD, granadas de desembarco, etc. En vísperas de las manifestaciones, incluso se confiscan nuestros equipos de protección (máscara, casco, gafas) a pesar de que estamos perdiendo nuestra identidad profesional.
Más recientemente, se ha dado un paso represivo. Varios colegas fueron detenidos y puestos bajo custodia policial por “participar en un grupo con el fin de cometer actos de violencia o degradación”, a pesar de que afirmamos ser periodistas. Como resultado, la policía y el poder judicial nos dejan sólo dos opciones: venir y sufrir represión física y/o judicial; no venir más y así renunciar a la libertad de información.
En su informe de marzo de 2019, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, llamó al orden a Francia. Denuncia el uso excesivo de la fuerza, en particular el uso de lanzadores LBD 40 durante las manifestaciones de los “chalecos amarillos”. Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras (RSF) denuncian la violencia policial contra la prensa. David Dufresne cuenta con al menos 85 ataques dirigidos específicamente a periodistas entre los 698 informes que ha registrado desde el inicio del movimiento de los “chalecos amarillos”.
Recordamos que el papel del Estado en una democracia no es definir el marco de la libertad de prensa. No son ni el ejecutivo ni el legislativo los que deciden cómo trabajamos. Como nos recuerda la Carta Ética de los Periodistas, sólo aceptamos la jurisdicción de nuestros pares. La libertad de prensa es una e indivisible.
La gran mayoría de nosotros somos independientes y precarios. Dada la realidad económica de nuestra profesión, la obtención del carnet de prensa se ha vuelto extremadamente complicada, aunque regularmente publicamos en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales. Nuestra rutina diaria es la competencia, el dumping, las horas de trabajo no aumentadas y los días parciales.
Sin embargo, la policía pide sistemáticamente un carnet de prensa para poder trabajar, aunque desconozcan parcial o totalmente la legislación que regula nuestra profesión. Como recordatorio, el periodismo no es una profesión regulada. No es el carnet de prensa lo que justifica o no nuestra profesión. El carnet de prensa es sólo una herramienta cuya adquisición está sujeta a una obligación fiscal.
Por eso exigimos que el gobierno tome las medidas necesarias para que la policía deje de acosarnos y nos deje trabajar libremente.
Francia, país de derechos humanos, ocupa el puesto 32 en el índice mundial de libertad de prensa de RSF. La reciente convocatoria de tres periodistas de Disclose y Radio France por parte de la DGSI [espionaje francés] tras sus revelaciones sobre la implicación de armas francesas en la guerra de Yemen refuerza nuestra preocupación.
Al hablar públicamente en este foro, reivindicamos nuestro derecho a la información y el respeto de la libertad de prensa. Es por ello que, además de la violencia que sufrimos en el ejercicio de nuestra profesión, pedimos a la Comisión la tarjeta de identidad de los periodistas profesionales (CCIJP) para que tenga en cuenta la evolución de nuestras profesiones. Al concedernos un carné de prensa, el CCJI mostraría su solidaridad con los más vulnerables de entre nosotros y haría un fuerte gesto político a favor de la libertad de prensa en Francia.
https://www.bastamag.net/Violences-policieres-des-centaines-de-journalistes-et-medias-denoncent-la

