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Asalto contra una jefatura de policía en Cádiz

El viernes declaró en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Arcos de la Frontera (Cádiz) un policía local de Puerto Serrano al que a mediados de enero agredieron varios familiares y vecinos de un detenido que asaltaron las dependencias policiales para liberarlo. También prestó declaración otro policía que estaba presente el día del asalto.

El policía perdió un ojo como consecuencia del ataque, cometido con un cristal roto de la puerta de la Jefatura de Policía Local que fracturaron para acceder a su interior.

El asalto tuvo lugar la noche del pasado 17 de enero, cuando el policía y su compañero de patrulla detuvieron a una persona. En las inmediaciones de la detención se encontraban un hermano del detenido y un hijo de éste, menor de edad. Ambos agredieron a los policías mientras trasladaban al detenido en el vehículo policial.

Una vez en la Jefatura de Policía, el hermano del detenido y el menor accedieron al interior de la misma, momento en el que el primero fue informado de que estaba también detenido por agredir a los policías cuando detenían a su hermano.

Para evitar que escapase, los policías echaron el cerrojo de la puerta y, transcurridos unos minutos, apareció un tercer hermano, que comenzó a golpear la puerta para entrar, rompiendo el cristal para abrirla y acceder portando un cristal afilado de la misma en la mano.

Así, los dos hermanos y el menor supuestamente comenzaron a agredir al policía, que, como consecuencia de las puñaladas recibidas en el rostro con el cristal, perdió totalmente la visión de un ojo y tiene serias y graves lesiones hasta en el cielo de la boca.

Los asaltantes sufrieron un accidente de tráfico al huir del lugar y, posteriormente, se atrincheraron en un domicilio familiar lanzando objetos contundentes contra los policías hasta el momento de su detención a altas horas de la madrugada del día siguiente.

Se activó un importante dispositivo conjunto de la Guardia Civil y Policía Local, llegados de todos los municipios de la comarca. También intervino en la detención el equipo especial del Grupo de Reserva y Seguridad número 2 con base en Sevilla, altamente experimentado en asaltos y detenciones de riesgo.

El menor detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores y el resto a disposición del juzgado de Arcos acusados, entre otros delitos, de homicidio en grado de tentativa, lesiones, atentado contra agente de la autoridad, daños y conducción temeraria.

Policías y guardias se entrenan para imponer la ley mordaza

Antes de que el próximo 1 de julio entre en vigor, los policías nacionales, guardias civiles, policías autonómicos y policías locales serán adecuadamente entrenados para imponer las novedades que introduce la nueva Ley de Seguridad Ciudadana en materia de detenciones, cacheos y estancias en los calabozos.

La nueva ley establece que el traslado y estancia en comisaría no podrá superar las seis horas y será certificado mediante un «volante acreditativo».

Los cursillos a los policías se impartirán en línea y una legión de 300 profesores y delegados de “formación” territoriales y provinciales de las diferentes policías, así como funcionarios de delegaciones y subdelegaciones de Gobierno recibirán cursos de dos días durante el mes de mayo para trasladar luego esos conocimientos.

Habrá miembros de Policía Nacional y Guardia Civil, de todas las policías autonómicas y de 27 policías locales.

Los cursos los impartirán “expertos” de Policía Nacional, Guardia Civil, de la judicatura y de la Abogacía del Estado, así como de la Secretaría General Técnica y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

A la formación que los entrenadores trasladen directamente a los policías se sumará la publicación de un cursillo en línea en las páginas web internas de la Policía Nacional, la Guardia Civil, de las policías autonómicas y también de las locales que lo soliciten, de modo que se garantice una “formación” a la que califican de “universal”.

El Ministerio del Interior prepara también cursillos similares sobre el nuevo Código Penal y algunos sindicatos policiales ya habían comenzado a dar cursos y entrenar a sus afiliados en las nuevas normas represivas.

Javier Estévez,  portavoz del sindicato mayoritario de la policía, el Sindicato Unificado de Policía, se ha felicitado por el anuncio de que se entrenarán sobre una materia «tan importante», pero ha advertido de que «habrá que ver el alcance» de la misma, y ha asegurado que el SUP «dará cursos mientras exista demanda».

