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El gobierno de Colombia amenaza con imponer el toque de queda durante la huelga general convocada para el jueves

La ministra del Interior de Colombia, Nancy Patricia Gutiérrez, ha anunciado este lunes que el Gobierno dará plena potestad a los alcaldes y gobernadores del país para tomar decisiones extraordinarias a fin de garantizar la seguridad y el órden público durante la huelga general que se celebrará este jueves 21.

De acuerdo con el Ejecutivo, y tras mantener conversaciones con el Ejército y la Policía, el decreto que será promulgado permitirá a las autoridades locales y regionales tomar medidas tales como prohibir portar armas, el consumo de alcohol en vía pública, e incluso declarar el toque de queda, siempre y «cuando la situación lo requiera».

Según recogen varios medios colombianos, el Ejecutivo ha remarcado que su objetivo es mantener en todo un momento el diálogo y el derecho a la protesta pacífica, pero que parte de su trabajo consiste también en perseguir cualquier acto delictivo y de vandalismo que pueda producirse durante la huelga.

La huelga del jueves se produce bajo un clima de tensión, no sólo en Colombia, donde el Gobierno acusa a la oposición de mentir para sacar a la población a las calles, sino también en el continente, donde se han producido enfrentamientos y episodios de violencia de distinta intensidad en países como Ecuador, Chile y Bolivia.

Los organizadores del paro han llamado a secundar la huelga del día 21 después del paquete de medidas económicas de corte neoliberal que el Gobierno de Iván Duque planea, en el cual se encuentra una nueva reforma laboral y otra de las pensiones, que según apuntan los sindicatos, supondría un nuevo recorte de derechos y la paulatina privatización del sistema público.

Desde la oposición, han asegurado que existe un cúmulo de causas por las cuales un amplio espectro de la población, con diferentes inquietudes, habría decidido salir a protestar este jueves. «Este Gobierno no ha querido apostar por la paz», aseguró el senador por la coalición de los Decentes, Gustavo Bolivar.

«Desde la indignación de los animalistas hasta los que estamos indignados por el asesinato sistemático, casi genocidio, de los indígenas, los líderes sociales, y el recrudecimiento de la violencia», ha enfatizado Bolivar, tal y como recoge el periódico colombiano “El Tiempo”.

Asimismo, los sindicatos reclaman, además de un salario digno, el cumplimiento de los acuerdos firmados con profesores y funcionarios, así como una reforma que fortalezca los derechos de estudiantes, indígenas y trabajadores del campo.

https://www.europapress.es/internacional/noticia-gobierno-colombia-baraja-toque-queda-si-hay-violencia-huelga-general-20191118161319.html

Bienvenidos al futuro, bienvenidos a la guerra mundial 2.0

En mayo WhatsApp, que es una filial de Facebook, sufrió un ataque cibernético. Los usuarios no se apercibieron de ello pero fue escalofriante. Al enviar una videollamada a una persona, los piratas informáticos se pueden infiltrar en su móvil. La víctima ni siquiera necesita coger la llamada.

WhatsApp afirmó que el ataque portaba el sello de una empresa privada conocida por trabajar con los gobiernos, distribuyendo programas espía que capturan el control del sistema operativo del móvil.

Un nombre estaba en labios de todos: NSO Group, una empresa israelí especializada en el diseño de herramientas de espionaje para los gobiernos.

Luego WhatsApp presentó una demanda en un tribunal federal de San Francisco, nombrando expresamente a NSO como protagonista del ataque informático. La plataforma de mensajería acusó a NSO de haber atacado a al menos 100 defensores de derechos humanos, periodistas y otras personas en todo el mundo. Por ejemplo, unos 20 militantes en India habían sido blanco de ataques, según reveló el diario Indian Express (*).

La NSO negó las acusaciones en bloque. “El único objetivo de la NSO es proporcionar tecnología a las agencias gubernamentales autorizadas de inteligencia y de aplicación de la ley para ayudarles a combatir el terrorismo y los delitos graves”, respondieron en un comunicado.

Israel tiene un próspero panorama tecnológico y muchas de sus empresas emergentes más destacadas están especializadas en ciberseguridad. Toda la economía israelí está marcada por el complejo militar-industrial. Hay una estrecha asociación entre los sectores público y privado en este ámbito. Las empresas digitales no son una excepción.

NSO Group es una de esas empresas emergentes. Se creó en 2010 y tiene su sede en Herzliya, el suburbio tecnológico al norte de Tel Aviv. Sus tres fundadores, Niv Carmi, Omri Lavie y Shalev Shulio, son antiguos miembros de la Unidad 8200, un equipo del ejército israelí especializado en inteligencia electromagnética (SIGINT).