Facebook y Twitter censuran las cuentas irlandesas que vinculan con el Nuevo IRA

Facebook y Twitter han eliminado cuentas del grupo político Saoradh por su supuesta relación con el Nuevo IRA, responsable de la muerte de la periodista Lyra McKee en la localidad norirlandesa de Derry el pasado 18 de abril.
Las dos redes sociales han actuado después de que la policía británica les hayan pedido que revisen perfiles sospechosos de difundir discursos republicanos en el norte Irlanda.
La policía británica considera que la plataforma Saoradh, que significa “liberación” en gaélico, es el brazo político del Nuevo IRA, una facción disidente del ya inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA) opuesta al proceso de “paz” de 1998.
Su presidente, Brian Kenna, pidió el pasado lunes al grupo armado que emitiera una disculpa, durante un acto celebrado en el cementerio Milltown de Belfast para recordar el Alzamiento de Pascua de 1916, la sangrienta rebelión que aceleró la independencia de Irlanda del Reino Unido.
Saoradh organizó durante la pasada Semana Santa eventos similares en diferentes ciudades del país y, en Dublín, sus miembros llegaron a desfilar por las calles ataviados con uniformes de corte paramilitar.
Tras el llamamiento de Kenna, el Nuevo IRA se responsabilizó el martes del asesinato de McKee, de 29 años, en un comunicado en el que aseguró que la periodista “fue trágicamente asesinada mientras estaba al lado de las fuerzas enemigas”, en referencia a la policía.
McKee recibió un tiro en la cabeza de un individuo enmascarado que disparaba contra la policía en el barrio de Creggan, en Derry (noroeste norirlandés), durante una ola de disturbios violentos.
Saoradh tiene varios perfiles en las redes sociales, pero Twitter y Facebook han suspendido, de momento, sus cuentas principales en ambas plataformas.
El Nuevo IRA está formado por tres grupos republicanos que en julio de 2012 anunciaron que habían unido sus fuerzas para seguir con la lucha armada y recoger el testigo independentista del IRA provisional.
Según la policía, el Nuevo IRA se nutre principalmente de miembros del IRA Auténtico (RIRA), escindido del IRA provisional en 1997 por su oposición a la claudicación del siguiente año.
Desde su formación hace siete años, el Nuevo IRA ha perpetrado varias acciones armadas, entre ellas la ejecución en Irlanda del norte de los funcionarios de prisiones David Black (2012) y Adrian Ismay (2016), este último con una bomba lapa adosada a su vehículo.
En febrero 2017 también intentó acabar, con ese mismo método, con la vida de un policía en la localidad norirlandesa de Derry, y un mes antes otro resultó herido en un brazo tras recibir tres tiros desde un vehículo disparados con armas automáticas.
Asimismo, se ha responsabilizado del envío a Londres y Glasgow de varios artefactos explosivos el pasado marzo y de la detonación de un coche bomba a las afueras de un tribunal de Derry el pasado enero.