Desde la Confederación Española de Policía, su secretario general, Antonio Labrado, ha valorado una iniciativa con la que ellos contaban porque es cometido de la Administración, y ha anunciado que el sindicato ya ha enviado a afiliados de toda España 25.000 ejemplares de bolsillo de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

Esta iniciativa ha tenido gran aceptación entre los policías, al igual que el primer curso en línea que oferta la Confederación Española de Policía sobre la nueva norma represiva, cuyas 500 plazas se agotaron en menos de 24 horas, por lo que sacarán más.

El portavoz de la Unión Federal de Policía, Serafín Giraldo, ha precisado que el sindicato ya había convocado cursos en línea sobre las dos nuevas normas represivas.

En la misma línea, el sindicato de policías antidisturbios Unión Nacional por la Intervención Policial y Especialidades valora muy positivamente que se asegure a los antidisturbios una formación «y no llegue el día y no se tengan conocimientos, porque eso generaría indefensión».

En Guardia Civil son mucho más críticos. La Asociación Unificada de la Guardia Civil, mayoritaria en la Benemérita, duda de que el entrenamiento llegue a tiempo «porque el Gobierno tiene credibilidad cero». Así lo ha asegurado su portavoz, Juan Antonio Delgado, que cree que se tenía que haber elaborado un plan de formación, en lugar de «reaccionar a golpe de denuncias», y de paso recuerda la situación de los guardias civiles implicados en la matanza de El Tarajal.

El secretario general de la Unión de Guardias Civiles, Ramón Rodríguez, ha valorado que se quiera formar a todos los agentes, aunque desconfía de que se lleve a la práctica porque «la Administración suele llegar tarde y no para todos».

La duda es obvia: ¿se estarán entrenando los manifestantes en la misma medida? Los perturbadores del orden público deberían hacer lo mismo que la policía: crear un sindicato que les asesore en las nuevas leyes.

El PP se reúne en una cueva con detectives privados

El Superagente 86
La reunión del miércoles fue tan clandestina que se celebró en un sótano. A un lado de la mesa se sentaron dos senadores del PP y enfrente 30 detectives privados. Pero el lugar no era tan lúgubre como parece. Se trataba del comedor reservado del restaurante La Montaña de Madrid.

La cena había sido convocada por los detectives privados, alarmados por una enmienda al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que estos días se está tratando en el Senado. El resultado de la comida fue satisfactorio tanto para el PP como para los sabuesos.

La Ley de Seguridad Ciudadana regula algo que ha pasado inadvertido entre las polémicas por las sanciones por insultos a España o los agentes de policía. En el marco de los últimos escándalos por espionaje político protagonizados por la agencia Método 3, las actividades de los detectives privados se han puesto en la lupa de la nueva ley.

En el tramo final del procedimiento los detectives se encontraron con la llegada de una enmienda del PNV que les afecta y tiene todos los visos de triunfar, relacionada con la información a la policía de los contratos que firmen con sus clientes.

Los senadores del PP encargados de esta ley son Santiago López Valdivielso (antiguo director general de la Guardia Civil con el Gobierno Aznar) y Luis Aznar, portavoz de Interior del PP en la Cámara Alta. Pero no es seguro que fueran ellos quienes estuvieron presentes en la cena de la cueva.

Lo que sí es cierto es que el PP aseguró a los detectives privados que el Gobierno tiene interés en tener una buena relación con el PNV de cara al futuro.

El PNV quiere integrar a Ertzaintza y Mossos dentro de la Inteligencia Contraterrorista

En el Parlamento europeo la eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao Barandika ha lamentado «la negativa del Gobierno español a permitir acceso directo» de la Ertzaintza y Mossos d’Esquadra a las bases de datos del sistema Schengen.

La eurodiputada nacionalista asegura que Europa destaca «la coordinación como base de la respuesta europea contra el terrorismo internacional» y considera que esta decisión priva a la inteligencia europea «de oídos y ojos en esos territorios porque España prioriza su concepto de Estado y seguridad nacional antiguo y trasnochado sobre la coordinación».

En alusión a ETA, Bilbao ha afirmado que la negativa del Gobierno español «entorpeció la lucha contra otro terrorismo afortunadamente desaparecido y se ha empleado para limitar la operatividad y desacreditar el trabajo de las fuerzas policiales marginadas por esta decisión».