A NSO se la conoce por una aplicación informática, Pegasus, un programa de espionaje que envía un SMS al móvil que contiene un enlace en el que se puede pulsar, un tipo de ataque denominado “spear fishing” (pesca submarina). El virus se instala una vez que el usuario pulsa sobre el enlace y toma el control del móvil. Puede realizar grabaciones de audio y vídeo, rastrear la posición GPS del dispositivo o capturar los mensajes intercambiados.

NSO ha suministrado esa tecnología a gobiernos como Turquía, Kazajstán, Togo o Qatar. En México, decenas de abogados, periodistas e investigadores internacionales han sido supervisados por la policía gracias a Pegasus. Emiratos Árabes Unidos pirateó el móvil del disidente Ahmed Mansoor de esa manera en agosto de 2016.

En agosto del año pasado Amnistía Internacional hizo una campaña por la liberación de saudíes encarcelados. Luego, un miembro de la organización recibió un mensaje SMS sobre una manifestación frente a la embajada de Arabia saudí en Washington. El mensaje incluía un enlace de aspecto sospechoso. Tras la verificación, se comprobó que era efectivamente portador del virus Pegasus.

“El ataque a Amnistía Internacional fue la gota que colmó el vaso”, dijo la ONG en mayo de este año, cuando presentó una denuncia contra el Ministerio de Defensa israelí. “NSO Group vende sus productos a gobiernos conocidos por sus atroces violaciones de derechos humanos, dándoles las herramientas para seguir a militantes y disidentes”, dijo en un comunicado.

Riad no tuvo suficiente con eso. Pocos meses después de piratear a Amnistía Internacional, el periodista y disidente Jamal Jashoggi fue asesinado en el consulado saudí en Estambul. El asesinato causó un escándalo internacional y fue noticia hace un año.

En diciembre el New York Times informó de que el teléfono de Jashoggi había sido infiltrado por Pegasus. Siete militantes y periodistas cuyos teléfonos estaban comprometidos por las aplicaciones de NSO, incluido un amigo de Jashoggi, presentaron entonces quejas contra la NSO en Israel y Chipre.

Las herramientas informáticas desarrolladas por NSO son armas sometidas a la ley israelí. Su venta al exterior debe ser autorizada por el Ministerio de Defensa, que otorga una licencia específica para que la NSO pueda firmar contratos fuera del país. Si países como Arabia saudí se niegan a reconocer al Estado de Israel por razones políticas, existen otras razones igualmente políticas para que colaboren con él.

Por eso Amnistía Internacional demandó en mayo al Ministerio israelí de Defensa, unos días antes de que WhatsApp revelara que había sido blanco del ataque informático. El objetivo es que el gobierno israelí revoque la licencia de exportación de NSO.

(*) https://indianexpress.com/article/india/whatsapp-confirms-israeli-spyware-used-snoop-on-indian-journalists-activists-pegasus-facebook-6095296/

Más información:
– Pegasus: si entra en tu móvil también entra en tu cabeza
– La aplicación informática de una empresa israelí se utilizó para espiar a través de WhatsApp
Un agujero en WhatsApp permitió la instalación de un programa de espionaje israelí

‘Si la tortura funciona, ¿hace falta practicarla 183 veces en un mismo prisionero?’

Durante siete años, un investigador del Senado estadounidense, Daniel J. Jones, trabajó en un informe acerca de los métodos para interrogar prisioneros que la CIA implementó tras el 11 de septiembre de 2001. El resultado fueron 6.700 páginas que demostraron que los espías torturaban, ocultaban esas prácticas y, además, no obtenían ninguno de los resultados que buscaban con esas prácticas aberrantes.

“Si la tortura funciona, ¿hace falta practicarla 183 veces en un mismo prisionero?”, pregunta un verdugo de la CIA en la película “The Report”, dirigida por Scott Z. Burns, un especialista en escribir guiones basados total o parcialmente en investigaciones, como El desinformante o La lavandería. Ahora, a cargo tanto del guion como de la dirección, se enfrentaba al desafío de convertir un mamotreto árido y farragoso en una ficción atractiva. Lo logra sólo a medias: “The Report” no es tanto una película de suspense como una lección sobre el funcionamiento de la burocracia estadounidense.

Burns muestra todo el proceso de realización del informe de Jones y se las ingenia para sacar agua de las piedras, explotando al máximo el escaso material dramático que puede proveer una tarea burocrática. Porque la mayor parte de esos siete años, Jones se los pasó encerrado en un sótano sin luz natural revisando correos electrónicos, memorandos y otros documentos internos de la CIA. Era todo lo que el acuerdo entre la agencia y el Senado le permitía: no podía entrevistar agentes.