De la militarización de la represión a la represión militar

Khider Mesloub

En un momento de levantamientos populares en todo el mundo, desde Francia con los chalecos amarillos hasta Sudán, Venezuela, Yemen y Argelia, la única respuesta de los gobernantes a los manifestantes que reclaman su derecho a vivir con dignidad es la represión. Claramente, en todos los países que experimentan revueltas sociales, el Estado fortalece su brazo armado, afirma su poder, manifiesta su fuerza abrumadora y erige murallas de plexiglás para defender su orden establecido. A las legítimas demandas del pueblo, siempre responde con más ferocidad a través de la represión.
Y esta represión policial está tomando nuevas formas. De hecho, la policía confía en un armamento cada vez más impresionante y sofisticado para defender el orden capitalista. En Francia, con las manifestaciones de los chalecos amarillos, la violencia policial está siendo extremadamente sangrienta. En cada una de las manifestaciones del sábado, cientos de personas resultan gravemente heridas como resultado de la represión policial. Muchos manifestantes murieron por los disparos de munición de caucho. La policía utiliza regularmente armas de guerra contra los manifestantes. En cada manifestación de los chalecos amarillos, las fuerzas represivas vaciaron sus reservas de gases lacrimógenos y granadas, prueba de la determinación de estas fuerzas policiales de cargar y controlar violentamente a los manifestantes. Además, se ha producido un aumento significativo de las cargas innecesarias, las balas de caucho y las granadas disparadas intencionadamente. Además, durante estas operaciones represivas, además del uso inesperado de vehículos militares blindados para reprimir, el gobierno de Macron hizo un llamamiento al ejército para que complementara a las fuerzas policiales en el mantenimiento del orden establecido.
La guerra contra la población propia
Por lo tanto, nada detiene la escalada represiva de la policía. En general, en los últimos años, durante las manifestaciones, los organismos encargados de hacer cumplir la ley han utilizado con frecuencia los LBD (Defense Ball Throwers). En la Francia “democrática” (sic), este arma de guerra se introdujo en 1995. El LBD 40, parecido a un rifle, tiene la precisión de un arma de guerra. Es el argumento presentado por el Estado para legitimar la generalización de un arma letal para “democratizar” el uso de armas de guerra. Ciertamente, un arma de guerra utilizada por un país “democrático” tiene siempre virtudes medicinales: cura a los manifestantes de su febril subversión, de sus impulsos insurreccionales. Del mismo modo, en un Estado de Derecho, la guerra “democrática” contra “países dictatoriales subdesarrollados” es siempre limpia y legítimamente votada por los representantes de los ciudadanos. Gracias a sus operaciones quirúrgicas realizadas con armas de alta precisión, la “guerra democrática” no mata a las personas, sino sólo a las víctimas colaterales.
En cualquier caso, inicialmente los LBD sólo los utilizaban los agentes de policía de la BAC (Brigada contra la Criminalidad) que patrullan los barrios obreros, esas ciudades dormitorio donde los trabajadores se asimilan a las clases peligrosas. Después de la experimentación sobre las poblaciones empobrecidas que a menudo resultan de la inmigración, las armas de guerra se han generalizado, se han convertido en armas comunes, se han “democratizada» ya que se utilizarán masivamente durante la represión policial contra los manifestantes para apaciguar su ardor por las reivindicaciones, enseñarles docilidad, obediencia y sumisión.
Hoy, tanto en las manifestaciones como en los barrios obreros, las fuerzas represivas ya no dudan en utilizar con frecuencia armas de guerra contra la multitud. Las lesiones causadas suelen ser muy graves. Y el número de personas heridas, mutiladas e incluso asesinadas por esta arma de guerra es considerable.
Además, los Lanzadores de Pelotas de Defensa (DBL) introducen una verdadera lógica de guerra. El propósito de este arsenal de guerra es mutilar y aterrorizar a la población insubordinada y rebelde. En las últimas décadas, la represión policial siempre se ha extendido desde los márgenes de una sociedad turbulenta hasta la pacífica población civil urbanizada. Esto es particularmente cierto durante las manifestaciones de protesta, que todavía se están expandiendo rápidamente debido al empeoramiento de la crisis económica.
Por lo tanto, estamos siendo testigos de la banalización de la represión y de la violencia policial. Es cierto que, en un principio, la represión policial se llevó a cabo, como experimento, sólo contra los márgenes de la sociedad “desviada», las clases pobres de las ciudades populares. Pero, con el agravamiento de la crisis económica y política, en un contexto de precariedad y pauperización de la pequeña burguesía, acompañado de revueltas sociales recurrentes, la represión policial se ha extendido cada vez más a toda la población, que todavía se moviliza masivamente en manifestaciones para protestar contra el deterioro de sus condiciones sociales. De hecho, después de un largo período de disturbios civiles, en particular contra las manifestaciones políticas radicales y los barrios obreros en ebullición, la represión policial se está extendiendo ahora a toda la sociedad civil movilizada en los movimientos sociales. Se aplica indiscriminadamente a todas las reuniones, independientemente de la finalidad de las demandas. El objetivo es evitar la ocupación de la calle por la gente. Evitar que la calle se transforme en un espacio público de libertad. Porque todo espacio público de libertad favorece el desarrollo de la solidaridad entre los manifestantes, el surgimiento de un debate político entre iguales, el florecimiento de una fraternidad dentro del movimiento y, en consecuencia, el surgimiento de una fuerza colectiva popular capaz de disputar el poder con los órganos rectores dominantes. En otras palabras, la calle se convierte en un contrapoder.
Quien siembra represión cosecha insurrección 

Hoy en Argelia, gracias al emblemático levantamiento popular contra el sistema (aquí entendido como el sistema FLN, la facción en el poder), los viejos demonios represivos se apoderan una vez más del Estado argelino Mefistófeles. El prurito de la represión está picando a sus fuerzas policiales y militares. Este régimen nació en la guerra para obtener la independencia adquirida a través de los sacrificios de la población, y es perpetuado por la guerra librada contra la población dependiente.

Este es el caso de la sociedad argelina de seguridad policial, basada en la inseguridad social y económica generalizada de la población. El régimen siempre nos ha alimentado con miedo y porras. En Argelia, la pacificación de los movimientos sociales sigue teniendo lugar a través de la represión policial e incluso de una sangrienta intervención militar. La satisfacción de las demandas democráticas, a través de la militarización del Estado (como en cualquier otro estado democrático burgués, la fuerza de la represión depende de la fuerza de la insurgencia). Paradójicamente, en un momento en que la “sociedad civil” argelina (sic) se instala pacíficamente en la calle para transformarla en un ágora, el ejército se apodera de la gobernación para gobernar militarmente a través del “hogra”(*). En un momento en que el nuevo hombre fuerte del régimen debilitado, Ahmed Gaid-Salah hace un llamamiento al pueblo argelino pacífico para que se apacigüe, ordena a su brazo armado, las fuerzas represivas, que repriman violentamente a los manifestantes pacíficos.

