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Un manifestante ha fallecido y cientos de personas han sido detenidas tras las protestas no autorizadas contra las nuevas restricciones sanitarias del domingo en Berlín, Alemania.

Un hombre de 49 años se quejó de una sensación de hormigueo en el brazo y en el pecho mientras era identificado por la policía. Instantes después, se derrumbó y falleció poco después de ingresar en un hospital.

La policía actuó sistemáticamente contra los participantes en las protestas por no respetar la distancia mínima entre personas y negarse a utilizar mascarillas, lo que dio lugar a cargas y enfrentamientos en las calles de Berlín.

Más de 2.200 policías están desplegados por las calles de Berlín. El gobierno quiere evitar a toda costa que se repitan escenas como las de ayer. Los incidentes acabaron con varios policías heridos, cerca de 600 detenidos y su primera víctima mortal.

Preocupa también el aumento de las agresiones contra la prensa. El jefe de la asociación de la prensa local, Jörg Reichel, se encuentra hospitalizado tras recibir una brutal paliza. Reichel fue atacado, derribado de su bicicleta y pateado y golpeado cuando circulaba por el barrio de Kreuzberg. Solo la intervención de varias personas evitó que los agresores causaran mayores heridas al periodistas, que se encuentra hospitalizado en estado grave.

Esta mañana había otras tres convocatorias no autorizadas, y por la tarde hay una manifestación permitida. La situación esta jornada, sin embargo, es de calma, al menos de momento.

Nunca se había conocido una campaña tan intensa de censura. Los promotores de las medidas políticas contra la pandemia en YouTube no lo deben tener muy claro cuando han llegado al punto de censurar a la cadena de televisión Sky News, una de las que convoca más audiencia en Australia: casi dos millones de espectadores.

La cadena ha sido castigada con la prohibción de emitir nuevos contenidos en YouTube durante una semana porque no respeta suficientemente el canon médico sobre el coronavirus y sus secuelas de mascarillas, cuarentena, hidrogel, toque de queda o ley marcial.

La censura en YouTube está sujeta a una política de “tres golpes”: el primero da lugar a la suspensión durante una semana, el segundo en un plazo de 90 días da lugar a una prohibición de dos semanas y el tercero a la eliminación permanente del sitio.

Sky News Australia, propiedad del magnate Rupert Murdoch. El canal dice que la censura se debe a los vídeos que discuten la eficacia de las mascarillas y el confinamiento.

Según el editor digital de Sky News, la prohibición es un ataque preocupante a la libertad de expresión. En un comunicado, el editor digital de Sky News Australia, Jack Houghton, di”jo:

“La libertad de participar en el debate y desafiar el pensamiento y el saber convencionales no siempre ha sido aceptada como un derecho humano. Desde el punto de vista filosófico, la noción existe desde hace milenios, y las interpretaciones más modernas tienen su origen en las cámaras de debate griegas. A menudo ha cambiado de forma e incluso ha sido suprimida por dirigentes más totalitarios”.

Houghton se refiere a YouTube, un medio “totalitario” para una situación “totalitaria”, como la que viene imponiendo el gobierno australiano desde el año pasado, que carece de toda clase de precedentes.

El jueves los visitantes del Museo Rolin no daban crédito a sus ojos, cuando llegó el comandante Franck Sipp con un escuadrón de la Gendarmería para pedirles los pasaportes de vacunas.

Ese tipo de personas son cultas, exquisitas incluso y nada propensas a que la gendarmería les pida los papeles, el móvil, los antecedentes penales, el historial médico o el permiso de conducir.

“Estamos aquí con un objetivo más que nada pedagógico”, les dijo el comandante Sipp (1), que ha debido seguir un máster de tal disciplina en la escuela del Ministerio francés de Interior.

No sabemos lo que los gendarmes entienden por “pedagogía”, pero sospechamos que querían decir lo siguiente: váyanse acostumbrando a este tipo de irrupciones en cualquier sitio y en cualquier lugar.

Los pasaportes sanitarios permitirán que la policia esté presente en todo tipo actos de la manera más “normal”, como ya está visible en los partidos de fútbol.

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es un certificado impuesto por el franquismo en la década de los cuarenta para el control de la población y ya nadie se acuerda de ello. Ahora los gobiernos autonómicos de Canarias y Galicia van por el mismo camino, estrechando aún más el nudo del control político y social.

Los antifranquistas salían de las manifestaciones con el DNI en la boca y ahora no podrán entrar en ningún sitio público sin otro documento parecido.

El número de “sin papeles” aumenta a medida que cada vez son necesarios más papeles. Ya no atienden a los enfermos que acuden a las urgencias de los hospitales sin algún tipo de tarjeta o documento. Incluso en plena pandemia la sanidad española ha dejado sin atender a 1.500 emigrantes, entre ellos 44 mujeres embarazadas, 90 menores de edad y 78 solicitantes de asilo (2) porque no podían acreditar su condición.