Aun así, su obsesión por el trabajo le permitió llegar a conclusiones lapidarias y sólidamente fundadas. Para amenizar la lectura de esos papeles, tan apasionantes como una escritura inmobiliaria, hay “flashbacks” que recrean las prácticas de los torturadores de la CIA que aplicaron “técnicas de interrogatorio mejoradas”, un eufemismo para evitar la palabra “tortura”. Las famosas fotos de la cárcel de Abu Ghraib parecen un juego en comparación a lo que se muestra la película.

En paralelo están las intrigas palaciegas, las presiones políticas por las consecuencias que traería la publicación del informe. Con constantes diálogos explicativos, la película mantiene el tono didáctico para evitar que nos perdamos lo menos posible en los pasillos de la burocracia estadounidense y poder transmitir un mensaje propagandístico de n¡buena esperanza: a pesar de todo la democracia estadounidense goza de buena salud.

Democracia significa que haya al menos dos partidos y circos electorales cada cierto tiempo. Lo demás no importa, no tiene que ver con la democracia. No importa la salud, ni la vivienda, ni la educación, ni el paro, ni la guerra… Nada de nada.

Las pérdidas oculares a causa de los disparos de los Carabineros estremecen a Chile

Cristopher Rodrigo
El 21 de octubre fue el primer y el último día que Cristopher Rodrigo, de 24 años, salió a la calle a manifestarse contra la desigualdad en Chile. No le dio tiempo a correr. Un carabinero le disparó un balín a menos de cinco metros de distancia y perdió totalmente la visión en el ojo izquierdo.

«Todo fue muy rápido, pero aún recuerdo la cara del agente», dice en la sala de espera de un hospital de la capital chilena. Está tomando pastillas para dormir y «controlar la rabia» y, aunque el dolor ha bajado de intensidad, cada cierto tiempo siente un fogonazo «insoportable» en el ojo.

Rodrigo es una de las casi 200 personas con heridas oculares causadas por perdigones disparados por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones sociales que estallaron en Chile hace cuatro semanas y que han causado una veintena de muertos y miles de detenidos.

«No quiero volver a marchar, tengo un miedo enorme a que me pase algo en el otro ojo», reconoce con un hilo de voz.

La mayoría de los que tienen lesiones en los ojos -197, según el último reporte del estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)- están recibiendo tratamiento en la Unidad de Trauma Ocular del Hospital del Salvador, un departamento acostumbrado a lidiar con accidentes menores y convertido en termómetro de la brutalidad policial.

Pasar una mañana en su sala de espera es asistir a un goteo constante de «cabros» con parches en los ojos, nombre popular con el que se conoce a los jóvenes en Chile.

«El número de traumas severos es impresionante. Llevo 15 años trabajando en este hospital y nunca había visto nada igual», reconoce la oftalmóloga Rosa Valsec tras sacarle un balín inscrustado en el lacrimal a otro joven con un diagnóstico de «estallido del globo ocular».

Los proyectiles impactan «con mucha fuerza», posiblemente por la corta distancia a la que son disparados, y generan una «brutal» destrucción: «Muchos pacientes van a necesitar cuatro o cinco operaciones y rehabilitación intensa porque cuando se pierde un ojo hay que reaprender las distancias y la orientación espacial», lamentó la doctora.

Las manifestaciones, que comenzaron por una subida en el billete de metro y se convirtieron luego en un clamor popular contra el Gobierno de Sebastián Piñera y el desigual modelo económico heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), transcurren en su mayoría de forma pacífica, aunque también se han registrado episodios de violencia, saqueos y destrucción de mobiliario público.

Las asociaciones de derechos humanos denuncian que las fuerzas de seguridad disparan de manera arbitraria contra cualquier manifestante y hay varias misiones internacionales en el país investigando la represión y los abusos policiales.

La ONU llegó incluso a pedir la semana pasada el cese de balines y perdigones en las protestas, pero el Gobierno hasta ahora solo se ha comprometido a «limitar» su uso e insiste en amplificar la dimensión violenta del estallido social.

«El número de heridos oculares es tal que a uno le hace pensar que es intencional. Los que reciben los balines no son los que provocan los incendios o los que saquean, son los que se manifiestan pacíficamente», advirtió este martes Ennio Vivaldi, rector de la estatal Universidad de Chile, a la que pertenecen muchos de los lesionados.

Ariel Flores, de 24 años, es uno de esos jóvenes que protestaba en un ambiente festivo junto a un grupo de amigos en Plaza Italia -el epicentro del estallido social y renombrado por los manifestantes como «Plaza Dignidad»- y a quien le llovió un perdigón desde un camión lanza-aguas.