En su intervención, la eurodiputada del PNV ha recordado que las Policías vasca y catalana «tienen asignada la seguridad de diez millones de europeos». «Mossos de Esquadra y Ertzaintza son los ojos y los oídos de la inteligencia europea en esos territorios y quieren aportar y recibir datos».

Bilbao ha anunciado más iniciativas en el Parlamento Europeo para conseguir que el Estado español «sea coherente con las bases que las instituciones comunitarias consideran necesarias para construir una verdadera inteligencia europea».

En esa línea ha informado que el pasado 23 de abril, al día siguiente de que se produjese en sede parlamentaria la negativa de Rajoy, informó de esta actitud a la Comisión Europea, «destacando que levanta obstáculos artificiales que ralentizan la comunicación de informaciones vitales y propicia que puedan administrarse desde el Gobierno estatal datos básicos para la seguridad de los agentes y su eficacia en el trabajo de protección de la ciudadanía que tienen legalmente asignado».

Asimismo, cree que «perjudica la aportación por parte de estas Policías de datos de interés para estos archivos europeos por motivos que topan frontalmente con el carácter global, general y permanente de la amenaza que plantea el terrorismo internacional».

Por ello el PNV quiere saber si Bruselas considera «coherente esta negativa con las propuestas de mayor y mejor coordinación entre todas las policías con competencias en materia de investigación criminal aparecen en todas las conclusiones sobre la respuesta que debe ofrecer Europa a la amenaza del terrorismo internacional».

Los nacionalistas aluden a «los problemas que en el pasado ha generado esta decisión en la lucha contra ETA y preguntan sobre los mecanismos a que pueden recurrir a nivel europeo las organizaciones marginadas por estas decisiones para mejorar su eficacia».

El comisario Villarejo desata una guerra interna dentro de la policía

La Dirección General de la Policía ha decidido destituir al comisario jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas-Aranda, y enviarlo al Consejo Asesor, un órgano sin atribuciones específicas. Detrás de la destitución de Martín está la soterrada guerra en el seno de la cúpula policial que este mantenía con el también comisario José Manuel Villarejo, el policía que se entrevistó con Ignacio González en una reunión cuya grabación terminó publicada por algunos medios.

Tanto Villarejo como Martín Blas-Aranda han sido desde el principio de la legislatura policías de la máxima confianza del Ministerio del Interior, y ambos están relacionados con las maniobras policiales contra el proceso soberanista en Cataluña. Pero un enfrentamiento entre ellos a raíz de la investigación que Asuntos Internos llevó contra agentes del cuerpo en relación con la Operación Emperador –que acabó con la mayor red de blanqueo chino en España– terminó convirtiéndose en una auténtica batalla interna, recrudecida por el caso de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, llamado el «Pequeño Nicolás», detenido por Asuntos Internos y quien vinculó al comisario Villarejo en la trama investigada. Un informe de Asuntos Internos llegó a situar por error a Villarejo en una de las reuniones del joven documentadas en el sumario de la causa.

En el sumario abierto contra el «Pequeño Nicolás», el Caso Nicolay, aparecen testimonios en los que el joven acudía a un “workcenter” para imprimir informes del CNI, la Zarzuela o la Vicepresidencia del Gobierno.

El comisario jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, pasaba desde hace semanas por un periodo de vacaciones en el que ya estaba decidido que no regresaría a su puesto. El cargo fue incluso ofrecido por la Dirección de la Policía a varios comisarios, que lo rechazaron. Finalmente, será ocupado por el hasta ahora jefe de la Brigada Central de Estupefacientes, Francisco Migueláñez.


Desde que aparecieron las informaciones del abultado patrimonio del comisario Villarejo y de su implicación en las maniobras contra el proceso soberanista, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha optado por protegerle. En este sentido, encargó una investigación sobre la grabación de la entrevista con Ignacio González y su posterior difusión a un subordinado de Villarejo que trabaja actualmente con él en la Dirección Operativa Adjunta de la Policía.

Al Partido Comunista de Ucrania también le persiguen por terrorismo

Petr Simonenko
El 1 de abril la Fiscalía de Kiev abrió diligencias contra el secretario general del Partido Comunista de Ucrania Petr Simonenko basadas en falsas imputaciones del SBU (Servicio de Seguridad del Estado).