La represión sólo puede reforzar la determinación y la ira del ya experimentado pueblo argelino para continuar su lucha contra este régimen de injertos ilegítimo. La represión contra el movimiento sólo puede hacerlo aún más popular. Además, los argelinos que son víctimas de la violencia policial se radicalizarán y comprenderán la verdadera naturaleza del Estado burgués: servir a la clase dominante y gobernar a través de la represión si es necesario. Además, la oposición del pueblo argelino a la violencia policial unirá sus fuerzas para organizar mejor su resistencia y contribuir a la convergencia de su lucha.

Irónicamente, una porra o un gas lacrimógeno puede agudizar la conciencia política de un pueblo más que años de activismo de los partidos políticos. La represión policial acelera el surgimiento de la conciencia de clase más rápidamente que años de campañas electorales. De hecho, las mascaradas electorales tienen exactamente el efecto contrario: contribuyen a embotar la conciencia de clase del proletariado. Ayuda a comprender la función real de la policía y el ejército en una sociedad de clases. En efecto, la policía sólo tiene una función: no hacer tráfico, ni luchar contra la delincuencia (además, subproducto de la sociedad de clases, porque la pobreza genera inevitablemente delincuencia). La policía se crea para sofocar las revueltas y mantener el orden existente, es decir, para garantizar la protección y la tranquilidad de las clases dominantes.

Desde la independencia, Argelia está acostumbrada a la violencia policial y militar. No hace falta mencionar todas las fechas marcadas con la sangre de los cientos de miles de argelinos heridos o asesinados. El régimen nunca ha abandonado sus reflejos asesinos y represivos.  Además, en este período de levantamiento popular contra el sistema, después de unas semanas de tolerancia, el régimen está revelando su verdadero rostro. Después de una breve fase de desvergonzada y calculada “tolerancia”, la represión policial golpeó de nuevo al pueblo argelino. De hecho, varias manifestaciones fueron brutalmente reprimidas. La policía utilizó cañones de agua y granadas de gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes pacíficos. Más alarmante aún, durante la represión de una reciente manifestación estudiantil en el centro de Argel, la policía utilizó armas de guerra, cañones sónicos.

Como escribe Said Salhi, Vicepresidente de la Liga de los Derechos Humanos (LADDH), “esta semana han aparecido en Argel camiones NIMR ISV con dispositivos de sonido fabricados en Argelia para dispersar a manifestantes pacíficos, mientras que en otras partes del mundo, especialmente en Estados Unidos, están prohibidos por su impacto perjudicial en la salud de los ciudadanos, causando pérdida de audición y otros daños graves hasta la muerte”. A la pequeña burguesía militante le gusta exponer sus heridas para atraer la compasión de las autoridades y reclamar la clemencia de la dictadura burguesa. La pequeña burguesía no quiere cuestionar la dictadura burguesa, simplemente para desafiar su escandalosa violencia. Debemos preguntarnos: ¿por qué después de todos estos años de implacable represión asesina, una vez más, la pequeña burguesía se sorprende de ver a la dictadura burguesa manifestarse en toda su implacable violencia? A menos que esta sorpresa sea falsa… ¿pero con qué propósito entonces?

Después del uso de armas letales para dispersar a los manifestantes pacíficos, ¿está el ejército “popular” argelino preparándose, como en Egipto o Túnez, para tomar la delantera en la “pacificación” del país que sufre el levantamiento popular, esta vez no contra la facción del FLN del sistema, sino contra todo el sistema capitalista dictatorial?

http://www.les7duquebec.com/7-au-front/de-la-militarisation-de-la-repression-a-la-repression-militaire/

(*) Juego de palabras entre “ágora”, la plaza pública, en griego, y “hogra”, un término del argot político argelino para denotar la humillación, el malestar y la indignación de las clases populares. 

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