Por la cantidad de sangre que tuvo aquel 28 de octubre supo desde el principio que había perdido el ojo derecho: «Me sacaron una parte del globo ocular y me la rellenaron con silicona para no perder la forma y poder ponerme una prótesis en el futuro».

«Yo no me puedo imaginar como alguien como Piñera puede seguir impune. Los carabineros siempre fueron agresivos, pero ahora están descontrolados», afirma enojado mientras espera su  turno en la misma sala de espera y califica de «burla» el reciente lanzamiento por parte del Gobierno de un programa gratuito de reparación ocular.

El que tuvo mejor suerte y pudo conservar ambos ojos fue Cristian Pozos, un terapeuta de 31 años. Los voluntarios de la Cruz Roja le pudieron sacar en plena protesta un perdigón de la zona del tabique nasal cercana al lacrimal y ahora se encuentra a la espera de que le extirpen otro proyectil, pero los médicos están casi seguros de que no va a perder visión.

«La calle es el derecho más sagrado que tenemos y vamos a seguir defendiéndolo», asegura, convencido de que el estallido social está lejos de apaciguarse.

https://www.eldiario.es/politica/perdidas-oculares-represion-manifestantes-Chile_0_963104588.html

La justicia consiste en que unos se tapan a los otros para que todos queden impunes: el caso de los ‘chalecos amarillos’

La Fiscalía francesa le ha dado el carpetazo a 54 sumarios que tenía abiertos contra policías por las palizas propinadas a los  “chalecos amarillos” desde que el año pasado comenzaron las movilizaciones.

Al mismo tiempo próximamente iniciará un juicio contra dos de ellos dentro de una cárcel, que es el primero en su género.

Durante un año las denuncias contra la policía han inundado las dependencias judiciales porque en Francia creían que el apaleamiento de manifestantes era propio de los países tercermundistas, como decía uno de los “chalecos amarillos” a la televisión.

Han salido de su estupor a palos y han creído que los jueces y los fiscales son algo diferente de los de la porra. Se tragaron lo del “Estado de Derecho”: el remedio a un mal policía son buenos jueces y fiscales que van a enmendar lo que los otros han torcido.

Pero las cosas funcionan de otra manera. El fiscal parisino Rémi Heitz confiesa que se han desembarazado de 212 denuncias enviándoselas a la Inspección General de la Policía Nacional, es decir, algo así como “yo me lo guiso yo me lo como”. La policía se investigará a sí misma.

En casi el 70 por ciento de los casos las investigaciones (por llamarlas de alguna manera) han concluido y los expedientes se han trasladado al Ministerio Público de París para que decida el camino a seguir.

En dos casos la fiscalía considera que las denuncias justifican la apertura de un procedimiento judicial. Ambos se refieren a los acontecimientos ocurridos durante la manifestación del Primero de Mayo de este año, que se caracterizó por el terrorismo policial.

Uno de los policías será juzgado por abofetear a uno de los “chalecos amarillos” gracias a que la escena fue grabada y publicada en las redes sociales. El policía está acusado de “violencia voluntaria por parte de un responsable de la autoridad pública” que causó una incapacidad superior a ocho días a su víctima.

El otro policía está acusado de lanzar una piedra a los manifestantes, una escena que también fue grabada y reproducida por las redes sociales. Le acusan del mismo delito, aunque en este caso no haya incapacitado a la víctima.

Ambos casos presentan tres características: son hechos insignificantes, fueron grabados y se difundieron por internet. De lo contrario hubieran quedado impunes, como los cientos de denuncias que han acabado en la papelera.

En Francia se abrieron 313 investigaciones contra la policía por el terror desatado contra los “chalecos amarillos”.

Un caso es el de Jerome Rodrigues, un manifestante gravemente herido en el ojo el 26 de enero, cuya denuncia dio lugar a la apertura de una investigación judicial por el delito de siempre.

Otro es la denuncia presentada por la madre de un adolescente al que le rompieron la mandíbula por un disparo con munición de caucho en Estrasburgo durante una manifestación convocada en enero.

Un total de 72 casos aún están siendo analizados por la fiscalía, mientras que otros 54 han sido cerrados sin más medidas, principalmente por «delitos insuficientemente graves”, pero también por “falta de identificación de los acusados”, según explicó el fiscal Heitz.

“Así es la justicia”, dijo con toda la cara dura del mundo el ministro de Interior, Christophe Castaner. “Consiste en llevar a cabo un estudio, una investigación que se pone bajo la autoridad de la policía, la gendarmería y luego un fiscal y los jueces deciden las medidas que deben tomar”.