¿Les suena de algo?

En los medios de comunicación ucranianos el jefe del SBU Valentin Nalyvaychenko ha asegurado públicamente que los miembros del Partido Comunista están implicados en actos terroristas, que Simonenko había obtenido ilegalmente la ciudadanía rusa, que forma parte de la dirección del Partido Comunista de la Federación Rusa y, finalmente, que actualmente vive escondido en Rusia.

Ante esta situación el Partido Comunista de Ucrania emitió un comunicado al dia siguiente, dirigido a los partidos comunistas y a sus diputados europeos afirmando que las imputaciones del SBU son falsas y que la policía ucraniana está tratando de decapitar al movimiento de izquierda y destruir sus organizaciones para que el régimen actual no tenga ningún tipo de oposición.

Dicen que a causa de la desigualdad de fuerzas, lanzan un llamamiento a sus amigos de los movimientos de izquiera, a los partidos comunistas y obreros de Europa, así como a los diputados a a fin de que apoyen su lucha para acabar con la guerra e impedir el establecimeinto de una dictadura fascista en Kiev.

El comunicado recuerda que el fascismo se impuso en Europa atacando primero a los comunistas para desencadenar lueego la Segunda Guerra Mundial. Si ahora no se detiene al fasscismo en Ucrania, advierten, mañana Europa se podrá ver sumida en la guerra.

Esperemos que el Partido Comunista de Ucrania haya enviado su comunicado a los eurodiputados de Podemos, que últimamente han mostrado su sensibilidad hacia la represión en Venezuela y es posible que tampoco les guste la represión en Ucrania. ¿O harán una excepción también con Ucrania?

El policía que le rompió una pierna a un manifestante en la huelga general

Durante la manifestación de la huelga general del 29 de marzo de 2012, en el cruce de Paseo de Gracia con la calle Aragó de Barcelona, un mosso d’Esquadra que vestía de paisano le dio una fuerte patada a uno de los manifestantes rompiéndole el fémur. El juicio contra el mosso comenzó el martes en la Audiencia Provincial de Barcelona.

La Fiscalía pide un año de cárcel para el mosso por un delito de lesiones, al considerar que le dio una fuerte patada en la pierna derecha al manifestante haciéndole caer al suelo, donde le redujo y golpeó en diferentes partes de la cara y el cuerpo.

En el juicio una testigo que formaba parte de la manifestación ha dicho al tribunal que vio cómo el policía acusado le dio una patada y lo tiró al suelo, aunque luego no pudo ver nada más porque salió corriendo.

En su declaración ante los jueces el mosso ha contado una película de ficción según la cual todo fue un “accidente fortuito”. Con la llegada de las furgonetas de los antidisturbios los manifestantes se dispersaron y, entre ellos, se encontraba Manuel B. que «tropezó y cayó al suelo» mientras escapaba, con lo que aprovechó para inmovilizado sin que el joven opusiera resistencia: “Cayó al suelo antes de que llegáramos”, aseguró sin inmutarse.

Los dos policías que lo acompañaron durante la detención, también de paisano, han coincidido en sus declaraciones como testigos en que su compañero no le pegó ninguna patada al joven ni lo tiró al suelo sino que ya estaba en tierra cuando el agente acusado lo inmovilizó.

Uno de estos agentes que han declarado como testigo ha dicho que también vio un poco antes al joven, con un grupo de personas, poniendo vallas para obstaculizar el paso de las furgonetas de los Mossos: “Veo que está poniendo vallas; yo lo identifico”, ha recalcado sobre la supuesta participación de Manuel B. en los disturbios, que se enfrenta a una multa por una supuesta falta de orden público.

El juicio no ha quedado visto para sentencia, a falta de que comparezca como perito de una médico forense que podría aportar luz sobre la tipología de las
lesiones, con lo que está previsto que la vista se reanude y finalice el miércoles 15 de abril.

En declaraciones a los periodistas al acabar la sesión de juicio, la abogada del joven, Anaïs Franquesa, ha explicado que piden tres años de prisión para el agente en lugar de uno que solicita la Fiscalía porque considera que la supuesta agresión “no puede quedar impune”.