Los juristas protestarán porque todo lo que están haciendo es ilegal. No se preocupen: es hora de cambiar las leyes para que todo sea legal.

(1) https://www.lejsl.com/culture-loisirs/2021/07/29/pass-sanitaire-les-visiteurs-un-peu-surpris-au-musee-rolin
(2) https://www.actasanitaria.com/reder-derecho-salud/

Los australianos que promuevan manifestaciones contra el confinamiento o desafíen las restricciones sanitarias en las redes sociales serán castigados con multas de 11.000 dólares.

Además el gobierno ha sacado al ejército a la calle para que vigile el cumplimiento de las restriccioes sanitarias en los barrios más pobres, donde la oposición a las medidas del gobierno es mayor (1).

La policía ha creado el programa “Crime Stoppers” para que los delatores puedan denunciar a los manifestantes. El pasado fin de semana recibió más de 15.000 llamadas y denuncias que proporcionaban información de la “protesta ilegal” contra el toque de queda.

A pesar de que no hay pandemia por ninguna parte, Sidney ha aprobado un nuevo confinamiento durante un mes más (2) y en internet ha aparecido la convocatoria de una segunda manifestación para este fin de semana.

El gobierno australiano ha anunciado que, aunque toda la población quede vacunada, quiere mantener un confinamiento estricto (3).

La oposición de Nueva Gales del Sur ha pedido medidas sanitarias más restrictivas y sanciones más severas para quienes las incumplan. Esto incluye una propuesta para multar a las personas con 11.000 dólares por incitar a las protestas en las redes sociales (4).

Según la propuesta, los organizadores de las protestas serían multados con 20.000 dólares y los participantes en las mismas con 5.500 dólares, lo que supone un aumento significativo respecto a la actual multa de 1.000 dólares por participar en una protesta.

Según el ministro de Policía en la sombra, Walt Secord, estas multas reprimirán a los “holdouts”, a los que acusan de actuar al margen de las protestas sin asistir a ellas.

“Deberíamos echar el guante a estos idiotas que difunden desinformación y mentiras junto con la variante delta”, dijo Secord.

“Sé que el 99 por ciento de la población está furiosa con la minoría que sigue haciendo caso omiso de las órdenes sanitarias y poniendo en peligro la seguridad y el sustento de las familias”, dijo David Elliot, ministro de Policía y Servicios de Emergencia.

(1) https://es.euronews.com/2021/07/30/salud-coronavirus-australia
(2) https://www.bangkokpost.com/world/2156155/sydney-lockdown-extended-by-four-weeks-as-virus-outbreak-grows
(3) https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/australia-seguira-confinando-por-la-covid-aunque-vacune-a-toda-su-poblacion/10004-4597433
(4) https://au.news.yahoo.com/facebook-post-lockdown-protest-11000-fine-080358345.html?guccounter=1

El juzgado de instrucción número 12 de Palma ha iniciado la tramitación de una de las querellas que se presentaron contra la directora general de Salud Pública del Govern, Maria Antònia Font, por la “detención ilegal” de unos 300 estudiantes que estaban en Mallorca de viaje de fin de curso.

La responsable de la Sanidad balear ha sido citada a declarar como investigada el próximo día 7 de septiembre (*).

Poco a poco los responsables políticos y sanitarios irán desfilando por los juzgados y algunos acabarán en la cárcel porque ninguna de las medidas que han ido aprobando a lo largo del año y medio de pandemia es legal. Desde luego que deberán indemnizar a todos los establecimientos comerciales que han permanecido cerrados y con restricciones de aforo o de horario.

Además de ordenar un secuestro colectivo, cuando Font firmó la orden de encierro, los jóvenes ya llevaban dos días sin poder salir del hotel, por lo que hay un delito de falsificación de documento público.

Los juzgados de Palma se han repartido las tres denuncias presentadas por las madres de tres de los estudiantes, que denunciaron su secuestro en el “hotel covid”.

Además de estas denuncias por detención ilegal, más de 200 estudiantes presentaron escritos de habeas corpus en el juzgado de guardia, pidiendo que se les permitiera salir del hotel. Los dos jueces de Palma que tramitaron estas peticiones coincidieron en la misma interpretación: no apreciaron el delito de detención ilegal y se quitaron el asunto de encima diciendo que se trataba un “conflicto administrativo”.

Fue la policía la que se tuvo que quejar porque estaba actuando sin el respaldo de una resolución administrativa por escrito, ya que solo se contaba con una orden verbal. Aún así, llevaron a cabo el secuestro a instancias de la autoridad sanitaria.

Días más tarde una jueza de lo contencioso anuló la resolución de Font. La magistrada acusó a la conselleria de Salud de encerrar a los jóvenes sin demostrar siquiera que hubieran tenido contacto estrecho con los turistas contagiados.