En otras palabras: la justicia consiste en que unos de se tapan a los otros para que todos queden impunes. La fiscalía ha cerrado los procedimientos sin más. En algunos casos porque no quisieron identificar a los policías que dispararon.

Según un recuento del periodista David Dufresne, 24 personas han sido asesinadas por la policía desde que el 17 de noviembre del año pasado comenzó el movimiento de los  “chalecos amarillos”.

Más información:

-‘Chalecos amarillos’: cambia el discurso de la represión
– La policía francesa ha empezado a ‘fichar’ a los miembros de los ‘chalecos amarillos’
– ‘Perro ladrador poco mordedor’: hay que preocuparse de los fascistas que muerden más que de los que sólo ladran
– Cientos de medios denuncian la represión policial en Francia durante las manifestaciones
– El lanzamiento de marcadores químicos contra los ‘chalecos amarillos’ en las manifestaciones
-Francia no es capaz de contener las movilizaciones de los ‘chalecos amarillos’
– De los ‘chalecos amarillos’ a los ‘brazaletes blancos’: cómo domesticar una movilización espontánea
– Francia aprobará su propia ‘ley mordaza’ contra el derecho de manifestación
 

‘Chalecos amarillos’: un año de lucha y un año con cifras de represión nunca conocidas en Francia

Desde el inicio del movimiento de los “chalecos amarillos” hace un año, más de 3.100 personas han sido condenadas por los tribunales franceses por ejercer su derecho a manifestarse. Casi 400 de ellos han sido condenados a penas de prisión.

A medida que se acerca el primer aniversario del movimiento, el 17 de noviembre del año pasado, Le Monde muestra un rostro sombrío de lo que califica como “excesos” y “repetidos enfrentamientos” entre manifestantes y policías.

El diario revisa las cifras de la represión, subrayando que se trata sólo de una “evaluación provisional” para el período comprendido entre el 17 de noviembre de 2018 y el 31 de junio de este año.

El número de condenas supera las 3.100, lo que constituye “un récord para un movimiento social”, señala Le Monde. De estas 3.100 personas condenadas, unas 400 fueron condenadas a penas de prisión, y otras 600 a penas de prisión con condicional.


“Las penas impuestas oscilan, por término medio, entre unos meses y tres años de prisión, con o sin codicional”, escriben.

Más de 10.000 personas fueron “detenidas e interrogadas en toda Francia durante los más intensos siete meses de manifestaciones”, aseguran.

Hubo casi 2.200 casos de detención policial sin que se adoptaran nuevas medidas y 2.400 casos fueron objeto de medidas alternativas al enjuiciamiento.

Se iniciaron procedimientos judiciales contra 5.300 personas, de las cuales 2.100 fueron juzgadas en comparecencia inmediata y otras 2.000 recibieron una citación judicial para comparecer en el juicio en una fecha posterior. Los jueces de menores tuvieron que intervenir en 410 detenciones y 620 acusados prefirieron declararse culpables para reducir su condena.

Los jueces han trabajado “con relativa rapidez en los casos de manifestantes”, mientras que los casos de violencia en los que están implicados los policías son mucho más lentos.

La brecha alimenta parte del “resentimiento de algunos activistas”, dice Le Monde, que señala también que hasta ahora sólo dos policías han sido llevados ante un tribunal penal de París.

Chile convoca a un organismo militar de la dictadura de Pinochet: el Consejo de Seguridad Nacional

Sebastián Piñera ha optado una vez más por la mano dura para sofocar las protestas sociales y restaurar el orden público. Entre otras medidas, el presidente chileno ha convocado al Consejo de Seguridad Nacional, un órgano que data de 1980, en plena dictadura militar.

Este consejo sienta en la misma mesa a los autoridades del Estado y a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Convocarlo retrotrae al país a dolorosos tiempos pasados, como ocurrió en la primera semana de protestas cuando el Gobierno sacó al Ejército en las calles.

«En la Moneda he convocado a una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, donde están representados todos los poderes del Estado y donde también están representados otros poderes de las República, para poder recibir la colaboración y el compromiso de todos para que Chile pueda superar estas difíciles tres semanas», declaró Piñera.

Sebastián Piñera ha tomado además otras medidas de seguridad, como impulsar una «ley antiencapuchados», como ha sido bautizada, para castigar con más dureza a quienes cometan desórdenes cubriéndose el rostro.

Pero más allá de los disturbios y los violentos choques, que han dejado al menos 20 muertos, el enfado de los chilenos por las desigualdades sociales es más profundo y extendido, como demuestra lo que ocurrió con el ministro de Salud en un hospital al que acudió a visitar a una persona herida en las protestas.