A la pianista ucraniana no hay quien le corte los dedos

Además de pianista de primer orden, la ucraniana Valentina Lisitsa también habla claro o, por lo menos, escribe muy clarito en las redes sociales su opinión sobre la guerra de Ucrania, hasta tal punto que la Orquesta Sinfónica de Toronto ha censurado los conciertos previstos para este mes de abril. En Canadá se ha armado el consiguiente revuelo. Robert Everett-Green ha escrito un artículo en el Toronto Globe and Mail, reproducido luego por NewColdWar.org y otros medios de internet.

En Toronto no podrán escuchar en directo a Lisitsa interpretar el Concierto para piano número 2 de Rachmaninov o su impresionante versión de “Claro de Luna” de Beethoven. Se tendrán que conformar con pinchar el enlace correspondiente de Youtube. Además de una mujer con las ideas políticas muy claras, la pianista ucraniana es una estrella en internet, alguna de cuyas interpretaciones ha sido vista y oída por 9 millones de personas.

Pero no sólo su música atrae la atención en internet. Su cuenta de Tweeter no le va a la zaga, lo cual le ha atraído las iras de los fascistas ucranianos, que la han amenazado de muerte varias veces. El presidente de la Orquesta Sinfónica de Toronto, Jeff Malenson, ha calificado el lenguaje de la pianista ucraniana en su perfil de Tweeter como “provocador” y “ofensivo”, añadiendo que sus comentarios podrían ensombrecer sus interpretaciones musicales.

La censura nunca se viste a sí misma, y la doble censura es aún peor. Para evitar que tan feo asunto trascendiera, la Orquesta Sinfónica de Toronto trató de llegar a un acuerdo con Lisitsa, o mejor dicho, trató de sobornarla para que mantuviera la boca -o el ordenador- cerrado. Pero se han topado con una mujer absolutamente digna que ha denunciado públicamente ambas cosas, la censura y el soborno, dejando a la Orquesta en muy mal lugar.

“No se puede acallar la música”, escribió el lunes Lisitsa en su cuenta de Facebook, pidiendo a sus seguidores que se lo hicieran saber a la Orquesta. Naturalmente ha continuado denunciando valientemente la guerra en su país e insertando traducciones de artículos periodísticos sobre el sufrimiento de las masas ucranianas. La pianista ha declarado que su objetivo es desenmascarar las mentiras de los medios de propaganda. “Lo peor que le puede ocurrir a un país es una guerra fratricida”, escribe. “Un año tras otro vemos a las mismas personas acaudaladas en el poder y la miseria y la pobreza por todas partes, decenas de miles de personas asesinadas y más de un millón de refugiados”, denuncia.

En los últimos días la cuenta de Tweeter #LetValentinaPlay@ ha subido como la espuma. Sus mensajes se han multiplicado exponencialmente, llegando a alcanzar la solidaridad de numerosos artistas de renombre, como la violinista Hannah Woolmer. A sus 72 años, Hana Ustohal ha escrito: “¿Qué clase de monstruos están en el poder en este país para tomar esta decisión loca y sádica de no permitirte tocar? He devuelto mi entrada para el concierto del miércoles”.

Aunque sus padres eran de origen ruso-polaco, Valentina Lisitsa nació en Kiev, de donde se trasladó a Odessa con su familia y luego a Estados Unidos, donde es objeto de una feroz campaña por parte de los fascistas ucranianos, que la acusan de ser una portavoz del Kremlin. Tanto en Estados Unidos como en Canadá, los grupos de presión ucranianos son extraordinariamente fanáticos y tienen una gran influencia política. La cuenta de Lisitsa en Tweeter es “NedoUkrainka” que significa “sub-ucraniana” en referencia a las declaraciones del primer ministro ucraniano Arseni Yatseniuk en las que, siguiendo a Hitler, calificó a los habitantes del Donbas de “sub-seres humanos”.