El Govern no envió a la magistrada la documentación sobre el caso porque no había ningñun papel: el secuestro se había llevado a cabo por la cara.

Al gobierno balear le ha faltado tiempo para criticar a los jueces con el argumento consabido: “hicimos lo que teníamos que hacer”, “el fin justifica los medios”, “salvamos vidas”… Los responsables del Govern respaldaron la decisión de la directora general y dijeron que era la única medida que en ese momento se podía tomar.

Ahora han vuelto a decir lo mismo: “El Govern considera que la actuación fue proporcionada y siempre atendiendo a un criterio fundamental para esta Administración: la defensa y protección de la población”. Las leyes no son suficientes y tienen que recurrir a las ilegalidades “por el bien común”.

Es delirante leer este tipo de idioteces a la cloaca seudoprogre. Hasta ahora han dicho y hecho lo que es da la gana, pero a partir de ahora les van a llover los palos.

(*) https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2021/07/20/juez-detencion-ilegal-macrobrote-baleares-coronavirus-en-mallorca-55256367.html

El Tribunal Constitucional ha dictaminado una obviedad: que el estado de alarma vulnera las garantías y libertades fundamentales. Cualquier demanda que se interponga en un organismo judicial europeo ante los múltiples atropellos propiciados con la excusa de la pandemia, dictaminará lo mismo, porque estamos ante un Golpe de Estado como nunca se había conocido a lo largo de la historia.

Como en España dicho Golpe de Estado lo ha propiciado un gobierno del PSOE y Podemos, y como el demandante ha sido la organización fascista Vox, el jueguecito de los reformistas está servido. Les ha faltado tiempo para mostrarse agarrados al cargo para defender lo indefendible con uñas y dientes, como vienen haciendo desde hace un año.

Han matado a 80.000 personas a lo largo del estado de alarma y gentuza como Ione Belarra no tienen empacho en decir que lo hicieron para “salvar vidas”.

Ahora ya no respetan las decisiones judiciales como antes. Se han dado cuenta de que los magistrados del Tribunal Constitucional son fascistas, mientras que los del Tribunal Supremo que condenaron a los encausados del “procès” por sedición, no lo eran; y los de la Audiencia Nacional, tampoco.

Hemos llegado a tal punto de confusión que, por fin, hemos empezado a hablar de fascismo, pero ya no sabemos quiénes son fascistas y quiénes no. Hace 200 años los revolucionarios salían a calle gritando “¡Libertad!”, mientras a la clerigalla le gustaban las cadenas y grilletes. Ahora la situación ha dado una vuelta de 180 grados.

A los “progres” de pacotilla les ha entusiasmado ver encerrados a 200 jóvenes en un hotel de Mallorca por orden administrativa, que es como el ejército israelí encierra a los palestinos sin cometer ningún delito.

La demagogia reformista consiste en decir que los fascistas son los de Vox. Los del PP sólo son conservadores. Pero todos participan en la misma farsa institucional. Al comienzo Vox criticó al gobierno del PSOE y Podemos porque no había impuesto el estado de alarma y, después de la primera prórroga, en la que votaron a favor, lo siguió criticando por lo contrario.

Suele ocurrir muy a menudo entre los bocazas. Vale todo.

Lo realmente preocupante es que España ha vivido más de un año bajo una ley marcial impuesta por un gobierno reformista, algo que no tiene precedentes. Durante el franquismo los estados de excepción, normalmente, eran de sólo un mes y jamas pusieron un bozal en el hocico de las personas de manera masiva, ni las mantuvieron semanas encerradas en sus casas.

Este gobierno de farsantes, que sacó votos con el engaño de la derogación de la ley mordaza, la aplicó masivamente, imponiendo 1.400.000 multas, lo que tampoco tiene ninguna clase de precedentes históricos.

De esta manera los reformistas son quienes han impuesto el terrorismo de Estado y han dejado la calle para los fascistas, ostentando la bandera de la “Libertad”. Luego se extrañan de que en los barrios populares no les votan y del “auge de la ultraderecha”. Se lo han servido en bandeja.

La sentencia del Tribunal Constitucional es otro fracaso del montaje orquestado en torno a la pandemia y cada día seguirán llegando más, de todos los tipos diferentes, no sólo en forma de papeles, de sentencias judiciales o de artículos científicos, sino de movilizaciones en la calle.

En todo el mundo los estados de emergencia han profundizado una crisis económica anterior que ya no se refleja sólo en despidos masivos, sino en hambre y en familias arrojadas de sus viviendas. Los que han permanecido confinados en sus casas junto a la estufa y al ordenador, deberían pensar en cojer la pancarta y salir a calle de nuevo, como ayer en París.

¿O seguirán con la tontería de que los que salen a calle a protestar contra los pasaportes sanitarios y la vacunación obligatoria son la famosa “ultraderecha”?, ¿seguirán aferrados a las cadenas y quieren que todos hagan como ellos?