Jaime Mañalich fue duramente increpado por médicos y personal sanitario, que le reprocharon la falta de medios y recursos en los centros médicos. «Asesino con delantal» se podía leer en un cartel.

Para este viernes ha sido convocada una nueva manifestación que aspira a ser tan masiva como la que congregó el 25 de octubre a más de un millón de personas en Santiago de Chile.

https://es.euronews.com/2019/11/08/pinera-impone-mas-mano-dura-y-convoca-al-consejo-de-seguridad-nacional

Holanda dispone de un sistema de vigilancia permanente sobre los pobres e inmigrantes

“Holanda edifica un estado de vigilancia permanente contra los pobres”, resumió recientemente el abogado Merel Hendrickx, un experto de la ONU. “Es un proyecto digital equivalente a la intervención de un escuadrón de fuerzas de seguridad que llegara a tu casa y comenzara a rebuscarlo todo”, añade Hendrickx, cuya organización The Public Interest Litigation Project (PILP) se opone en los tribunales al panóptico.

Lo llaman Syri (System Risk Indication o Sistema de Alarma por Riesgo) y comenzó hace cinco años, pero entonces casi todos miraron hacia otro lado. Fue aprobado por el parlamento sin ningún debate.

En este tipo de iniciativas siempre hay un pretexto, que en este caso consiste en perseguir más eficazmente el fraude contra el “estado del bienestar”. Se trata de combinar toda una serie de datos digitales que son fácilmente accesibles pero que, hasta ahora, estaban dispersos. Son innumerables y proceden de numerosas fuentes: de los ayuntamientos, hacienda, bancos, aseguradoras u oficinas del paro e inmigración. Un algoritmo se encarga de cruzarlos, haciendo que suene la alarma si aparecen anomalías, es decir, posibles contradicciones que pondrían sobre aviso a los vigilantes.

La semana pasada los jueces de un tribunal de La Haya se enfrentaron a una coalición de organizaciones sociales que llevaron a juicio al Estado holandés. Según los demandantes, el SyRI representa una grave violación de las libertades individuales.

El abogado del Estado no opinaba igual: imagínese a una persona que recibe subsidios porque vive en un cierto tipo de infravivienda, dijo. El SyRI alerta porque el consumo de agua en dicha vivienda es pequeño. Entonces los vigilantes tienen que llevar a cabo una investigación a fondo para verificar que, en efecto, esa persona que recibe ayudas vive realmente en dicha infravivienda.

Los contadores “inteligentes”, ya sean de agua o de electricidad, miden el consumo cada 15 minutos. En total, hacen 96 mediciones al día, suficiente para dar una visión muy detallada de la vida de una persona.

Pero el panóptico no se detiene ahí. Está muy lejos de buscar simples anomalías y abre la puerta a un estado de vigilancia generalizado. El SyRI puede acceder a una gama increíblemente amplia de datos.

Lo realmente inteligente no son los panópticos sino personas como Tijmen Wisman, que los ha investigado en la Universidad Libre de Amsterdam. Dedicó su doctorado al derecho europeo sobre los objetos relacionados entre sí, lo que le llevó a deshacerse de su “teléfono inteligente”. Es consciente del rastro digital que deja cada vez que introduce su abono (también “inteligente”) para entrar en el metro que le lleva a la universidad.

El colmo ha sido que el Estado holandés se niega a revelar los detalles de SyRI, alegando que permitiría a los defraudadores contrarrestar las alertas. “Dejarían el grifo abierto”, dijo el abogado del Estado en el juicio. Ante la falta de transparencia los cargos electos del Ayuntamieto de Rotterdam se enfadaron, lo que llevó a la suspensión del programa en varios barrios de la ciudad.

“Esta insistencia en el secreto por parte del Estado siempre ha sido prerrogativa de los servicios secretos o de la policía, o de la lucha contra los delincuentes. Sin embargo, en el caso del SyRI, nadie se sintió ofendido por esa misma opacidad”, dice Wisman.

Tuvieron que presionar mucho para obtener una lista con media docena de barrios en los que el proyecto estaba empezando a ser implementado. Todos ellos tienen una particularidad: están habitados por pobres e inmigrantes.

Si hay sospechas contra alguien un Estado moderno tiene medios suficientes para investigarle. Lo que Holanda ha hecho ahora es convertir a decenas de miles de personas en potenciales defraudadores, es decir, a todos los que viven en esos barrios convertidos en “conflictivos”. Es sobre esas personas, sobre los más pobres sobre las que se está llevando a cabo una política represiva que busca aumentar todos los mecanismos de control y vigilancia.