La pianista ucraniana es un ejemplo para todos de muchas virtudes, además de las musicales: de coraje personal, de criterio propio frente a la avalancha desinformadora, de decisión, de sensibilidad humana y de compromiso social. Como Beethoven hace 200 años, Lisitsa también se niega a ponerse pelucas y postizos. Además interpreta “Para Elisa” de esta manera tan emocionante:

Felipe González apoyó la masacre del gobierno de Carlos Andrés Pérez contra el pueblo venezolano

En febrero de 1989 el gobierno venezolano presidido por Carlos Andrés Pérez sacó a la policía a las calles de Caracas para terminar con la revuelta popular que se levantó contra las medidas económicas de hambre que Pérez impuso como parte de las recetas dictadas por el Fondo Monetario Internacional.

La violenta represión del gobierno venezolano, conocida en Venezuela como “El Caracazo”, costó la vida de 3.000 personas al menos. Tras la carnicería, Felipe González, entonces presidente del gobierno español, llamó por teléfono a su homólogo venezolano para ofrecerle 600 millones de dólares para sacarle del apuro.

“Ayer se anunció la oferta de un préstamo inmediato de 600 millones de dólares que le hizo telefónicamente a Carlos Andrés Pérez el presidente del Gobierno español, Felipe González, para ayudarle en estos críticos momentos”, reseña una de las dos notas publicadas por “El País” dos días después de la masacre.

Ninguna de las notas reseña una condena o crítica de González a la represión que ametralló en los barrios de Caracas a los hombres y mujeres que protestaban contra las medidas que produjeron una elevación abrupta en los precios del transporte y los alimentos.

A 23 años de “El Caracazo”, González se ha prestado a convertirse en el abogado de Leopoldo López y Antonio Ledezma, señalados
como responsables de las acciones terroristas que formaron parte del
plan de golpe de Estado que ocasionó la muerte de 43 personas en 2014,
varias de ellas degolladas y seis funcionarios de seguridad asesinados
por francotiradores, con disparos a la cabeza y cuello.

González sabe que no puede ejercer la abogacía en Venezuela y, sin embargo, se convierte en altavoz de la campaña nacional e internacional que tiene como
objetivo criminalizar a Venezuela utilizando como excusa los Derechos
Humanos.
Nicolás Maduro denunció que Felipe González se ha incorporado a la campaña contra Venezuela, al golpe de Estado y que junto a J.J Rendón forma parte del eje Bogotá-Madrid-Miami desde donde se dirigen acciones de desestabilización contra Venezuela.

Durante su etapa al frente del gobierno español, Felipe González impulsó la creación del grupo terrorista GAL que cometió 30 asesinatos, lo que justificó diciendo que “el Estado de Derecho también se defiende en las cloacas”. Durante el juicio contra los dirigentes del PSOE que formaron parte de la banda terrorista, quedó probado que se financió con fondos públicos del Ministerio del Interior.

Cuatro manifestantes detenidos anoche en Madrid

Al menos cuatro manifestantes fueron detenidos anoche en Madrid por la Policía Nacional tras una concentración en el centro de Madrid contra la detención de los presuntos miembros de los Grupos Anarquistas Coordinados que ha finalizado con enfrentamientos entre los manifestantes y la policía.
Los enfrentamientos se han saldado con al menos cuatro detenidos por “resistencia a la autoridad” y varios policías nacionales heridos de diversa consideración.
La concentración se convocó a las 19.00 horas en la plaza de Tirso de Molina, en el centro de Madrid, por distintos colectivos sociales para exigir la liberación de los detenidos el lunes acusados de pertenencia a organización libertaria Grupos Anarquistas Coordinados en el marco de la Operación Piñata.
De los 15 detenidos en Madrid, Barcelona y Palencia, cinco de ellos fueron enviados el miércoles a prisión por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco con la excusa de que habían participado en «actos de coordinación y promoción de sabotajes y daños en 114 cajeros».
La Audiencia Nacional también trata de relacionar a los detenidos, a los que no les incautaron armas ni explosivos, tienen relación con los ataques que se produjeron en 2013 en la catedral de La Almudena de Madrid y la basílica de El Pilar de Zaragoza.
La concentración, que no contaba con la autorización de la Delegación del Gobierno en Madrid, concluyó con la intervención de los antidisturbios de la Policía Nacional y enfrentamientos con los manifestantes.
Los concentrados se dispersaron por las calles adyacentes en la zona de Tirso de Molina y en las del barrio de Lavapiés. Varios policías han precisado asistencia sanitaria. Asimismo, entre los concentrados también se ha contabilizado varios heridos.

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