Hasta ahora en Europa las políticas sociales alardeaban ante el mundo de ayudar a la población necesitada de la mejor manera posible. Ahora se trata de reducir las ayudas con el pretexto de perseguir a los defraudadores.

Christiaan van Veen, asesor en materia de nuevas tecnologías del Relator Especial de la ONU sobre la pobreza extrema, advierte contra los panópticos. “El principal peligro al que se enfrentan los estados de bienestar digitalizados es que sólo sirven a los intereses de una élite de funcionarios y empresas de tecnología. Al mismo tiempo, una desafortunada subclase, sometida a vigilancia constante, experimentará una distopía digital en la que la más mínima desviación será detectada y castigada”.

https://www.letemps.ch/monde/paysbas-batissent-un-surveillance-pauvres

Más información:


– Las ‘puertas traseras’ son las puertas abiertas a la represión fascista
– Google lo sabe todo de ti
– ‘Minority Report’: delincuentes en potencia y policías del futuro
– Algo más sobre ‘Minority Report’
– ‘Minority Report’(3): la policía predictiva de Los Ángeles ya está en marcha
– Minority Redport(4): La represion fascista con algoritmos matemáticos (PredPol)
– Minority Report(5): la policía predictiva se concentra en los ‘puntos calientes’ de la ciudad
– Minority Report(6): cómo detener a los futuros manifestantes antes de que cometan actos violentos
– Minority Report(7): el funcionamiento de la policía en una sociedad dividida en clases sociales
– Minority Report(8): el panóptico ya es una realidad, el ojo que todo lo ve
– Empresas informáticas creadas y subcontratadas por la CIA: el Caso Palantir
– La CIA quiere manipular las redes sociales 

Manifestaciones y disturbios

Juan Manuel Olarieta

Recién nombrado intendente de la región metropolitana de Santiago de Chile, Felipe Guevara ha dicho al asumir su cargo que “las manifestaciones bienvenidas sean, lo que no puede confundirse con disturbios”.

Es muy frecuente confundir las manifestaciones, que son un derecho, con los disturbios, que son un delito. La causa es evidente y muy típica, tanto en Chile como en España: la reconversión de los derechos en delitos.

El mejor ejemplo de ello es el propio Guevara, al que ponen a la cabeza del mantenimiento del orden público en la capital chilena precisamente porque es un fascista.

Uno de los rasgos típicos del fascismo es ese: se habla de los derechos como si se tratara de delitos. De esa manera no es que el Estado vulnere los derechos de las personas; lo que pretende es impedir que se cometa un delito, que siempre es algo reconfortante para las cadenas de intoxicación.

Las manifestaciones son bastante más que un derecho fundamental. No sólo son legales sino que son legítimas porque expresan el descontento de la población y todos los estados de ánimo que lo acompañan: indignación, odio, rencor…

Una manifestación se diferencia de la Cabalgata de los Reyes Magos, o de una procesión de Semana Santa, o del Día del Orgullo Gay, o de una marcha cicloturista porque los asistentes acuden enfadados. Por eso gritan. Los servicios de orden deberían servir para impedir la entrada a una manifestación de quienes no estuvieran cabreados y jodidos. Los que quieran salir a la calle a divertirse y hacer el payaso deberían llamar de otra manera a sus convocatorias.

En un país democrático no tiene ningún sentido que la policía acuda a las manifestaciones, y mucho menos infiltrados, aparentando que también se manifiestan.

En un país democrático no tiene ningún sentido que los antidisturbios vayan a las manifestaciones armados hasta los dientes, con porras, con cascos, con escudos, con rifles, con gases, con bolas de caucho… Si los manifestantes ejercen un derecho, ¿a qué van de esa guisa?, ¿para qué envían helicópteros como si acudieran a una guerra?

En un país democrático la policía no puede presentarse en el lugar de la convocatoria de una manifestación de antemano, exigir a todo el mundo que se identifique, tomar sus datos personales, sacar fotos o grabar vídeos.

Las manifestaciones siempre son pacíficas. Cuando se producen escenas de violencia, como es frecuente, la causa es siempre la misma: la policía carga contra quienes ejercen un derecho para impedir que lo ejerciten.

No se puede confundir a las víctimas con los victimarios. En las manifestaciones es siempre la policía la que persigue a los manifestantes, y no al revés. Por eso en España los viejos se regodean de los tiempos en que corrían delante de los grises.

En esas carreras es la policía la que lleva las porras y los manifestantes huyen del terror policial, de los golpes, de los disparos, de las agresiones y de las detenciones.

Vivimos bajo el terror policial como los peces viven sumergidos en el agua. Digerimos el lenguaje de la dominación que emplean intendentes como el chileno Felipe Guevara. Nos consideramos a nosotros mismos como culpables por ejercer un derecho. Nosotros somos los alborotadores, los violentos y los radicales.

Estamos a punto de perder la guerra porque tragamos con todo. Ya no nos quedan reservas. Nos hemos acostumbrado al terrorismo de Estado como lo más normal del mundo. Si acudimos a una manifestación y no nos pegan, volvemos a casa con una sensación de vacío, como si nos faltara algo…

Las ‘puertas traseras’ son las puertas abiertas a la represión fascista

El Fiscal General de Estados Unidos, William Barr
El año pasado publicamos una serie de artículos sobre el cambio cualitativo de la represión, mostrando que la película “Minority Report” no era sólo ficción. Ahora el Fiscal General de Estados Unidos, William Barr, acaba de anunciar un nuevo programa “precrimen” inspirado en la “guerra contra el terrorismo” que se implementará el año que viene  (*).

Ya ven que la lucha contra eso que llaman “terrorismo” no tiene el carácter excepcional con el que lo justificaron en su momento. Los “terroristas” no son los demás; toda la población va a ser tratada como criminales de la peor especie.

El pasado miércoles Barr envió un memorándum a todos los fiscales anunciando la inminente puesta en marcha de un Programa de Intervención Rápida de la policía para detectar a los potenciales autores de un delito.

Barr quiere mejorar la capacidad de la policía para identificar, evaluar y capturar a los delincuentes en potencia y para ello ha convocado una conferencia de formación en la sede del FBI para el próximo mes de diciembre, junto con “socios del sector privado”.

Barr admite que muchas de las tácticas del nuevo programa han nacido de la experiencia de la “lucha terrorista” posterior al 11 de septiembre de 2001. Aunque estas experiencias se han llevado a cabo en el extranjero, el memorándum deja claro que pronto se utilizarán a escala nacional.

Las nuevas tácticas utilizadas por los grupos de trabajo conjuntos sobre terrorismo incluyen el uso de psicólogos clínicos, profesionales de evaluación de amenazas, equipos de intervención y grupos vecinales para detectar riesgos.

Para la detección temprana es necesario aumentar la vigilancia masiva, utilizar a los ciudadanos como confidentes de la policía y recurrir a algoritmos capaces de analizar las bases de datos de todo el mundo en busca de síntomas.

Desde que le nombraron Fiscal General, Barr ha promovido las introducción de “puertas traseras” en aplicaciones o dispositivos que utilizan cifrado de datos y un aumento de los programas de vigilancia electrónica de larga data sin orden judicial.

El 23 de julio Barr pronunció el discurso principal en la Conferencia Internacional de Ciberseguridad y se centró en la necesidad de aplicaciones electrónicas que utilicen el cifrado para proporcionar “puertas traseras” para que la policía pueda acceder a las comunicaciones cifradas. Más tarde Barr concretó que se refería específicamente al cifrado utilizado por servicios de mensajería, teléfonos inteligentes, correo electrónico y aplicaciones de voz y datos.

El Fiscal General no dudó en intimidar a las empresas privadas que se niegan a someterse a la policía: “En cualquier momento puede ocurrir un incidente importante y galvanizar a la opinión pública sobre estos temas”, dijo. Poco después de este discurso, se produjeron varios tiroteos masivos, incluyendo uno en el Walmart de El Paso.

La predicción de Barr y el rosario de rarezas relacionadas con el tiroteo de El Paso dejan bastantes evidencias sobre el conocimiento previo que del mismo tenía el FBI. La tragedia fue el “evento galvanizador” que Barr había anunciado, ya que la solución ofrecida por Trump tras los tiroteos fue la autorización de las “puertas traseras”.

El 3 de octubre, Barr y Priti Patel, ministro británico de Interior, firmaron un acuerdo de acceso a los datos que permite a ambos países exigir datos electrónicos de los usuarios a las empresas tecnológicas con sede en el otro país sin ninguna clase de restricciones legales. Es el primer acuerdo alcanzado en el marco de la Ley Nube o Ley sobre el Uso de Datos en el Extranjero aprobada por el Congreso de Estados Unidos el año pasado.

La Ley Nube otorga facultades ilimitadas a la policía sobre cualquier dato que esté en poder de un proveedor de servicios, independientemente de dónde esté almacenado y quién lo haya creado, una autorización que también se aplica al contenido, metadatos e información de los usuarios.

(*) https://www.huffpost.com/entry/william-barr-mass-shooting-domestic-terrorism_n_5db05fbee4b0a7dbe8e27e61

Más información:

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